Los resultados de la conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad, especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático, mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis. Como denunció la red internacional Justicia Climática Ahora, significó el establecimiento de un apartheid climático global para mantener los privilegios de una minoría a costa de todos los demás.

El problema nodal es la ausencia de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que llevará a un aumento mínimo de 4 grados en la temperatura media global en tan sólo unas décadas. En el último siglo, el capitalismo industrial provocó un aumento de la temperatura promedio de 0.8 grados centígrados, que se traduce en desarreglos climáticos, como huracanes, sequías, inundaciones, menor rendimiento de cultivos, derretimiento de glaciares y de hielos permanentes que liberan grandes cantidades de metano, gas que tiene 20 veces peor efecto invernadero que el dióxido de carbono. Según los reportes científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para que el aumento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados al 2100, es necesario reducir las emisiones de gases de 25 a 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Un aumento de 2 grados tendría consecuencias devastadoras para muchos países, incluso podrían desaparecer estados insulares. Cuatro grados es más de lo imaginable y en algunas zonas, como las más secas de África, se traduciría en aumentos de 7-8 grados.

El protocolo de Kioto estableció metas de reducción obligatorias para los países industrializados con mayores emisiones (listados en su Anexo 1) de apenas 5 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Aún así, Estados Unidos –que de todos modos no firmó el protocolo–, exigió que se pudieran usar mecanismos de mercado para la reducción de emisiones, con lo cual muchas supuestas reducciones son solamente transacciones virtuales. Los mercados de carbono no han servido para nada frente a la crisis climática, pero abrieron jugosos frentes especulativos con la venta de créditos de carbono. Con muy malas notas y sin efecto para bajar las emisiones, el Protocolo de Kioto finalizará su primer periodo de compromisos en 2012. Muchos gobiernos de países del Sur querían abrir un segundo periodo de compromisos, con metas mínimas acordes a las necesarias según el IPCC. Pero ya en la conferencia de cambio climático en Cancún en 2010, en lugar de compromisos obligatorios se aceptó declarar promesas, que si se cumplieran (improbable), no llegarían más que a reducciones de 13 a 17 por ciento.

Con un proceso antidemocrático e irregular como en Cancún, en Durban se aprobó de todos modos un segundo periodo del protocolo de Kyoto, pero como un cascarón vacío. Sin metas de reducción, sin compromisos vinculantes, sin mecanismos de control de reducciones del Anexo 1, pero cargando de obligaciones a los demás países que no están entre los contaminadores históricos. Estas medidas aplicarán a todos, aunque teóricamente se dirigen a los países de economías emergentes como China e India, que actualmente están entre los mayores emisores globales, aunque sólo en los últimos años –contra todo el siglo XX de los del Anexo 1– y que las emisiones per cápita de la India son 10 veces menores que las de Estados Unidos. Pese a este acuerdo leonino, que terminó con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que existía en el convenio, igual se retiraron del Protocolo, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia, sumándose a Estados Unidos.

La Unión Europea aprovechó la situación para negociar su firma para un segundo periodo de Kioto, imponiendo sus condiciones: sin metas obligatorias y abriendo un nuevo proceso de negociaciones que sustituya al Protocolo de Kioto en 2020. Este proceso y plazo, que querían todos los países del anexo 1, es para terminar de eliminar cualquier obligación de reducción, presionar a las economías emergentes y traspasar la responsabilidad de la crisis climática a las poblaciones de países pobres del sur, a través de mecanismos de mercado, que nuevamente, favorecen a las trasnacionales de los países industrializados. En lugar de cambiar de modelos de producción y consumo en esos países, se comercia con el espacio que no contaminan los países del Sur, a través de mecanismos altamente perversos como REDD en bosques. Se aseguró además la continuidad y nuevos mecanismos de mercado, se introdujo la discusión de usar agricultura y suelos como sumideros de carbono y se aceptaron tecnologías de alto riesgo, como la captura y almacenamiento de carbono en lechos marinos y formaciones geológicas, tecnología que promueve el uso de más petróleo, gas y carbón, legando el riesgo de escapes catastróficos a generaciones futuras.

Tanto el Fondo Verde para el Clima, como el nuevo Comité de Tecnología quedaron bajo la égida del Banco Mundial, que los usará para imponer más condiciones. Se estableció de facto carta blanca a la transferencia de tecnologías, sin cuestionar patentes ni aplicar el principio de precaución, lo cual resultará en dumping de tecnologías peligrosas, subsidiando a las trasnacionales.

