Mientras en el continente crecen las protestas contra las patentes y “derechos de obtentor” sobre las semillas, en México esto se promueve en las leyes estatales de “Fomento y protección del maíz criollo” que se aprobaron en Tlaxcala y Michoacán. Ahora una diputada del PAN, presentó una iniciativa copiada de éstas, para Oaxaca.

En todo el mundo, las transnacionales están en campaña para monopolizar las semillas, llave de todas las redes alimentarias. En mayo 2011, Chile aprobó en un albazo parlamentario, la incorporación de ese país a la versión 1991 del tratado UPOV (Unión para la protección de nuevas variedades vegetales, por sus siglas en francés). Ese tratado es marco de los llamados “derechos de obtentor”, que son una forma de registro para privatizar las semillas, prácticamente tan restrictivo como las patentes. En ambos casos (patentes y derechos de obtentor), se trata de impedir legalmente que las semillas sean de libre circulación, para obligar a comprarlas a las trasnacionales y sobre todo, que no se puedan replantar, es decir que criminalizan el acto esencial de la agricultura: producir, reproducir y usar semillas para la próxima siembra.

Esto desató una ola de protestas de movimientos y organizaciones chilenas (entre otras CLOC Vía Campesina Chile, ANAMURI, Confederación Ranquil, Asamblea Mapuche de Izquierda, Coordinadora de Estudiante por la Agroecología, Marcha Mundial de Mujeres-Chile, TERRAM, Grain, CENDA, CEDEM, RAPAL, OLCA), apoyadas por organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y sociales de toda América Latina, como la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y otras.

El 20 de junio 2011, organizaciones campesinas y sociales chilenas presentaron argumentos sobre la inconstitucionalidad de UPOV 91 en una audiencia pública frente al Tribunal Constitucional de Chile. Camila Montecinos de Grain, señaló que UPOV 91, con los derechos de obtentor “restringe y prohíbe el uso, intercambio y libre acceso a una de las herramientas fundamentales e insustituibles de la agricultura y con ello vulnera el derecho a trabajar y disfrutar de los frutos del trabajo por parte de comunidades indígenas y de mujeres y hombres campesinos y agricultores”. UPOV 91, continuó Montecinos, “permite la apropiación ilegítima del fruto del trabajo ajeno. El Artículo 1 define como “obtentor” a quien descubra una nueva variedad. Las variedades de cultivos son sin excepción fruto del trabajo humano; no existen variedades de cultivo que hayan surgido por sí solas. Por lo tanto, quien las “descubra” está en realidad teniendo acceso a una obra ajena. Registrarla como propia, en cualquier caso, equivale a un robo” (ver la presentación en www.biodiversidadla.org)

Paradójicamente, en México, los derechos de obtentor y patentes sobre el maíz, además de ser activamente promovidos por las trasnacionales semilleras y de transgénicos y por las leyes nacionales de semillas, se promueven en las leyes estatales mal llamadas de “Fomento y protección del maíz criollo como patrimonio alimentario”. Esas leyes, que curiosamente llaman criollo al maíz que en México siempre es nativo (criollo quiere decir que vino de otro lado y fue criado aquí), establecen también la instauración de registros de variedades campesinas y directorios de productores, abriendo a las autoridades nuevas oportunidades de intervenir en la autonomía y la vida campesina, coadyuvando para que este control pueda ser utilizado, en conjunto con otras normativas, para criminalizar el libre intercambio y las formas tradicionales campesinas de cuidar las semillas.

A partir de la denuncia que hizo la Red en Defensa del Maíz en marzo 2011, varios hemos denunciado los peligros de estas leyes (ver artículos en La Jornada de Ana de Ita, Ramón Vera, Álvaro Salgado, entre otros), aunque sus promotores las presentaron como un logro en la defensa contra los transgénicos. En realidad, estas leyes establecen el canal para aprobar transgénicos a nivel estatal, pero según sus promotores, tiene “candados” que hacen que tal aprobación debería ser negativa. El argumento es frágil, pero si funcionara para impedir los transgénicos, me daría gusto. Pero como expresé ya en otros artículos, esto está lleno de huecos y es nada más una posibilidad que depende de muchos factores externos, incluyendo quiénes sean las autoridades, factor por demás variable y corruptible en el país. Y de todos modos, si Monsanto y sus amigos deciden que les interesa realmente entrar en alguno de esos estados, se aplicará la jerarquía de leyes nacionales sobre estatales y los “candados” volarán por los aires.

Lo que en ningún caso se explica es por qué además estas leyes defienden las patentes sobre la vida, los derechos de obtentor para el maíz campesino y las denominaciones de origen, todos mecanismos que sólo favorecen a las transnacionales semilleras y de transgénicos, diciendo además que es “parte de la protección y el fomento del maíz criollo”. Salvo que en ese caso el término criollo esté usado literalmente y se refieran a proteger el maíz de Monsanto.

La iniciativa de ley presentada en Oaxaca replica los mecanismos de control contra las comunidades y semillas campesinas e introduce otros elemento perversos, como la necesidad de “validar las razas”, para comprobar “su autenticidad”. Un nuevo ejemplo de que quienes promueven estas leyes, en el mejor caso, no entienden lo que de verdad hay que defender.

