Los resultados de la conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad, especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático, mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis. Como denunció la red internacional Justicia Climática Ahora, significó el establecimiento de un apartheid climático global para mantener los privilegios de una minoría a costa de todos los demás.

El problema nodal es la ausencia de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que llevará a un aumento mínimo de 4 grados en la temperatura media global en tan sólo unas décadas. En el último siglo, el capitalismo industrial provocó un aumento de la temperatura promedio de 0.8 grados centígrados, que se traduce en desarreglos climáticos, como huracanes, sequías, inundaciones, menor rendimiento de cultivos, derretimiento de glaciares y de hielos permanentes que liberan grandes cantidades de metano, gas que tiene 20 veces peor efecto invernadero que el dióxido de carbono. Según los reportes científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para que el aumento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados al 2100, es necesario reducir las emisiones de gases de 25 a 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Un aumento de 2 grados tendría consecuencias devastadoras para muchos países, incluso podrían desaparecer estados insulares. Cuatro grados es más de lo imaginable y en algunas zonas, como las más secas de África, se traduciría en aumentos de 7-8 grados.

El protocolo de Kioto estableció metas de reducción obligatorias para los países industrializados con mayores emisiones (listados en su Anexo 1) de apenas 5 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Aún así, Estados Unidos –que de todos modos no firmó el protocolo–, exigió que se pudieran usar mecanismos de mercado para la reducción de emisiones, con lo cual muchas supuestas reducciones son solamente transacciones virtuales. Los mercados de carbono no han servido para nada frente a la crisis climática, pero abrieron jugosos frentes especulativos con la venta de créditos de carbono. Con muy malas notas y sin efecto para bajar las emisiones, el Protocolo de Kioto finalizará su primer periodo de compromisos en 2012. Muchos gobiernos de países del Sur querían abrir un segundo periodo de compromisos, con metas mínimas acordes a las necesarias según el IPCC. Pero ya en la conferencia de cambio climático en Cancún en 2010, en lugar de compromisos obligatorios se aceptó declarar promesas, que si se cumplieran (improbable), no llegarían más que a reducciones de 13 a 17 por ciento.

Con un proceso antidemocrático e irregular como en Cancún, en Durban se aprobó de todos modos un segundo periodo del protocolo de Kyoto, pero como un cascarón vacío. Sin metas de reducción, sin compromisos vinculantes, sin mecanismos de control de reducciones del Anexo 1, pero cargando de obligaciones a los demás países que no están entre los contaminadores históricos. Estas medidas aplicarán a todos, aunque teóricamente se dirigen a los países de economías emergentes como China e India, que actualmente están entre los mayores emisores globales, aunque sólo en los últimos años –contra todo el siglo XX de los del Anexo 1– y que las emisiones per cápita de la India son 10 veces menores que las de Estados Unidos. Pese a este acuerdo leonino, que terminó con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que existía en el convenio, igual se retiraron del Protocolo, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia, sumándose a Estados Unidos.

La Unión Europea aprovechó la situación para negociar su firma para un segundo periodo de Kioto, imponiendo sus condiciones: sin metas obligatorias y abriendo un nuevo proceso de negociaciones que sustituya al Protocolo de Kioto en 2020. Este proceso y plazo, que querían todos los países del anexo 1, es para terminar de eliminar cualquier obligación de reducción, presionar a las economías emergentes y traspasar la responsabilidad de la crisis climática a las poblaciones de países pobres del sur, a través de mecanismos de mercado, que nuevamente, favorecen a las trasnacionales de los países industrializados. En lugar de cambiar de modelos de producción y consumo en esos países, se comercia con el espacio que no contaminan los países del Sur, a través de mecanismos altamente perversos como REDD en bosques. Se aseguró además la continuidad y nuevos mecanismos de mercado, se introdujo la discusión de usar agricultura y suelos como sumideros de carbono y se aceptaron tecnologías de alto riesgo, como la captura y almacenamiento de carbono en lechos marinos y formaciones geológicas, tecnología que promueve el uso de más petróleo, gas y carbón, legando el riesgo de escapes catastróficos a generaciones futuras.

Tanto el Fondo Verde para el Clima, como el nuevo Comité de Tecnología quedaron bajo la égida del Banco Mundial, que los usará para imponer más condiciones. Se estableció de facto carta blanca a la transferencia de tecnologías, sin cuestionar patentes ni aplicar el principio de precaución, lo cual resultará en dumping de tecnologías peligrosas, subsidiando a las trasnacionales.

Tanta irresponsabilidad ante las crisis y con las generaciones futuras contrastó con la riqueza de propuestas desde las organizaciones y movimientos sociales, que convocaron a la resistencia contra el nuevo apartheid global.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 17 de diciembre de 2011

Se está realizando en Durban, Sudáfrica, la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP17) y por su falta de contacto con la realidad de la crisis climática –y de todas las demás, financiera, alimentaria, ambiental – parece ciencia ficción. Ante la vacuidad de las negociaciones, vuelven a la carga los proponentes de la manipulación climática alegando que ellos sí comprenden que es necesario tomar medidas enérgicas y que por ello necesitan más investigación y recursos en geoingeniería. Todo forma parte del legado de manipulaciones que se hicieron en la COP16, realizada en Cancún, México, el año pasado.

El tema más controvertido entre el público es si habrá o no un nuevo período de compromisos de reducciones dentro del llamado Protocolo de Kyoto, cuyo primer período acordado terminará en 2012.  Estados Unidos nunca firmó este Protocolo –aunque es parte del Convenio y el mayor emisor global de gases de efecto invernadero del siglo XX; Canadá y otros países que son grandes emisores anunciaron que saldrán y no firmarán un segundo período, aunque las tímidas metas propuestas en el primero no se han cumplido y la crisis climática ha empeorado notablemente.  La Unión Europea no quiere aparecer como “irresponsables” y aceptan firmar un segundo período, pero ponen condiciones como no fijar metas vinculantes, sino solamente “promesas”.  Los países agrupados en el llamando G77 (son más de 130 de África, Asia y América Latina) presionan por un segundo período, y con Europa podrían alcanzar la mayoría requerida para lograrlo, pero Europa solo firmará si se aceptan sus propias condiciones, sin fijar metas de reducción obligatorias y otras. Es decir, las opciones son que se termine el protocolo de Kyoto, o que continúe como un cascarón sin contenido. En cualquier caso, favoreciendo siempre a los actores que son los mayores causantes de la crisis climática.  Para completar,  Estados Unidos propone que aunque termine el Protocolo de Kyoto,  se continúe con el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es parte del Protocolo y es la base de mercado de bonos de carbono. O sea, terminar cualquier compromiso legalmente vinculante, pero mantener las facilidades para los mercados de carbono.

