Los resultados de la conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad, especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático, mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis. Como denunció la red internacional Justicia Climática Ahora, significó el establecimiento de un apartheid climático global para mantener los privilegios de una minoría a costa de todos los demás.

El problema nodal es la ausencia de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que llevará a un aumento mínimo de 4 grados en la temperatura media global en tan sólo unas décadas. En el último siglo, el capitalismo industrial provocó un aumento de la temperatura promedio de 0.8 grados centígrados, que se traduce en desarreglos climáticos, como huracanes, sequías, inundaciones, menor rendimiento de cultivos, derretimiento de glaciares y de hielos permanentes que liberan grandes cantidades de metano, gas que tiene 20 veces peor efecto invernadero que el dióxido de carbono. Según los reportes científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para que el aumento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados al 2100, es necesario reducir las emisiones de gases de 25 a 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Un aumento de 2 grados tendría consecuencias devastadoras para muchos países, incluso podrían desaparecer estados insulares. Cuatro grados es más de lo imaginable y en algunas zonas, como las más secas de África, se traduciría en aumentos de 7-8 grados.

El protocolo de Kioto estableció metas de reducción obligatorias para los países industrializados con mayores emisiones (listados en su Anexo 1) de apenas 5 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Aún así, Estados Unidos –que de todos modos no firmó el protocolo–, exigió que se pudieran usar mecanismos de mercado para la reducción de emisiones, con lo cual muchas supuestas reducciones son solamente transacciones virtuales. Los mercados de carbono no han servido para nada frente a la crisis climática, pero abrieron jugosos frentes especulativos con la venta de créditos de carbono. Con muy malas notas y sin efecto para bajar las emisiones, el Protocolo de Kioto finalizará su primer periodo de compromisos en 2012. Muchos gobiernos de países del Sur querían abrir un segundo periodo de compromisos, con metas mínimas acordes a las necesarias según el IPCC. Pero ya en la conferencia de cambio climático en Cancún en 2010, en lugar de compromisos obligatorios se aceptó declarar promesas, que si se cumplieran (improbable), no llegarían más que a reducciones de 13 a 17 por ciento.

Con un proceso antidemocrático e irregular como en Cancún, en Durban se aprobó de todos modos un segundo periodo del protocolo de Kyoto, pero como un cascarón vacío. Sin metas de reducción, sin compromisos vinculantes, sin mecanismos de control de reducciones del Anexo 1, pero cargando de obligaciones a los demás países que no están entre los contaminadores históricos. Estas medidas aplicarán a todos, aunque teóricamente se dirigen a los países de economías emergentes como China e India, que actualmente están entre los mayores emisores globales, aunque sólo en los últimos años –contra todo el siglo XX de los del Anexo 1– y que las emisiones per cápita de la India son 10 veces menores que las de Estados Unidos. Pese a este acuerdo leonino, que terminó con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que existía en el convenio, igual se retiraron del Protocolo, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia, sumándose a Estados Unidos.

La Unión Europea aprovechó la situación para negociar su firma para un segundo periodo de Kioto, imponiendo sus condiciones: sin metas obligatorias y abriendo un nuevo proceso de negociaciones que sustituya al Protocolo de Kioto en 2020. Este proceso y plazo, que querían todos los países del anexo 1, es para terminar de eliminar cualquier obligación de reducción, presionar a las economías emergentes y traspasar la responsabilidad de la crisis climática a las poblaciones de países pobres del sur, a través de mecanismos de mercado, que nuevamente, favorecen a las trasnacionales de los países industrializados. En lugar de cambiar de modelos de producción y consumo en esos países, se comercia con el espacio que no contaminan los países del Sur, a través de mecanismos altamente perversos como REDD en bosques. Se aseguró además la continuidad y nuevos mecanismos de mercado, se introdujo la discusión de usar agricultura y suelos como sumideros de carbono y se aceptaron tecnologías de alto riesgo, como la captura y almacenamiento de carbono en lechos marinos y formaciones geológicas, tecnología que promueve el uso de más petróleo, gas y carbón, legando el riesgo de escapes catastróficos a generaciones futuras.

Tanto el Fondo Verde para el Clima, como el nuevo Comité de Tecnología quedaron bajo la égida del Banco Mundial, que los usará para imponer más condiciones. Se estableció de facto carta blanca a la transferencia de tecnologías, sin cuestionar patentes ni aplicar el principio de precaución, lo cual resultará en dumping de tecnologías peligrosas, subsidiando a las trasnacionales.

Tanta irresponsabilidad ante las crisis y con las generaciones futuras contrastó con la riqueza de propuestas desde las organizaciones y movimientos sociales, que convocaron a la resistencia contra el nuevo apartheid global.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 17 de diciembre de 2011

Silvia

Las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático en Cancún en diciembre 2010 (COP 16) significaron un parteaguas en muchos sentidos, todos negativos. No así las movilizaciones populares frente a esta cumbre, de organizaciones como Vía Campesina y otras de base, que no han perdido el sentido de la realidad, de lo que es absurdo y de lo que necesitamos hacer. Cada vez, la brecha es mayor.

