A los muchos impactos negativos que conllevan los transgénicos, se suma ahora el golpe contra la producción apícola nacional, porque la miel está contaminada –o podría estarlo en el futuro cercano– con polen transgénico. Es otra tragedia anunciada –como la contaminación transgénica del maíz y otros cultivos– que las autoridades mexicanas decidieron ignorar, para favorecer las ganancias de unas pocas transnacionales.

En esa misma línea, Juan Elvira, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó recientemente que se podrían sembrar grandes superficies de maíz transgénico en el norte del país, sin colocar en riesgo los maíces nativos o la biodiversidad. Un aporte más al concierto de falsedades que repiten las autoridades de que los transgénicos servirían para aumentar la producción o para enfrentar el cambio climático, cuando la realidad –no los mitos y la propaganda pagada– muestran lo contrario.

El tema de la contaminación transgénica de la miel se puso de manifiesto luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara el 6 de septiembre 2011 que la miel que contenga más de 0.9 por ciento de polen transgénico deberá ser etiquetada como producto que contiene transgénicos, o si contiene polen transgénico de variedades no autorizadas para el consumo humano (como el maíz Bt Mon810 de Monsanto ) no se podrá comercializar.

El caso fue presentado por un apicultor de Baviera, Alemania, cuyas colmenas se contaminaron con polen de maíz Bt Mon810 proveniente de un cultivo experimental, es decir, ni siquiera por grandes superficies, y supuestamente, en condiciones de “bioseguridad”.

En México, gracias a los dictámenes de la Semarnat y la Sagarpa, se han aprobado 19 siembras experimentales de maíz transgénico que contienen ese cuestionado gen Mon810, así como decenas de miles de hectáreas de otros transgénicos que amenazan la biodiversidad, el futuro de la apicultura mexicana y a las miles de familias campesinas que dependen de ella.

Con este trasfondo y con gran preocupación, la Organización Nacional de Apicultores (ONA) convocó el 9 de noviembre 2011 el Foro “Organismos genéticamente modificados y su impacto en la apicultura”, con el apoyo de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente para el Campo, de la Cámara de Diputados. En el evento expusieron diversos expertos en los temas de transgénicos, biodiversidad y apicultura. Monsanto fue invitada al panel pero no se presentó, solamente se le ve en foros empresariales y de altos niveles políticos, donde asisten sus aliados y los que podría comprar en el futuro. En el foro de la ONA los asistentes eran mayoritariamente apicultores campesinos –sus próximas víctimas.

Al igual que en el caso del maíz, más del 80 por ciento de los productos apícolas en México son campesinos que usan métodos tradicionales. La polinización que hacen las abejas es un elemento fundamental de la producción agrícola y de la biodiversidad.

Miguel A. Munguía de la sociedad cooperativa Educe de Yucatán, explicó que México es el tercer exportador de miel a nivel mundial y 40 por ciento de ésta se obtiene en la península de Yucatán, zona donde el 98 por ciento de la miel se exporta a Europa, proveyendo sustento a 25 mil familias campesinas, en las épocas de mayor necesidad, cuando baja la producción de cultivos.

En esa zona se han aprobado en los últimos años varias experiencias con transgénicos, en áreas cada vez mayores. Para 2011-2012, Monsanto solicitó la siembra piloto de 30 000 hectáreas  de soya transgénica en varios municipios de producción apícola campesina (“piloto” es un eufemismo, en realidad es comercial porque es a campo abierto y se puede vender). Esto equivale a condenar a muerte la exportación de miel desde esas áreas.

Además de la contaminación de miel por polen transgénico, que se aumentaría exponencialmente en el caso del maíz, los transgénicos también aumentan el uso de glifosato y otros agrotóxicos que dañan la producción apícola y la biodiversidad, además de contaminar tierra, fuentes de agua y tener impactos severos a la salud de los pobladores, especialmente de los niños.

En el foro se presentaron también datos científicos basados en el análisis de más de una década de producción en Estados Unidos, el mayor productor mundial de transgénicos,  que confirman que la soya transgénica produce menos que la híbrida. En el caso del maíz, la producción es similar a la de los híbridos, pero el precio de la semilla y los riesgos a la biodiversidad son mucho mayores.  Además, la producción actual de maíz en México es sobradamente suficiente para las necesidades alimentarias de la población y también gran parte de la pecuaria y otros usos. Las importaciones de maíz transgénico son solamente por la demanda de transnacionales de la industria pecuaria que operan en México, y no serían necesarias si la producción pecuaria  fuera en pequeña escala, con forrajes diversificados.

Se aportaron muchos más datos , pero a modo de resumen, se mostró claramente que los transgénicos no se necesitan, que no producen más, que usan más tóxicos y que colocan en riesgo el maíz en su centro de origen, la biodiversidad y ahora además, la apicultura y la miel, un importante producto de exportación del país. Por todas estas razones, los apicultores se suman a la vasta mayoría de la población que exige que se deben frenar los transgénicos en México.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 19 de noviembre de 2011

Niza. El primero de noviembre se manifestaron en Niza unas 10 mil personas, la mayoría europeos, pero también llegados de todos los otros continentes, convocados por una amplia coalición de activistas y organizaciones francesas, para protestar frente a la reunión del G-20 en Francia. Entre las consignas centrales –que resumen los temas del Foro de los Pueblos y movilizaciones de los días siguientes– se leía “la vida, no la bolsa”; “¡no jueguen con nuestra comida!”; “indignados, rebeldes, solidaridad”; “inequidad, austeridad ¡ya basta!”, “son 20, somos billones”; en un elocuente resumen popular de los temas que afectan a la mayoría del planeta, mientras los gobiernos discuten como salvar los bancos.