Tanta irresponsabilidad ante las crisis y con las generaciones futuras contrastó con la riqueza de propuestas desde las organizaciones y movimientos sociales, que convocaron a la resistencia contra el nuevo apartheid global.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 17 de diciembre de 2011

Se está realizando en Durban, Sudáfrica, la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP17) y por su falta de contacto con la realidad de la crisis climática –y de todas las demás, financiera, alimentaria, ambiental – parece ciencia ficción. Ante la vacuidad de las negociaciones, vuelven a la carga los proponentes de la manipulación climática alegando que ellos sí comprenden que es necesario tomar medidas enérgicas y que por ello necesitan más investigación y recursos en geoingeniería. Todo forma parte del legado de manipulaciones que se hicieron en la COP16, realizada en Cancún, México, el año pasado.

El tema más controvertido entre el público es si habrá o no un nuevo período de compromisos de reducciones dentro del llamado Protocolo de Kyoto, cuyo primer período acordado terminará en 2012.  Estados Unidos nunca firmó este Protocolo –aunque es parte del Convenio y el mayor emisor global de gases de efecto invernadero del siglo XX; Canadá y otros países que son grandes emisores anunciaron que saldrán y no firmarán un segundo período, aunque las tímidas metas propuestas en el primero no se han cumplido y la crisis climática ha empeorado notablemente.  La Unión Europea no quiere aparecer como “irresponsables” y aceptan firmar un segundo período, pero ponen condiciones como no fijar metas vinculantes, sino solamente “promesas”.  Los países agrupados en el llamando G77 (son más de 130 de África, Asia y América Latina) presionan por un segundo período, y con Europa podrían alcanzar la mayoría requerida para lograrlo, pero Europa solo firmará si se aceptan sus propias condiciones, sin fijar metas de reducción obligatorias y otras. Es decir, las opciones son que se termine el protocolo de Kyoto, o que continúe como un cascarón sin contenido. En cualquier caso, favoreciendo siempre a los actores que son los mayores causantes de la crisis climática.  Para completar,  Estados Unidos propone que aunque termine el Protocolo de Kyoto,  se continúe con el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es parte del Protocolo y es la base de mercado de bonos de carbono. O sea, terminar cualquier compromiso legalmente vinculante, pero mantener las facilidades para los mercados de carbono.

Lo más grave sin embargo, es que con las “promesas” de reducción que han hecho los países más contaminantes desde Cancún, es seguro que el calentamiento global llegará a niveles insoportables en algunas décadas. Según resume Pablo Solón, ex embajador de Bolivia ante la ONU, usando estimaciones del propio Convenio y otras agencias de Naciones Unidas, se garantiza que la temperatura promedio aumentará 4 grados centígrados, lo cual producirá una enorme devastación de ecosistemas claves y tendrá un costo de millones de vidas humanas.

Mientras se soslaya el tema fundamental  –la necesidad de reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero, drásticas, en su fuente, y no mediante falsas “soluciones” como los mercados de carbono y otras– se avanzan otras negociaciones que tendrán gran impacto posteriormente, como introducir la agricultura y los suelos a los mercados de carbono.

En este contexto,  los que promueven la geoingeniería aprovechan para reafirmar que “ante la falta de avance en las negociaciones” y que la crisis climática está cada vez peor, hay que  considerar la geoingeniería.  El 2 de diciembre, la Sociedad Real del Reino Unido, en conjunto con el Fondo de Defensa Ambiental de Estados Unidos (EDF por sus siglas en inglés) y la Academia de Ciencias para el Tercer Mundo (que sin embargo tiene su sede en Italia), lanzaron en Londres y en Durban un informe titulado “Manejo de la radiación rolar: gobernanza de la investigación”. El reporte afirma que tal metodología, que implica desde blanquear nubes a crear nubes volcánicas artificiales a mega escala para desviar los rayos solares, sería una forma “barata y rápida” para bajar la temperatura planetaria, pero que podría también causar daños tan devastadores como los que se quiere combatir. Por ejemplo, alterar las lluvias y vientos en Asia y África, colocando en riesgo las fuentes de agua y alimentación de miles de millones de personas.  Reconocen que conllevan el riesgo de que tales tecnologías sean usadas unilateralmente por algún país o quien tenga los medios y la tecnología. Pese a todo esto que usando el sentido común demuestra que la geoingeniería sencillamente se debe prohibir, el reporte afirma que se debe investigar más para conocerla mejor “y prevenir que se use mal”, o que algunos países poderosos la usen como arma. De qué forma avanzar la geoingeniería prevendría que se desarrolle, no lo explican. Aunque eligieron un foro de Naciones Unidas para anunciar el informe, no recomiendan que las decisiones se tomen en la ONU sino que dan un menú de opciones, obviando que la ONU ya tiene dos moratorias de facto sobre geoingeniería.