Los resultados oficiales de la COP 16 fueron peores que el año anterior en Copenhague, en dos aspectos fundamentales: en las decisiones que se tomaron, y en el discurso dominante, difundido por medios acríticos, gobiernos y grandes ONG ambientalistas, que tratan de convencernos que al menos se han avanzado unos pasos, sin nombrar que son hacia el abismo. No hubo ninguna resolución para enfrentar realmente el cambio climático, incluso se debilitaron las que existían, pero se aumentó el apoyo a falsas soluciones y mecanismos de mercado que crearán más gases de efecto invernadero y más especulación.

A diferencia de Copenhague, donde quedó claro el fracaso y el intento de golpe de los países más contaminantes para imponer su voluntad y librarse de toda responsabilidad, en Cancún se impuso –aumentado– el fallido texto de Copenhague, ahora con la colaboración de casi todos los gobiernos del mundo, con la sola excepción de Bolivia, el único país que se mantuvo firme en los principios y demandas para enfrentar realmente la crisis climática.

Esta cumbre significó también un quiebre del ALBA, ya que Claudia Salerno, la delegada de Venezuela –acompañada parcialmente por otros países del bloque– se prestó a negociar activamente fuera de las agendas expresadas oficialmente y fuera de los canales multilaterales. Ante la justa protesta de Bolivia de que no se había discutido democráticamente los temas y no había consenso, Salerno sugirió simpáticamente a la manipuladora presidenta mexicana de la COP, que tomara nota de la discrepancia de Bolivia, en lugar de exigir que hubieran negociaciones reales, abiertas y transparentes.

Esta sumisa posición de Venezuela contrasta fuertemente con el discurso conjunto de Hugo Chávez y Evo Morales en Copenhague, donde afirmaron que el capitalismo está en la raíz de la crisis climática, que no permitirían imposiciones de Estados Unidos y otros países del Norte, que necesitamos ir a las causas reales de la crisis climática por la gravedad que ésta significa para los pueblos y el planeta. Allí contaron con el apoyo de los pueblos del mundo. En Cancún, por lo contrario, Venezuela fue una pieza clave para aprobar lo que Hugo Chávez rechazó el año anterior.

Si el caso de Venezuela es extremo, también fue curioso que otros países del Sur, como los agrupados en el bloque G-77, participaran del fraude. En ambos casos declararon que lo importante era salvar el ámbito de negociaciones –en crisis por las diferencias de perspectiva entre víctimas y victimarios. Por ello aceptaron la promesa vaga de un proceso de discusión a futuro, pese a que lo que se aprobó en el mismo acto, es contrario a lo que el bloque estuvo peleando por años (exigían compromisos vinculantes de reducción, responsabilidad común pero diferenciada entre el Norte y el Sur, reconocer la responsabilidad histórica de los que causaron la crisis climática, cuestionamiento de la propiedad intelectual en tecnología y otros puntos). Por su lado, Japón, Australia, Estados Unidos y otros países –todos grandes contaminadores– dejaron claro que no firmarán ningún compromiso vinculante tampoco en el futuro. Estados Unidos declaró que Cancún fue un éxito para sus intereses.

Para lo que sí se rescató el ámbito de Naciones Unidas fue para tomar decisiones en algunos puntos. Por ejemplo, para avalar nuevos mecanismos de mercado, como la captura y almacenamiento de carbono en formaciones geológicas (CCS, por sus siglas en inglés) que tiene enormes impactos, y los programas REDD, que fue aprobado en sus versiones más extremas, para permitir la privatización de facto de los bosques y arrasar con las comunidades, eliminando de la discusión toda salvaguarda sobre derechos indígenas o biodiversidad. Las ONG ambientalistas e indígenas que afirmaron defender este mecanismo de mercado para proteger los bosques, funcionaron, en la interpretación más benigna, como peones útiles a las empresas y especuladores. George Soros, inversionista y especulador finaciero, festejó la aprobación de REDD como un bienvenido estímulo a ese mercado.

Este síndrome de Cancún que contagió a las víctimas (parafraseando al síndrome de Estocolmo, donde los rehenes se enamoran de los secuestradores) está enmarcado en que varios de los países del Sur han crecido sobre el mismo modelo petrolero y de explotación de recursos que llevó a la crisis climática y son ahora grandes contaminadores, por lo que sus gobiernos tampoco quieren compromisos reales de reducción. Muchos confluyen también con los gobiernos del Norte y trasnacionales en el empuje a un nuevo capitalismo verde –basado en mercantilizar la naturaleza y sus funciones, poniendo precio a todo y valor a nada– para aprovechar que la biodiversidad y bosques que se pueden poner a la venta a través de programas como REDD y otros, están sobre todo en el Sur.

En el polo opuesto, Vía Campesina, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y otras organizaciones de abajo denunciaron estas maniobras y las causas reales de la crisis climática, además de mostrar un arcoiris de realidades y propuestas que son verdaderas soluciones. El panorama es sombrío, pero los movimientos de abajo no se pierden.

