Setenta organizaciones de apicultores de 24 países, reunidas en la Segunda Conferencia Mundial de Apicultura Orgánica en Chiapas en marzo 2012,  demandaron a las secretarías de Agricultura, de Medio ambiente y de Salud detener las siembras de transgénicos en la península de Yucatán, Chiapas y otras regiones con gran producción de miel, en apoyo a los apicultores de esas regiones. Señalaron que desde 2011, es notable  la disminución de la exportación de miel desde varios países, debido a la contaminación con polen transgénico que impide su comercialización.  La carta enviada con más de 400 firmas, señala que la siembra de transgénicos impacta negativamente la economía de 41,000 familias productoras de miel en el país (La Jornada, Elio Enríquez, 25/3/2012). Los transgénicos están de facto inviabilizando la producción de miel orgánica. Adicionalmente, el uso intensivo de agrotóxicos que conlleva el cultivo de transgénicos,  está afectando severamente a las abejas y la polinización que realizan, elemento esencial para toda la producción agrícola.

Sobre el mismo tema, 64 organizaciones de la sociedad civil (campesinos, ambientalistas, consumidores y otras) junto a 102 académicos, investigadores y ciudadanos, enviaron el 3 de abril 2012 una carta a SENASICA (órgano de la Secretaría de Agricultura) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, demandando el rechazo a la solicitud de siembra de 60,000 hectáreas de soya transgénica en la Península de Yucatán, presentada por la trasnacional Monsanto. (Se puede ver la carta en  greenpeace.org.mx <http://greenpeace.org.mx> ) El Juzgado Primero de Distrito de Mérida dictó anteriormente una suspensión a la siembra de 30,000 hectáreas solicitada por Monsanto en 2011, “debido a los daños irreparables que puede ocasionar al medio ambiente y a los riesgos que representa para la salud humana”.

La carta, enviada antes del cierre de la “consulta pública” sobre estas solicitudes, señala que el mecanismo de consulta –que solamente es electrónico- no permite hacer consideraciones socio-económicas,  éticas o políticas, lo cual es de alta relevancia en el caso de los transgénicos en general, y en este caso, por su afectación a los apicultores.

La producción apícola en la Península de Yucatán es la de mayor volumen en el país, y 95 por ciento de la producción de miel de esa región se exporta. Actualmente, los mercados europeos captan más del 70 por ciento de la producción de miel, pero desde el año pasado, la Unión Europea exige que la miel sea libre de transgénicos o si no cumple tal requisito, que sea etiquetada, lo que significa que los consumidores no la compran.

Sobre este mismo tema, Alvaro Mena, de la organización Ka Kuxtal Much Meyaj de Yucatán denunció en febrero en la Asamblea de la Red en Defensa del Maíz, que  desde fines del 2011 se había rechazado un cargamento de miel de productores de Yucatán, debido a que estaba contaminada con polen transgénico. Esa misma miel había sido analizada por Sagarpa, que aseguró que no había problemas, pero el cargamento de 42 toneladas fue rechazado al analizarlo en la Unión Europea. (Ver testimonio en http://vimeo.com/38132867)

La carta enviada ahora, señala además que la gran cantidad de químicos que requieren los transgénicos y la vulnerabilidad del acuífero peninsular es otro argumento de peso para rechazar los transgénicos.   Explican que los suelos de la península de Yucatán  conforman un sistema kárstico en que el agua de lluvia llega directamente al subsuelo a través de fracturas en la roca calcárea. “Eso significa que cualquier contaminante llega directa e inmediatamente al acuífero, única fuente de agua que disponemos. La compleja red de ríos subterráneos provoca una amplia diseminación de los agentes contaminantes, los cuales finalmente desembocarán en el mar, afectando también los ecosistemas costeros. No se tiene conocimiento profundo de la dinámica del acuífero pero sí suficiente para considerar su alta fragilidad y el grave riesgo para la salud humana que implica su contaminación por agentes químicos. Esta contaminación por agroquímicos también afecta al suelo, a la flora y a la fauna…”

Los cultivos transgénicos significan un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, ya que son semillas manipuladas para resistir a los agrotóxicos. El aumento de la concentración de los compuestos y el uso de cantidades cada vez mayores, ha producido resistencia en más de veinte hierbas invasoras de los cultivos en varios países, por lo que lo agricultores utilizan agroquímicos cada vez más potentes y tóxicos. En Argentina y Estados Unidos se ha vuelto a usar agroquímicos que habían sido descartados por su alta peligrosidad, como dicamba y 2,4 D. Este último es un componente del Agente Naranja, tóxico que se usó como arma biológica en la guerra de Vietnam y cuya secuelas aún hoy siguen causando estragos.  Antes esta resistencia de las hierbas invasoras, Monsanto y Dow, ambas productoras de transgénicos, están ahroa desarrollando cultivos resistentes a dicamba y 2,4 D, además de glifosato y otros tóxicos.

Además de terminar con la apicultura campesina, con el medio de vida de decenas de miles de familias, imagine lo que sucederá con los acuíferos en Yucatán si se le permite a las transnacionales continuar su escalada de transgénicos.  A cada paso, encontramos más argumentos de que los transgénicos son una amenaza para todos, que solo benefician a unas pocas trasnacionales y que en Yucatán y en todas partes, deben ser prohibidos.
 

*investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 7 de abril de 2012

A los muchos impactos negativos que conllevan los transgénicos, se suma ahora el golpe contra la producción apícola nacional, porque la miel está contaminada –o podría estarlo en el futuro cercano– con polen transgénico. Es otra tragedia anunciada –como la contaminación transgénica del maíz y otros cultivos– que las autoridades mexicanas decidieron ignorar, para favorecer las ganancias de unas pocas transnacionales.

En esa misma línea, Juan Elvira, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó recientemente que se podrían sembrar grandes superficies de maíz transgénico en el norte del país, sin colocar en riesgo los maíces nativos o la biodiversidad. Un aporte más al concierto de falsedades que repiten las autoridades de que los transgénicos servirían para aumentar la producción o para enfrentar el cambio climático, cuando la realidad –no los mitos y la propaganda pagada– muestran lo contrario.

El tema de la contaminación transgénica de la miel se puso de manifiesto luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara el 6 de septiembre 2011 que la miel que contenga más de 0.9 por ciento de polen transgénico deberá ser etiquetada como producto que contiene transgénicos, o si contiene polen transgénico de variedades no autorizadas para el consumo humano (como el maíz Bt Mon810 de Monsanto ) no se podrá comercializar.

El caso fue presentado por un apicultor de Baviera, Alemania, cuyas colmenas se contaminaron con polen de maíz Bt Mon810 proveniente de un cultivo experimental, es decir, ni siquiera por grandes superficies, y supuestamente, en condiciones de “bioseguridad”.