El maíz no existe sin las comunidades que lo crearon. Defender el maíz, es defender los derechos integrales de los pueblos indios y campesinos, no leyes para que los gobiernos los controlen mejor.

*investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, 16 de julio de 2011

Las empresas que desarrollaron esta aberrante tecnología la llamaron Sistema de Protección de la Tecnología, porque es para promover dependencia e impedir que se usen semillas sin pagarles regalías por patentes. En sus primeros folletos de propaganda, aseguraban también que es para que los agricultores del tercer mundo dejen de usar sus semillas obsoletas. En ese momento, mostraban claramente sus intenciones: terminar con las semillas campesinas y el irritante hecho de que la mayoría de los agricultores del mundo (campesinos, indígenas, agricultores familiares) usan sus propias semillas en lugar de comprárselas a ellas.

La tecnología suscitó un rechazo enorme e inmediato por parte de los movimientos campesinos y organizaciones sociales, y declaraciones de oposición de instituciones públicas de investigación y del entonces director de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, que afirmaron que es una tecnología indeseable. En el 2000, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), adoptó una moratoria global contra la experimentación y uso de la tecnología Terminator, que sigue vigente. Posteriormente, varios países comenzaron a discutir legislaciones nacionales para asegurar el cumplimiento de la moratoria. Brasil e India, prohibieron en sus leyes nacionales el uso de la tecnología Terminator.

Pero Terminator es uno de los sueños más preciados de las trasnacionales semilleras y no han renunciado a él. Les daría una gran ventaja para aumentar sus monopolios y la dependencia de los agricultores. Poco después de la prohibición en Brasil, los grandes latifundistas de ese país, clientes y compadres de Monsanto, Syngenta y demás trasnacionales de transgénicos, presentaron una propuesta legislativa para eliminar la prohibición, rechazada en varias comisiones, pero aún en trámite.

Además, las trasnacionales de transgénicos se movieron agresivamente para terminar la moratoria de Naciones Unidas contra Terminator, proponiendo a través de gobiernos amigos como Canadá, un párrafo para evaluar la tecnologíaTerminator caso por caso, que daría fin a la moratoria en la octava Conferencia del CBD en Curitiba, Brasil, en 2006.

En la sesión de CDB en 2006, México apoyó terminar la moratoria, irónicamente a través de un representante de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Casualmente, es la misma persona que ahora desde la Comisión Nacional Forestal promueve proyectos REDD, también con un efecto devastador para las comunidades. Fue aislado por el resto de países de todo el Sur global.

En 2006 en el CDB en Curitiba, la Vía Campesina y organizaciones de todo el mundo se levantaron y protestaron masivamente para defender la moratoria internacional. En particular, las acciones de las mujeres de la Vía Campesina, que interrumpieron las sesiones de la ONU en una conmovedora acción pacífica en defensa de las semillas, determinó que el CDB mantuviera y reforzara la moratoria contra la tecnología Terminator.

No obstante, las trasnacionales siguen atacando y disfrazan sus razones, vías y representantes. Ahora afirman que Terminator es para la bioseguridad, una falsedad.

En la decima Conferencia del CBD en octubre 2010 en Nagoya, Japón, nuevamente el gobierno de México intentó eliminar la moratoria global contraTerminator, ahora como si fuera un tema administrativo, de decisiones que ya no tenían vigencia. No lo logró porque muchos otros países lo impidieron, pero mostró sus intenciones y a quién le es fiel.

En Brasil, a la propuesta de los latifundistas se sumó la del diputado Cándido Vaccarezza del partido gobernante (PT), para eliminar la prohibición deTerminator. La propuesta de Vaccarezza fue redactada por una abogada que trabaja para Monsanto, según denunció con pruebas fehacientes la Campaña por un Brasil Libre de Transgénicos, noticia difundida por el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil en diciembre 2010. La propia abogada tuvo que reconocerlo. La propuesta está actualmente en discusión en una comisión del Congreso, creada especialmente para agilizar su discusión.

Los movimientos y organizaciones están alertas. En junio 2011, en la 10ª. Jornada de Agroecología de la Vía Campesina, en Paraná, Brasil, los más de 4000 participantes de todo el país, expresaron su rechazo a esta propuestas. Una semana después, se presentaron y rechazaron estos intentos de legalizar Terminator, en las reuniones internacionales de preparación de los movimientos sociales y sociedad civil hacia la conferencia mundial Río+20, en Río de Janeiro, con cientos de delegados participantes.

Brasil presidirá el próximo año la Río+20, una conferencia mundial de ONU que debe revisar los compromisos ambientales, a 20 años de la Cumbre de la Tierra en 1992. Además, Graziano de Silva, que viene del gobierno brasilero, acaba de asumir la dirección de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO). Lo menos que puede hacer Brasil para ser responsable con ambos cargos, es mantener la prohibición contra Terminator a nivel nacional e internacional, por ser una de las mayores amenazas a la soberanía alimentaria y a la biodiversidad. Cualquier otra cosa, sería un suicidio.

*Investigadora del grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 2 de julio 2011

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Se cumplen 20 años de la realización de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, lo cual motivará una nueva conferencia (Río+20) que tendrá lugar en Brasil en mayo de 2012. Aunque lo principal debería ser revisar el estado de los problemas y el cumplimiento de compromisos, los temas ya definidos para discutir allí son economía verde y gobernancia ambiental global.