*Investigadora del Grupo ETC

Este diciembre, Cancún fue el escenario de un costoso evento para beneficiar a las trasnacionales y gobiernos más contaminantes. Por los resultados y la dinámica antidemocrática, se podría pensar que fue una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como la de 2003, donde el campesino coreano Lee Kyoung-Hae se inmoló para mostrar la injusticia que significan estos tratados. Pero fue una reunión del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de facto convertido en una nueva Organización Mundial de Comercio de Carbono. Los muertos los sigue poniendo el Sur global.

Los países más contaminantes y sus grandes industrias –los que más han emitido gases de efecto invernadero y lucran enormemente con ellos, devastando el planeta de todos– consiguieron lo que se proponían y más: rompieron cualquier compromiso vinculante de reducir emisiones; no establecieron ninguna meta de reducciones; crearon un fondo climático que será administrado por el Banco Mundial; legalizaron nuevos mecanismos de mercado, incluidas las peores versiones de REDD (eufemísticamente llamado Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques) que abre a una ola planetaria de privatización de bosques y expulsión de comunidades, además de ser un gran aliento a la especulación financiera. También lograron un comité de tecnología a su gusto, que eliminó las referencias a las barreras que constituyen las patentes para el Sur y da amplia participación a las trasnacionales y la industria para imponer sus tecnologías. Los derechos indígenas y campesinos, la participación de sociedad civil no comercial, son mencionados decorativamente, sin efecto real.

Si esto fue una negociación ¿qué recibió el Sur global por tanta concesión? La respuesta es sorprendente: nada. Sólo promesas vacías, sin valor jurídico, sobre movilizar fondos, reconocer la necesidad de reducir emisiones, abrir procesos, evaluar en futuros igualmente inciertos. Mientras los países históricamente más contaminantes no hacen ningún compromiso de reducción, ahora los países del Sur tienen que informar sobre sus reducciones. Eso no está mal, pero la injusticia es evidente.

O sea, lo que se plasmó en Cancún fue la voluntad irrestricta de Estados Unidos y la aplicación del espurio entendimiento de Copenhague, con esteroides: todo lo que querían los causantes de la crisis climática y nada para las víctimas.

Para entender mejor lo que pasó, hay que leer las comunicaciones oficiales al revés: donde dice consenso, léase desacuerdo, donde dice multilateralismo, léase negociaciones secretas entre algunos, donde dice reconocemos la necesidad de reducir las emisiones, léase los países del Norte no volveremos a firmar compromisos vinculantes de reducción, donde dice proteger los bosques léase privatizarlos, donde dice recuperamos la confianza, léase recuperamos los créditos que pagará el público y aumentamos las indulgencias de carbono, donde dice transferencia de tecnología, léase jamás evitarán el pago de patentes en la tecnología que venderemos al Sur, basada en sus recursos y subsidiada por ellos mismos, donde dice progreso leáse avance de mecanismos de mercado e inyección de optimismo al mercado financiero especulativo.

La lista es larga y falta que donde dice democracia y participación, debe leerse censura y represión, de lo cual varias redes de organizaciones por la justicia ambiental e indígenas presentes en Cancún pueden dar testimonio.

La presidencia de México en el Convenio se encargó de gestionar este resultado, con una dinámica igual a la de la OMC: llamando a grupos de delegados por separado, elegidos por la propia presidencia, a negociaciones ocultas, fragmentarias y nunca en pleno, manipulando debilidades y deseos, confrontando selectivamente a países o regiones entre sí, prometiendo quién sabe qué recursos. Finalmente presentó, tardíamente para no dar tiempo a consideración real en plenario –donde todos podrían ver todo–, un documento final no solicitado por los órganos del convenio y como reclamó Bolivia, con la opción tómelo o tómelo.

No se convocó al pleno para decidir sobre esta propuesta, sino a una reunión informal con la presidenta donde se puso a la mesa como paquete completo y cerrado. La presidencia mexicana destacó por hechos insólitos en Naciones Unidas: en lugar de aplacar la porra de aplaudidores que curiosamente tuvo acceso masivo a las reuniones finales –aunque todas las otras sesiones fueron fuertemente limitadas a los observadores–, la presidenta se sumó a los aplausos y expresiones de disgusto con posiciones discrepantes –solamente planteadas por Bolivia– algo totalmente fuera de lugar para la presidencia de una reunión multilateral. En la misma tónica, decidió unilateralmente que la objeción argumentada por Bolivia no necesitaba ser tomada en cuenta, arguyendo arbitrariamente que no era necesario el consenso para decidir, lo cual es una violación flagrante de las reglas del Convenio. Sería como afirmar, digamos, que se puede tener la presidencia sin ganar las elecciones.

Apelar a que no se necesita consenso, es paradójico en el caso de México, que estando solo en sus posiciones en el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, también de ONU, ha usado repetidamente el recurso de decidir por consenso, para impedir por ejemplo, acordar normas para etiquetar claramente los transgénicos. Allí igual que ahora, fue para defender los intereses de las trasnacionales y de Estados Unidos. Bolivia en cambio, defendió en Cancún con dignidad y valentía los intereses de los pueblos, expresados por más de 35 mil participantes en la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba. Los movimientos y organizaciones sociales lo saben y rendirse no está en la agenda.