En México, gracias a los dictámenes de la Semarnat y la Sagarpa, se han aprobado 19 siembras experimentales de maíz transgénico que contienen ese cuestionado gen Mon810, así como decenas de miles de hectáreas de otros transgénicos que amenazan la biodiversidad, el futuro de la apicultura mexicana y a las miles de familias campesinas que dependen de ella.

Con este trasfondo y con gran preocupación, la Organización Nacional de Apicultores (ONA) convocó el 9 de noviembre 2011 el Foro “Organismos genéticamente modificados y su impacto en la apicultura”, con el apoyo de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente para el Campo, de la Cámara de Diputados. En el evento expusieron diversos expertos en los temas de transgénicos, biodiversidad y apicultura. Monsanto fue invitada al panel pero no se presentó, solamente se le ve en foros empresariales y de altos niveles políticos, donde asisten sus aliados y los que podría comprar en el futuro. En el foro de la ONA los asistentes eran mayoritariamente apicultores campesinos –sus próximas víctimas.

Al igual que en el caso del maíz, más del 80 por ciento de los productos apícolas en México son campesinos que usan métodos tradicionales. La polinización que hacen las abejas es un elemento fundamental de la producción agrícola y de la biodiversidad.

Miguel A. Munguía de la sociedad cooperativa Educe de Yucatán, explicó que México es el tercer exportador de miel a nivel mundial y 40 por ciento de ésta se obtiene en la península de Yucatán, zona donde el 98 por ciento de la miel se exporta a Europa, proveyendo sustento a 25 mil familias campesinas, en las épocas de mayor necesidad, cuando baja la producción de cultivos.

En esa zona se han aprobado en los últimos años varias experiencias con transgénicos, en áreas cada vez mayores. Para 2011-2012, Monsanto solicitó la siembra piloto de 30 000 hectáreas  de soya transgénica en varios municipios de producción apícola campesina (“piloto” es un eufemismo, en realidad es comercial porque es a campo abierto y se puede vender). Esto equivale a condenar a muerte la exportación de miel desde esas áreas.

Además de la contaminación de miel por polen transgénico, que se aumentaría exponencialmente en el caso del maíz, los transgénicos también aumentan el uso de glifosato y otros agrotóxicos que dañan la producción apícola y la biodiversidad, además de contaminar tierra, fuentes de agua y tener impactos severos a la salud de los pobladores, especialmente de los niños.

En el foro se presentaron también datos científicos basados en el análisis de más de una década de producción en Estados Unidos, el mayor productor mundial de transgénicos,  que confirman que la soya transgénica produce menos que la híbrida. En el caso del maíz, la producción es similar a la de los híbridos, pero el precio de la semilla y los riesgos a la biodiversidad son mucho mayores.  Además, la producción actual de maíz en México es sobradamente suficiente para las necesidades alimentarias de la población y también gran parte de la pecuaria y otros usos. Las importaciones de maíz transgénico son solamente por la demanda de transnacionales de la industria pecuaria que operan en México, y no serían necesarias si la producción pecuaria  fuera en pequeña escala, con forrajes diversificados.

Se aportaron muchos más datos , pero a modo de resumen, se mostró claramente que los transgénicos no se necesitan, que no producen más, que usan más tóxicos y que colocan en riesgo el maíz en su centro de origen, la biodiversidad y ahora además, la apicultura y la miel, un importante producto de exportación del país. Por todas estas razones, los apicultores se suman a la vasta mayoría de la población que exige que se deben frenar los transgénicos en México.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 19 de noviembre de 2011

Niza. El primero de noviembre se manifestaron en Niza unas 10 mil personas, la mayoría europeos, pero también llegados de todos los otros continentes, convocados por una amplia coalición de activistas y organizaciones francesas, para protestar frente a la reunión del G-20 en Francia. Entre las consignas centrales –que resumen los temas del Foro de los Pueblos y movilizaciones de los días siguientes– se leía “la vida, no la bolsa”; “¡no jueguen con nuestra comida!”; “indignados, rebeldes, solidaridad”; “inequidad, austeridad ¡ya basta!”, “son 20, somos billones”; en un elocuente resumen popular de los temas que afectan a la mayoría del planeta, mientras los gobiernos discuten como salvar los bancos.

El G-20 es un grupo auto elegido para decidir sobre los destinos financieros y económicos del planeta. Lo integran gobiernos de los países más industrializados (G-8), 11 gobiernos de economías emergentes del Sur (entre ellos China, India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, México) y la Unión Europea como bloque. México asumirá la presidencia de este grupo a partir de 2012 y será anfitrión de su próxima reunión. Significativamente, antes de cada cumbre del G-20, las trasnacionales del planeta organizan una cumbre empresarial, que entrega sus demandas a los gobiernos reunidos. La sociedad civil, por el contrario, no puede ni acercarse a la fortaleza que en este caso formaron 12 mil policías, para aislar la ciudad de Cannes de cualquier contagio con la plebe y sus demandas.

El telón de fondo de esta reunión del G-20 es la grave crisis financiera que continúa y empeora –pese a que se le han robado al público sumas inmensas para salvar unos cuantos bancos e instituciones– y aunque no lo nombren, las crecientes protestas sociales frente a los llamados “programas de austeridad” que se traducen en brutales recortes a los gastos públicos y sociales, para pagar deudas y altos intereses. El punto álgido ahora es el riesgo de bancarrota de Grecia y la amenaza de quiebre de la zona euro.

Los gobiernos europeos acordaron la semana anterior apoyar el refinanciamiento de la deuda de Grecia. No por solidaridad, sino porque grandes bancos europeos y estadunidenses sufrirían un fuerte impacto por la suspensión de pagos de Grecia y se prevé además que Italia y España podrían estar en breve en una situación parecida. La receta para Grecia es un fracaso anunciado: se basa en una serie de pasos en falso, incluso dentro de su lógica (ver “Dadme un palanca y hundiré el mundo”, A. Nadal, La Jornada, 2/11/11), pero además presupone que la gente común aceptará pagar, nuevamente, para salvar los bancos. Parecería que los gobiernos creen que los movimientos de “indignados” que se manifestaron en 900 ciudades al mismo tiempo, que los Ocupa Wall Street y similares, son apenas gente que no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Por ello, el anuncio del primer ministro griego de que habría referendo sobre las medidas para el rescate financiero –pese a ser un intento de chantaje para conseguir apoyo en el país– desató una ola de protestas de los otros gobiernos europeos que esperaban llegar con un mensaje tranquilizador a la reunión de G-20, a costa de la imposición de medidas draconianas contra el pueblo griego.

La crisis greco-europea domina en este momento la discusión. Francia y Alemania proponen medidas para controlar algo la especulación financiera y su impacto en el precio de las materias primas agrícolas. Otras propuestas, como la del gobierno de México de promover durante su presidencia en el G-20 la llamada “economía verde”, aumentarán ambas.