Lo más grave sin embargo, es que con las “promesas” de reducción que han hecho los países más contaminantes desde Cancún, es seguro que el calentamiento global llegará a niveles insoportables en algunas décadas. Según resume Pablo Solón, ex embajador de Bolivia ante la ONU, usando estimaciones del propio Convenio y otras agencias de Naciones Unidas, se garantiza que la temperatura promedio aumentará 4 grados centígrados, lo cual producirá una enorme devastación de ecosistemas claves y tendrá un costo de millones de vidas humanas.

Mientras se soslaya el tema fundamental  –la necesidad de reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero, drásticas, en su fuente, y no mediante falsas “soluciones” como los mercados de carbono y otras– se avanzan otras negociaciones que tendrán gran impacto posteriormente, como introducir la agricultura y los suelos a los mercados de carbono.

En este contexto,  los que promueven la geoingeniería aprovechan para reafirmar que “ante la falta de avance en las negociaciones” y que la crisis climática está cada vez peor, hay que  considerar la geoingeniería.  El 2 de diciembre, la Sociedad Real del Reino Unido, en conjunto con el Fondo de Defensa Ambiental de Estados Unidos (EDF por sus siglas en inglés) y la Academia de Ciencias para el Tercer Mundo (que sin embargo tiene su sede en Italia), lanzaron en Londres y en Durban un informe titulado “Manejo de la radiación rolar: gobernanza de la investigación”. El reporte afirma que tal metodología, que implica desde blanquear nubes a crear nubes volcánicas artificiales a mega escala para desviar los rayos solares, sería una forma “barata y rápida” para bajar la temperatura planetaria, pero que podría también causar daños tan devastadores como los que se quiere combatir. Por ejemplo, alterar las lluvias y vientos en Asia y África, colocando en riesgo las fuentes de agua y alimentación de miles de millones de personas.  Reconocen que conllevan el riesgo de que tales tecnologías sean usadas unilateralmente por algún país o quien tenga los medios y la tecnología. Pese a todo esto que usando el sentido común demuestra que la geoingeniería sencillamente se debe prohibir, el reporte afirma que se debe investigar más para conocerla mejor “y prevenir que se use mal”, o que algunos países poderosos la usen como arma. De qué forma avanzar la geoingeniería prevendría que se desarrolle, no lo explican. Aunque eligieron un foro de Naciones Unidas para anunciar el informe, no recomiendan que las decisiones se tomen en la ONU sino que dan un menú de opciones, obviando que la ONU ya tiene dos moratorias de facto sobre geoingeniería.

El  grupo que coordinó el informe es financiado por los multimillonarios Bill Gates y Richard Branson a través de sus fundaciones. Ambos son explícitos promotores de la geoingeniería y financian a algunos de los científicos involucrados, que además tienen intereses comerciales en la geoingeniería.  Muchos son de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, tres de los países que sabotean cualquier negociación sobre cambio climático, creando así, también en este contexto, una profecía auto-cumplida.

*investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 3 de diciembre de 2011

Cuándo sus defensores hablan de la “economía verde”, gran parte de lo “verde” que tienen en mente es literalmente de color verde. Las hojas, brotes, ramas, algas, hierbas y otras materias vivientes que el planeta genera en aparente abundancia es ahora un blanco de primera línea para la explotación comercial, desde la visión industrial emergente de la llamada bio-economía (bio-based economy).  Para los nuevos bioindustriales de la economía verde, toda esa materia viva que antes se llamaba la “biodiversidad” tiene un nuevo nombre – hoy en día se lo conoce como “biomasa”. La Tierra produce 230 mil millones de toneladas de biomasa cada año y en las próximas décadas podemos esperar apropiaciones de tierras, batallas legales y guerras, a medida que las industrias y las naciones luchen por controlar el acceso a la última partícula de esta profusión verde.

Conozca la economía de la biomasa: un orden económico emergente basado en un simple cambio en la química. Pues, la economía mundial opera actualmente sobre la base de materias primas de hidrocarburos extraídos de las profundidades -principalmente carbón, petróleo y gas-. A medida que esas fuentes de “carbón negro” se vuelven más costosas, las empresas comienzan a ver mucho más atractiva la explotación del “carbono verde” de la biomasa, almacenada encima del suelo en los bosques, los campos agrícolas y los océanos.

En términos moleculares este carbono de la superficie es compuesto principalmente de carbohidratos (azúcares) como la celulosa. Los carbohidratos son como los hidrocarburos, pero con unos átomos adicionales de oxígeno. Es plenamente posible operar las economías industriales a base de carbohidratos, sin embargo también es posible usar la química y la biotecnología para transformar los carbohidratos en hidrocarburos: o sea, convertir árboles, cultivos o pastos en petróleo y plásticos a los que nuestra economía está adicta. Ese recambio tecnológico permite un giro de estrategia de las compañías petroleras, que recurren a la biomasa para producir los mismos productos que ya fabrican y para liquidar los bosques y tierras de cultivo, en lugar de hacer perforaciones en las profundidades del océano.

El cambio a la biomasa podría ser sumamente rentable. El cultivo, la cosecha, la comercialización y la transformación de la biomasa en productos y servicios comerciales ya está generando miles de millones de dólares. El Foro Económico Mundial estima que la economía de la biomasa tendrá un valor de unos 300 mil millones de dólares en 2020, pero la cifra real bien podría alcanzar medio billón de dólares.

Las industrias que ahora están adoptando el modelo de producción con biomasa incluyen desde empresas de química, las grandes petroleras, y corporaciones gigantes de la biotecnología, silvicultura y agroindustria, hasta los productores de perfumes, textiles, el sector de la construcción y el comercio de carbono: industrias cuyo valor neto total suma más de 17 billones de dólares. Un comercio mundial de la biomasa (astillas, aserrín y pellets o gránulos) está emergiendo muy rápidamente y para el año 2015 podría estar distribuyendo no menos de 19 millones de toneladas de biomasa. Las siguientes tres áreas industriales de la economía de la biomasa son las que más rápidamente están creciendo:

Bio-electricidad: La forma más económica y sencilla de extraer valor de la biomasa es quemarla. En la actualidad existe una ofensiva masiva en todo el sector eléctrico para reemplazar o complementar la quema de carbón, gas y petróleo para la generación de electricidad, con la quema de biomasa. Las plantas de generación de energía con biomasa suministran más de 54 GW de electricidad en todo el mundo en más de 50 países, consumiendo grandes cantidades de madera y otras materias primas.