*Investigadora del Grupo ETC

Cancún, 3 de diciembre. Desde hace una semana, representantes de gobiernos de todo el mundo están reunidos en un búnker de superlujo llamado Moon Palace (Palacio de la Luna), supuestamente para discutir el cambio climático.

El lugar es lejos de los hoteles y más lejos de la ciudad de Cancún, lo que sumado a abundantes retenes policiales, significa invertir 2-3 horas diarias en pocos kilómetros de ida y vuelta. Exceptuando a los delegados de países ricos, que como si fuera otra forma de mostrar la injusticia climática, se alojan en el Moon Palace a precios exorbitantes. La mayoría de delegados de África, Asia, América Latina están en hoteles fuera del complejo lunático y necesitan horas para desplazarse. Además de dejar a los delegados del Sur agotados, parece ser un intento para frenar que llegue a la conferencia las protestas de la gente víctima del cambio climático.

Miles de activistas y afectados por la crisis climática, social y ambiental de todo el mundo, llegaron a Cancún en seis caravanas desde varios puntos de México, atravesando el país desde sus raíces, para conocer y mostrar la verdadera política ambiental del país, sus causas y la relación con la crisis climática aquí y en otras partes del mundo. Los testimonios locales convergieron con los de activistas, campesinos e indígenas, hermanos de luchas de base en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Centroamérica, India.

Partieron de San Luis Potosí, Acapulco, Guadalajara, Oaxaca, Chiapas, convocadas por la Vía Campesina, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Movimiento de Liberación Nacional, a los que se sumaron redes de justicia climática de las Américas y de Europa, la red Oilwatch y otras. Las tres primeras caravanas convergieron en la ciudad de México, donde realizaron un Foro Internacional en el auditorio del SME, con más de mil asistentes y una marcha en el centro de la ciudad.

Las caravanas se detuvieron en varios puntos, donde activistas y organizaciones locales los recibieron con gran entusiasmo y solidaridad para compartir sus luchas y sumarse. Dieron a conocer, entre muchos otros, los casos de ríos con enorme contaminación industrial, agrícola y urbana como el Río Santiago en El Salto, Jalisco, donde un niño murió sencillamente por caer en él; proyectos mineros en San Luis, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que en todas partes se hacen devastando territorios, contra la voluntad de las comunidades y para ganancia de transnacionales; proyectos de mega represas como Zapotillo y La Parota, que pese a la sostenida oposición de los comuneros el gobierno insiste en imponer; zonas de altísima contaminación de suelos, aire y aguas que provocan altas tasas de enfermedad, cáncer y deformaciones genéticas a los vecinos, como enormes basureros en Morelos, Tlaxcala, Edomex y México, mega granjas porcícolas industriales, como Granjas Carroll en Veracruz y Puebla donde se originó la epidemia de gripe porcina y otras se gestan; contaminación petrolera e industrial, tala de bosques y sustitución con grandes monocultivos y plantaciones para agrocombustibles en varios estados; contaminación transgénica del maíz nativo…

La devastación ambiental y social es enorme y muestra la verdadera política “ambiental” en México, muy distinta de las fotos que se muestran en Cancún.

Quizá lo más cínico es que el gobierno de México está usando esta devastación masiva para generar ganancias adicionales a las transnacionales responsables de los desastres, como parte de su política sobre cambio climático, avalando esos desarrollos en proyectos presentados al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención de Cambio Climático.

México es uno de los países que más usa este perverso mecanismo que se basa en incentivos para que desarrollos sucios recuperen -supuestamente- parte de los gases de efecto invernadero que producen o que emitan menor cantidad. Obtienen certificados de reducción que se pueden negociar en los mercados de carbono. Ni México ni el MDL toma en cuenta que si estos proyectos no existieran, obviamente no emitirían ningún gas.

La mitad de los proyectos presentados por el gobierno de México en el MDL son granjas porcícolas industriales, como Granjas Carroll donde el estiércol del millón de cerdos que crecen hacinados es una fuente de contaminación sin fin. La transnacional Smithfield, dueña de Granjas Carroll, junto con la gigante de agronegocios Cargill y el broker de carbono Ecosecurities, presentaron un proyecto para convertir una mínima parte del metano que emiten las inmensas lagunas de estiércol en biogás para electricidad. La otra mitad de los proyectos avalados por México son a partir de enormes basureros como Alpuyeca, Morelos, grandes represas en Jalisco y Guerrero, desarrollos petroleros y cementeros con enormes impactos.

O sea, la política que el gobierno presenta como baja en carbono es en realidad alta devastación ambiental, muerte y enfermedad para cientos de comunidades en esos territorios.

Pero ni aunque se reúnan en la luna pueden parar las denuncias de organizaciones y comunidades en lucha. Desde el sábado 4, se instala en la Unidad Deportiva Jacinto Canek del centro de Cancún, el campamento y Foro global por la vida, la justicia social y ambiental, donde llegarán las caravanas y más organizaciones internacionales a dar testimonios y compartir reflexiones, denuncias, estrategias. El 7 de diciembre, la Vía Campesina convoca a realizar Miles de Cancún, con manifestaciones en todo el mundo. Aquí en la tierra, sí se discuten las causas reales de la crisis climática y por cierto, también las soluciones.