Lejos de una reunión anodina de Naciones Unidas, se anuncia como un escenario de disputa mundial porque podría convertirse en punto clave para el reordenamiento geopolítico, consolidando nuevos mercados financieros con la naturaleza, el control de los recursos naturales y de nuevas tecnologías, creando un marco institucional –una nueva estructura de gobernancia ambiental global– que facilite y subsidie el avance de esa economía verde en clave empresarial.

Por si no nos quedaba claro, uno de los oradores de apertura de la reunión preparatoria para Río+20 organizada por Naciones Unidas en enero 2011 en Nueva York fue Charles Holliday, presidente del directorio de Bank of America, uno de los mayores bancos del mundo, aún sumergido en la peor crisis por especulación global del siglo que provocaron, pero disfrutando los miles de millones de dólares del público que recibió como rescate. Como un mal chiste, Holliday estaba allí para explicarnos la economía verde y cómo las trasnacionales van a salvar el planeta (aunque el tema real era cómo salvar las trasnacionales a costa del planeta).

Refresquemos la memoria. En 1992 se realizó en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), popularmente llamada Cumbre de la Tierra, Río 92 o Eco 92. Aunque no era la primer conferencia internacional sobre estos temas, tuvo un rol distintivo en colocar en la agenda de Naciones Unidas el tema de la destrucción ambiental. En la conferencia se presentaron tres nuevos tratados internacionales ambientales de Naciones Unidas, a los que se conoce como las convenciones de Río. Son el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Veinte años después de la Eco 92, la crisis ambiental, climática, alimentaria, enérgetica, de salud, han empeorado a límites que uno pensaría insoportables, pero la maniobra sigue siendo como navegar temas tan graves sin cuestionar sus causas: el capitalismo y el modelo industrial de producción y consumo. Brasil será otra vez el anfitrión, pero no es el mismo: ahora está claramente entre las potencias que disputan el mango de la sartén mundial y no dejará pasar esta oportunidad para mostrarlo.

Ya desde la Eco 92 –incluyendo los años anteriores de preparación– las trasnacionales intentaron levantar una cortina de humo sobre la irrefutable realidad de la devastación ambiental y su directa responsabilidad. En su lugar, plantearon que con nuevas tecnologías y su particular concepto del desarrollo sustentable –que casualmente aumentaba sus lucros–, podían ofrecer soluciones de ganar-ganar, sin cambiar nada del modelo, solamente con nuevos negocios verdes. Ahora, igual que hace 20 años, economía verde se refiere sobre todo al color de los dólares. Pero aunque la filosofía de las empresas es igual, las armas que han desarrollado, principalmente las nuevas tecnologías, como la biología sintética, la nanotecnología, la geoingeniería y el desarrollo de varias tecnologías anteriores con esas herramientas, han creado una base mucho más peligrosa, con riesgos aún mayores, como por ejemplo la apropiación y mercantilización del resto de la biomasa planetaria que aún no está en manos de las empresas. Iremos analizando cómo y qué significa esto en el camino de Río+20.

Paralelamente a esos desarrollos tecnológicos que avanzan sin demanda social, sin evaluación, regulación o supervisión independiente, las empresas (y hasta negocios de los propios diplomáticos) alcanzaron tal nivel de cabildeo dentro de las convenciones de Río, que han llevado a situaciones totalmente aberrantes. Por ejemplo, las negociaciones de cambio climático, uno de los temas más acuciantes para el planeta, están entregadas a favorecer los mercados de carbono y los negocios de inversores y las trasnacionales más contaminantes, sin hacer absolutamente nada para enfrentar el problema real de la crisis climática.

Dentro del Convenio de Biodiversidad avanzan iniciativas para transformar toda la biodiversidad y los ecosistemas en negocios. A eso se dedica el programa TEEB –Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad– que se propone asignar valor (en realidad precio) a todos los elementos de la naturaleza. Otra vez, quien coordina este programa es un banquero: Pavan Sukhdev, que incluso mantiene su cargo como director del Deutsche Bank.

Todo esto plantea una serie de desafíos que es necesario entender para enfrentarlos. Muchas organizaciones y movimientos sociales ya han comenzado el proceso. Las negociaciones sobre cambio climático, biodiversidad y otras convergerán en Río+20. La intención oficial mayoritaria es que todas esas convenciones se sometan, definitivamente, al mercado. Se discute ya oficialmente la propuesta de fusionar las tres convenciones, quizá también con otros convenios ambientales, como Ramsar (humedales). En el contexto actual, podría signficar una plataforma unificada para facilitar a las trasnacionales el acceso y los trámites.

También las luchas sociales y debates que han rodeado esas negociaciones estarán presentes en Río, para mostrar la realidad desde abajo y lo que de verdad necesitamos hacer.

*Investigadora del Grupo ETC

Es grave e irresponsable el intento de FAO de legitimar los transgénicos como solución al hambre y la crisis climática en el tercer mundo, cuya expresión más reciente es la conferencia Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo (Guadalajara, México, 14 de marzo). Frente a las críticas que van en aumento, los funcionarios de FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) declararon que la biotecnología es más que transgénicos y ellos sólo plantean opciones. Pero los documentos que coordinó la FAO para la conferencia no recogen cuestiones fundamentales sobre biotecnología, como el dominio de las empresas trasnacionales sobre todo el sector. Ignoran también los resultados a la vista del uso de biotecnología agrícola: la contaminación transgénica de las variedades campesinas, el aumento del uso de agrotóxicos de esos cultivos (que empeora el cambio climático) y otros impactos sobre el ambiente y la salud de los consumidores.