Esto sigue la línea del “nuevo acuerdo verde global” aclamado por Barak Obama, que afirma que se puede enfrentar al mismo tiempo la crisis financiera, climática y alimentaria, sin revisar sus causas ni cambiarlas, a través de ampliar los mercados financieros con naturaleza (mercados de carbono, servicios ambientales) y aplicando nuevas tecnologías (transgénicos, biología sintética, nanotecnología).

Esto significa, por ejemplo, aumentar programas como REDD en bosques y TEEB (economía de los ecosistemas y la biodiversidad) en biodiversidad, y que la agricultura y suelos entren al mercado de carbono. Implica una nueva ola de privatización de las funciones de la naturaleza para convertirlas en mercancías en los mercados financieros, a manos de las mismas corporaciones, gobiernos y especuladores que han causado las crisis actuales.

Con nuevas tecnologías se quiere promover transgénicos “resistentes al clima”, más uso de nanotecnología y biología sintética, que traerán nuevos riesgos al ambiente, la salud y las economías. En particular el uso de biología sintética para construir microorganismos que digieren celulosa –con cientos de genes artificiales, no algunos como los transgénicos– significa que trasnacionales de agronegocios, químicas, petroleras, podrán usar, por ejemplo, una cosecha de maíz para alimentos, o forraje, combustibles, farmacéuticos, plásticos o cualquier otra sustancia industrial, decidiendo el destino según le convenga el precio del momento. Esto aumentará exponencialmente la volatilidad de los precios y la especulación, usando la tecnología como plataforma para manipular la escasez y la oferta, según convenga a sus ganancias.

Aunque el G-20 y las trasnacionales siguen amenazando al mundo al grito de “la bolsa o la vida”, lo que pretenden es quedarse con la bolsa y con la vida. Las manifestaciones en Niza son apenas otra punta de un vasto iceberg, que se comunica por abajo con acciones y propuestas. Desde allí la consigna es clara: “la vida, no la bolsa”.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 5 de noviembre de 2011

Cuándo sus defensores hablan de la “economía verde”, gran parte de lo “verde” que tienen en mente es literalmente de color verde. Las hojas, brotes, ramas, algas, hierbas y otras materias vivientes que el planeta genera en aparente abundancia es ahora un blanco de primera línea para la explotación comercial, desde la visión industrial emergente de la llamada bio-economía (bio-based economy).  Para los nuevos bioindustriales de la economía verde, toda esa materia viva que antes se llamaba la “biodiversidad” tiene un nuevo nombre – hoy en día se lo conoce como “biomasa”. La Tierra produce 230 mil millones de toneladas de biomasa cada año y en las próximas décadas podemos esperar apropiaciones de tierras, batallas legales y guerras, a medida que las industrias y las naciones luchen por controlar el acceso a la última partícula de esta profusión verde.

Conozca la economía de la biomasa: un orden económico emergente basado en un simple cambio en la química. Pues, la economía mundial opera actualmente sobre la base de materias primas de hidrocarburos extraídos de las profundidades -principalmente carbón, petróleo y gas-. A medida que esas fuentes de “carbón negro” se vuelven más costosas, las empresas comienzan a ver mucho más atractiva la explotación del “carbono verde” de la biomasa, almacenada encima del suelo en los bosques, los campos agrícolas y los océanos.

En términos moleculares este carbono de la superficie es compuesto principalmente de carbohidratos (azúcares) como la celulosa. Los carbohidratos son como los hidrocarburos, pero con unos átomos adicionales de oxígeno. Es plenamente posible operar las economías industriales a base de carbohidratos, sin embargo también es posible usar la química y la biotecnología para transformar los carbohidratos en hidrocarburos: o sea, convertir árboles, cultivos o pastos en petróleo y plásticos a los que nuestra economía está adicta. Ese recambio tecnológico permite un giro de estrategia de las compañías petroleras, que recurren a la biomasa para producir los mismos productos que ya fabrican y para liquidar los bosques y tierras de cultivo, en lugar de hacer perforaciones en las profundidades del océano.

El cambio a la biomasa podría ser sumamente rentable. El cultivo, la cosecha, la comercialización y la transformación de la biomasa en productos y servicios comerciales ya está generando miles de millones de dólares. El Foro Económico Mundial estima que la economía de la biomasa tendrá un valor de unos 300 mil millones de dólares en 2020, pero la cifra real bien podría alcanzar medio billón de dólares.

Las industrias que ahora están adoptando el modelo de producción con biomasa incluyen desde empresas de química, las grandes petroleras, y corporaciones gigantes de la biotecnología, silvicultura y agroindustria, hasta los productores de perfumes, textiles, el sector de la construcción y el comercio de carbono: industrias cuyo valor neto total suma más de 17 billones de dólares. Un comercio mundial de la biomasa (astillas, aserrín y pellets o gránulos) está emergiendo muy rápidamente y para el año 2015 podría estar distribuyendo no menos de 19 millones de toneladas de biomasa. Las siguientes tres áreas industriales de la economía de la biomasa son las que más rápidamente están creciendo:

Bio-electricidad: La forma más económica y sencilla de extraer valor de la biomasa es quemarla. En la actualidad existe una ofensiva masiva en todo el sector eléctrico para reemplazar o complementar la quema de carbón, gas y petróleo para la generación de electricidad, con la quema de biomasa. Las plantas de generación de energía con biomasa suministran más de 54 GW de electricidad en todo el mundo en más de 50 países, consumiendo grandes cantidades de madera y otras materias primas.

Aparte de engullir grandes extensiones de bosques y plantaciones para satisfacer estas demandas, la quema de biomasa también presenta riesgos significativos para la salud de las comunidades situadas cerca de las plantas de energía. El humo de madera, por ejemplo, contiene muchos compuestos tóxicos, agrava las enfermedades respiratorias y libera partículas contaminantes peligrosas. Ya se cuenta entre 2,7 y 3 millones de personas que mueren anualmente a causa de la inhalación de humo de leña. Tampoco la quema de biomasa reduce las emisiones de dióxido de carbono, más bien produce incluso más CO2 en la chimenea por unidad de energía que el carbón que reemplaza. Eso es antes de evaluar la liberación de carbono por la tala de bosques, el cultivo de biomasa y el transporte de la materia vegetal. Teniendo en cuenta los costos de las emisiones de carbono para la producción y recolección de materias primas de biomasa, afirmar que la energía de biomasa es neutra -o incluso negativa- en emisiones netas de carbono, es simplemente un mito.