*Investigadora del Grupo ETC

Blanquear nubes, fertilizar el océano, tapar el sol, inyectar nanopartículas de azufre en la estratosfera, abrillantar los mares, “sembrar” miles de árboles artificiales, plantar millones de árboles para quemar como carbón y enterrarlos como “biochar”, invadir las tierras con mega-plantaciones de transgénicos súper brillantes para reflejar los rayos solares… Suena como lista de delirios, pero son algunas de las propuestas “serias” de los que propugnan por la geoingeniería como solución a la crisis climática.

La geoingeniería se refiere a la manipulación intencional de grandes trozos del planeta para, supuestamente contrarrestar el cambio climático. Hasta hace poco era considerada ciencia ficción. Ahora, poderosos intereses económicos y políticos, presionan por llevarla a la práctica. En el último año, varias instituciones científicas de renombre –como la Sociedad Real del Reino Unido– se han prestado a publicar informes sobre geoingeniería, con escasa o nula participación de científicos críticos, concluyendo que “se debe financiar con recursos públicos la investigación y experimentación de la geoingeniería”.

Los científicos que promueven la geoingeniería alegan que como los políticos no se ponen de acuerdo para enfrentar el cambio climático, hay que tener preparado un “plan B”. Reconocen que implica enorme riesgos, pero según ellos, no hay otra salida. Después del fracaso de la cumbre del clima en Copenhague, paradójicamente provocado por los mismos gobiernos y empresas que causaron el cambio climático, científicos provenientes de esos mismos países convergen en decir que la democracia no es útil para enfrentar las crisis. Proclaman que ellos tendrán que salvar al planeta y a la humanidad, aunque sea a la fuerza y contra nuestra voluntad. James Lovelock, famoso científico preocupado por el ambiente, declaró que “habrá que poner la democracia en pausa” ( The Guardian, 29/3/10). Para él, la única alternativa es manipular el clima con geoingeniería. Lo mismo expresa el científico canadiense David Keith, que en enero 2010 publicó en la revista Nature que urge “manejar la radiación solar”, inyectando nanopartículas azufradas en la estratosfera, para que desvíen los rayos del sol. Esto imitaría la nube que se forma en una erupción volcánica, y quizá bajaría la temperatura global (teóricamente lo que sucedió con la erupción del volcán Pinatubo en 1991). Tendría muchos y gravísimos impactos y efectos colaterales no deseados, sobre todo en regiones al sur del mundo, muy lejos de los países de Keith y Lovelock, pero como aclara Keith “el manejo de la radiación solar tiene tres características esenciales: es rápida, barata e imperfecta”. Pese a eso, Keith aboga por experimentar con geoingeniería en campo a la brevedad, sin que haya intromisión de Naciones Unidas u otro tipo de supervisión multilateral, que solamente demorará lo que algunos científicos y unos cuantos hombres ricos y empresas pueden hacer sin que los molesten las instancias democráticas internacionales.

La semana pasada salió a luz el proyecto de otros científicos, financiados con dinero de Bill Gates, para experimentar el “blanqueo de nubes”, inyectando agua del mar desde barcos no tripulados en una superficie de 10 mil kilómetros cuadrados de océano. (www.etcgroup.org/es/node/5138). Argumentan que es “barato” y solamente un experimento. Pero en rigor, la etapa “experimental” no existe en geoingeniería. Para tener algún efecto sobre clima debe ser a mega-escala. Los que proponen blanquear las nubes para aumentar el reflejo de la luz del sol, reconocen que habría que cubrir cerca de la mitad del Océano Pacífico con barcos que lancen agua de mar a las nubes, para quizá tener algún efecto sobre el clima. No son sólo científicos los que proponen la geoingeniería. Ellos proveen el discurso y las “capacidades” a los más interesados: grandes capitales y trasnacionales, sobre todo empresas que hasta ahora negaban el cambio climático porque son los principales culpables (como petroleras, de carbón, energía). Ahora ven en la geoingeniería no como plan B, sino como plan A. Para ellos y gobiernos como Estados Unidos y Reino Unido, la geoingeniería es la solución “perfecta” al cambio climático: no hay que cambiar nada, se puede seguir contaminando y emitiendo gases de efecto invernadero, porque podrían enfriar el planeta permanentemente, lo cual además les reportará lucros adicionales.