El G-20 es un grupo auto elegido para decidir sobre los destinos financieros y económicos del planeta. Lo integran gobiernos de los países más industrializados (G-8), 11 gobiernos de economías emergentes del Sur (entre ellos China, India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, México) y la Unión Europea como bloque. México asumirá la presidencia de este grupo a partir de 2012 y será anfitrión de su próxima reunión. Significativamente, antes de cada cumbre del G-20, las trasnacionales del planeta organizan una cumbre empresarial, que entrega sus demandas a los gobiernos reunidos. La sociedad civil, por el contrario, no puede ni acercarse a la fortaleza que en este caso formaron 12 mil policías, para aislar la ciudad de Cannes de cualquier contagio con la plebe y sus demandas.

El telón de fondo de esta reunión del G-20 es la grave crisis financiera que continúa y empeora –pese a que se le han robado al público sumas inmensas para salvar unos cuantos bancos e instituciones– y aunque no lo nombren, las crecientes protestas sociales frente a los llamados “programas de austeridad” que se traducen en brutales recortes a los gastos públicos y sociales, para pagar deudas y altos intereses. El punto álgido ahora es el riesgo de bancarrota de Grecia y la amenaza de quiebre de la zona euro.

Los gobiernos europeos acordaron la semana anterior apoyar el refinanciamiento de la deuda de Grecia. No por solidaridad, sino porque grandes bancos europeos y estadunidenses sufrirían un fuerte impacto por la suspensión de pagos de Grecia y se prevé además que Italia y España podrían estar en breve en una situación parecida. La receta para Grecia es un fracaso anunciado: se basa en una serie de pasos en falso, incluso dentro de su lógica (ver “Dadme un palanca y hundiré el mundo”, A. Nadal, La Jornada, 2/11/11), pero además presupone que la gente común aceptará pagar, nuevamente, para salvar los bancos. Parecería que los gobiernos creen que los movimientos de “indignados” que se manifestaron en 900 ciudades al mismo tiempo, que los Ocupa Wall Street y similares, son apenas gente que no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Por ello, el anuncio del primer ministro griego de que habría referendo sobre las medidas para el rescate financiero –pese a ser un intento de chantaje para conseguir apoyo en el país– desató una ola de protestas de los otros gobiernos europeos que esperaban llegar con un mensaje tranquilizador a la reunión de G-20, a costa de la imposición de medidas draconianas contra el pueblo griego.

La crisis greco-europea domina en este momento la discusión. Francia y Alemania proponen medidas para controlar algo la especulación financiera y su impacto en el precio de las materias primas agrícolas. Otras propuestas, como la del gobierno de México de promover durante su presidencia en el G-20 la llamada “economía verde”, aumentarán ambas.

Esto sigue la línea del “nuevo acuerdo verde global” aclamado por Barak Obama, que afirma que se puede enfrentar al mismo tiempo la crisis financiera, climática y alimentaria, sin revisar sus causas ni cambiarlas, a través de ampliar los mercados financieros con naturaleza (mercados de carbono, servicios ambientales) y aplicando nuevas tecnologías (transgénicos, biología sintética, nanotecnología).

Esto significa, por ejemplo, aumentar programas como REDD en bosques y TEEB (economía de los ecosistemas y la biodiversidad) en biodiversidad, y que la agricultura y suelos entren al mercado de carbono. Implica una nueva ola de privatización de las funciones de la naturaleza para convertirlas en mercancías en los mercados financieros, a manos de las mismas corporaciones, gobiernos y especuladores que han causado las crisis actuales.

Con nuevas tecnologías se quiere promover transgénicos “resistentes al clima”, más uso de nanotecnología y biología sintética, que traerán nuevos riesgos al ambiente, la salud y las economías. En particular el uso de biología sintética para construir microorganismos que digieren celulosa –con cientos de genes artificiales, no algunos como los transgénicos– significa que trasnacionales de agronegocios, químicas, petroleras, podrán usar, por ejemplo, una cosecha de maíz para alimentos, o forraje, combustibles, farmacéuticos, plásticos o cualquier otra sustancia industrial, decidiendo el destino según le convenga el precio del momento. Esto aumentará exponencialmente la volatilidad de los precios y la especulación, usando la tecnología como plataforma para manipular la escasez y la oferta, según convenga a sus ganancias.

Aunque el G-20 y las trasnacionales siguen amenazando al mundo al grito de “la bolsa o la vida”, lo que pretenden es quedarse con la bolsa y con la vida. Las manifestaciones en Niza son apenas otra punta de un vasto iceberg, que se comunica por abajo con acciones y propuestas. Desde allí la consigna es clara: “la vida, no la bolsa”.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 5 de noviembre de 2011

Cuándo sus defensores hablan de la “economía verde”, gran parte de lo “verde” que tienen en mente es literalmente de color verde. Las hojas, brotes, ramas, algas, hierbas y otras materias vivientes que el planeta genera en aparente abundancia es ahora un blanco de primera línea para la explotación comercial, desde la visión industrial emergente de la llamada bio-economía (bio-based economy).  Para los nuevos bioindustriales de la economía verde, toda esa materia viva que antes se llamaba la “biodiversidad” tiene un nuevo nombre – hoy en día se lo conoce como “biomasa”. La Tierra produce 230 mil millones de toneladas de biomasa cada año y en las próximas décadas podemos esperar apropiaciones de tierras, batallas legales y guerras, a medida que las industrias y las naciones luchen por controlar el acceso a la última partícula de esta profusión verde.

Conozca la economía de la biomasa: un orden económico emergente basado en un simple cambio en la química. Pues, la economía mundial opera actualmente sobre la base de materias primas de hidrocarburos extraídos de las profundidades -principalmente carbón, petróleo y gas-. A medida que esas fuentes de “carbón negro” se vuelven más costosas, las empresas comienzan a ver mucho más atractiva la explotación del “carbono verde” de la biomasa, almacenada encima del suelo en los bosques, los campos agrícolas y los océanos.