Aparte de engullir grandes extensiones de bosques y plantaciones para satisfacer estas demandas, la quema de biomasa también presenta riesgos significativos para la salud de las comunidades situadas cerca de las plantas de energía. El humo de madera, por ejemplo, contiene muchos compuestos tóxicos, agrava las enfermedades respiratorias y libera partículas contaminantes peligrosas. Ya se cuenta entre 2,7 y 3 millones de personas que mueren anualmente a causa de la inhalación de humo de leña. Tampoco la quema de biomasa reduce las emisiones de dióxido de carbono, más bien produce incluso más CO2 en la chimenea por unidad de energía que el carbón que reemplaza. Eso es antes de evaluar la liberación de carbono por la tala de bosques, el cultivo de biomasa y el transporte de la materia vegetal. Teniendo en cuenta los costos de las emisiones de carbono para la producción y recolección de materias primas de biomasa, afirmar que la energía de biomasa es neutra -o incluso negativa- en emisiones netas de carbono, es simplemente un mito.

Biocombustibles: La producción de combustibles líquidos (los llamados biocombustibles o agrocombustibles) a partir de la biomasa es el arquetipo de la nueva bio-economía y también la parte más controvertida. Cifras del Banco Mundial revelan que hasta un 75% del aumento global en los precios de los alimentos en 2008, que provocó hambre y disturbios masivos a través del mundo, se debió a las políticas sobre biocombustibles de los EE.UU. y Europa que canalizaban maíz, soja y otros productos alimenticios hacia la producción de combustibles.

Hoy, el tren de los biocombustibles de nuevo arranca a todo vapor, con las inversiones dirigidas a los llamados “de nueva generación”. Estos incluyen a los biocombustibles extraidos de materias primas no alimentarias, como la caña de azúcar y la jatropha (un arbusto que produce nueces), biocombustibles avanzados que son hidrocarburos y se comportan de manera muy similar al petróleo, así como nuevos combustibles que se hacen de árboles, pastos y las partes leñosas de las plantas (llamados biocombustibles de celulosa), o de algas de estanque (combustible algal). Al menos 200 empresas están trabajando en el desarrollo de estos biocombustibles de “nueva generación” y las empresas más avanzadas están ahora bajo la propiedad o asociadas con las grandes empresas petroleras como Shell, BP, Chevron, Total y Exxon. Muchas de ellas también están empleando una forma extrema de ingeniería genética, de alto riesgo, conocida como biología sintética, donde microbios artificiales se utilizan para fermentar la biomasa en combustibles.

Bio-químicos y plásticos: Si no es ético convertir los alimentos en combustibles, debería ser doblemente motivo de preocupación que se conviertan en bolsas de plástico y botellas de champú, pero esa es exactamente la estrategia seguida por la industria química. El Foro Económico Mundial predice que el 9% de todos los productos químicos se fabricarán a partir de biomasa en lugar de petróleo, para el año 2020, con el sector de bioplásticos a la cabeza. Se estima que cerca de 3.2 millones de toneladas métricas de plásticos tendrán una base biológica para el año 2015. ADM, Cargill, Coca Cola, Procter and Gamble y otras están impulsando el mercado de los bioplásticos. Los venden como una opción “verde” para los consumidores, a pesar de que muchos bioplásticos no pueden ser reciclados ni son biodegradables, y en algunos casos llevan la misma amenaza de toxicidad que los plásticos a base de petróleo.

Una amenaza a los ecosistemas

En el contexto de la economía verde, es importante reconocer que lo que parece un recambio bien intencionado del uso de las materias primas fósiles, es en realidad un acaparamiento: de tierras, medios de subsistencia y ecosistemas. El abastecimiento de biomasa para un cambio tan importante en la economía global va a requerir la conversión de grandes extensiones de tierra para la producción de materia prima de biomasa -particularmente la expansión de monocultivos de caña de azúcar y de celulosa- un cambio de las prioridades agrícolas de los alimentos a nuevos cultivos de rápido crecimiento como el miscanthus y el bambú y un gran aumento en el cultivo de algas en los desiertos y las regiones costeras.

La biomasa no está distribuida uniformemente en todo el planeta. El 86% de la producción anual de biomasa se encuentra en los trópicos, por lo que es a las zonas tropicales de América Latina, África Subsahariana y el Sudeste de Asia que los nuevos dueños de la biomasa están volcando su atención. El Banco Mundial calcula que el 21% de la apropiación de tierras en el mundo en los últimos años es impulsado por la necesidad de tierra para cultivar materias primas de biomasa. Mientras tanto, las comunidades que viven en la selva están reportando un aumento de la destrucción de los bosques para producir astillas de madera para el nuevo comercio de biomasa. A medida que las comunidades tradicionales son desplazadas de sus tierras, a veces a la fuerza y con violencia, la nueva economía industrial de la biomasa desaloja formas de sustento más antiguas y verdaderamente sostenibles, basadas en la biomasa.

Por supuesto, a la nueva industria de la biomasa le gusta presentarse como “sostenible” y basada solo en recursos renovables abundantes; sin embargo, la civilización humana ya se apropia del 24% de toda la biomasa mundial y el resto no es suficiente para cumplir con las tareas de limpiar el aire, mantener el ciclo del agua, capturar el carbono y proporcionar las funciones ecológicas esenciales requeridas para mantener la integridad ecológica. De acuerdo con una forma de medición (La Huella Global), ya estamos usando un 50% más de la cantidad de biomasa que se puede eliminar de forma sostenible de los ecosistemas del planeta. Para el año 2050 probablemente se elevará al doble la cantidad de biomasa cuya eliminación sería sustentable. Es una proposición insostenible, que acumulará una deuda ecológica de la que la naturaleza no tiene ninguna manera de resarcirse. Lejos de salvar el planeta, la defensa central de biomasa en la visión de la economía verde podría profundizar en forma catastrófica nuestras crisis ambientales, a la vez que despojar a las mismas comunidades que ofrecen un modelo de vida de utilidad real, con base biológica. (Traducción ALAI).

Jim Thomas – es miembro del Grupo ETC, capítulo Canadá.

Para una mirada más profunda a la amenaza de la economía de la biomasa, consulte: “Los nuevos amos de la biomasa. Biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad.” http://www.etcgroup.org/es/node/5253

Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011

A 20 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra o Eco´92) se realizará una nueva conferencia global, en junio 2012, en Río de Janeiro, Brasil. Río+20, como se le llama, ocurrirá en medio de las mayores crisis globales del siglo: devastación ambiental y erosión de la biodiversidad, crisis climática, crisis económica y financiera, crisis alimentaria, crisis de salud.