El discurso de que “todos” somos igualmente responsables de las crisis climáticas y ambientales y que la democracia no sirve, les viene de perillas para tener aún más impunidad. Ahora hasta parece que nos están salvando. Frente a estas tropelías, se creó en el marco de la reciente Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en Cochabamba, la campaña “No manipulen la tierra”, que ya cuenta con la adhesión de más de 100 organizaciones y grandes redes internacionales de ambientalistas, campesinos, indígenas y otras. La demanda central es prohibir la geoingeniería y cambiar las causas reales de la crisis climática. (handsoffmotherearth.org) Un primer logro a nivel internacional, es que un cuerpo de asesoramiento científico técnico de Naciones Unidas, acordó el 14 de mayo 2010, en Nairobi, Kenya, recomendar al Convenio de Diversidad Biológica establecer una moratoria sobre la geoingeniería, por los impactos que puede tener sobre la biodiversidad y las formas de vida relacionadas a ella. Un primer paso de una lucha que será dura, pero que cada vez cuenta con una oposición mayor desde todos los rincones del planeta. *Investigadora del Grupo ETC

Publicado por La Jornada, México, 22 de mayo de 2010

Tiquipaya, Bolivia. Más de 35 mil personas respondieron a la convocatoria que lanzó Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), en Cochabamba, del 19 al 22 de abril. La tercera parte vino de 142 países en cinco continentes. La mayoría de los participantes fueron movimientos sociales, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres, ambientalistas, pescadores. También acudieron representantes de gobierno de 47 naciones, académicos, intelectuales, activistas, artistas, músicos. Se debatió intensamente en 17 grupos de trabajo convocados por los organizadores y 127 talleres autorganizados.

Además, una de las grandes federaciones indígenas de Bolivia: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), llamó con otras agrupaciones a la “Mesa 18″ para tratar temas que no veían reflejados en la agenda de la conferencia, como la crítica a proyectos mineros, de gas y petróleo.

La convocatoria a esta cumbre rebasó todas las expectativas, tanto en número como en contenido, convirtiéndose en un hito histórico en el debate internacional sobre la crisis climática. Ante las maniobras de los gobiernos poderosos en Copenhague, Bolivia convocó a las bases de las sociedades del mundo a manifestar sus posiciones y plantearlas a los gobiernos. Ambas cosas sucedieron en forma contudente. También se afirmaron las redes e interacciones entre los movimientos, con una sana distancia de las propuestas de crear nuevas redes globales, ahora sobre crisis climática. Esto quedó para discutir entre los movimientos: la mayoría no considera que se necesita una nueva estructura, sino más interacción y complementación.

Se creó sí, una base común para la compresión, el análisis crítico y las estrategias frente a la crisis climática, enriquecida por diversas perspectivas desde muchas culturas, pueblos, organizaciones temáticas y sectoriales del continente y el mundo. El Acuerdo de los Pueblos en Cochabamba refleja esto (www.cmpcc.org) .

Hubo rechazo enérgico y repetido al “Entendimiento de Copenhague” que quiso imponer una veintena de países –los mayores responsables de la crisis climática– en diciembre pasado. Los cínicos “compromisos” que allí se firman significarían un aumento de la temperatura hasta de cuatro grados, una catástrofe anunciada para los pueblos del Sur. La CMPCC exige detener el calentamiento “descolonizando la atmósfera”, con una reducción de 50 por ciento de las emisiones de gases de los países industrializados en su fuente, no mediante mecanismos de mercados de carbono, a los cuales se opone en todas sus variantes. Rechaza también los mecanismos llamados REDD, que bajo el título de reducir la deforestación, en realidad la aumentarán y provocarán la alienación del manejo de los bosques por las comunidades y pueblos, además de promover los monocultivos de árboles, que no son bosques, sino agravantes de las crisis.

Enmarcando todo esto, se plantea una denuncia de las causas reales de la crisis climática planetaria. “Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza, que se aceleró con la revolución industrial. El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma”, expresa el Acuerdo de los Pueblos.

Condena la agricultura industrial y las corporaciones de los agronegocios –directamente responsables de cerca de la mitad de las emisiones que causan la crisis climática–, así como los mecanismos y propuestas que apoyan el avance de las trasnacionales y la devastación de la Madre Tierra, como los tratados de libre comercio y la introducción de nuevas y riesgosas tecnologías, como transgénicos, tecnología terminator, nanotecnología, geoingeniería y agrocombustibles.

“Denunciamos cómo el modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios, expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, continúa el Acuerdo de los Pueblos.

La declaración de la “Mesa 18“ enfatiza estos mismos aspectos, criticando políticas extractivistas y proyectos de explotación de hidrocarburos y mineros del gobierno boliviano. Aclara que su iniciativa no fue “una tribuna para desacreditar al gobierno ni para socavar la legitimidad de un cónclave del que nos sentimos parte… (se trata de) formular propuestas que ayuden a enderezar el rumbo del proceso de cambio, asumiendo la responsabilidad de defenderlo y protegerlo, porque ha sido concebido por el movimiento popular boliviano en muchos años de lucha”.

La CMPCC plantea también estrategias y propuestas, como el reclamo de la deuda ambiental, la creación de un tribunal internacional de justicia climática, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. La de más largo alcance sigue siendo implementar la soberanía alimentaria, basada en formas de vida y producción campesinas, indígenas y locales, que es el principal factor que enfría el planeta y el que puede volverlo al equilibrio, además de promover la justicia social y la biodiversidad.