Si FAO hubiera querido realizar un proceso de discusión sobre opciones, no podría haber organizado una conferencia sesgada, sin la participación de los actores fundamentales, y desechando las posiciones críticas. Ahora, lo que hace la FAO es condonar la apropiación de las semillas y la cadena alimentaria del planeta que crece por parte de unas pocas trasnacionales de transgénicos, lo cual agravará el hambre y el caos climático.

La conferencia partió de un proceso errado desde el inicio: no estaban –y siguen sin estar– los campesinos y agricultores familiares y sus organizaciones, que son nada menos que los que producen la alimentación de la mayoría del planeta y son la clave más importante para enfrentar la crisis climática y alimentaria. Este rol fundamental de las campesinas, pastores, pescadores artesanales y otros pequeños productores ha sido confirmado con nuevos datos en varios reportes recientes. (Por ej. ¿Quien nos alimentará? Preguntas ante la crisis climática y alimentaria, del Grupo ETC www.etcgroup.org/es/node/4952)

Pero la FAO no se preocupó por esta notable falta, sino que consideró que invitando a una decena de individuos de organizaciones no gubernamentales internacionales cumplía con la formalidad participativa. La mayoría de esos invitados seleccionados por FAO son de organizaciones de las trasnacionales de la industria de los transgénicos (como Croplife y Biotechnology Industry Organization, BIO) u organizaciones de grandes agricultores industriales y ONG e instituciones que son favorables o turbiamente ambiguas a los transgénicos. Como excepción, Pat Mooney, director del Grupo ETC, aceptó integrar el comité de pilotaje de esta conferencia, luego de mucha insistencia de parte del secretariado de la FAO que aseguró sería un proceso justo y neutral.

El 23 de febrero 2010, Pat Mooney, Premio Nobel Alternativo y uno de los más profundos conocedores del trabajo de la FAO desde hace 40 años, renunció públicamente a este comité, luego de constatar que en todo el proceso, la FAO nunca tomó en cuenta ninguna de sus observaciones y recomendaciones, pero sí usó su nombre para justificar ante organizaciones mexicanas que no les permitirían participar en la conferencia, pero que Mooney representaba sus preocupaciones.

Entre muchas otras ausencias graves en los documentos, una de las más ofensivas es el hecho de que aunque la conferencia se realiza en México, centro de origen del maíz, la FAO no se ha dignado incluir en el reporte ni pedir cuentas al gobierno mexicano sobre la contaminación transgénica de variedades nativas. Ni sobre la ya ocurrida ni la que ahora promete el gobierno con la aprobación de 24 siembras experimentales de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, DuPont-Pioneer y Dow.

Uno de los principales organizadores de la conferencia, Shivaji Pandey, por décadas funcionario del Centro Internacional del Investigación Agrícola sobre Maíz y Trigo (CIMMYT) ubicado en Texcoco, México y actualmente presidente del Grupo de Trabajo sobre Biotecnología de la FAO, contestó con una breve y aséptica nota a las preocupaciones que dirigieron a la FAO más de mil 500 organizaciones de 70 países demandando que la FAO debía llamar la atención del gobierno mexicano ante la escalada de contaminación y restablecer la moratoria, por ser centro de origen del maíz. Pandey contestó con su mantra de que la biotecnología incluye muchas tecnologías, que tienen mucho potencial y los transgénicos sí, algunos riesgos, pero que en definitiva era un problema nacional. ¿Cómo puede un funcionario de la FAO considerar el centro de origen del maíz del mundo –siendo además uno de los cuatro principales cereales bases de la alimentación de toda la humanidad– un problema nacional?

No hay en los documentos para la conferencia ninguna mención a la gravísima contaminación transgénica en centros de origen y diversidad como México. Sin embargo, los mismos funcionarios de Cibiogem que en México aprobaron en forma irresposable condonar la contaminación trasgénica pasada y aumentarla para permitir el lucro de las trasnacionales, serán ponentes en la conferencia de la FAO ¡en el tema de bioseguridad! Seguramente no mostrarán las críticas que han recibido de más de 700 científicos contra la aprobación de siembras de maíz transgénico (www.uccsnet.org).

Mientras tanto, afuera, en calles, plazas y centros de Guadalajara y otras partes del mundo, habrá una gran variedad de actividades de la sociedad civil y organizaciones campesinas para denunciar estas falacias y defender, realmente, las alternativas campesinas que necesitamos para enfrentar las crisis. Definitivamente, no incluyen transgénicos.

Publicado en La Jornada, México, 27 de febrero 2010

El 6 de marzo, el gobierno mexicano anunció que consideraba terminado (en todos los sentidos de la palabra) el marco legal de bioseguridad en México, abriendo las puertas a la experimentación con maíz transgénico. Un delito histórico, que marca la decisión del gobierno de enajenar y colocar en alto riesgo el patrimonio genético alimentario más importante del país.