El  grupo que coordinó el informe es financiado por los multimillonarios Bill Gates y Richard Branson a través de sus fundaciones. Ambos son explícitos promotores de la geoingeniería y financian a algunos de los científicos involucrados, que además tienen intereses comerciales en la geoingeniería.  Muchos son de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, tres de los países que sabotean cualquier negociación sobre cambio climático, creando así, también en este contexto, una profecía auto-cumplida.

*investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 3 de diciembre de 2011

Niza. El primero de noviembre se manifestaron en Niza unas 10 mil personas, la mayoría europeos, pero también llegados de todos los otros continentes, convocados por una amplia coalición de activistas y organizaciones francesas, para protestar frente a la reunión del G-20 en Francia. Entre las consignas centrales –que resumen los temas del Foro de los Pueblos y movilizaciones de los días siguientes– se leía “la vida, no la bolsa”; “¡no jueguen con nuestra comida!”; “indignados, rebeldes, solidaridad”; “inequidad, austeridad ¡ya basta!”, “son 20, somos billones”; en un elocuente resumen popular de los temas que afectan a la mayoría del planeta, mientras los gobiernos discuten como salvar los bancos.

El G-20 es un grupo auto elegido para decidir sobre los destinos financieros y económicos del planeta. Lo integran gobiernos de los países más industrializados (G-8), 11 gobiernos de economías emergentes del Sur (entre ellos China, India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, México) y la Unión Europea como bloque. México asumirá la presidencia de este grupo a partir de 2012 y será anfitrión de su próxima reunión. Significativamente, antes de cada cumbre del G-20, las trasnacionales del planeta organizan una cumbre empresarial, que entrega sus demandas a los gobiernos reunidos. La sociedad civil, por el contrario, no puede ni acercarse a la fortaleza que en este caso formaron 12 mil policías, para aislar la ciudad de Cannes de cualquier contagio con la plebe y sus demandas.

El telón de fondo de esta reunión del G-20 es la grave crisis financiera que continúa y empeora –pese a que se le han robado al público sumas inmensas para salvar unos cuantos bancos e instituciones– y aunque no lo nombren, las crecientes protestas sociales frente a los llamados “programas de austeridad” que se traducen en brutales recortes a los gastos públicos y sociales, para pagar deudas y altos intereses. El punto álgido ahora es el riesgo de bancarrota de Grecia y la amenaza de quiebre de la zona euro.

Los gobiernos europeos acordaron la semana anterior apoyar el refinanciamiento de la deuda de Grecia. No por solidaridad, sino porque grandes bancos europeos y estadunidenses sufrirían un fuerte impacto por la suspensión de pagos de Grecia y se prevé además que Italia y España podrían estar en breve en una situación parecida. La receta para Grecia es un fracaso anunciado: se basa en una serie de pasos en falso, incluso dentro de su lógica (ver “Dadme un palanca y hundiré el mundo”, A. Nadal, La Jornada, 2/11/11), pero además presupone que la gente común aceptará pagar, nuevamente, para salvar los bancos. Parecería que los gobiernos creen que los movimientos de “indignados” que se manifestaron en 900 ciudades al mismo tiempo, que los Ocupa Wall Street y similares, son apenas gente que no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Por ello, el anuncio del primer ministro griego de que habría referendo sobre las medidas para el rescate financiero –pese a ser un intento de chantaje para conseguir apoyo en el país– desató una ola de protestas de los otros gobiernos europeos que esperaban llegar con un mensaje tranquilizador a la reunión de G-20, a costa de la imposición de medidas draconianas contra el pueblo griego.

La crisis greco-europea domina en este momento la discusión. Francia y Alemania proponen medidas para controlar algo la especulación financiera y su impacto en el precio de las materias primas agrícolas. Otras propuestas, como la del gobierno de México de promover durante su presidencia en el G-20 la llamada “economía verde”, aumentarán ambas.

Esto sigue la línea del “nuevo acuerdo verde global” aclamado por Barak Obama, que afirma que se puede enfrentar al mismo tiempo la crisis financiera, climática y alimentaria, sin revisar sus causas ni cambiarlas, a través de ampliar los mercados financieros con naturaleza (mercados de carbono, servicios ambientales) y aplicando nuevas tecnologías (transgénicos, biología sintética, nanotecnología).