Todo esto y más llegará a Cancún, donde las negociaciones oficiales sobre el clima sesionarán en diciembre. Pero sobre todo, ya está entre los movimientos sociales de todo el mundo.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La jornada, México, 24 de abril de 2010

Del 19 al 22 de abril se realizará en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. La iniciativa fue anunciada por el presidente Evo Morales después del desastre de las negociaciones sobre cambio climático en Copenhague el pasado diciembre. Es una respuesta a la urgencia del caos climático y una interpelación a los gobiernos del Norte y otros que, como Brasil, India, China y Sudáfrica, firmaron –a espaldas de todos los demás y de años de negociaciones en Naciones Unidas– el llamado Entendimiento de Copenhague, una burla a los pueblos del Sur más afectados por el caos climático.

Las metas de reducción de gases de efecto invernadero a que se comprometieron los países firmantes de ese entendimiento (sin ninguna obligación legal), garantizan que el planeta se seguirá calentando vertiginosamente, aumentando la temperatura promedio del globo hasta 4 grados Celsius antes de 2050. Es una catástrofe de proporciones épicas, según los informes científicos de referencia en Naciones Unidas. Este nivel de calentamiento provocará huracanes, inundaciones y sequías mucho más violentas y extremas, la desaparición de todos los glaciares (y la debacle de abastecimiento de agua en grandes áreas conectadas), el exterminio de los arrecifes coralinos, la extinción de casi la totalidad de animales y plantas actualmente en peligro de extinción, menor rendimiento (hasta de 30-40%) en cultivos básicos, situaciones de hambruna extremadamente agravadas en los países de África subsahariana, la desaparición o daño irreversible de zonas costeras y países isleños, la reducción drástica de agua dulce por salinización de las capas freáticas y otros desastres mayúsculos.

Esta debacle anunciada (y firmada) es el contexto mundial de la próxima conferencia en Cochabamba. La respuesta de los movimientos y organizaciones sociales del mundo a esta iniciativa ha sido contundente y masiva, en parte por la preocupación sobre el tema, pero también por la necesidad de llamar las cosas por su nombre. Es refrescante que en lugar de floreos diplomáticos, desde la convocatoria se establece que el cambio climático es producto del sistema capitalista, y que los temas a debate vayan directo al hueso de problemas reales.

Hay más de13 mil asistentes registrados, de un centenar de países, la mayoría de pueblos originarios, campesinos, movimientos y organizaciones sociales de países latinoamericanos. También delegados de gobierno de 90 naciones, porque Bolivia convoca a los pueblos y movimientos sociales y defensores de la Madre Tierra en el mundo e invita a los científicos, académicos, juristas y gobiernos que quieren trabajar con sus pueblos. Asistirán una mayoría de países del Sur, pero entre otros, Francia, Rusia y España también enviarán delegados.

El análisis de las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático y medidas de fondo y estrategias para enfrentarlas son uno de los ejes centrales de la conferencia. También debatir y acordar un proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra; sentar las bases para un Tribunal Internacional de Justicia Climática; acordar propuestas para las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas (que en diciembre sesionarán en Cancún) sobre temas que incluyen la crítica y peligros del comercio de carbono, migrantes climáticos, tecnologías, pueblos indígenas, agricultura y soberanía alimentaria, bosques y otros.

Los temas a debatir están organizados en 17 grupos de trabajo que sesionarán en mesas durante la conferencia, además de un centenar de eventos autogestionados por movimientos y organizaciones del mundo. Las mayores organizaciones sociales de Bolivia participaron en una pre-cumbre a finales de marzo, para dar sus aportes a cada mesa. Asistieron delegados de la Central Obrera Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Sus aportes están en el sitio de la conferencia (www.cmpcc.org). Constituyen un arcoiris de fuertes críticas y propuestas, que incluye también contradicciones dentro de los propios temas –sobre lo cual habrá oportunidad de debatir en Cochabamba– y con posiciones y estrategias gubernamentales. Los movimientos de Bolivia están vivos y exigen cuentas al gobierno continuamente desde sus propias autonomías y visiones.

Muchos otros movimientos sociales, campesinos, indígenas, ambientalistas de otros países se preparan para la conferencia. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, desde su segundo congreso realizado en marzo en Ecuador, expresó: “La crisis climática no se resuelve con dinero (…) Enjuiciaremos a los países y empresas trasnacionales responsables del cambio climático, expulsaremos a las empresas que dañan la Pachamama, resistiremos los proyectos que dañan la tierra y el agua e impediremos concesiones en nuestros territorios (…) de proyectos extractivos (minería, petróleo, forestales e hidroeléctricas) para detener el maltrato a la Madre Tierra”.

Aunque estarán en franca minoría también asistirán quienes se proponen lo contrario, tanto de gobiernos como empresas e intereses comerciales. Por ejemplo, entre los eventos auto-organizados hay uno de promotores de geoingeniería, para tratar de ganar legitimidad a tan riesgosa y absurda alternativa. Estas y otras propuestas serán contestadas en lo que sin duda, será un hito de la discusión global sobre el cambio climático.

* Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 10 de abril de 2010

Un variopinto sector, que abarca algunos científicos, grandes inversionistas, poderosos gobiernos y algún ambientalista despistado, convergen en impulsar la geoingeniería o manipulación del clima, alegando que no se pueden cambiar las causas de la crisis climática. Proponen entonces un plan B: técnicas para manipular grandes trozos del planeta, desde oceános a la estratosfera, para contrarrestar los efectos del calentamiento global. Saben que implica enormes riesgos y por eso afirman que es sólo para casos de emergencia –que ellos mismos definirán cuándo ocurre.