En términos moleculares este carbono de la superficie es compuesto principalmente de carbohidratos (azúcares) como la celulosa. Los carbohidratos son como los hidrocarburos, pero con unos átomos adicionales de oxígeno. Es plenamente posible operar las economías industriales a base de carbohidratos, sin embargo también es posible usar la química y la biotecnología para transformar los carbohidratos en hidrocarburos: o sea, convertir árboles, cultivos o pastos en petróleo y plásticos a los que nuestra economía está adicta. Ese recambio tecnológico permite un giro de estrategia de las compañías petroleras, que recurren a la biomasa para producir los mismos productos que ya fabrican y para liquidar los bosques y tierras de cultivo, en lugar de hacer perforaciones en las profundidades del océano.

El cambio a la biomasa podría ser sumamente rentable. El cultivo, la cosecha, la comercialización y la transformación de la biomasa en productos y servicios comerciales ya está generando miles de millones de dólares. El Foro Económico Mundial estima que la economía de la biomasa tendrá un valor de unos 300 mil millones de dólares en 2020, pero la cifra real bien podría alcanzar medio billón de dólares.

Las industrias que ahora están adoptando el modelo de producción con biomasa incluyen desde empresas de química, las grandes petroleras, y corporaciones gigantes de la biotecnología, silvicultura y agroindustria, hasta los productores de perfumes, textiles, el sector de la construcción y el comercio de carbono: industrias cuyo valor neto total suma más de 17 billones de dólares. Un comercio mundial de la biomasa (astillas, aserrín y pellets o gránulos) está emergiendo muy rápidamente y para el año 2015 podría estar distribuyendo no menos de 19 millones de toneladas de biomasa. Las siguientes tres áreas industriales de la economía de la biomasa son las que más rápidamente están creciendo:

Bio-electricidad: La forma más económica y sencilla de extraer valor de la biomasa es quemarla. En la actualidad existe una ofensiva masiva en todo el sector eléctrico para reemplazar o complementar la quema de carbón, gas y petróleo para la generación de electricidad, con la quema de biomasa. Las plantas de generación de energía con biomasa suministran más de 54 GW de electricidad en todo el mundo en más de 50 países, consumiendo grandes cantidades de madera y otras materias primas.

Aparte de engullir grandes extensiones de bosques y plantaciones para satisfacer estas demandas, la quema de biomasa también presenta riesgos significativos para la salud de las comunidades situadas cerca de las plantas de energía. El humo de madera, por ejemplo, contiene muchos compuestos tóxicos, agrava las enfermedades respiratorias y libera partículas contaminantes peligrosas. Ya se cuenta entre 2,7 y 3 millones de personas que mueren anualmente a causa de la inhalación de humo de leña. Tampoco la quema de biomasa reduce las emisiones de dióxido de carbono, más bien produce incluso más CO2 en la chimenea por unidad de energía que el carbón que reemplaza. Eso es antes de evaluar la liberación de carbono por la tala de bosques, el cultivo de biomasa y el transporte de la materia vegetal. Teniendo en cuenta los costos de las emisiones de carbono para la producción y recolección de materias primas de biomasa, afirmar que la energía de biomasa es neutra -o incluso negativa- en emisiones netas de carbono, es simplemente un mito.

Biocombustibles: La producción de combustibles líquidos (los llamados biocombustibles o agrocombustibles) a partir de la biomasa es el arquetipo de la nueva bio-economía y también la parte más controvertida. Cifras del Banco Mundial revelan que hasta un 75% del aumento global en los precios de los alimentos en 2008, que provocó hambre y disturbios masivos a través del mundo, se debió a las políticas sobre biocombustibles de los EE.UU. y Europa que canalizaban maíz, soja y otros productos alimenticios hacia la producción de combustibles.

Hoy, el tren de los biocombustibles de nuevo arranca a todo vapor, con las inversiones dirigidas a los llamados “de nueva generación”. Estos incluyen a los biocombustibles extraidos de materias primas no alimentarias, como la caña de azúcar y la jatropha (un arbusto que produce nueces), biocombustibles avanzados que son hidrocarburos y se comportan de manera muy similar al petróleo, así como nuevos combustibles que se hacen de árboles, pastos y las partes leñosas de las plantas (llamados biocombustibles de celulosa), o de algas de estanque (combustible algal). Al menos 200 empresas están trabajando en el desarrollo de estos biocombustibles de “nueva generación” y las empresas más avanzadas están ahora bajo la propiedad o asociadas con las grandes empresas petroleras como Shell, BP, Chevron, Total y Exxon. Muchas de ellas también están empleando una forma extrema de ingeniería genética, de alto riesgo, conocida como biología sintética, donde microbios artificiales se utilizan para fermentar la biomasa en combustibles.

Bio-químicos y plásticos: Si no es ético convertir los alimentos en combustibles, debería ser doblemente motivo de preocupación que se conviertan en bolsas de plástico y botellas de champú, pero esa es exactamente la estrategia seguida por la industria química. El Foro Económico Mundial predice que el 9% de todos los productos químicos se fabricarán a partir de biomasa en lugar de petróleo, para el año 2020, con el sector de bioplásticos a la cabeza. Se estima que cerca de 3.2 millones de toneladas métricas de plásticos tendrán una base biológica para el año 2015. ADM, Cargill, Coca Cola, Procter and Gamble y otras están impulsando el mercado de los bioplásticos. Los venden como una opción “verde” para los consumidores, a pesar de que muchos bioplásticos no pueden ser reciclados ni son biodegradables, y en algunos casos llevan la misma amenaza de toxicidad que los plásticos a base de petróleo.