Esto significa, por ejemplo, aumentar programas como REDD en bosques y TEEB (economía de los ecosistemas y la biodiversidad) en biodiversidad, y que la agricultura y suelos entren al mercado de carbono. Implica una nueva ola de privatización de las funciones de la naturaleza para convertirlas en mercancías en los mercados financieros, a manos de las mismas corporaciones, gobiernos y especuladores que han causado las crisis actuales.

Con nuevas tecnologías se quiere promover transgénicos “resistentes al clima”, más uso de nanotecnología y biología sintética, que traerán nuevos riesgos al ambiente, la salud y las economías. En particular el uso de biología sintética para construir microorganismos que digieren celulosa –con cientos de genes artificiales, no algunos como los transgénicos– significa que trasnacionales de agronegocios, químicas, petroleras, podrán usar, por ejemplo, una cosecha de maíz para alimentos, o forraje, combustibles, farmacéuticos, plásticos o cualquier otra sustancia industrial, decidiendo el destino según le convenga el precio del momento. Esto aumentará exponencialmente la volatilidad de los precios y la especulación, usando la tecnología como plataforma para manipular la escasez y la oferta, según convenga a sus ganancias.

Aunque el G-20 y las trasnacionales siguen amenazando al mundo al grito de “la bolsa o la vida”, lo que pretenden es quedarse con la bolsa y con la vida. Las manifestaciones en Niza son apenas otra punta de un vasto iceberg, que se comunica por abajo con acciones y propuestas. Desde allí la consigna es clara: “la vida, no la bolsa”.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 5 de noviembre de 2011

Cuándo sus defensores hablan de la “economía verde”, gran parte de lo “verde” que tienen en mente es literalmente de color verde. Las hojas, brotes, ramas, algas, hierbas y otras materias vivientes que el planeta genera en aparente abundancia es ahora un blanco de primera línea para la explotación comercial, desde la visión industrial emergente de la llamada bio-economía (bio-based economy).  Para los nuevos bioindustriales de la economía verde, toda esa materia viva que antes se llamaba la “biodiversidad” tiene un nuevo nombre – hoy en día se lo conoce como “biomasa”. La Tierra produce 230 mil millones de toneladas de biomasa cada año y en las próximas décadas podemos esperar apropiaciones de tierras, batallas legales y guerras, a medida que las industrias y las naciones luchen por controlar el acceso a la última partícula de esta profusión verde.

Conozca la economía de la biomasa: un orden económico emergente basado en un simple cambio en la química. Pues, la economía mundial opera actualmente sobre la base de materias primas de hidrocarburos extraídos de las profundidades -principalmente carbón, petróleo y gas-. A medida que esas fuentes de “carbón negro” se vuelven más costosas, las empresas comienzan a ver mucho más atractiva la explotación del “carbono verde” de la biomasa, almacenada encima del suelo en los bosques, los campos agrícolas y los océanos.

En términos moleculares este carbono de la superficie es compuesto principalmente de carbohidratos (azúcares) como la celulosa. Los carbohidratos son como los hidrocarburos, pero con unos átomos adicionales de oxígeno. Es plenamente posible operar las economías industriales a base de carbohidratos, sin embargo también es posible usar la química y la biotecnología para transformar los carbohidratos en hidrocarburos: o sea, convertir árboles, cultivos o pastos en petróleo y plásticos a los que nuestra economía está adicta. Ese recambio tecnológico permite un giro de estrategia de las compañías petroleras, que recurren a la biomasa para producir los mismos productos que ya fabrican y para liquidar los bosques y tierras de cultivo, en lugar de hacer perforaciones en las profundidades del océano.

El cambio a la biomasa podría ser sumamente rentable. El cultivo, la cosecha, la comercialización y la transformación de la biomasa en productos y servicios comerciales ya está generando miles de millones de dólares. El Foro Económico Mundial estima que la economía de la biomasa tendrá un valor de unos 300 mil millones de dólares en 2020, pero la cifra real bien podría alcanzar medio billón de dólares.