Los funcionarios eliminaron de facto el establecimiento de un Régimen Especial de Protección al Maíz, al que están obligados por la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, incorporando en su lugar unos cuantos párrafos en el reglamento de dicha ley. Como lo han argumentado sólidamente especialistas en la materia, esta medida viola la ley en varios puntos. (Alejandro Nadal, Maíz transgénico, funcionarios delincuentes, La Jornada, 11/3/2009).

Obviando la ilegalidad, los funcionarios argumentan que esta apertura es necesaria porque el maíz transgénico aumentaría la producción y además, no pondrá en riesgo las zonas que definan como centro de origen del maíz. Se trata solamente de experimentos, puntualizan, que serán evaluados antes de autorizar plantaciones comerciales.

Son argumentos falsos, empezando porque todo México es centro de origen y diversidad del maíz, entonces no debería haber maíz transgénico en ninguna parte. Pero fundamentalmente, ocultan la discusión sobre el punto nodal de los transgénicos. Todos los transgénicos están patentados y son propiedad de 6 transnacionales. Monsanto controla el 86 por ciento de éstos, y con Syngenta y DuPont-Pioneer, cerca del 95 por ciento. Un grado de concentración corporativa sin precedentes en la historia de la agricultura y la alimentación. Cuando hablamos de transgénicos, el punto de partida es la entrega de la soberanía alimentaria, dándoles la llave de toda la red alimentaria a unas pocas trasnacionales.

La falacia de que los transgénicos aumentan la producción, no se sostiene en las estadísticas oficiales de Estados Unidos, el mayor productor mundial de transgénicos. En promedio, los transgénicos han bajado los rendimientos. En el caso del maíz, la producción ha sido igual o casi imperceptiblemente mayor, pero como las semillas transgénicas son más caras, el productor siempre pierde, porque el supuesto aumento no compensa nunca el gasto. Las empresas arguyen que si fuera así, no seguirían plantando. La realidad, también basada en informes de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, es que no pueden hacer otra cosa. Los agricultores han perdido sus semillas, y las mismas empresas de transgénicos controlan también el resto de las variedades no transgénicas. Aún cuando esas produzcan más, no las multiplican para la venta en suficiente cantidad, porque quieren vender transgénicos. La razón: son más caros, están patentados, la contaminación es inevitable (por viento, insectos o cadenas de distribución), y es detectable al tener genes extraños al maíz. Así pueden demandar a las víctimas de la contaminación por uso indebido de patente, una ganancia extra, y obligan a todos a comprarles semillas cada estación.

El argumento de que sólo es experimentación, es penosamente falso. Aún si los criterios de experimentación fueran muy estrictos (que no lo son), por ejemplo plantar en confinamiento o con muy extensas áreas de aislamiento, barreras de viento, retirar la espiga antes de polinizar, etc., ninguno de estos criterios se mantendrán en la siembra comercial. Los productores nunca repetirán esos criterios –son complicados, aumenta más los costos y el trabajo– y además la ley de bioseguridad no prevé ni avisar a los vecinos ni ninguna sanción real a quienes contaminen. Por lo tanto, llamarle experimental no es más que un eufemismo para la posterior plantación comercial sin ningún control.

Pero además, estamos en México, centro de origen del maíz, donde siguen viviendo en sus comunidades, millones de los campesinos que crearon la enorme riqueza y diversidad genética del cultivo, para bien de toda la humanidad. A la condena de dependencia económica y alimentaria, se suma la condena de la contaminación de la biodiversidad y del maíz campesino. Un hecho inherente a los transgénicos, comprobado en México y muchos otros países. Una vez en campo, el viento y los insectos no diferencian si es experimental o si no debieran polinizar otra planta: la contaminación es inevitable. Justamente al contrario de las cínicas declaraciones de Agrobio, agrupación de las multinacionales, de que Los activistas querían decidir por todos los agricultores mexicanos al rechazar la experimentación (Diego Cevallos, IPS 11/03/09), los transgénicos son los cultivos más imperialistas de la historia. Cualquier plantación de maíz transgénico, condena a corto o largo plazo, a todos los demás a la contaminación.

La absurda respuesta de los funcionarios gubernamentales es que también eso será un negocio: florecerán las empresas de detección –que públicas o no, para funcionar ¡deben pagar a las trasnacionales de transgénicos para usar sus genes!

Tanta falsedad contrasta con la sencilla verdad de los campesinos: tienen 10 mil años de experiencia en la creación y la resistencia y no piensan someterse a esta condena.

*Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, 15 marzo 09

Una empresa semillera estadunidense presentó una solicitud para patentar las calabazas. ¿Suena a cuento? Lamentablemente, si la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) concede la patente US20080301830, la realidad habrá superado nuevamente a la ficción.

La empresa Siegers Seed Company, con base en Michigan, Estados Unidos, pretende lograr el monopolio sobre todas las calabazas que tengan alguna rugosidad (como verrugas) en la cáscara. Esto comprende muchísimas de las calabazas de mayor consumo en el mundo. La solicitud fue publicada el 4 de diciembre 2008, y aún no ha sido finalmente otorgada, pero pone al descubierto lo arbitrario y absurdo del sistema de patentes.