Aunque Río+20 debería revisar los compromisos asumidos, el estado de los problemas y estrategias reales para resolverlos, los temas en la agenda son economía verde y nuevas formas de gobernanza ambiental global. Si el término “desarrollo sustentable”, era ambiguo y se prestó a abundante manipulación, la sustitución por “economía verde” señala un enfoque aún más estrecho, que privilegia a quienes dominan los mercados.

Lejos de una reunión anodina de Naciones Unidas, Río+20 se anuncia como un escenario de disputa, porque podría ser clave para un reordenamiento discursivo y geopolítico global, consolidando nuevos mercados financieros con la naturaleza y más control oligopólico de los recursos naturales, legitimando nuevas tecnologías de alto riesgo y creando las bases de una nueva estructura de gobernanza ambiental global que facilite el avance de una “economía verde” en clave empresarial.

¿A qué se refiere la economía verde?

Para muchas personas y organizaciones, “economía verde” puede tener un significado positivo, asociado a producción agrícola orgánica, energías renovables, tecnologías limpias. En los movimientos existe una diversidad de propuestas de economías alternativas, socialmente justas, culturalmente apropiadas y ecológicamente sustentables. Sin embargo, la noción de “economía verde” que se está manejando desde los gobiernos va por un camino opuesto. Se trata básicamente de renovar el capitalismo frente a las crisis, aumentando las bases de explotación y privatización de la naturaleza.

Ya en la Eco´92 las trasnacionales empleaban maquillaje verde. Intentaban hacer una cortina de humo sobre su responsabilidad en la devastación ambiental, apoyando proyectos de conservación o “educación” ambiental, sellos verdes, etc. Pero sobre todo, afirmando que no había necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo, ya que con tecnología para mayor eficiencia energética y otras, se podía llegar a soluciones de “ganar-ganar”, donde las empresas seguirían lucrando mientras mejoraban el ambiente con negocios “verdes”.

El planteo de la nueva economía verde sigue este camino, pero es más preocupante, tanto por la expansión de la mercantilización de la naturaleza y los ecosistemas –y el impacto en los pueblos que dependen de ellos­–, como porque las nuevas tecnologías a las que se refieren ahora, explícitamente o no, –como nanotecnología, transgénicos, biología sintética­, geoingeniería– implican enormes riesgos.

Oficialmente verde

El concepto “economía verde” es ambiguo y no hay consenso tampoco entre los gobiernos. Un antecedente recurrente en las discusiones oficiales hacia Río+20 es la Iniciativa sobre Economía Verde del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Allí se enmarca el “Nuevo acuerdo verde global”, planteado por ese organismo en 2008, del que se hicieron eco Obama y otros mandatarios, como una respuesta de “ganar-ganar” a las crisis. Plantea enfrentar la crisis financiera y climática redirigiendo las inversiones al “capital natural”, dando estímulos fiscales a empresas para energías “limpias” (como agrocombustibles), ampliar los mercados de carbono. Brasil, que ya tenía amplias inversiones en esos sectores y muchos recursos naturales para meter a los mercados, propuso que la economía verde fuera tema central de la conferencia Río+20, lo cual fue posteriormente aprobado por Naciones Unidas.

Dentro de la Iniciativa sobre Economía Verde, el PNUMA publicó en 2009 el informe del proyecto TEEB (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad, por sus siglas en inglés) y en 2011, el extenso reporte “Hacia una economía verde”, dividido en tres secciones: inversiones en capital natural (agricultura, agua, bosques, pesca); inversión en eficiencia energética y uso de recursos (energías renovables, industria manufacturera, basura, construcción, transporte, turismo, ciudades) y transición a la economía verde (financiamiento y condiciones políticas favorables).

Significativamente, tanto el informe sobre economía verde como el TEEB, son coordinados por Pavan Sukhdev, un alto ejecutivo de la banca trasnacional. Reflejan su lógica de poner precio –aunque lo llamen valor– a toda la naturaleza y sus funciones. Sukhdev es ejecutivo del Deutsche Bank y trabajó anteriormente el tema de la valuación económica de la biodiversidad para el Foro Económico de Davos.

El proyecto TEEB surgió en 2007 a partir de una reunión del G8+5. Los cinco gobiernos “agregados” a las potencias globales, eran Brasil, China, India, México y Sudáfrica –todos gobiernos de países megadiversos interesados en comerciar con la biodiversidad de sus países. Con la crisis financiera, la mercantilización de la naturaleza que entraña TEEB, destaca como tabla de salvación frente al naufragio de los mercados especulativos. Sukhdev llama a la biodiversidad un nuevo “mercado multibillonario”.

Estos y otros planteos similares sobre economía verde se apoyan en tres grandes pilares: a) una mayor mercantilización y privatización de la naturaleza y los ecosistemas, integrando sus funciones como “servicios” a los mercados financieros, b) la promoción de nuevas tecnologías y la vasta expansión del uso de biomasa y c) un marco de políticas que permitan y premien todo eso, es decir lo que los gobiernos y las sociedades deberíamos hacer para que las empresas puedan hacer ganancias con los dos anteriores.

Privatizando el aire

Un componente temprano del paquete propuesto por la economía verde es el pago por servicios ambientales (PSA) o servicios ecosistémicos. Incluyen el pago por servicios ambientales forestales, hidrológicos, paisajísticos y de bioprospección (biopiratería). Conllevan la redefinición de las funciones de la naturaleza y la biodiversidad como “servicios”, para poder mercantilizarlos. (1) Los PSA han significado muchos conflictos entre grupos indígenas, campesinos, dentro y entre comunidades, ya que promueven la competencia por quien llegue primero a comerciar bienes compartidos. Los esquemas de PSA requirieron inventar “dueños” (lugar que ocuparon ONG o grupos dentro de las comunidades) de las funciones ecosistémicas, de los conocimientos sobre biodiversidad, de los cuidados tradicionales del agua, cuencas y bosques, porque siempre han sido bienes comunes y colectivos que no se podían mercantilizar.

En muchos casos, los PSA comenzaron con préstamos del Banco Mundial –deuda pública a pagar por todos– con el objetivo expreso de crear mercados de servicios ambientales. A éstos siguieron mercados secundarios de servicios ambientales, altamente especulativos. Los PSA significaron que una transnacional –que quizá nunca estuvo en el lugar– pueda terminar decidiendo sobre el territorio, el agua o la biodiversidad de comunidades indígenas y campesinas de países del Sur.