Biocombustibles: La producción de combustibles líquidos (los llamados biocombustibles o agrocombustibles) a partir de la biomasa es el arquetipo de la nueva bio-economía y también la parte más controvertida. Cifras del Banco Mundial revelan que hasta un 75% del aumento global en los precios de los alimentos en 2008, que provocó hambre y disturbios masivos a través del mundo, se debió a las políticas sobre biocombustibles de los EE.UU. y Europa que canalizaban maíz, soja y otros productos alimenticios hacia la producción de combustibles.

Hoy, el tren de los biocombustibles de nuevo arranca a todo vapor, con las inversiones dirigidas a los llamados “de nueva generación”. Estos incluyen a los biocombustibles extraidos de materias primas no alimentarias, como la caña de azúcar y la jatropha (un arbusto que produce nueces), biocombustibles avanzados que son hidrocarburos y se comportan de manera muy similar al petróleo, así como nuevos combustibles que se hacen de árboles, pastos y las partes leñosas de las plantas (llamados biocombustibles de celulosa), o de algas de estanque (combustible algal). Al menos 200 empresas están trabajando en el desarrollo de estos biocombustibles de “nueva generación” y las empresas más avanzadas están ahora bajo la propiedad o asociadas con las grandes empresas petroleras como Shell, BP, Chevron, Total y Exxon. Muchas de ellas también están empleando una forma extrema de ingeniería genética, de alto riesgo, conocida como biología sintética, donde microbios artificiales se utilizan para fermentar la biomasa en combustibles.

Bio-químicos y plásticos: Si no es ético convertir los alimentos en combustibles, debería ser doblemente motivo de preocupación que se conviertan en bolsas de plástico y botellas de champú, pero esa es exactamente la estrategia seguida por la industria química. El Foro Económico Mundial predice que el 9% de todos los productos químicos se fabricarán a partir de biomasa en lugar de petróleo, para el año 2020, con el sector de bioplásticos a la cabeza. Se estima que cerca de 3.2 millones de toneladas métricas de plásticos tendrán una base biológica para el año 2015. ADM, Cargill, Coca Cola, Procter and Gamble y otras están impulsando el mercado de los bioplásticos. Los venden como una opción “verde” para los consumidores, a pesar de que muchos bioplásticos no pueden ser reciclados ni son biodegradables, y en algunos casos llevan la misma amenaza de toxicidad que los plásticos a base de petróleo.

Una amenaza a los ecosistemas

En el contexto de la economía verde, es importante reconocer que lo que parece un recambio bien intencionado del uso de las materias primas fósiles, es en realidad un acaparamiento: de tierras, medios de subsistencia y ecosistemas. El abastecimiento de biomasa para un cambio tan importante en la economía global va a requerir la conversión de grandes extensiones de tierra para la producción de materia prima de biomasa -particularmente la expansión de monocultivos de caña de azúcar y de celulosa- un cambio de las prioridades agrícolas de los alimentos a nuevos cultivos de rápido crecimiento como el miscanthus y el bambú y un gran aumento en el cultivo de algas en los desiertos y las regiones costeras.

La biomasa no está distribuida uniformemente en todo el planeta. El 86% de la producción anual de biomasa se encuentra en los trópicos, por lo que es a las zonas tropicales de América Latina, África Subsahariana y el Sudeste de Asia que los nuevos dueños de la biomasa están volcando su atención. El Banco Mundial calcula que el 21% de la apropiación de tierras en el mundo en los últimos años es impulsado por la necesidad de tierra para cultivar materias primas de biomasa. Mientras tanto, las comunidades que viven en la selva están reportando un aumento de la destrucción de los bosques para producir astillas de madera para el nuevo comercio de biomasa. A medida que las comunidades tradicionales son desplazadas de sus tierras, a veces a la fuerza y con violencia, la nueva economía industrial de la biomasa desaloja formas de sustento más antiguas y verdaderamente sostenibles, basadas en la biomasa.

Por supuesto, a la nueva industria de la biomasa le gusta presentarse como “sostenible” y basada solo en recursos renovables abundantes; sin embargo, la civilización humana ya se apropia del 24% de toda la biomasa mundial y el resto no es suficiente para cumplir con las tareas de limpiar el aire, mantener el ciclo del agua, capturar el carbono y proporcionar las funciones ecológicas esenciales requeridas para mantener la integridad ecológica. De acuerdo con una forma de medición (La Huella Global), ya estamos usando un 50% más de la cantidad de biomasa que se puede eliminar de forma sostenible de los ecosistemas del planeta. Para el año 2050 probablemente se elevará al doble la cantidad de biomasa cuya eliminación sería sustentable. Es una proposición insostenible, que acumulará una deuda ecológica de la que la naturaleza no tiene ninguna manera de resarcirse. Lejos de salvar el planeta, la defensa central de biomasa en la visión de la economía verde podría profundizar en forma catastrófica nuestras crisis ambientales, a la vez que despojar a las mismas comunidades que ofrecen un modelo de vida de utilidad real, con base biológica. (Traducción ALAI).

Jim Thomas – es miembro del Grupo ETC, capítulo Canadá.

Para una mirada más profunda a la amenaza de la economía de la biomasa, consulte: “Los nuevos amos de la biomasa. Biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad.” http://www.etcgroup.org/es/node/5253

Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011

A 20 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra o Eco´92) se realizará una nueva conferencia global, en junio 2012, en Río de Janeiro, Brasil. Río+20, como se le llama, ocurrirá en medio de las mayores crisis globales del siglo: devastación ambiental y erosión de la biodiversidad, crisis climática, crisis económica y financiera, crisis alimentaria, crisis de salud.

Aunque Río+20 debería revisar los compromisos asumidos, el estado de los problemas y estrategias reales para resolverlos, los temas en la agenda son economía verde y nuevas formas de gobernanza ambiental global. Si el término “desarrollo sustentable”, era ambiguo y se prestó a abundante manipulación, la sustitución por “economía verde” señala un enfoque aún más estrecho, que privilegia a quienes dominan los mercados.

Lejos de una reunión anodina de Naciones Unidas, Río+20 se anuncia como un escenario de disputa, porque podría ser clave para un reordenamiento discursivo y geopolítico global, consolidando nuevos mercados financieros con la naturaleza y más control oligopólico de los recursos naturales, legitimando nuevas tecnologías de alto riesgo y creando las bases de una nueva estructura de gobernanza ambiental global que facilite el avance de una “economía verde” en clave empresarial.

¿A qué se refiere la economía verde?

Para muchas personas y organizaciones, “economía verde” puede tener un significado positivo, asociado a producción agrícola orgánica, energías renovables, tecnologías limpias. En los movimientos existe una diversidad de propuestas de economías alternativas, socialmente justas, culturalmente apropiadas y ecológicamente sustentables. Sin embargo, la noción de “economía verde” que se está manejando desde los gobiernos va por un camino opuesto. Se trata básicamente de renovar el capitalismo frente a las crisis, aumentando las bases de explotación y privatización de la naturaleza.