Una amenaza a los ecosistemas

En el contexto de la economía verde, es importante reconocer que lo que parece un recambio bien intencionado del uso de las materias primas fósiles, es en realidad un acaparamiento: de tierras, medios de subsistencia y ecosistemas. El abastecimiento de biomasa para un cambio tan importante en la economía global va a requerir la conversión de grandes extensiones de tierra para la producción de materia prima de biomasa -particularmente la expansión de monocultivos de caña de azúcar y de celulosa- un cambio de las prioridades agrícolas de los alimentos a nuevos cultivos de rápido crecimiento como el miscanthus y el bambú y un gran aumento en el cultivo de algas en los desiertos y las regiones costeras.

La biomasa no está distribuida uniformemente en todo el planeta. El 86% de la producción anual de biomasa se encuentra en los trópicos, por lo que es a las zonas tropicales de América Latina, África Subsahariana y el Sudeste de Asia que los nuevos dueños de la biomasa están volcando su atención. El Banco Mundial calcula que el 21% de la apropiación de tierras en el mundo en los últimos años es impulsado por la necesidad de tierra para cultivar materias primas de biomasa. Mientras tanto, las comunidades que viven en la selva están reportando un aumento de la destrucción de los bosques para producir astillas de madera para el nuevo comercio de biomasa. A medida que las comunidades tradicionales son desplazadas de sus tierras, a veces a la fuerza y con violencia, la nueva economía industrial de la biomasa desaloja formas de sustento más antiguas y verdaderamente sostenibles, basadas en la biomasa.

Por supuesto, a la nueva industria de la biomasa le gusta presentarse como “sostenible” y basada solo en recursos renovables abundantes; sin embargo, la civilización humana ya se apropia del 24% de toda la biomasa mundial y el resto no es suficiente para cumplir con las tareas de limpiar el aire, mantener el ciclo del agua, capturar el carbono y proporcionar las funciones ecológicas esenciales requeridas para mantener la integridad ecológica. De acuerdo con una forma de medición (La Huella Global), ya estamos usando un 50% más de la cantidad de biomasa que se puede eliminar de forma sostenible de los ecosistemas del planeta. Para el año 2050 probablemente se elevará al doble la cantidad de biomasa cuya eliminación sería sustentable. Es una proposición insostenible, que acumulará una deuda ecológica de la que la naturaleza no tiene ninguna manera de resarcirse. Lejos de salvar el planeta, la defensa central de biomasa en la visión de la economía verde podría profundizar en forma catastrófica nuestras crisis ambientales, a la vez que despojar a las mismas comunidades que ofrecen un modelo de vida de utilidad real, con base biológica. (Traducción ALAI).

Jim Thomas – es miembro del Grupo ETC, capítulo Canadá.

Para una mirada más profunda a la amenaza de la economía de la biomasa, consulte: “Los nuevos amos de la biomasa. Biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad.” http://www.etcgroup.org/es/node/5253

Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011

Mientras en el continente crecen las protestas contra las patentes y “derechos de obtentor” sobre las semillas, en México esto se promueve en las leyes estatales de “Fomento y protección del maíz criollo” que se aprobaron en Tlaxcala y Michoacán. Ahora una diputada del PAN, presentó una iniciativa copiada de éstas, para Oaxaca.

En todo el mundo, las transnacionales están en campaña para monopolizar las semillas, llave de todas las redes alimentarias. En mayo 2011, Chile aprobó en un albazo parlamentario, la incorporación de ese país a la versión 1991 del tratado UPOV (Unión para la protección de nuevas variedades vegetales, por sus siglas en francés). Ese tratado es marco de los llamados “derechos de obtentor”, que son una forma de registro para privatizar las semillas, prácticamente tan restrictivo como las patentes. En ambos casos (patentes y derechos de obtentor), se trata de impedir legalmente que las semillas sean de libre circulación, para obligar a comprarlas a las trasnacionales y sobre todo, que no se puedan replantar, es decir que criminalizan el acto esencial de la agricultura: producir, reproducir y usar semillas para la próxima siembra.

Esto desató una ola de protestas de movimientos y organizaciones chilenas (entre otras CLOC Vía Campesina Chile, ANAMURI, Confederación Ranquil, Asamblea Mapuche de Izquierda, Coordinadora de Estudiante por la Agroecología, Marcha Mundial de Mujeres-Chile, TERRAM, Grain, CENDA, CEDEM, RAPAL, OLCA), apoyadas por organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y sociales de toda América Latina, como la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y otras.

El 20 de junio 2011, organizaciones campesinas y sociales chilenas presentaron argumentos sobre la inconstitucionalidad de UPOV 91 en una audiencia pública frente al Tribunal Constitucional de Chile. Camila Montecinos de Grain, señaló que UPOV 91, con los derechos de obtentor “restringe y prohíbe el uso, intercambio y libre acceso a una de las herramientas fundamentales e insustituibles de la agricultura y con ello vulnera el derecho a trabajar y disfrutar de los frutos del trabajo por parte de comunidades indígenas y de mujeres y hombres campesinos y agricultores”. UPOV 91, continuó Montecinos, “permite la apropiación ilegítima del fruto del trabajo ajeno. El Artículo 1 define como “obtentor” a quien descubra una nueva variedad. Las variedades de cultivos son sin excepción fruto del trabajo humano; no existen variedades de cultivo que hayan surgido por sí solas. Por lo tanto, quien las “descubra” está en realidad teniendo acceso a una obra ajena. Registrarla como propia, en cualquier caso, equivale a un robo” (ver la presentación en www.biodiversidadla.org)

Paradójicamente, en México, los derechos de obtentor y patentes sobre el maíz, además de ser activamente promovidos por las trasnacionales semilleras y de transgénicos y por las leyes nacionales de semillas, se promueven en las leyes estatales mal llamadas de “Fomento y protección del maíz criollo como patrimonio alimentario”. Esas leyes, que curiosamente llaman criollo al maíz que en México siempre es nativo (criollo quiere decir que vino de otro lado y fue criado aquí), establecen también la instauración de registros de variedades campesinas y directorios de productores, abriendo a las autoridades nuevas oportunidades de intervenir en la autonomía y la vida campesina, coadyuvando para que este control pueda ser utilizado, en conjunto con otras normativas, para criminalizar el libre intercambio y las formas tradicionales campesinas de cuidar las semillas.