Las industrias que ahora están adoptando el modelo de producción con biomasa incluyen desde empresas de química, las grandes petroleras, y corporaciones gigantes de la biotecnología, silvicultura y agroindustria, hasta los productores de perfumes, textiles, el sector de la construcción y el comercio de carbono: industrias cuyo valor neto total suma más de 17 billones de dólares. Un comercio mundial de la biomasa (astillas, aserrín y pellets o gránulos) está emergiendo muy rápidamente y para el año 2015 podría estar distribuyendo no menos de 19 millones de toneladas de biomasa. Las siguientes tres áreas industriales de la economía de la biomasa son las que más rápidamente están creciendo:

Bio-electricidad: La forma más económica y sencilla de extraer valor de la biomasa es quemarla. En la actualidad existe una ofensiva masiva en todo el sector eléctrico para reemplazar o complementar la quema de carbón, gas y petróleo para la generación de electricidad, con la quema de biomasa. Las plantas de generación de energía con biomasa suministran más de 54 GW de electricidad en todo el mundo en más de 50 países, consumiendo grandes cantidades de madera y otras materias primas.

Aparte de engullir grandes extensiones de bosques y plantaciones para satisfacer estas demandas, la quema de biomasa también presenta riesgos significativos para la salud de las comunidades situadas cerca de las plantas de energía. El humo de madera, por ejemplo, contiene muchos compuestos tóxicos, agrava las enfermedades respiratorias y libera partículas contaminantes peligrosas. Ya se cuenta entre 2,7 y 3 millones de personas que mueren anualmente a causa de la inhalación de humo de leña. Tampoco la quema de biomasa reduce las emisiones de dióxido de carbono, más bien produce incluso más CO2 en la chimenea por unidad de energía que el carbón que reemplaza. Eso es antes de evaluar la liberación de carbono por la tala de bosques, el cultivo de biomasa y el transporte de la materia vegetal. Teniendo en cuenta los costos de las emisiones de carbono para la producción y recolección de materias primas de biomasa, afirmar que la energía de biomasa es neutra -o incluso negativa- en emisiones netas de carbono, es simplemente un mito.

Biocombustibles: La producción de combustibles líquidos (los llamados biocombustibles o agrocombustibles) a partir de la biomasa es el arquetipo de la nueva bio-economía y también la parte más controvertida. Cifras del Banco Mundial revelan que hasta un 75% del aumento global en los precios de los alimentos en 2008, que provocó hambre y disturbios masivos a través del mundo, se debió a las políticas sobre biocombustibles de los EE.UU. y Europa que canalizaban maíz, soja y otros productos alimenticios hacia la producción de combustibles.

Hoy, el tren de los biocombustibles de nuevo arranca a todo vapor, con las inversiones dirigidas a los llamados “de nueva generación”. Estos incluyen a los biocombustibles extraidos de materias primas no alimentarias, como la caña de azúcar y la jatropha (un arbusto que produce nueces), biocombustibles avanzados que son hidrocarburos y se comportan de manera muy similar al petróleo, así como nuevos combustibles que se hacen de árboles, pastos y las partes leñosas de las plantas (llamados biocombustibles de celulosa), o de algas de estanque (combustible algal). Al menos 200 empresas están trabajando en el desarrollo de estos biocombustibles de “nueva generación” y las empresas más avanzadas están ahora bajo la propiedad o asociadas con las grandes empresas petroleras como Shell, BP, Chevron, Total y Exxon. Muchas de ellas también están empleando una forma extrema de ingeniería genética, de alto riesgo, conocida como biología sintética, donde microbios artificiales se utilizan para fermentar la biomasa en combustibles.

Bio-químicos y plásticos: Si no es ético convertir los alimentos en combustibles, debería ser doblemente motivo de preocupación que se conviertan en bolsas de plástico y botellas de champú, pero esa es exactamente la estrategia seguida por la industria química. El Foro Económico Mundial predice que el 9% de todos los productos químicos se fabricarán a partir de biomasa en lugar de petróleo, para el año 2020, con el sector de bioplásticos a la cabeza. Se estima que cerca de 3.2 millones de toneladas métricas de plásticos tendrán una base biológica para el año 2015. ADM, Cargill, Coca Cola, Procter and Gamble y otras están impulsando el mercado de los bioplásticos. Los venden como una opción “verde” para los consumidores, a pesar de que muchos bioplásticos no pueden ser reciclados ni son biodegradables, y en algunos casos llevan la misma amenaza de toxicidad que los plásticos a base de petróleo.