Ya en la Eco´92 las trasnacionales empleaban maquillaje verde. Intentaban hacer una cortina de humo sobre su responsabilidad en la devastación ambiental, apoyando proyectos de conservación o “educación” ambiental, sellos verdes, etc. Pero sobre todo, afirmando que no había necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo, ya que con tecnología para mayor eficiencia energética y otras, se podía llegar a soluciones de “ganar-ganar”, donde las empresas seguirían lucrando mientras mejoraban el ambiente con negocios “verdes”.

El planteo de la nueva economía verde sigue este camino, pero es más preocupante, tanto por la expansión de la mercantilización de la naturaleza y los ecosistemas –y el impacto en los pueblos que dependen de ellos­–, como porque las nuevas tecnologías a las que se refieren ahora, explícitamente o no, –como nanotecnología, transgénicos, biología sintética­, geoingeniería– implican enormes riesgos.

Oficialmente verde

El concepto “economía verde” es ambiguo y no hay consenso tampoco entre los gobiernos. Un antecedente recurrente en las discusiones oficiales hacia Río+20 es la Iniciativa sobre Economía Verde del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Allí se enmarca el “Nuevo acuerdo verde global”, planteado por ese organismo en 2008, del que se hicieron eco Obama y otros mandatarios, como una respuesta de “ganar-ganar” a las crisis. Plantea enfrentar la crisis financiera y climática redirigiendo las inversiones al “capital natural”, dando estímulos fiscales a empresas para energías “limpias” (como agrocombustibles), ampliar los mercados de carbono. Brasil, que ya tenía amplias inversiones en esos sectores y muchos recursos naturales para meter a los mercados, propuso que la economía verde fuera tema central de la conferencia Río+20, lo cual fue posteriormente aprobado por Naciones Unidas.

Dentro de la Iniciativa sobre Economía Verde, el PNUMA publicó en 2009 el informe del proyecto TEEB (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad, por sus siglas en inglés) y en 2011, el extenso reporte “Hacia una economía verde”, dividido en tres secciones: inversiones en capital natural (agricultura, agua, bosques, pesca); inversión en eficiencia energética y uso de recursos (energías renovables, industria manufacturera, basura, construcción, transporte, turismo, ciudades) y transición a la economía verde (financiamiento y condiciones políticas favorables).

Significativamente, tanto el informe sobre economía verde como el TEEB, son coordinados por Pavan Sukhdev, un alto ejecutivo de la banca trasnacional. Reflejan su lógica de poner precio –aunque lo llamen valor– a toda la naturaleza y sus funciones. Sukhdev es ejecutivo del Deutsche Bank y trabajó anteriormente el tema de la valuación económica de la biodiversidad para el Foro Económico de Davos.

El proyecto TEEB surgió en 2007 a partir de una reunión del G8+5. Los cinco gobiernos “agregados” a las potencias globales, eran Brasil, China, India, México y Sudáfrica –todos gobiernos de países megadiversos interesados en comerciar con la biodiversidad de sus países. Con la crisis financiera, la mercantilización de la naturaleza que entraña TEEB, destaca como tabla de salvación frente al naufragio de los mercados especulativos. Sukhdev llama a la biodiversidad un nuevo “mercado multibillonario”.

Estos y otros planteos similares sobre economía verde se apoyan en tres grandes pilares: a) una mayor mercantilización y privatización de la naturaleza y los ecosistemas, integrando sus funciones como “servicios” a los mercados financieros, b) la promoción de nuevas tecnologías y la vasta expansión del uso de biomasa y c) un marco de políticas que permitan y premien todo eso, es decir lo que los gobiernos y las sociedades deberíamos hacer para que las empresas puedan hacer ganancias con los dos anteriores.

Privatizando el aire

Un componente temprano del paquete propuesto por la economía verde es el pago por servicios ambientales (PSA) o servicios ecosistémicos. Incluyen el pago por servicios ambientales forestales, hidrológicos, paisajísticos y de bioprospección (biopiratería). Conllevan la redefinición de las funciones de la naturaleza y la biodiversidad como “servicios”, para poder mercantilizarlos. (1) Los PSA han significado muchos conflictos entre grupos indígenas, campesinos, dentro y entre comunidades, ya que promueven la competencia por quien llegue primero a comerciar bienes compartidos. Los esquemas de PSA requirieron inventar “dueños” (lugar que ocuparon ONG o grupos dentro de las comunidades) de las funciones ecosistémicas, de los conocimientos sobre biodiversidad, de los cuidados tradicionales del agua, cuencas y bosques, porque siempre han sido bienes comunes y colectivos que no se podían mercantilizar.

En muchos casos, los PSA comenzaron con préstamos del Banco Mundial –deuda pública a pagar por todos– con el objetivo expreso de crear mercados de servicios ambientales. A éstos siguieron mercados secundarios de servicios ambientales, altamente especulativos. Los PSA significaron que una transnacional –que quizá nunca estuvo en el lugar– pueda terminar decidiendo sobre el territorio, el agua o la biodiversidad de comunidades indígenas y campesinas de países del Sur.

Basados en esas experiencias, surgen los programas REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada), cuya aprobación en el Convenio de Cambio Climático en diciembre 2010, abrió de un plumazo todos los bosques del planeta a los mercados financieros especulativos.

La hipótesis de REDD es que para parar la deforestación –factor grave de crisis climática– hay que compensar económicamente a los que deforestan. No evitar la deforestación, sino pagar a los que lo hacen. Por eso se llama deforestación “evitada”: primero hay que deforestar, para luego vender el dejar de hacerlo. Otro típico escenario de “ganar-ganar”. Quienes más se benefician de estos programas, son los que más bosque y selva hayan destruido. Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando un 10 por ciento del área que piensan deforestar, puedan recibir créditos de carbono o pagos por “deforestación evitada”.

Al programa original se agregaron compensaciones por “acrecentar los inventarios de carbono” y por “conservación” y “manejo sustentable del bosque”. En el primer caso, se trata de luego de deforestar, plantar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades. Pero lo más perverso de este mecanismo, es lo que llaman “conservación y manejo sustentable”, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y forestales de sus derechos y territorios, ofreciéndoles pago por el aire de sus bosques.

Como REDD “se paga”, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono debe ser “verificable”, es decir, definido por agentes externos a las comunidades, que deben pagar caro a “expertos”, para que les digan qué pueden hacer o no en sus propios bosques y territorios. Las empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases de efecto invernadero compran la capacidad de absorción de carbono de los bosques, para seguir contaminando exactamente igual que antes, pero ahora con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en alguna parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones. A su vez, los bonos de carbono obtenidos entran en un mercado secundario donde la misma empresa puede revenderlos a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero extra. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono es en especulación secundaria, es decir la venta y re-venta de, literalmente, puro aire.