A partir de la denuncia que hizo la Red en Defensa del Maíz en marzo 2011, varios hemos denunciado los peligros de estas leyes (ver artículos en La Jornada de Ana de Ita, Ramón Vera, Álvaro Salgado, entre otros), aunque sus promotores las presentaron como un logro en la defensa contra los transgénicos. En realidad, estas leyes establecen el canal para aprobar transgénicos a nivel estatal, pero según sus promotores, tiene “candados” que hacen que tal aprobación debería ser negativa. El argumento es frágil, pero si funcionara para impedir los transgénicos, me daría gusto. Pero como expresé ya en otros artículos, esto está lleno de huecos y es nada más una posibilidad que depende de muchos factores externos, incluyendo quiénes sean las autoridades, factor por demás variable y corruptible en el país. Y de todos modos, si Monsanto y sus amigos deciden que les interesa realmente entrar en alguno de esos estados, se aplicará la jerarquía de leyes nacionales sobre estatales y los “candados” volarán por los aires.

Lo que en ningún caso se explica es por qué además estas leyes defienden las patentes sobre la vida, los derechos de obtentor para el maíz campesino y las denominaciones de origen, todos mecanismos que sólo favorecen a las transnacionales semilleras y de transgénicos, diciendo además que es “parte de la protección y el fomento del maíz criollo”. Salvo que en ese caso el término criollo esté usado literalmente y se refieran a proteger el maíz de Monsanto.

La iniciativa de ley presentada en Oaxaca replica los mecanismos de control contra las comunidades y semillas campesinas e introduce otros elemento perversos, como la necesidad de “validar las razas”, para comprobar “su autenticidad”. Un nuevo ejemplo de que quienes promueven estas leyes, en el mejor caso, no entienden lo que de verdad hay que defender.

El maíz no existe sin las comunidades que lo crearon. Defender el maíz, es defender los derechos integrales de los pueblos indios y campesinos, no leyes para que los gobiernos los controlen mejor.

*investigadora del Grupo ETC
Publicado en La Jornada, 16 de julio de 2011

Las empresas que desarrollaron esta aberrante tecnología la llamaron Sistema de Protección de la Tecnología, porque es para promover dependencia e impedir que se usen semillas sin pagarles regalías por patentes. En sus primeros folletos de propaganda, aseguraban también que es para que los agricultores del tercer mundo dejen de usar sus semillas obsoletas. En ese momento, mostraban claramente sus intenciones: terminar con las semillas campesinas y el irritante hecho de que la mayoría de los agricultores del mundo (campesinos, indígenas, agricultores familiares) usan sus propias semillas en lugar de comprárselas a ellas.

La tecnología suscitó un rechazo enorme e inmediato por parte de los movimientos campesinos y organizaciones sociales, y declaraciones de oposición de instituciones públicas de investigación y del entonces director de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, que afirmaron que es una tecnología indeseable. En el 2000, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), adoptó una moratoria global contra la experimentación y uso de la tecnología Terminator, que sigue vigente. Posteriormente, varios países comenzaron a discutir legislaciones nacionales para asegurar el cumplimiento de la moratoria. Brasil e India, prohibieron en sus leyes nacionales el uso de la tecnología Terminator.

Pero Terminator es uno de los sueños más preciados de las trasnacionales semilleras y no han renunciado a él. Les daría una gran ventaja para aumentar sus monopolios y la dependencia de los agricultores. Poco después de la prohibición en Brasil, los grandes latifundistas de ese país, clientes y compadres de Monsanto, Syngenta y demás trasnacionales de transgénicos, presentaron una propuesta legislativa para eliminar la prohibición, rechazada en varias comisiones, pero aún en trámite.

Además, las trasnacionales de transgénicos se movieron agresivamente para terminar la moratoria de Naciones Unidas contra Terminator, proponiendo a través de gobiernos amigos como Canadá, un párrafo para evaluar la tecnologíaTerminator caso por caso, que daría fin a la moratoria en la octava Conferencia del CBD en Curitiba, Brasil, en 2006.

En la sesión de CDB en 2006, México apoyó terminar la moratoria, irónicamente a través de un representante de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Casualmente, es la misma persona que ahora desde la Comisión Nacional Forestal promueve proyectos REDD, también con un efecto devastador para las comunidades. Fue aislado por el resto de países de todo el Sur global.

En 2006 en el CDB en Curitiba, la Vía Campesina y organizaciones de todo el mundo se levantaron y protestaron masivamente para defender la moratoria internacional. En particular, las acciones de las mujeres de la Vía Campesina, que interrumpieron las sesiones de la ONU en una conmovedora acción pacífica en defensa de las semillas, determinó que el CDB mantuviera y reforzara la moratoria contra la tecnología Terminator.

No obstante, las trasnacionales siguen atacando y disfrazan sus razones, vías y representantes. Ahora afirman que Terminator es para la bioseguridad, una falsedad.

En la decima Conferencia del CBD en octubre 2010 en Nagoya, Japón, nuevamente el gobierno de México intentó eliminar la moratoria global contraTerminator, ahora como si fuera un tema administrativo, de decisiones que ya no tenían vigencia. No lo logró porque muchos otros países lo impidieron, pero mostró sus intenciones y a quién le es fiel.