Una amenaza a los ecosistemas

En el contexto de la economía verde, es importante reconocer que lo que parece un recambio bien intencionado del uso de las materias primas fósiles, es en realidad un acaparamiento: de tierras, medios de subsistencia y ecosistemas. El abastecimiento de biomasa para un cambio tan importante en la economía global va a requerir la conversión de grandes extensiones de tierra para la producción de materia prima de biomasa -particularmente la expansión de monocultivos de caña de azúcar y de celulosa- un cambio de las prioridades agrícolas de los alimentos a nuevos cultivos de rápido crecimiento como el miscanthus y el bambú y un gran aumento en el cultivo de algas en los desiertos y las regiones costeras.

La biomasa no está distribuida uniformemente en todo el planeta. El 86% de la producción anual de biomasa se encuentra en los trópicos, por lo que es a las zonas tropicales de América Latina, África Subsahariana y el Sudeste de Asia que los nuevos dueños de la biomasa están volcando su atención. El Banco Mundial calcula que el 21% de la apropiación de tierras en el mundo en los últimos años es impulsado por la necesidad de tierra para cultivar materias primas de biomasa. Mientras tanto, las comunidades que viven en la selva están reportando un aumento de la destrucción de los bosques para producir astillas de madera para el nuevo comercio de biomasa. A medida que las comunidades tradicionales son desplazadas de sus tierras, a veces a la fuerza y con violencia, la nueva economía industrial de la biomasa desaloja formas de sustento más antiguas y verdaderamente sostenibles, basadas en la biomasa.

Por supuesto, a la nueva industria de la biomasa le gusta presentarse como “sostenible” y basada solo en recursos renovables abundantes; sin embargo, la civilización humana ya se apropia del 24% de toda la biomasa mundial y el resto no es suficiente para cumplir con las tareas de limpiar el aire, mantener el ciclo del agua, capturar el carbono y proporcionar las funciones ecológicas esenciales requeridas para mantener la integridad ecológica. De acuerdo con una forma de medición (La Huella Global), ya estamos usando un 50% más de la cantidad de biomasa que se puede eliminar de forma sostenible de los ecosistemas del planeta. Para el año 2050 probablemente se elevará al doble la cantidad de biomasa cuya eliminación sería sustentable. Es una proposición insostenible, que acumulará una deuda ecológica de la que la naturaleza no tiene ninguna manera de resarcirse. Lejos de salvar el planeta, la defensa central de biomasa en la visión de la economía verde podría profundizar en forma catastrófica nuestras crisis ambientales, a la vez que despojar a las mismas comunidades que ofrecen un modelo de vida de utilidad real, con base biológica. (Traducción ALAI).

Jim Thomas – es miembro del Grupo ETC, capítulo Canadá.

Para una mirada más profunda a la amenaza de la economía de la biomasa, consulte: “Los nuevos amos de la biomasa. Biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad.” http://www.etcgroup.org/es/node/5253

Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011

A 20 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra o Eco´92) se realizará una nueva conferencia global, en junio 2012, en Río de Janeiro, Brasil. Río+20, como se le llama, ocurrirá en medio de las mayores crisis globales del siglo: devastación ambiental y erosión de la biodiversidad, crisis climática, crisis económica y financiera, crisis alimentaria, crisis de salud.

Aunque Río+20 debería revisar los compromisos asumidos, el estado de los problemas y estrategias reales para resolverlos, los temas en la agenda son economía verde y nuevas formas de gobernanza ambiental global. Si el término “desarrollo sustentable”, era ambiguo y se prestó a abundante manipulación, la sustitución por “economía verde” señala un enfoque aún más estrecho, que privilegia a quienes dominan los mercados.

Lejos de una reunión anodina de Naciones Unidas, Río+20 se anuncia como un escenario de disputa, porque podría ser clave para un reordenamiento discursivo y geopolítico global, consolidando nuevos mercados financieros con la naturaleza y más control oligopólico de los recursos naturales, legitimando nuevas tecnologías de alto riesgo y creando las bases de una nueva estructura de gobernanza ambiental global que facilite el avance de una “economía verde” en clave empresarial.

¿A qué se refiere la economía verde?

Para muchas personas y organizaciones, “economía verde” puede tener un significado positivo, asociado a producción agrícola orgánica, energías renovables, tecnologías limpias. En los movimientos existe una diversidad de propuestas de economías alternativas, socialmente justas, culturalmente apropiadas y ecológicamente sustentables. Sin embargo, la noción de “economía verde” que se está manejando desde los gobiernos va por un camino opuesto. Se trata básicamente de renovar el capitalismo frente a las crisis, aumentando las bases de explotación y privatización de la naturaleza.