En general, todos los esquemas de comercio de carbono se dirigen a mercados especulativos, que es un mercado mucho mayor que los mercados primarios. Ahora está también en juego, en el Convenio de Cambio Climático, la inclusión de los suelos y la agricultura –que es base de la alimentación mundial– como un gran sumidero de carbono a meter en la especulación financiera.

Algunas organizaciones creen que estos programas son un reconocimiento a los aportes de comunidades indígenas y campesinas por cuidar el ambiente y frenar el cambio climático, y que por eso está bien que existan. La experiencia demuestra que los impactos sobre las comunidades de estos esquemas de mercantilización de la naturaleza y sus funciones, han sido mucho peores que cualquier pago que reciban algunos. Pero lo más grave, es la aceptación de que los ecosistemas, la naturaleza, la biodiversidad, los saberes, se transformen en mercancías al mejor postor, dejando a la arbitrariedad y afán de lucro de las empresas que decida si se reconoce un aporte esencial para la existencia de todos.

En lugar de un reconocimiento social auténtico del papel fundamental, histórico y presente, de las comunidades indígenas, campesinas y locales en el cuidado de la biodiversidad y la producción de alimentos diversos y sanos para la humanidad, que debería traducirse en el apoyo al ejercicio efectivo de sus derechos integrales –incluyendo derecho a la tierra y territorio, a las culturas y formas diversas de economía y política–, la economía verde privatiza y mercantiliza la naturaleza, sustituyendo los derechos por transacciones comerciales, y lo que deberían ser políticas públicas, por una competencia de mercado.

Tsunami tecnológico ¿verde?

El otro pilar fundamental de la economía verde se basa en el uso de nuevas tecnologías. La propuesta tecnológica es particularmente importante frente a las crisis, porque revitaliza la industria productiva con fuentes de ganancias extraordinarias y afirma la ilusión de que no es necesario revisar las causas de las crisis: todo se puede resolver con más tecnología.

Las patentes sobre tecnologías –también las necesarias para energías renovables, como eólica y solar– están en su casi totalidad en manos de grandes empresas, que defienden ferozmente sus monopolios y no están dispuestas a discutir la derogación de éstas, en ninguna economía, verde o de otro color. Menos aún si se trata justamente de aumentar sus mercados.

De todas formas, ni siquiera estas energías consideradas amigables con el ambiente son apropiadas en todas partes y mucho menos cuando se aplican como megaproyectos de trasnacionales, abusando de territorios indígenas. Además, implican a menudo el uso de materiales basados en nanotecnología, una industria ampliamente difundida, que pese a cientos de estudios que muestran toxicidad de nanopartículas y nanocompuestos en salud y ambiente, no están reguladas en ninguna parte del mundo, ni se conoce el verdadero costo energético en el ciclo de vida completo de los productos nanotecnológicos, ni la basura tóxica que generan, entre otros factores.

Otra nueva tecnología subyacente a propuestas de la economía verde es la biotecnología, que implica desde más cultivos transgénicos para agrocombustibles y “resistentes al clima”, hasta biología sintética, es decir la construcción en laboratorio de genes, pasos metábolicos o microbios sintéticos enteros, para producir nuevas sustancias industriales. Los usos más inmediatos refieren al procesamiento de celulosa, que antes no era viable por demasiado ineficiente y costosa. Con microbios producto de la biología sintética, es posible procesar cualquier fuente de carbohidratos –como celulosa– para hacer polímeros que se pueden convertir en combustibles, farmacéuticos, plásticos u otras sustancias industriales. De pronto, toda la naturaleza, todo lo que esté vivo o lo haya estado, es visto como “biomasa”, la nueva materia prima universal para procesar con biología sintética. La disputa industrial por acaparar cualquier fuente de biomasa natural o cultivada está en marcha y es una de las mayores amenazas nuevas a la naturaleza y los pueblos.(2)

También propuestas tecnológicas como la geoingeniería, es decir la manipulación deliberada del clima del planeta, convergen en la economía verde con algunas de sus tecnologías, como el uso masivo de biomasa para quemar y fertilizar el suelo como sumidero de carbono (biochar), las grandes plantaciones de monocultivos o la fertilización de los mares para absorber carbono.

Frente a los riesgos de estas nuevas tecnologías, el grupo ETC plantea establecer un mecanismo multilateral de evaluación previa ambiental, social, económica y cultural de las tecnologías, con participación real de la sociedad civil y los potenciales afectados, antes de que lleguen a los mercados. Tecnologías extremadamente peligrosas y con alto potencial bélico, como la geoingeniería, deben ser prohibidas.

En lugar de esta “economía verde”, lo que necesitamos es justicia social y ambiental. En todo el mundo los movimientos sociales tienen diversidad de propuestas para ello. Y además de propuestas, contundentes realidades, como que la producción campesina e indígena da de comer a la mayoría del planeta y ya está “enfriando” el planeta.

Silvia Ribeiro es miembro del Grupo ETC.

Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011

1. Ver “Aire no te vendas”, Camila Montecinos, Grain, 2005, http://www.grain.org/article/entries/1015-aire-no-te-vendas

2. Sobre la economía de la biomasa, ver artículo de Jim Thomas en esta misma publicación

El Reino Unido anunció que en octubre 2011 comenzará un experimento unilateral de geoingeniería, es decir, de manipulación climática. Es la primera parte de un proyecto mucho mayor para inyectar partículas azufradas en la estratósfera, creando una especie de nube volcánica artificial, para desviar parte de la radiación solar que llega a la tierra, supuestamente para bajar la temperatura.

El experimento contradice el espíritu de la moratoria que estableció Naciones Unidas contra la geoingeniería en 2010 y muestra claramente la intención del Reino Unido, al igual que Estados Unidos y unos pocos países más, de avanzar unilateralmente la manipulación climática, algo que aumentará más el caos climático global, con impactos potenciales muy graves sobre otros países.

Pese a ello, los promotores de la geoingeniería defienden estos remiendos tecnológicos a mega escala, argumentando que aunque no se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, ellos pueden resolver técnicamente el problema, bajando la temperatura global a la fuerza. O sea podrían seguir calentando el planeta, evitar cumplir con compromisos internacionales de reducción y crear nuevos negocios basados en tecnologías extremadamente peligrosas.

El experimento que plantea el Reino Unido consiste en colocar una manguera de 1 kilómetro de largo que apunta al cielo, sostenida en el aire por un enorme globo inflado con helio por la cual arrojarán agua de mar. Afirman que ahora no van diseminar partículas azufradas, porque la prueba es para ver si el mecanismo funciona. El objetivo es luego hacer lo mismo a mayor altura y entonces sí, diseminando compuestos químicos tóxicos. Es parte del proyecto SPICE Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering (Inyección estratosférica de partículas para la ingeniería del clima) financiado por el Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas con 1,6 millones de libras esterlinas, coordinado por la Universidad de Bristol con participación de científicos de esa universidad y las de Cambridge y Oxford.