Basados en esas experiencias, surgen los programas REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada), cuya aprobación en el Convenio de Cambio Climático en diciembre 2010, abrió de un plumazo todos los bosques del planeta a los mercados financieros especulativos.

La hipótesis de REDD es que para parar la deforestación –factor grave de crisis climática– hay que compensar económicamente a los que deforestan. No evitar la deforestación, sino pagar a los que lo hacen. Por eso se llama deforestación “evitada”: primero hay que deforestar, para luego vender el dejar de hacerlo. Otro típico escenario de “ganar-ganar”. Quienes más se benefician de estos programas, son los que más bosque y selva hayan destruido. Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando un 10 por ciento del área que piensan deforestar, puedan recibir créditos de carbono o pagos por “deforestación evitada”.

Al programa original se agregaron compensaciones por “acrecentar los inventarios de carbono” y por “conservación” y “manejo sustentable del bosque”. En el primer caso, se trata de luego de deforestar, plantar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades. Pero lo más perverso de este mecanismo, es lo que llaman “conservación y manejo sustentable”, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y forestales de sus derechos y territorios, ofreciéndoles pago por el aire de sus bosques.

Como REDD “se paga”, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono debe ser “verificable”, es decir, definido por agentes externos a las comunidades, que deben pagar caro a “expertos”, para que les digan qué pueden hacer o no en sus propios bosques y territorios. Las empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases de efecto invernadero compran la capacidad de absorción de carbono de los bosques, para seguir contaminando exactamente igual que antes, pero ahora con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en alguna parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones. A su vez, los bonos de carbono obtenidos entran en un mercado secundario donde la misma empresa puede revenderlos a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero extra. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono es en especulación secundaria, es decir la venta y re-venta de, literalmente, puro aire.

En general, todos los esquemas de comercio de carbono se dirigen a mercados especulativos, que es un mercado mucho mayor que los mercados primarios. Ahora está también en juego, en el Convenio de Cambio Climático, la inclusión de los suelos y la agricultura –que es base de la alimentación mundial– como un gran sumidero de carbono a meter en la especulación financiera.

Algunas organizaciones creen que estos programas son un reconocimiento a los aportes de comunidades indígenas y campesinas por cuidar el ambiente y frenar el cambio climático, y que por eso está bien que existan. La experiencia demuestra que los impactos sobre las comunidades de estos esquemas de mercantilización de la naturaleza y sus funciones, han sido mucho peores que cualquier pago que reciban algunos. Pero lo más grave, es la aceptación de que los ecosistemas, la naturaleza, la biodiversidad, los saberes, se transformen en mercancías al mejor postor, dejando a la arbitrariedad y afán de lucro de las empresas que decida si se reconoce un aporte esencial para la existencia de todos.

En lugar de un reconocimiento social auténtico del papel fundamental, histórico y presente, de las comunidades indígenas, campesinas y locales en el cuidado de la biodiversidad y la producción de alimentos diversos y sanos para la humanidad, que debería traducirse en el apoyo al ejercicio efectivo de sus derechos integrales –incluyendo derecho a la tierra y territorio, a las culturas y formas diversas de economía y política–, la economía verde privatiza y mercantiliza la naturaleza, sustituyendo los derechos por transacciones comerciales, y lo que deberían ser políticas públicas, por una competencia de mercado.

Tsunami tecnológico ¿verde?

El otro pilar fundamental de la economía verde se basa en el uso de nuevas tecnologías. La propuesta tecnológica es particularmente importante frente a las crisis, porque revitaliza la industria productiva con fuentes de ganancias extraordinarias y afirma la ilusión de que no es necesario revisar las causas de las crisis: todo se puede resolver con más tecnología.

Las patentes sobre tecnologías –también las necesarias para energías renovables, como eólica y solar– están en su casi totalidad en manos de grandes empresas, que defienden ferozmente sus monopolios y no están dispuestas a discutir la derogación de éstas, en ninguna economía, verde o de otro color. Menos aún si se trata justamente de aumentar sus mercados.

De todas formas, ni siquiera estas energías consideradas amigables con el ambiente son apropiadas en todas partes y mucho menos cuando se aplican como megaproyectos de trasnacionales, abusando de territorios indígenas. Además, implican a menudo el uso de materiales basados en nanotecnología, una industria ampliamente difundida, que pese a cientos de estudios que muestran toxicidad de nanopartículas y nanocompuestos en salud y ambiente, no están reguladas en ninguna parte del mundo, ni se conoce el verdadero costo energético en el ciclo de vida completo de los productos nanotecnológicos, ni la basura tóxica que generan, entre otros factores.

Otra nueva tecnología subyacente a propuestas de la economía verde es la biotecnología, que implica desde más cultivos transgénicos para agrocombustibles y “resistentes al clima”, hasta biología sintética, es decir la construcción en laboratorio de genes, pasos metábolicos o microbios sintéticos enteros, para producir nuevas sustancias industriales. Los usos más inmediatos refieren al procesamiento de celulosa, que antes no era viable por demasiado ineficiente y costosa. Con microbios producto de la biología sintética, es posible procesar cualquier fuente de carbohidratos –como celulosa– para hacer polímeros que se pueden convertir en combustibles, farmacéuticos, plásticos u otras sustancias industriales. De pronto, toda la naturaleza, todo lo que esté vivo o lo haya estado, es visto como “biomasa”, la nueva materia prima universal para procesar con biología sintética. La disputa industrial por acaparar cualquier fuente de biomasa natural o cultivada está en marcha y es una de las mayores amenazas nuevas a la naturaleza y los pueblos.(2)

También propuestas tecnológicas como la geoingeniería, es decir la manipulación deliberada del clima del planeta, convergen en la economía verde con algunas de sus tecnologías, como el uso masivo de biomasa para quemar y fertilizar el suelo como sumidero de carbono (biochar), las grandes plantaciones de monocultivos o la fertilización de los mares para absorber carbono.

Frente a los riesgos de estas nuevas tecnologías, el grupo ETC plantea establecer un mecanismo multilateral de evaluación previa ambiental, social, económica y cultural de las tecnologías, con participación real de la sociedad civil y los potenciales afectados, antes de que lleguen a los mercados. Tecnologías extremadamente peligrosas y con alto potencial bélico, como la geoingeniería, deben ser prohibidas.

En lugar de esta “economía verde”, lo que necesitamos es justicia social y ambiental. En todo el mundo los movimientos sociales tienen diversidad de propuestas para ello. Y además de propuestas, contundentes realidades, como que la producción campesina e indígena da de comer a la mayoría del planeta y ya está “enfriando” el planeta.

Silvia Ribeiro es miembro del Grupo ETC.

Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011

1. Ver “Aire no te vendas”, Camila Montecinos, Grain, 2005, http://www.grain.org/article/entries/1015-aire-no-te-vendas

2. Sobre la economía de la biomasa, ver artículo de Jim Thomas en esta misma publicación

El Reino Unido anunció que en octubre 2011 comenzará un experimento unilateral de geoingeniería, es decir, de manipulación climática. Es la primera parte de un proyecto mucho mayor para inyectar partículas azufradas en la estratósfera, creando una especie de nube volcánica artificial, para desviar parte de la radiación solar que llega a la tierra, supuestamente para bajar la temperatura.

El experimento contradice el espíritu de la moratoria que estableció Naciones Unidas contra la geoingeniería en 2010 y muestra claramente la intención del Reino Unido, al igual que Estados Unidos y unos pocos países más, de avanzar unilateralmente la manipulación climática, algo que aumentará más el caos climático global, con impactos potenciales muy graves sobre otros países.

Pese a ello, los promotores de la geoingeniería defienden estos remiendos tecnológicos a mega escala, argumentando que aunque no se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, ellos pueden resolver técnicamente el problema, bajando la temperatura global a la fuerza. O sea podrían seguir calentando el planeta, evitar cumplir con compromisos internacionales de reducción y crear nuevos negocios basados en tecnologías extremadamente peligrosas.

El experimento que plantea el Reino Unido consiste en colocar una manguera de 1 kilómetro de largo que apunta al cielo, sostenida en el aire por un enorme globo inflado con helio por la cual arrojarán agua de mar. Afirman que ahora no van diseminar partículas azufradas, porque la prueba es para ver si el mecanismo funciona. El objetivo es luego hacer lo mismo a mayor altura y entonces sí, diseminando compuestos químicos tóxicos. Es parte del proyecto SPICE Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering (Inyección estratosférica de partículas para la ingeniería del clima) financiado por el Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas con 1,6 millones de libras esterlinas, coordinado por la Universidad de Bristol con participación de científicos de esa universidad y las de Cambridge y Oxford.

Aunque por ahora el experimento parece más ridículo que peligroso, no hay nada de gracioso en que se estén usando recursos para avanzar la manipulación climática, a despecho de las preocupaciones de la vasta mayoría de los países, particularmente los del Sur, que son los que más sufren los impactos de la crisis climática y ahora sufrirán los de la manipulación climática. El clima es un sistema global, del que dependemos todos y todo, no de los que tienen el dinero y la falta de escrúpulos para manipularlo.

La manipulación climática en “pequeña” escala ya tienen gravísimos impactos. En varios países de América Latina (además de otros continentes) hay empresas que manipulan el tiempo atmosférico, produciendo sequías o lluvias, según los intereses de lucro de industrias y grandes hacendados que “compran el servicio”.

Hay casos dramáticos por todo el continente, de empresas agrícolas que usan cañones con químicos y otros métodos para producir sequía, con consecuencias devastadoras para las comunidades aledañas. Por ejemplo, la empresa Nintanga S.A. en Ecuador produce intencionalmente sequía por de más de 8 meses para beneficiar sus cultivos de brócoli en Cotopaxi, Ecuador, dejando a varias comunidades campesinas sin las bases mínimas para su sustento. Casos similares ocurren en México, Chile, Argentina, Colombia y muchos otros países, sin ningún control y solamente por el lucro que consiguen grandes hacendados y empresas exportadoras de hortalizas. También, inspirados en los métodos usados por Estados Unidos en la guerra de Vietnam (como la operación Popeye, ahora conocida por documentos desclasificados), se “siembran nubes”, inyectando ioduro de plata en las nubes para provocar lluvia, para eliminarla de ciertos lugares o precipitarla en otros donde no caería. En todos los casos, la disrupción del equilibrio natural de las lluvias tiene impactos sobre muchos otros que no decidieron sobre ello y dependen del equilibrio del clima para su subsistencia. Como lamentablemente este método se usa hace ya tiempo, la Organización Meteorológica Mundial ha observado que en ciertas zonas está cambiando permanentemente los patrones de lluvia, vientos, temperatura, con consecuencias regionales y globales.

El experimento actual del Reino Unido, es una forma de geoingeniería que llaman “manejo de la radiación solar”, no dirigida a lugares focalizados, sino con la intención (indescriptiblemente arrogante) de “manejar” los efectos del sol sobre la tierra. Sobre este tipo de propuestas, existen análisis de meteorólogos y climatólogos reconocidos, que advierten que la caída de las partículas usadas tendrá efectos tóxicos en fauna y flora de extensas áreas y en cientos de miles de humanos, con efectos similares al descenso de partículas de las nubes volcánicas. Además, aseguran que para lograr desviar la radiación solar en forma permanente y en la dimensión para afectar la temperatura global, se desequilibrarán los regímenes de lluvia y viento, afectando las bases de sustento de 2000 millones de personas en Asia y África.

No existe ninguna forma de geoingeniería que sea tan “pequeña” que no tenga impactos sobre otros que no decidieron sobre su uso. En todos los casos se trata de que los que tienen dinero, la usarán a su favor, a costa de los intereses de los demás. Urge profundizar la moratoria, convirtiéndola en una prohibición global a la geoingeniería.

*investigadora del Grupo ETC
Más información en el informe “Geopiratería” (www.etcgroup.org)

Publicado en La Jornada, México, 10 de septiembre de 2011

Avanza uno de los más increíbles ataques a los bienes comunes del planeta y la humanidad: la privatización del aire.  La principal herramienta para ello es un mecanismo llamado cínicamente REDD (Reducción de emisiones por deforestación y/o degradación evitada de bosques), que está entre los puntos clave que promueve el gobierno mexicano en las negociaciones internacionales sobre el clima.

La propuesta de los programas REDD es que como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes dejen de deforestar. Por ello se llama deforestación “evitada”: primero hay que deforestar, para luego vender el dejar de hacerlo. Un típico escenario “ganar-ganar”, como dicen los empresarios y sus ONG amigas. Ganan los talamontes al deforestar y ganan por dejar de hacerlo. Quienes más se benefician de estos programas, son los que más bosque y selva hayan destruido.  Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando apenas un 10 por ciento del área original, se cuente como “deforestación evitada”.

Al programa original se le agregaron versiones llamadas REDD++, que incluyen pagos por “acrecentar los inventarios de carbono” y pagos por “conservación” y “manejo sustentable del bosque”.  En el primer caso, se trata de además de deforestar, establecer en su lugar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades.