Ya en la Eco´92 las trasnacionales empleaban maquillaje verde. Intentaban hacer una cortina de humo sobre su responsabilidad en la devastación ambiental, apoyando proyectos de conservación o “educación” ambiental, sellos verdes, etc. Pero sobre todo, afirmando que no había necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo, ya que con tecnología para mayor eficiencia energética y otras, se podía llegar a soluciones de “ganar-ganar”, donde las empresas seguirían lucrando mientras mejoraban el ambiente con negocios “verdes”.

El planteo de la nueva economía verde sigue este camino, pero es más preocupante, tanto por la expansión de la mercantilización de la naturaleza y los ecosistemas –y el impacto en los pueblos que dependen de ellos­–, como porque las nuevas tecnologías a las que se refieren ahora, explícitamente o no, –como nanotecnología, transgénicos, biología sintética­, geoingeniería– implican enormes riesgos.

Oficialmente verde

El concepto “economía verde” es ambiguo y no hay consenso tampoco entre los gobiernos. Un antecedente recurrente en las discusiones oficiales hacia Río+20 es la Iniciativa sobre Economía Verde del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Allí se enmarca el “Nuevo acuerdo verde global”, planteado por ese organismo en 2008, del que se hicieron eco Obama y otros mandatarios, como una respuesta de “ganar-ganar” a las crisis. Plantea enfrentar la crisis financiera y climática redirigiendo las inversiones al “capital natural”, dando estímulos fiscales a empresas para energías “limpias” (como agrocombustibles), ampliar los mercados de carbono. Brasil, que ya tenía amplias inversiones en esos sectores y muchos recursos naturales para meter a los mercados, propuso que la economía verde fuera tema central de la conferencia Río+20, lo cual fue posteriormente aprobado por Naciones Unidas.

Dentro de la Iniciativa sobre Economía Verde, el PNUMA publicó en 2009 el informe del proyecto TEEB (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad, por sus siglas en inglés) y en 2011, el extenso reporte “Hacia una economía verde”, dividido en tres secciones: inversiones en capital natural (agricultura, agua, bosques, pesca); inversión en eficiencia energética y uso de recursos (energías renovables, industria manufacturera, basura, construcción, transporte, turismo, ciudades) y transición a la economía verde (financiamiento y condiciones políticas favorables).

Significativamente, tanto el informe sobre economía verde como el TEEB, son coordinados por Pavan Sukhdev, un alto ejecutivo de la banca trasnacional. Reflejan su lógica de poner precio –aunque lo llamen valor– a toda la naturaleza y sus funciones. Sukhdev es ejecutivo del Deutsche Bank y trabajó anteriormente el tema de la valuación económica de la biodiversidad para el Foro Económico de Davos.

El proyecto TEEB surgió en 2007 a partir de una reunión del G8+5. Los cinco gobiernos “agregados” a las potencias globales, eran Brasil, China, India, México y Sudáfrica –todos gobiernos de países megadiversos interesados en comerciar con la biodiversidad de sus países. Con la crisis financiera, la mercantilización de la naturaleza que entraña TEEB, destaca como tabla de salvación frente al naufragio de los mercados especulativos. Sukhdev llama a la biodiversidad un nuevo “mercado multibillonario”.

Estos y otros planteos similares sobre economía verde se apoyan en tres grandes pilares: a) una mayor mercantilización y privatización de la naturaleza y los ecosistemas, integrando sus funciones como “servicios” a los mercados financieros, b) la promoción de nuevas tecnologías y la vasta expansión del uso de biomasa y c) un marco de políticas que permitan y premien todo eso, es decir lo que los gobiernos y las sociedades deberíamos hacer para que las empresas puedan hacer ganancias con los dos anteriores.

Privatizando el aire

Un componente temprano del paquete propuesto por la economía verde es el pago por servicios ambientales (PSA) o servicios ecosistémicos. Incluyen el pago por servicios ambientales forestales, hidrológicos, paisajísticos y de bioprospección (biopiratería). Conllevan la redefinición de las funciones de la naturaleza y la biodiversidad como “servicios”, para poder mercantilizarlos. (1) Los PSA han significado muchos conflictos entre grupos indígenas, campesinos, dentro y entre comunidades, ya que promueven la competencia por quien llegue primero a comerciar bienes compartidos. Los esquemas de PSA requirieron inventar “dueños” (lugar que ocuparon ONG o grupos dentro de las comunidades) de las funciones ecosistémicas, de los conocimientos sobre biodiversidad, de los cuidados tradicionales del agua, cuencas y bosques, porque siempre han sido bienes comunes y colectivos que no se podían mercantilizar.