Aunque por ahora el experimento parece más ridículo que peligroso, no hay nada de gracioso en que se estén usando recursos para avanzar la manipulación climática, a despecho de las preocupaciones de la vasta mayoría de los países, particularmente los del Sur, que son los que más sufren los impactos de la crisis climática y ahora sufrirán los de la manipulación climática. El clima es un sistema global, del que dependemos todos y todo, no de los que tienen el dinero y la falta de escrúpulos para manipularlo.

La manipulación climática en “pequeña” escala ya tienen gravísimos impactos. En varios países de América Latina (además de otros continentes) hay empresas que manipulan el tiempo atmosférico, produciendo sequías o lluvias, según los intereses de lucro de industrias y grandes hacendados que “compran el servicio”.

Hay casos dramáticos por todo el continente, de empresas agrícolas que usan cañones con químicos y otros métodos para producir sequía, con consecuencias devastadoras para las comunidades aledañas. Por ejemplo, la empresa Nintanga S.A. en Ecuador produce intencionalmente sequía por de más de 8 meses para beneficiar sus cultivos de brócoli en Cotopaxi, Ecuador, dejando a varias comunidades campesinas sin las bases mínimas para su sustento. Casos similares ocurren en México, Chile, Argentina, Colombia y muchos otros países, sin ningún control y solamente por el lucro que consiguen grandes hacendados y empresas exportadoras de hortalizas. También, inspirados en los métodos usados por Estados Unidos en la guerra de Vietnam (como la operación Popeye, ahora conocida por documentos desclasificados), se “siembran nubes”, inyectando ioduro de plata en las nubes para provocar lluvia, para eliminarla de ciertos lugares o precipitarla en otros donde no caería. En todos los casos, la disrupción del equilibrio natural de las lluvias tiene impactos sobre muchos otros que no decidieron sobre ello y dependen del equilibrio del clima para su subsistencia. Como lamentablemente este método se usa hace ya tiempo, la Organización Meteorológica Mundial ha observado que en ciertas zonas está cambiando permanentemente los patrones de lluvia, vientos, temperatura, con consecuencias regionales y globales.

El experimento actual del Reino Unido, es una forma de geoingeniería que llaman “manejo de la radiación solar”, no dirigida a lugares focalizados, sino con la intención (indescriptiblemente arrogante) de “manejar” los efectos del sol sobre la tierra. Sobre este tipo de propuestas, existen análisis de meteorólogos y climatólogos reconocidos, que advierten que la caída de las partículas usadas tendrá efectos tóxicos en fauna y flora de extensas áreas y en cientos de miles de humanos, con efectos similares al descenso de partículas de las nubes volcánicas. Además, aseguran que para lograr desviar la radiación solar en forma permanente y en la dimensión para afectar la temperatura global, se desequilibrarán los regímenes de lluvia y viento, afectando las bases de sustento de 2000 millones de personas en Asia y África.

No existe ninguna forma de geoingeniería que sea tan “pequeña” que no tenga impactos sobre otros que no decidieron sobre su uso. En todos los casos se trata de que los que tienen dinero, la usarán a su favor, a costa de los intereses de los demás. Urge profundizar la moratoria, convirtiéndola en una prohibición global a la geoingeniería.

*investigadora del Grupo ETC
Más información en el informe “Geopiratería” (www.etcgroup.org)

Publicado en La Jornada, México, 10 de septiembre de 2011

Con creciente entusiasmo, empresas, políticos y algunos científicos nos hablan de cómo se van a resolver los desastres ambientales, la crisis energética y climática, y hasta el hambre, con el uso de “biomasa” en lugar de combustibles fósiles. Se presenta como un elemento fundamental de una transición a una nueva “economía verde”, y por estar basada en materiales biológicos, parecería que es más sustentable y beneficiosa para el ambiente. Al fin, suena bien comer en un plato hecho de maíz o papa en lugar de plástico, conducir automóviles con “biocombustibles” o hasta volar en aviones con “bioturbosina”. No hay duda que es urgente salir de la civilización petrolera, ¿pero será esta nueva ola de apropiación de la biomasa realmente sustentable?
Un aspecto de esta nueva economía de la biomasa, el de los agro-combustibles, ha sido ampliamente criticado, entre muchos otros problemas, porque se ha documentado que es el factor principal de aumento del precio de los alimentos. Con toda la gravedad que esto implica, es apenas la punta del iceberg de los impactos que tendría el aumento masivo de uso de la biomasa del planeta, para combustibles y otros usos industriales.
Actualmente, 24 por ciento de la biomasa terrestre global está mercantilizada. En juego está la apropiación y mercantilización de 76 por ciento restante, aparte de la biomasa marina. Un factor clave para ello son los nuevos instrumentos tecnológicos, como la biología sintética, que está diseñando microorganismos sintéticos capaces de digerir celulosa en forma más eficiente (actualmente el proceso es costoso y gasta más energía de la que genera). Esto es clave para convertir virtualmente cualquier vegetal en la materia prima de nuevos polímeros que podrían usarse para combustibles, farmacéuticos, plásticos y muchas otras sustancias industriales. El potencial de ganancias es enorme y por ello los actores son las empresas más grandes del planeta: las principales trasnacionales de los agronegocios y plantaciones de árboles (Cargill, ADM, Bunge, Cosan, Stora Enso, Weyerhauser), grandes petroleras, químicas y farmacéuticas (BP, Shell, Total Oil, Chevron, Exxon, DuPont, Basf) junto a trasnacionales de biotecnología, nanotecnología y software (Monsanto, Syngenta, Amyris, Synthetic Genomics, Genencor, Novozymes) y otras.
Dentro del término biomasa se incluyen desde bosques y arbustos a cultivos y algas, así como bagazos y restos de cosecha. O sea, toda materia vegetal cultivada o natural. Los que promueven estos nuevos usos de la biomasa, suelen poner el acento en el uso de restos y bagazos, como si fueran algo marginal, que no tiene ninguna utilidad, lo cual ignora por ejemplo, que son una de las pocas fuentes de devolución de materia orgánica y nutrientes a los suelos, cuya erosión es un gran problema. Además, pese a que dicen que usarán “restos”, lo cierto es que los emprendimientos actuales para producir plásticos y combustibles basados en biología sintética (ya en marcha en biorrefinerías en Estados Unidos y Brasil con la participación de Amyris y otras empresas), se basan en el uso de plantaciones industriales de maíz y caña de azúcar.
Nos dicen también, que la biomasa es una fuente natural, que siempre fue la base del sustento humano, que es renovable, abundante y que usando solamente la parte celulósica y no comestible, se evitará la competencia con la producción de alimentos.
Sin embargo, todo esto no son más que afirmaciones engañosas para disfrazar la debacle venidera. Para empezar, ocultan que se trata de aumentar en forma exponencial las plantaciones industriales de monocultivos de árboles y otros, como piñón (jatropha), higuerilla (ricino), etcétera. Esto es una amenaza a la biodiversidad y disputa tierra, agua y nutrientes de los cultivos alimentarios, además de expulsar a los campesinos de sus territorios y empujarlos a abandonar sus cultivos tradicionales.
Además, aunque 24 por ciento de mercantilización de la biomasa nos pueda parecer poco, en realidad según datos del Global Footprint Network (que calcula la huella ecológica que dejan diferentes actividades en el planeta), ya hemos sobrepasado la capacidad de recuperación y renovación de la biomasa en su propio ritmo. Esto quiere decir, que al nivel actual y sin el aumento masivo de consumo de biomasa que se planea, ya se está disminuyendo la base natural.
Por otra parte, si bien la materia vegetal ha sido el sustento de la humanidad durante la mayor parte de la historia, la demanda de energía se disparó con el industrialismo a más de veinte veces lo que se usaba hace poco más de un siglo, que produciendo además la mayor devastación de suelos de la historia global.
Esta nueva economía de la biomasa no tiene nada que ver con el uso sustentable de la naturaleza y cultivos que históricamente han hecho las comunidades locales, los campesinos e indígenas, que son una gran parte de la solución a las crisis energética, climática y alimentaria. Ahora se trata de que las empresas que han lucrado devastando el planeta con sus productos basados en el petróleo, se disponen a una nueva ola de apropiación masiva de naturaleza, biodiversidad, territorios y comunidades, llamando a esto sustentable.
* Investigadora del Grupo ETC (Más datos en el informe Los nuevos amos de la biomasa www.etcgroup.org/es/node/5253