Lo más perverso de este mecanismo, es lo que llaman “conservación y manejo sustentable”, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus derechos y territorios.
La propuesta de REDD es que “como se paga”, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono, debe ser “verificable”, es decir, definido por agentes externos a las comunidades. Para las comunidades y ejidos, significa pagar caro a “expertos” para que les digan qué pueden o no hacer en sus propios bosques y territorios y firmar “voluntariamente” (o engañados por instituciones gubernamentales y ONG que gestionan estos programas) la alienación de su manejo autónomo del territorio, para poder cobrar unos pesos por la supuesta capacidad de absorción de sus bosques. Esa capacidad la compran empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases de efecto invernadero, para seguir contaminando con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en otra parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones.  A su vez, esto entra en un mercado secundario de créditos de carbono donde la misma empresa puede revender a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero extra. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono  es la especulación secundaria, es decir la venta y re-venta de, literalmente, puro aire.

Este tipo de mercantilización y especulación ya existía antes de REDD, con el pago y comercio de servicios ambientales. Con REDD, se trata de consolidar globalmente una nueva forma de “derechos de propiedad”.  No la propiedad directa del bosque, sino la de “derechos de emisión” de éstos, para comerciarlos en un mercado altamente especulativo.
Así, las empresas más criminales del planeta, además de devastar enormes zonas con sus actividades, calentar el planeta y maquillarse de verde con esta compra de “créditos de carbono”, reclamarán la propiedad de facto de los bosques, porque aunque las comunidades sigan teniendo sus títulos de propiedad, no podrán tocarlos ni decidir nada sobre ellos.

Un ejemplo reciente: el 7 de septiembre, la Red Indígena Ambiental y Amigos de la Tierra Internacional, denunciaron que el proyecto REDD más grande hasta el momento, 100,000 hectáreas en Rimba Raya, Borneo, es financiado por la Shell, Gazprom y la Fundación Clinton.  En realidad no es”financiación” sino inversión, ya que Shell y Gazprom seguirán lucrando con sus actividades contaminantes (que producen más calentamiento global) y además, ganarán millones de dólares con la venta de esos créditos de carbono en el mercado secundario. Reuters estimó que en ese proyecto se podrían captar más de 750 millones de dólares en 30 años.

Tom Goldtooth, de la Red Indígena Ambiental declaró: “Shell  ya cometió genocidio del pueblo Ogoni en Nigeria y ecocidio de la cuenca del Níger. REDD hace posible que ésta y otras empresas sigan con la extracción de combustibles fósiles mientras siguen destruyendo el clima y a los pueblos indígenas. La mayoría de los bosques del mundo están en territorios indígenas. Los proyectos tipo REDD han resultado en despojos de tierras, violaciones de derechos humanos, amenazas a la sobrevivencia de nuestras culturas, militarización, engaños y servidumbre.”

En México, los que promueven este lucrativo negocio de las transnacionales junto al gobierno, antes gestionaban contratos de biopiratería, luego metieron a comunidades a la venta de servicios ambientales y ahora, consecuentemente, promueven REDD++.
Por todo esto, la Vía Campesina en su llamamiento a movilizarse frente a las negociaciones sobre el clima que se realizarán en diciembre en Cancún, llama a denunciar y oponerse a los programas REDD y a los mercados de carbono, una demanda que también expresó claramente la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático en Cochabamba.

*investigadora del Grupo ETC

Blanquear nubes, fertilizar el océano, tapar el sol, inyectar nanopartículas de azufre en la estratosfera, abrillantar los mares, “sembrar” miles de árboles artificiales, plantar millones de árboles para quemar como carbón y enterrarlos como “biochar”, invadir las tierras con mega-plantaciones de transgénicos súper brillantes para reflejar los rayos solares… Suena como lista de delirios, pero son algunas de las propuestas “serias” de los que propugnan por la geoingeniería como solución a la crisis climática.

La geoingeniería se refiere a la manipulación intencional de grandes trozos del planeta para, supuestamente contrarrestar el cambio climático. Hasta hace poco era considerada ciencia ficción. Ahora, poderosos intereses económicos y políticos, presionan por llevarla a la práctica. En el último año, varias instituciones científicas de renombre –como la Sociedad Real del Reino Unido– se han prestado a publicar informes sobre geoingeniería, con escasa o nula participación de científicos críticos, concluyendo que “se debe financiar con recursos públicos la investigación y experimentación de la geoingeniería”.

Los científicos que promueven la geoingeniería alegan que como los políticos no se ponen de acuerdo para enfrentar el cambio climático, hay que tener preparado un “plan B”. Reconocen que implica enorme riesgos, pero según ellos, no hay otra salida. Después del fracaso de la cumbre del clima en Copenhague, paradójicamente provocado por los mismos gobiernos y empresas que causaron el cambio climático, científicos provenientes de esos mismos países convergen en decir que la democracia no es útil para enfrentar las crisis. Proclaman que ellos tendrán que salvar al planeta y a la humanidad, aunque sea a la fuerza y contra nuestra voluntad. James Lovelock, famoso científico preocupado por el ambiente, declaró que “habrá que poner la democracia en pausa” ( The Guardian, 29/3/10). Para él, la única alternativa es manipular el clima con geoingeniería. Lo mismo expresa el científico canadiense David Keith, que en enero 2010 publicó en la revista Nature que urge “manejar la radiación solar”, inyectando nanopartículas azufradas en la estratosfera, para que desvíen los rayos del sol. Esto imitaría la nube que se forma en una erupción volcánica, y quizá bajaría la temperatura global (teóricamente lo que sucedió con la erupción del volcán Pinatubo en 1991). Tendría muchos y gravísimos impactos y efectos colaterales no deseados, sobre todo en regiones al sur del mundo, muy lejos de los países de Keith y Lovelock, pero como aclara Keith “el manejo de la radiación solar tiene tres características esenciales: es rápida, barata e imperfecta”. Pese a eso, Keith aboga por experimentar con geoingeniería en campo a la brevedad, sin que haya intromisión de Naciones Unidas u otro tipo de supervisión multilateral, que solamente demorará lo que algunos científicos y unos cuantos hombres ricos y empresas pueden hacer sin que los molesten las instancias democráticas internacionales.