El lobby del carbón (cabilderos de las industrias de petróleo, energía y transportes), que por décadas negó que había cambio climático, cambió el discurso. Ahora lo aceptan, pero son grandes entusiastas de la geoingeniería. Para estas poderosas industrias (y los gobiernos que les sirven), es excelente la perspectiva de no tener que cambiar nada: proponen enfriar el planeta con tecnologías de alto riesgo, mientras siguen calentándolo sin parar. Así mantienen el lucro que obtienen con las sucias actividades que provocan el cambio climático, y consiguen ganancias adicionales con nuevos megaproyectos de geoingeniería.

El pésimo resultado de las negociaciones sobre el clima en Copenhague el pasado diciembre alentó más a estos piratas globales, que cuentan con un reducido pero influyente sector científico que les teje el discurso de justificación. La geoingeniería, que era vista como un absurdo, ahora ocupa lugares en publicaciones científicas y grandes medios. Instituciones como la Sociedad Real del Reino Unido, la Academia de Ciencias de Estados Unidos y otras, han organizado reportes y seminarios que concluyen que se debe invertir recursos públicos (además de privados) en la investigación y experimentación de geoingeniería. Son informes parciales, con participación de geoingenieros y ninguna o escasa apreciación crítica e independiente, pero sirven de base para la acción de algunos gobiernos. En febrero 2010 los comités de ciencia y tecnología de Estados Unidos y Reino Unido convocaron audiencias con participación casi exclusiva de promotores de la geoingeniería. Luego anunciaron que están elaborando legislación para financiar y permitir estos experimentos.

Esto es muy grave, porque lo que se haga para manipular el clima –un sistema global e interdependiente– no es ni nunca será, competencia de unos o pocos países, es problema de todos. Hablar de legislación nacional es simplemente una coartada para jusitificar experimentos que seguramente tendrán impactos dramáticos en otros países, incluso muy lejos de donde se inicien.

Para atajar la crítica, los impulsores de la geoingeniería convocan a una reunión en Asilomar, California, este marzo para crear códigos de conducta voluntarios, imitando la reunión que en el mismo lugar hicieron los biotecnológos en 1975, para evitar la regulación y supervisión independiente.

Una de las propuestas que más se impulsan actualmente es inyectar nanopartículas azufradas en la estratosfera, para crear sombrillas gigantes que tapen los rayos solares. David Keith, entusiasta de la geoingeniería, consiguió publicar recientemente un artículo pretendidamente serio sobre el tema, en la revista Nature (28/1/2010). Se inspira en la erupción del volcán Pinatubo en 1991 en Filipinas, cuya nube volcánica bajó la temperatura global 0.5 grados mientras se mantuvo. Claro que cualquiera que haya estado en el área de alcance de una nube volcánica, sabe que su descenso tiene impactos: la ceniza tóxica daña cultivos, flora, fauna y seres humanos. Provoca acidificación de mares y bosques.

Los que propugnan este método –hecho público por el premio Nobel Paul Crutzen en 2006– saben que las partículas inyectadas caerán posteriormente, causando daños similares en mar y tierra, además de muerte prematura de cientos de miles de personas (medio millón estimado). Crutzen contestó que también el cambio climático amenaza la vida de la gente. También se agravará el agujero en la capa de ozono, que ya tiene impactos serios en varios países del mundo: aumento notable de cáncer de piel en humanos y ceguera en ganado comprobados.

Alan Robock, un eminente climatólogo, analizó la propuesta de crear estos parasoles azufrados. Además de confirmar varios de los impactos nombrados, indicó que aunque los experimentos se hicieran en el Ártico (con la idea de enfriar los países del Norte, que es el objetivo de sus promotores) tendrían impactos en los patrones de precipitación y vientos globales, alterando los monzones en Asia y aumentando la sequía en África. Robock señala que esto pondría directamente en riesgo las fuentes de agua y alimentos de unos 2 mil millones de personas (Science, 29/1/2010). Explica también que para saber que sucedería con la inyección de azufres, habría que hacerlos a una escala de tal magnitud que no serían experimentos, sería despliegue de geoingenería, con efectos irreversibles, porque una vez colocadas en la estratosfera, las partículas no se pueden retirar a voluntad.

Esta es sólo una de las técnicas de geoingeniería que se impulsan, que se suma a otras como las de fertilización oceánica (esas fueron detenidas por una moratoria global de Naciones Unidas en 2008). La geoingeniería es un plan de los mismos gobiernos y empresas que provocaron el cambio climático, para convencernos que podrán resolver el desastre con un plan B que traerá más y nuevos riesgos que lo anterior, pero les permitirá mantener sus privilegios.

Ellos habrán diseñado su plan B, pero no existe un planeta B. Es imperativo cambiar las causas, no los síntomas, del cambio climático. La única regulación necesaria sobre geoingeniería es una prohibición global de cualquier experimento o despliegue en el mundo real.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México

13  de marzo de 2010