Publicado en La jornada, 30 de julio de 2011

Las empresas que desarrollaron esta aberrante tecnología la llamaron Sistema de Protección de la Tecnología, porque es para promover dependencia e impedir que se usen semillas sin pagarles regalías por patentes. En sus primeros folletos de propaganda, aseguraban también que es para que los agricultores del tercer mundo dejen de usar sus semillas obsoletas. En ese momento, mostraban claramente sus intenciones: terminar con las semillas campesinas y el irritante hecho de que la mayoría de los agricultores del mundo (campesinos, indígenas, agricultores familiares) usan sus propias semillas en lugar de comprárselas a ellas.

La tecnología suscitó un rechazo enorme e inmediato por parte de los movimientos campesinos y organizaciones sociales, y declaraciones de oposición de instituciones públicas de investigación y del entonces director de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, que afirmaron que es una tecnología indeseable. En el 2000, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), adoptó una moratoria global contra la experimentación y uso de la tecnología Terminator, que sigue vigente. Posteriormente, varios países comenzaron a discutir legislaciones nacionales para asegurar el cumplimiento de la moratoria. Brasil e India, prohibieron en sus leyes nacionales el uso de la tecnología Terminator.

Pero Terminator es uno de los sueños más preciados de las trasnacionales semilleras y no han renunciado a él. Les daría una gran ventaja para aumentar sus monopolios y la dependencia de los agricultores. Poco después de la prohibición en Brasil, los grandes latifundistas de ese país, clientes y compadres de Monsanto, Syngenta y demás trasnacionales de transgénicos, presentaron una propuesta legislativa para eliminar la prohibición, rechazada en varias comisiones, pero aún en trámite.

Además, las trasnacionales de transgénicos se movieron agresivamente para terminar la moratoria de Naciones Unidas contra Terminator, proponiendo a través de gobiernos amigos como Canadá, un párrafo para evaluar la tecnologíaTerminator caso por caso, que daría fin a la moratoria en la octava Conferencia del CBD en Curitiba, Brasil, en 2006.

En la sesión de CDB en 2006, México apoyó terminar la moratoria, irónicamente a través de un representante de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Casualmente, es la misma persona que ahora desde la Comisión Nacional Forestal promueve proyectos REDD, también con un efecto devastador para las comunidades. Fue aislado por el resto de países de todo el Sur global.

En 2006 en el CDB en Curitiba, la Vía Campesina y organizaciones de todo el mundo se levantaron y protestaron masivamente para defender la moratoria internacional. En particular, las acciones de las mujeres de la Vía Campesina, que interrumpieron las sesiones de la ONU en una conmovedora acción pacífica en defensa de las semillas, determinó que el CDB mantuviera y reforzara la moratoria contra la tecnología Terminator.

No obstante, las trasnacionales siguen atacando y disfrazan sus razones, vías y representantes. Ahora afirman que Terminator es para la bioseguridad, una falsedad.

En la decima Conferencia del CBD en octubre 2010 en Nagoya, Japón, nuevamente el gobierno de México intentó eliminar la moratoria global contraTerminator, ahora como si fuera un tema administrativo, de decisiones que ya no tenían vigencia. No lo logró porque muchos otros países lo impidieron, pero mostró sus intenciones y a quién le es fiel.

En Brasil, a la propuesta de los latifundistas se sumó la del diputado Cándido Vaccarezza del partido gobernante (PT), para eliminar la prohibición deTerminator. La propuesta de Vaccarezza fue redactada por una abogada que trabaja para Monsanto, según denunció con pruebas fehacientes la Campaña por un Brasil Libre de Transgénicos, noticia difundida por el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil en diciembre 2010. La propia abogada tuvo que reconocerlo. La propuesta está actualmente en discusión en una comisión del Congreso, creada especialmente para agilizar su discusión.

Los movimientos y organizaciones están alertas. En junio 2011, en la 10ª. Jornada de Agroecología de la Vía Campesina, en Paraná, Brasil, los más de 4000 participantes de todo el país, expresaron su rechazo a esta propuestas. Una semana después, se presentaron y rechazaron estos intentos de legalizar Terminator, en las reuniones internacionales de preparación de los movimientos sociales y sociedad civil hacia la conferencia mundial Río+20, en Río de Janeiro, con cientos de delegados participantes.

Brasil presidirá el próximo año la Río+20, una conferencia mundial de ONU que debe revisar los compromisos ambientales, a 20 años de la Cumbre de la Tierra en 1992. Además, Graziano de Silva, que viene del gobierno brasilero, acaba de asumir la dirección de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO). Lo menos que puede hacer Brasil para ser responsable con ambos cargos, es mantener la prohibición contra Terminator a nivel nacional e internacional, por ser una de las mayores amenazas a la soberanía alimentaria y a la biodiversidad. Cualquier otra cosa, sería un suicidio.

*Investigadora del grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 2 de julio 2011

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