En Brasil, a la propuesta de los latifundistas se sumó la del diputado Cándido Vaccarezza del partido gobernante (PT), para eliminar la prohibición deTerminator. La propuesta de Vaccarezza fue redactada por una abogada que trabaja para Monsanto, según denunció con pruebas fehacientes la Campaña por un Brasil Libre de Transgénicos, noticia difundida por el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil en diciembre 2010. La propia abogada tuvo que reconocerlo. La propuesta está actualmente en discusión en una comisión del Congreso, creada especialmente para agilizar su discusión.

Los movimientos y organizaciones están alertas. En junio 2011, en la 10ª. Jornada de Agroecología de la Vía Campesina, en Paraná, Brasil, los más de 4000 participantes de todo el país, expresaron su rechazo a esta propuestas. Una semana después, se presentaron y rechazaron estos intentos de legalizar Terminator, en las reuniones internacionales de preparación de los movimientos sociales y sociedad civil hacia la conferencia mundial Río+20, en Río de Janeiro, con cientos de delegados participantes.

Brasil presidirá el próximo año la Río+20, una conferencia mundial de ONU que debe revisar los compromisos ambientales, a 20 años de la Cumbre de la Tierra en 1992. Además, Graziano de Silva, que viene del gobierno brasilero, acaba de asumir la dirección de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO). Lo menos que puede hacer Brasil para ser responsable con ambos cargos, es mantener la prohibición contra Terminator a nivel nacional e internacional, por ser una de las mayores amenazas a la soberanía alimentaria y a la biodiversidad. Cualquier otra cosa, sería un suicidio.

*Investigadora del grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 2 de julio 2011

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Se cumplen 20 años de la realización de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, lo cual motivará una nueva conferencia (Río+20) que tendrá lugar en Brasil en mayo de 2012. Aunque lo principal debería ser revisar el estado de los problemas y el cumplimiento de compromisos, los temas ya definidos para discutir allí son economía verde y gobernancia ambiental global.

Lejos de una reunión anodina de Naciones Unidas, se anuncia como un escenario de disputa mundial porque podría convertirse en punto clave para el reordenamiento geopolítico, consolidando nuevos mercados financieros con la naturaleza, el control de los recursos naturales y de nuevas tecnologías, creando un marco institucional –una nueva estructura de gobernancia ambiental global– que facilite y subsidie el avance de esa economía verde en clave empresarial.

Por si no nos quedaba claro, uno de los oradores de apertura de la reunión preparatoria para Río+20 organizada por Naciones Unidas en enero 2011 en Nueva York fue Charles Holliday, presidente del directorio de Bank of America, uno de los mayores bancos del mundo, aún sumergido en la peor crisis por especulación global del siglo que provocaron, pero disfrutando los miles de millones de dólares del público que recibió como rescate. Como un mal chiste, Holliday estaba allí para explicarnos la economía verde y cómo las trasnacionales van a salvar el planeta (aunque el tema real era cómo salvar las trasnacionales a costa del planeta).

Refresquemos la memoria. En 1992 se realizó en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), popularmente llamada Cumbre de la Tierra, Río 92 o Eco 92. Aunque no era la primer conferencia internacional sobre estos temas, tuvo un rol distintivo en colocar en la agenda de Naciones Unidas el tema de la destrucción ambiental. En la conferencia se presentaron tres nuevos tratados internacionales ambientales de Naciones Unidas, a los que se conoce como las convenciones de Río. Son el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Veinte años después de la Eco 92, la crisis ambiental, climática, alimentaria, enérgetica, de salud, han empeorado a límites que uno pensaría insoportables, pero la maniobra sigue siendo como navegar temas tan graves sin cuestionar sus causas: el capitalismo y el modelo industrial de producción y consumo. Brasil será otra vez el anfitrión, pero no es el mismo: ahora está claramente entre las potencias que disputan el mango de la sartén mundial y no dejará pasar esta oportunidad para mostrarlo.

Ya desde la Eco 92 –incluyendo los años anteriores de preparación– las trasnacionales intentaron levantar una cortina de humo sobre la irrefutable realidad de la devastación ambiental y su directa responsabilidad. En su lugar, plantearon que con nuevas tecnologías y su particular concepto del desarrollo sustentable –que casualmente aumentaba sus lucros–, podían ofrecer soluciones de ganar-ganar, sin cambiar nada del modelo, solamente con nuevos negocios verdes. Ahora, igual que hace 20 años, economía verde se refiere sobre todo al color de los dólares. Pero aunque la filosofía de las empresas es igual, las armas que han desarrollado, principalmente las nuevas tecnologías, como la biología sintética, la nanotecnología, la geoingeniería y el desarrollo de varias tecnologías anteriores con esas herramientas, han creado una base mucho más peligrosa, con riesgos aún mayores, como por ejemplo la apropiación y mercantilización del resto de la biomasa planetaria que aún no está en manos de las empresas. Iremos analizando cómo y qué significa esto en el camino de Río+20.

Paralelamente a esos desarrollos tecnológicos que avanzan sin demanda social, sin evaluación, regulación o supervisión independiente, las empresas (y hasta negocios de los propios diplomáticos) alcanzaron tal nivel de cabildeo dentro de las convenciones de Río, que han llevado a situaciones totalmente aberrantes. Por ejemplo, las negociaciones de cambio climático, uno de los temas más acuciantes para el planeta, están entregadas a favorecer los mercados de carbono y los negocios de inversores y las trasnacionales más contaminantes, sin hacer absolutamente nada para enfrentar el problema real de la crisis climática.

Dentro del Convenio de Biodiversidad avanzan iniciativas para transformar toda la biodiversidad y los ecosistemas en negocios. A eso se dedica el programa TEEB –Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad– que se propone asignar valor (en realidad precio) a todos los elementos de la naturaleza. Otra vez, quien coordina este programa es un banquero: Pavan Sukhdev, que incluso mantiene su cargo como director del Deutsche Bank.