La semana pasada salió a luz el proyecto de otros científicos, financiados con dinero de Bill Gates, para experimentar el “blanqueo de nubes”, inyectando agua del mar desde barcos no tripulados en una superficie de 10 mil kilómetros cuadrados de océano. (www.etcgroup.org/es/node/5138). Argumentan que es “barato” y solamente un experimento. Pero en rigor, la etapa “experimental” no existe en geoingeniería. Para tener algún efecto sobre clima debe ser a mega-escala. Los que proponen blanquear las nubes para aumentar el reflejo de la luz del sol, reconocen que habría que cubrir cerca de la mitad del Océano Pacífico con barcos que lancen agua de mar a las nubes, para quizá tener algún efecto sobre el clima. No son sólo científicos los que proponen la geoingeniería. Ellos proveen el discurso y las “capacidades” a los más interesados: grandes capitales y trasnacionales, sobre todo empresas que hasta ahora negaban el cambio climático porque son los principales culpables (como petroleras, de carbón, energía). Ahora ven en la geoingeniería no como plan B, sino como plan A. Para ellos y gobiernos como Estados Unidos y Reino Unido, la geoingeniería es la solución “perfecta” al cambio climático: no hay que cambiar nada, se puede seguir contaminando y emitiendo gases de efecto invernadero, porque podrían enfriar el planeta permanentemente, lo cual además les reportará lucros adicionales.

El discurso de que “todos” somos igualmente responsables de las crisis climáticas y ambientales y que la democracia no sirve, les viene de perillas para tener aún más impunidad. Ahora hasta parece que nos están salvando. Frente a estas tropelías, se creó en el marco de la reciente Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en Cochabamba, la campaña “No manipulen la tierra”, que ya cuenta con la adhesión de más de 100 organizaciones y grandes redes internacionales de ambientalistas, campesinos, indígenas y otras. La demanda central es prohibir la geoingeniería y cambiar las causas reales de la crisis climática. (handsoffmotherearth.org) Un primer logro a nivel internacional, es que un cuerpo de asesoramiento científico técnico de Naciones Unidas, acordó el 14 de mayo 2010, en Nairobi, Kenya, recomendar al Convenio de Diversidad Biológica establecer una moratoria sobre la geoingeniería, por los impactos que puede tener sobre la biodiversidad y las formas de vida relacionadas a ella. Un primer paso de una lucha que será dura, pero que cada vez cuenta con una oposición mayor desde todos los rincones del planeta. *Investigadora del Grupo ETC

Publicado por La Jornada, México, 22 de mayo de 2010

Tiquipaya, Bolivia. Más de 35 mil personas respondieron a la convocatoria que lanzó Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), en Cochabamba, del 19 al 22 de abril. La tercera parte vino de 142 países en cinco continentes. La mayoría de los participantes fueron movimientos sociales, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres, ambientalistas, pescadores. También acudieron representantes de gobierno de 47 naciones, académicos, intelectuales, activistas, artistas, músicos. Se debatió intensamente en 17 grupos de trabajo convocados por los organizadores y 127 talleres autorganizados.

Además, una de las grandes federaciones indígenas de Bolivia: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), llamó con otras agrupaciones a la “Mesa 18″ para tratar temas que no veían reflejados en la agenda de la conferencia, como la crítica a proyectos mineros, de gas y petróleo.

La convocatoria a esta cumbre rebasó todas las expectativas, tanto en número como en contenido, convirtiéndose en un hito histórico en el debate internacional sobre la crisis climática. Ante las maniobras de los gobiernos poderosos en Copenhague, Bolivia convocó a las bases de las sociedades del mundo a manifestar sus posiciones y plantearlas a los gobiernos. Ambas cosas sucedieron en forma contudente. También se afirmaron las redes e interacciones entre los movimientos, con una sana distancia de las propuestas de crear nuevas redes globales, ahora sobre crisis climática. Esto quedó para discutir entre los movimientos: la mayoría no considera que se necesita una nueva estructura, sino más interacción y complementación.

Se creó sí, una base común para la compresión, el análisis crítico y las estrategias frente a la crisis climática, enriquecida por diversas perspectivas desde muchas culturas, pueblos, organizaciones temáticas y sectoriales del continente y el mundo. El Acuerdo de los Pueblos en Cochabamba refleja esto (www.cmpcc.org) .

Hubo rechazo enérgico y repetido al “Entendimiento de Copenhague” que quiso imponer una veintena de países –los mayores responsables de la crisis climática– en diciembre pasado. Los cínicos “compromisos” que allí se firman significarían un aumento de la temperatura hasta de cuatro grados, una catástrofe anunciada para los pueblos del Sur. La CMPCC exige detener el calentamiento “descolonizando la atmósfera”, con una reducción de 50 por ciento de las emisiones de gases de los países industrializados en su fuente, no mediante mecanismos de mercados de carbono, a los cuales se opone en todas sus variantes. Rechaza también los mecanismos llamados REDD, que bajo el título de reducir la deforestación, en realidad la aumentarán y provocarán la alienación del manejo de los bosques por las comunidades y pueblos, además de promover los monocultivos de árboles, que no son bosques, sino agravantes de las crisis.

Enmarcando todo esto, se plantea una denuncia de las causas reales de la crisis climática planetaria. “Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza, que se aceleró con la revolución industrial. El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma”, expresa el Acuerdo de los Pueblos.

Condena la agricultura industrial y las corporaciones de los agronegocios –directamente responsables de cerca de la mitad de las emisiones que causan la crisis climática–, así como los mecanismos y propuestas que apoyan el avance de las trasnacionales y la devastación de la Madre Tierra, como los tratados de libre comercio y la introducción de nuevas y riesgosas tecnologías, como transgénicos, tecnología terminator, nanotecnología, geoingeniería y agrocombustibles.

“Denunciamos cómo el modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios, expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, continúa el Acuerdo de los Pueblos.

La declaración de la “Mesa 18“ enfatiza estos mismos aspectos, criticando políticas extractivistas y proyectos de explotación de hidrocarburos y mineros del gobierno boliviano. Aclara que su iniciativa no fue “una tribuna para desacreditar al gobierno ni para socavar la legitimidad de un cónclave del que nos sentimos parte… (se trata de) formular propuestas que ayuden a enderezar el rumbo del proceso de cambio, asumiendo la responsabilidad de defenderlo y protegerlo, porque ha sido concebido por el movimiento popular boliviano en muchos años de lucha”.

La CMPCC plantea también estrategias y propuestas, como el reclamo de la deuda ambiental, la creación de un tribunal internacional de justicia climática, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. La de más largo alcance sigue siendo implementar la soberanía alimentaria, basada en formas de vida y producción campesinas, indígenas y locales, que es el principal factor que enfría el planeta y el que puede volverlo al equilibrio, además de promover la justicia social y la biodiversidad.

Todo esto y más llegará a Cancún, donde las negociaciones oficiales sobre el clima sesionarán en diciembre. Pero sobre todo, ya está entre los movimientos sociales de todo el mundo.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La jornada, México, 24 de abril de 2010