Siegers Seed Company presentó 25 puntos reclamando el monopolio sobre estas calabazas. Por ejemplo, sobre las que tengan una o más verrugas que cubran de 5 a 50 por ciento de su superficie y todas las que tengan determinadas formas, medidas y colores de esas rugosidades. También reclaman el monopolio sobre variedades específicas (Cucurbita maxima y Cucurbita pepo) que tengan verrugas, lo cual incluye las calabazas anaranjadas, el zapallo, calabacín, calabaza italiana, calabazas de cubierta dura (jícaras) y otras. Los reclamos abarcan la planta entera, la semillas y el tejido de cualquiera que cumpla con esas condiciones. Por si fuera poco, la solicitud también reclama que este monopolio se aplique a los predios donde cualquiera de estas calabazas se encuentren presentes de 10 a 75 por ciento.

Una patente no es más que un pedazo de papel en el cual una oficina de patentes concede al solicitante el monopolio exclusivo de un “invento” por 20 años –y la fuerza legal para ejercerlo. Para ello, el solicitante tiene que demostrar que lo que intenta patentar es nuevo, es inventado y tiene utilidad industrial. Las calabazas, zapallos, calabacines, etcétera, o sea todas las cucurbitáceas, tienen centro de origen en México y otras zonas de América del Norte. Han sido adaptadas desde hace 10 mil años, con enorme diversidad –que por supuesto incluye las rugosidades de la cáscara– por las y los campesinos e indígenas de esa región, proceso que continúa hasta nuestros días. Por lo tanto, todos los reclamos de Siegers Seed Company no son más que clarísima y ramplona biopiratería. El Grupo ETC y otros, incluyendo cultivadores y vendedores de calabazas en Estados Unidos, han enviado numerosas evidencias a la USPTO demandando que no se otorgue esta patente. Lo lógico sería que la USPTO la denegara, por tener una amplia historia de “arte previo” –así se llama cuando algo no es nuevo ni inventado, en la jerga del sistema de patentes.

Sin embargo, aunque parezca absurdo, hay riesgo de que la USPTO otorgue esta patente. Baste recordar otro caso similar: en 1999 concedió a Larry Proctor, en Colorado, Estados Unidos, una patente monopólica sobre los frijoles amarillos mayocoba, llamados “Enola” en la patente. Pese a que era obvio y existe abundante documentación mostrado que esos frijoles son una variedad campesina desde hace cientos de años, Proctor obtuvo la patente e inició demandas contra cualquiera que intentara venderlos en Estados Unidos, asestando un certero golpe económico a todos los exportadores mexicanos de ese frijol y a los importadores en el país vecino. El año pasado, se logró, luego de años de denuncias públicas y varias engorrosas y costosísimas demandas, que la USPTO declarara nula esa patente, pero aún podría haber una apelación de parte de Proctor. Mientras tanto, escudado en la injusticia, viene ejerciendo el monopolio de mercado sobre estos frijoles amarillos desde hace 10 años, la mitad del tiempo de validez de una patente que nunca debió existir. Siguiendo el mismo camino, aún sin tener la respuesta final de la USPTO, la Siegers Seed Company ya envió cartas a productores de semillas de calabaza, reclamando su monopolio.

Son sólo dos ejemplos, particularmente claros, entre miles de casos de biopiratería sobre semillas, plantas, microbios y conocimiento indígena sobre ellos. Lo que ponen de manifiesto es que el sistema de patentes en totalidad y de origen, está construido para favorecer a los privatizadores, legalizando el robo social que implica toda forma de patentamiento. Todas las formas de conocimiento (todas las semillas son producto de un vasto y sofisticado conocimiento colectivo) siempre han tenido y tienen una base colectiva y abierta, mientras que las patentes otorgan monopolios excluyentes a personas, empresas o instituciones. Quienes argumentan que es posible combatir estos despojos patentando antes que otros lo hagan, están apenas colaborando con el mismo sistema. La forma de combatirlos realmente es terminar con los sistemas de “propiedad” intelectual, un absurdo que de tanto repetirlo, parece que fuera normal.

*Investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, 15 feb 09

Today, Monsanto is the world’s largest seed company — and makes more money selling seeds than chemicals. The company’s biotech seeds and traits accounted for 88 percent of the worldwide area devoted to genetically modified seeds in 2006 — and Monsanto earns royalties on every single one. No one needed to tell Monsanto: Whoever controls the first link in the food chain — the seeds — controls the food supply.

What better way to understand the perilous state of industrial food and farming than by starting with the seed? Claire Hope Cummings’ new book, Uncertain Peril: Genetic Engineering and the Future of Seeds is a sharp and elegant analysis of the biotech seed debate.

Beginning with the tragic story of how the U.S. invasion and occupation of Iraq led to the destruction of Iraq’s seed bank, and the subsequent dependence of Iraqi farmers on U.S. aid and multinational agribusiness, Cummings explains what’s at stake when farming communities lose the crop diversity that they’ve nurtured and managed for thousands of years.

Self-reliance in agriculture — whether in Nebraska or Nepal — isn’t possible if communities lose control over seeds that are adapted over centuries to their needs, cultural preferences, and environment. Farmers have been saving seeds from their harvest for 10,000 years. Today, an estimated 1.4 billion people, primarily in the developing world, depend on farmer-saved seed as their primary seed source.

Cummings is passionate about seeds and crop diversity. Seeds aren’t merely an environmental or agricultural issue, she explains, but part of a human story that is sacred for many farming communities around the world.