Todo esto plantea una serie de desafíos que es necesario entender para enfrentarlos. Muchas organizaciones y movimientos sociales ya han comenzado el proceso. Las negociaciones sobre cambio climático, biodiversidad y otras convergerán en Río+20. La intención oficial mayoritaria es que todas esas convenciones se sometan, definitivamente, al mercado. Se discute ya oficialmente la propuesta de fusionar las tres convenciones, quizá también con otros convenios ambientales, como Ramsar (humedales). En el contexto actual, podría signficar una plataforma unificada para facilitar a las trasnacionales el acceso y los trámites.

También las luchas sociales y debates que han rodeado esas negociaciones estarán presentes en Río, para mostrar la realidad desde abajo y lo que de verdad necesitamos hacer.

*Investigadora del Grupo ETC

Las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático en Cancún en diciembre 2010 (COP 16) significaron un parteaguas en muchos sentidos, todos negativos. No así las movilizaciones populares frente a esta cumbre, de organizaciones como Vía Campesina y otras de base, que no han perdido el sentido de la realidad, de lo que es absurdo y de lo que necesitamos hacer. Cada vez, la brecha es mayor.

Los resultados oficiales de la COP 16 fueron peores que el año anterior en Copenhague, en dos aspectos fundamentales: en las decisiones que se tomaron, y en el discurso dominante, difundido por medios acríticos, gobiernos y grandes ONG ambientalistas, que tratan de convencernos que al menos se han avanzado unos pasos, sin nombrar que son hacia el abismo. No hubo ninguna resolución para enfrentar realmente el cambio climático, incluso se debilitaron las que existían, pero se aumentó el apoyo a falsas soluciones y mecanismos de mercado que crearán más gases de efecto invernadero y más especulación.

A diferencia de Copenhague, donde quedó claro el fracaso y el intento de golpe de los países más contaminantes para imponer su voluntad y librarse de toda responsabilidad, en Cancún se impuso –aumentado– el fallido texto de Copenhague, ahora con la colaboración de casi todos los gobiernos del mundo, con la sola excepción de Bolivia, el único país que se mantuvo firme en los principios y demandas para enfrentar realmente la crisis climática.

Esta cumbre significó también un quiebre del ALBA, ya que Claudia Salerno, la delegada de Venezuela –acompañada parcialmente por otros países del bloque– se prestó a negociar activamente fuera de las agendas expresadas oficialmente y fuera de los canales multilaterales. Ante la justa protesta de Bolivia de que no se había discutido democráticamente los temas y no había consenso, Salerno sugirió simpáticamente a la manipuladora presidenta mexicana de la COP, que tomara nota de la discrepancia de Bolivia, en lugar de exigir que hubieran negociaciones reales, abiertas y transparentes.

Esta sumisa posición de Venezuela contrasta fuertemente con el discurso conjunto de Hugo Chávez y Evo Morales en Copenhague, donde afirmaron que el capitalismo está en la raíz de la crisis climática, que no permitirían imposiciones de Estados Unidos y otros países del Norte, que necesitamos ir a las causas reales de la crisis climática por la gravedad que ésta significa para los pueblos y el planeta. Allí contaron con el apoyo de los pueblos del mundo. En Cancún, por lo contrario, Venezuela fue una pieza clave para aprobar lo que Hugo Chávez rechazó el año anterior.

Si el caso de Venezuela es extremo, también fue curioso que otros países del Sur, como los agrupados en el bloque G-77, participaran del fraude. En ambos casos declararon que lo importante era salvar el ámbito de negociaciones –en crisis por las diferencias de perspectiva entre víctimas y victimarios. Por ello aceptaron la promesa vaga de un proceso de discusión a futuro, pese a que lo que se aprobó en el mismo acto, es contrario a lo que el bloque estuvo peleando por años (exigían compromisos vinculantes de reducción, responsabilidad común pero diferenciada entre el Norte y el Sur, reconocer la responsabilidad histórica de los que causaron la crisis climática, cuestionamiento de la propiedad intelectual en tecnología y otros puntos). Por su lado, Japón, Australia, Estados Unidos y otros países –todos grandes contaminadores– dejaron claro que no firmarán ningún compromiso vinculante tampoco en el futuro. Estados Unidos declaró que Cancún fue un éxito para sus intereses.

Para lo que sí se rescató el ámbito de Naciones Unidas fue para tomar decisiones en algunos puntos. Por ejemplo, para avalar nuevos mecanismos de mercado, como la captura y almacenamiento de carbono en formaciones geológicas (CCS, por sus siglas en inglés) que tiene enormes impactos, y los programas REDD, que fue aprobado en sus versiones más extremas, para permitir la privatización de facto de los bosques y arrasar con las comunidades, eliminando de la discusión toda salvaguarda sobre derechos indígenas o biodiversidad. Las ONG ambientalistas e indígenas que afirmaron defender este mecanismo de mercado para proteger los bosques, funcionaron, en la interpretación más benigna, como peones útiles a las empresas y especuladores. George Soros, inversionista y especulador finaciero, festejó la aprobación de REDD como un bienvenido estímulo a ese mercado.

Este síndrome de Cancún que contagió a las víctimas (parafraseando al síndrome de Estocolmo, donde los rehenes se enamoran de los secuestradores) está enmarcado en que varios de los países del Sur han crecido sobre el mismo modelo petrolero y de explotación de recursos que llevó a la crisis climática y son ahora grandes contaminadores, por lo que sus gobiernos tampoco quieren compromisos reales de reducción. Muchos confluyen también con los gobiernos del Norte y trasnacionales en el empuje a un nuevo capitalismo verde –basado en mercantilizar la naturaleza y sus funciones, poniendo precio a todo y valor a nada– para aprovechar que la biodiversidad y bosques que se pueden poner a la venta a través de programas como REDD y otros, están sobre todo en el Sur.

En el polo opuesto, Vía Campesina, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y otras organizaciones de abajo denunciaron estas maniobras y las causas reales de la crisis climática, además de mostrar un arcoiris de realidades y propuestas que son verdaderas soluciones. El panorama es sombrío, pero los movimientos de abajo no se pierden.

*Investigadora del Grupo ETC

Los cultivos transgénicos no representan solamente una amenaza al medio ambiente y la salud. Además son un mal negocio, para cualquiera, salvo las seis trasnacionales dueñas de las semillas transgénicas a nivel global y algunos de los funcionarios y científicos que reciben prebendas para que ellas puedan continuar con sus ganancias.

En los últimos años se han publicado varios estudios independientes sobre los resultados económicos de los transgénicos, que convergen en demostrar pérdidas significativas para los agricultores. Greenpeace México publicó recientemente el informe Cultivo$ transgénico$, cero ganancias, basado en un informe elaborado por Edward Hammond, acrecentado y adaptado al contexto mexicano.

Esas pérdidas afectan directamente a los agricultores de varias maneras (semillas más caras, menor rendimiento, resistencia en insectos y malezas, mayor laboreo para deshierbe, juicios por contaminación, pérdida de mercados) pero también significan costos importantes que al ser absorbidos por instituciones públicas, se trasladan a todos.

Uno de los casos referidos es la contaminación con el arroz transgénico LL601 de Bayer. El departamento de agricultura de Estados Unidos detectó en 2006 que la contaminación con este arroz transgénico no aprobado para consumo humano, había llegado al suministro de alimentos. Ante el anuncio, inmediatamente cayó el precio del arroz estadunidense en los mercados de futuros, provocando una pérdida promedio de 70 mil dólares por granja arrocera. Japón y Europa cerraron sus puertas a la importación de arroz procedente de ese país. Pese a ello, se encontró contaminación en países europeos y luego de África y Asia, desde Filipinas a Ghana. El informe detalla las pérdidas que les significó a los agricultores estadunidenses, estimadas entre 740 y mil 290 millones de dólares en total, debido a caída de precios, pérdida de mercados y limpiezas de sus campos y graneros. Esos costos no incluyen los de pruebas de detección ni tampoco los gastos legales para demandar a Bayer, trámites que aún siguen. No se permitió una acción de clase (o sea, que el juicio contra Bayer fuera válido para todos los afectados, sino solamente para los que entablan el juicio). Bayer no explicó nunca cómo había llegado la contaminación a los alimentos y pese a que se le sentenció por su conducta laxa en bioseguridad, la empresa afirmó que había excedido los estándares de la industria para evitar contaminación y que ni las mejores prácticas pueden garantizar la perfección.

El caso debería ser aleccionador para México, porque aquí las empresas se comportarán de la misma o peor manera frente a la contaminación transgénica, que será inevitable si el maíz se siembra a campo abierto. Cualquier costo relacionado con la contaminación será automáticamente transferido a los agricultores y campesinos (que deberán afrontar cualquier costo legal por sí mismos). Seguramente habrá menor fiscalización que en Estados Unidos, porque los contaminados serán sobre todo campesinos y maíz nativo, que no es considerado valor monetario a proteger. Las empresas dirán que el problema de la contaminación en ningún caso es de ellos, porque el gobierno y los agricultores son responsable de las medidas de bioseguridad, no ellas.

Otro ejemplo tomado en el informe son los costos por la resistencia de las hierbas invasoras. Como la mayoría de los transgénicos son manipulados para ser resistentes a herbicidas, el uso de éstos aumenta considerablemente, generando resistencia en las hierbas que se pretende combatir. A nivel global, hay 16 hierbas que se han tornado resistentes a glifosato. El departamento de agricultura de Estados Unidos reconoce 9 como problema serio. El documento toma el caso del quintonil, una amarantácea que existe y se consume en México, prima hermana del amaranto blanco ampliamente difundido en el país, con el que se elaboran los dulces de amaranto. El quintonil es considerado hierba invasora en los cultivos industriales, en Estados Unidos se ha hecho resistente al glifosato (debido a los transgénicos) y ha invadido de tal modo los campos de algodón, maíz y soya, que en varias zonas, principalmente algodoneras, ya sólo se puede hacer deshierbe manual. Para los agricultores, significó pagar mayor costo de semilla, mayor costo por herbicidas (por precio y mayor volumen) y terminar haciendo o pagando el deshierbe manual.

En México además de los impactos sobre los agricultores industriales, significará arruinar junto al maíz al amaranto, otro de los cultivos nativos del país, esenciales para la vida campesina y elemento altamente nutritivo parte de la alimentación popular.

El reporte nombra varios otros ejemplos que dan una sólida muestra de las pérdidas económicas que significan los transgénicos. Otro informe publicado en 2010, titulado Quién se beneficia con los cultivos transgénicos, de Amigos de la Tierra, complementa el panorama.

Quizá se pregunte por qué los agricultores siguen cultivando transgénicos si dan pérdidas. En parte, porque los agricultores industriales no tienen semillas y dependen totalmente de lo que les ofrezcan las trasnacionales. Éstas controlan el mercado de transgénicos pero también el de las semillas comerciales. Prefieren vender transgénicos, porque cobran la semilla mucho más cara y pueden cobrar extra por otros rubros.

Adicionalmente, las empresas gastan decenas de millones de dólares anuales en influir a los gobiernos y reguladores a su favor. Según Business Week (21/6/10) sólo en el último trimestre de 2009 y primero de 2010, Monsanto gastó 4.99 millones de dólares en cabildear al gobierno de Estados Unidos. ¿Sería necesario si el producto fuera bueno?

*Investigadora de Grupo ETC

Publicado en La jornada, México, 31 de julio de 2010