A seasoned radio journalist, Cummings uses her finely-tuned storytelling skills to explain why crop diversity is important, who controls commercial seeds, and why it matters that the biotech industry has tried to systematically destroy — through legal means and technologies — the age-old right of farmers to save and reproduce their own seed.

In the process, industrial agriculture has laid waste to diversity, the environment and farming communities. The subtitle of her book, “Genetic Engineering and the Future of Seeds,” doesn’t do justice to Cummings’ work — because the subject she addresses goes beyond the debate on genetic engineering. This isn’t a diatribe against genetically engineered foods; it’s a highly-readable analysis that takes an expansive view of farming, food, and agriculture, focused on seeds, crop diversity, and farming communities.

Nonetheless, the first part of Cummings’ book does a masterful job of unpacking what is too often a cluttered debate on genetic engineering. If you want to deconstruct how genetic engineering has been used as a tool of corporate science and how powerful interests have worked hand-in-hand with the U.S. government to privatize plant breeding and obliterate the culture from agriculture, read this book.

Cummings shows how biotech corporations have used so-called “sound science” to dumb down government regulatory systems, and how publicly-funded agricultural research has been corrupted to serve private interests.

Seeds have been in the news a lot lately, grabbing headlines in February when the Norwegian government opened a Global Seed Vault on a remote island in the Arctic. Major media networks were captivated by the specter of a “doomsday” vault for seeds — a kind of agricultural Fort Knox — where the world’s crop diversity will be safe from war, natural disaster, electricity outages, even climate change. The seed vault raises some profound issues about control of seeds and strategies for conserving them. Some writers (who didn’t check the facts) mused that the Global Vault was just a corporate-funded plot that will ultimately benefit Monsanto and other gene giants. Others acknowledge that an insurance policy for the world’s seeds (basically, a back-up system) is a common-sense strategy.

But with all the attention that’s going to gene banks, the concern is that governments and the public will think that the problem is solved (the genes are in the bank!) — and, worse still, that funding and expertise will be siphoned away from farmer-based (known as in situ) conservation strategies.

But the real way to save our seed heritage lies not in vaults, but rather in fields: on-farm, community-based conservation in which farmers select and breed crops to evolve and adapt to changing conditions (like rapidly evolving pests and diseases) — just as they’ve done for 10,000 years.

In the face of climate chaos, it will be essential. Genetically modified crops will not provide the adaptation strategies that farmers need to ensure food sovereignty in the face of climate change.

I appreciate the way that Cummings treats the topic of the Doomsday Vault and the bigger issue of seed conservation. She explains that the rise of seed banks has occurred at the same time that the role of the farmer has been compromised and corporations have taken over plant breeding.

When it comes right down to it, Cummings notes, the issue isn’t gene bank vs. farmers. Both can be useful strategies. We shouldn’t have to choose. The vitally important thing is to reemphasize the public interest. She writes:

The rise of seed banking and the demise of the small farmer have turned agricultural seed saving on its head. The solution lies in putting the farmer, instead of agribusiness, back on top as the primary actor and beneficiary of all seed-saving strategies.

Exactly.

A Jubiliant legal team (left to Right) Lawyer Tim Roberts, Scientist Ricarda Steinbrecher, Barrister Daniel Alexander and ETC Group’s Hope Shand.

Daniel Alexander and Tim Roberts (ETC Group’s lawyers) made brilliant arguments. the patent’s claim to novelty and sufficiency were knocked down and the entire patent unraveled afterwards.

One of the key arguments that won the day was using Monsanto’s original 1994 opposition statement – -the famous Hinchee Declaration. Monsanto originally opposed the patent when it was first granted to Agracetus (see below). They then dropped their opposition when they bought Agracetus and have since used it to bully farmers, grain traders and even countries. It is the most delicious irony that Monsanto’s own arguments against the patent (1994) were key in defeating it ultimately. We guess Monsanto used to have smarter lawyers than they do now!

The defeat of the soybean species patent could mark the end of species patent claims by the multinational seed industry. However, the defeat comes barely 2 months before the patent was to die from natural causes. First applied for in 1987, the patent was granted to Agracetus in 1994. At that time, both ETC Group (then RAFI) and Monsanto challenged the claim. Then, Monsanto bought Agracetus and defended the patent. Old-timers will recall that there was a second Agracetus � cotton -species patent back then but in the United States. ETC Group (unusually, supported by USDA) blocked the cotton species patent. It was one of the few times that the USDA actually thanked ETC (actually, Hope ) for alerting them to the monopoly risk.

Even at this late hour, the overturning of the second species patent may put an end to such sweeping biotech claims.

The bad news, of course, is that this 20 year battle exposes the hopeless incompetence of the patent system. It has been obvious to just about everybody since the patent was first applied for that the claim should never have been accepted. Despite that, ETC Group has had to go to Munich twice and spend probably $40,000 in legal and travel expenses to halt the patent. Even as we celebrate, we are still engaged in a seemingly endless battle in the US PTO over the Mexican yellow bean (�Enola�) claim won by Podners company in the US in 1999. Once again everybody agrees that the claim is a prime example of biopiracy but it is held up in the courts and still drags on for another year or two while Podners continues to extract royalties and block Mexican farmers from their traditional US market.

Anyway, back to the Galapagos Islands!

more news to come…

It’s a deceivingly simple list � but it took many hours to compile. Why? Well, a few companies � like Monsanto � which now defines itself as a seed and biotech trait company (rather than a chemical company), provides easy-to-find figures on their seed revenues. But for many other companies, it’s not-so-straightforward because some companies don’t provide a separate breakdown of seed revenues. In many cases we were forced to call the companies and track down the individual (most of whom don’t want to be named) who could provide us with the correct information. Some of the companies were very obliging. In other cases, we were out of luck. Japanese company, Takii, for instance � does not appear on this year’s list because we couldn’t get hold of 2006 seed revenues. (Takii is a private company.) Despite several attempts to get seed revenues from Dow Agrosciences, the company does not release separate information on seed revenues. (Dow doesn’t appear on our list � and it’s probably not in the top 10 anyway.) If anyone knows anything about Takii, please let us know.

One of the noteworthy things about this year’s list is that Monsanto has moved so far ahead of the pack � way ahead of its closest competitor, Dupont (Pioneer). It’s remarkable, considering the fact that, one decade ago, Monsanto’s name didn’t even show up on our ranking of the world’s largest seed companies! According to one of its competitors, Monsanto’s seed revenues are inflated because the company includes trait royalties that are actually paid by other companies.

This year we want to thank the guys at the Des Moines, Iowa-based Context Network, seed industry analysts. We’re using their figure on the value of the world’s seed market, and the value of the proprietary seed market. (Personal communication with Mark Nelson.) Find Context Network here: http://www.contextnet.com/

However, we hasten to add that Context Network is not in any way responsible for ETC Group’s list (below), or our analysis � we only used their figures on the global value of the seed industry.

Later this year, ETC Group will release other top 10 lists (for agrochemicals, animal pharma, biotech, genomics, grocery retailers, food processors, and more). Please stay tuned.

The World’s Top 10 Seed Companies

World’s Top 10 Seed Companies
Based on 2006 Seed Revenues

Company
2006 seed revenues
US $ millions

1. Monsanto (US) $4,028

2. Dupont (US) $2,781

3. Syngenta (Switzerland) $1,743

4. Groupe Limagrain (France) $1,035

5. Land O’ Lakes (US) $756

6. KWS AG (Germany) $615

7. Bayer Crop Science (Germany) $430

8. Delta & Pine Land (US) (acquisition by Monsanto pending) $418

9. Sakata (Japan) $401

10. DLF-Trifolium (Denmark) $352

Source: ETC Group

Based on 2006 revenues, the top 10 seed corporations account for 55% of the
commercial seed market worldwide.

Concentration Trend Continues: According to estimates provided by industry analysts, Context Network, the value of the overall commercial seed market was $22,900 million in 2006 (includes seeds purchased from public breeding programs). (1) By contrast, just two years ago, ETC Group reported that the top 10 accounted for 49% of the worldwide market. In 1996 – one decade ago – the top 10 seed companies accounted for 37% of the worldwide market – and Monsanto did not even appear on the list.

The market share of the top 10 seed companies is even greater when looking at the proprietary (that is, brand name commercial seed � most of it subject to intellectual property) seed market. According to Context Network, the global proprietary seed market was worth $19,600 million in 2006.

* In 2006, the top 10 companies account for $12,559 million – or 64% of the total proprietary seed market.

* Monsanto – the world’s largest seed company – accounts for more than one-fifth of the global proprietary seed market.

* The top 3 companies – Monsanto, Dupont and Syngenta – account for $8,552 million – or 44% of the total proprietary seed market.

* The top 4 companies account for $9,587 million – or almost half (49%) – of the total proprietary seed market.

1 The Context Network. http://www.contextnet.com/

We agree with civil society critics who charge that ISAAA’s statistics are inflated and unreliable. However, even using industry-generated statistics, the biotech countdown is revealing. Here are the �vital statistics�:

5 transnational corporations control virtually all of the biotech market. Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer and Dow are the “Gene Giants” – the five seed and agrochemical companies that dominate ag biotech.

4 industrial crop commodities. GM soybeans (60% of global GM area), maize (24% of global GM area) cotton (11% of total GM area), canola (5% of total GM area) accounted for virtually 100% of the commercial GM crop market in 2005.

3 countries - the geographic spread. In 2005, USA, Argentina and Brazil accounted for 85% of the total worldwide area devoted to GM crops. 95% of all GM crops were grown in five countries: USA, Argentina, Brazil, Canada and China.

2 genetic traits. The first decade of GM crops has delivered two genetic traits: crops engineered to tolerate chemical weed killers, and crops engineered to express insecticidal genes. Seventy percent of the area devoted to GM crops in 2005 was engineered for a single trait: herbicide tolerance; the rest was B.t. insect resistance, or some combination of the two traits stacked together.

1 company dominates. Control of GM crops is overwhelming dominated by one multinational seed corporation. Monsanto’s GM seeds and genetic traits accounted for 88% of the total area devoted to GM crops in 2005.

Note: this doesn’t mean that Monsanto sold 88% of the world’s biotech seeds, it means that Monsanto’s seeds or genetic traits, including those licensed to other seed companies, accounted for 88% of the global area planted in GM seeds. This figure is based on statistics released by Monsanto on 11 Oct. 2006.

Source: ETC Group