En muchos casos, los PSA comenzaron con préstamos del Banco Mundial –deuda pública a pagar por todos– con el objetivo expreso de crear mercados de servicios ambientales. A éstos siguieron mercados secundarios de servicios ambientales, altamente especulativos. Los PSA significaron que una transnacional –que quizá nunca estuvo en el lugar– pueda terminar decidiendo sobre el territorio, el agua o la biodiversidad de comunidades indígenas y campesinas de países del Sur.

Basados en esas experiencias, surgen los programas REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada), cuya aprobación en el Convenio de Cambio Climático en diciembre 2010, abrió de un plumazo todos los bosques del planeta a los mercados financieros especulativos.

La hipótesis de REDD es que para parar la deforestación –factor grave de crisis climática– hay que compensar económicamente a los que deforestan. No evitar la deforestación, sino pagar a los que lo hacen. Por eso se llama deforestación “evitada”: primero hay que deforestar, para luego vender el dejar de hacerlo. Otro típico escenario de “ganar-ganar”. Quienes más se benefician de estos programas, son los que más bosque y selva hayan destruido. Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando un 10 por ciento del área que piensan deforestar, puedan recibir créditos de carbono o pagos por “deforestación evitada”.

Al programa original se agregaron compensaciones por “acrecentar los inventarios de carbono” y por “conservación” y “manejo sustentable del bosque”. En el primer caso, se trata de luego de deforestar, plantar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades. Pero lo más perverso de este mecanismo, es lo que llaman “conservación y manejo sustentable”, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y forestales de sus derechos y territorios, ofreciéndoles pago por el aire de sus bosques.

Como REDD “se paga”, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono debe ser “verificable”, es decir, definido por agentes externos a las comunidades, que deben pagar caro a “expertos”, para que les digan qué pueden hacer o no en sus propios bosques y territorios. Las empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases de efecto invernadero compran la capacidad de absorción de carbono de los bosques, para seguir contaminando exactamente igual que antes, pero ahora con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en alguna parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones. A su vez, los bonos de carbono obtenidos entran en un mercado secundario donde la misma empresa puede revenderlos a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero extra. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono es en especulación secundaria, es decir la venta y re-venta de, literalmente, puro aire.

En general, todos los esquemas de comercio de carbono se dirigen a mercados especulativos, que es un mercado mucho mayor que los mercados primarios. Ahora está también en juego, en el Convenio de Cambio Climático, la inclusión de los suelos y la agricultura –que es base de la alimentación mundial– como un gran sumidero de carbono a meter en la especulación financiera.

Algunas organizaciones creen que estos programas son un reconocimiento a los aportes de comunidades indígenas y campesinas por cuidar el ambiente y frenar el cambio climático, y que por eso está bien que existan. La experiencia demuestra que los impactos sobre las comunidades de estos esquemas de mercantilización de la naturaleza y sus funciones, han sido mucho peores que cualquier pago que reciban algunos. Pero lo más grave, es la aceptación de que los ecosistemas, la naturaleza, la biodiversidad, los saberes, se transformen en mercancías al mejor postor, dejando a la arbitrariedad y afán de lucro de las empresas que decida si se reconoce un aporte esencial para la existencia de todos.

En lugar de un reconocimiento social auténtico del papel fundamental, histórico y presente, de las comunidades indígenas, campesinas y locales en el cuidado de la biodiversidad y la producción de alimentos diversos y sanos para la humanidad, que debería traducirse en el apoyo al ejercicio efectivo de sus derechos integrales –incluyendo derecho a la tierra y territorio, a las culturas y formas diversas de economía y política–, la economía verde privatiza y mercantiliza la naturaleza, sustituyendo los derechos por transacciones comerciales, y lo que deberían ser políticas públicas, por una competencia de mercado.

Tsunami tecnológico ¿verde?

El otro pilar fundamental de la economía verde se basa en el uso de nuevas tecnologías. La propuesta tecnológica es particularmente importante frente a las crisis, porque revitaliza la industria productiva con fuentes de ganancias extraordinarias y afirma la ilusión de que no es necesario revisar las causas de las crisis: todo se puede resolver con más tecnología.

Las patentes sobre tecnologías –también las necesarias para energías renovables, como eólica y solar– están en su casi totalidad en manos de grandes empresas, que defienden ferozmente sus monopolios y no están dispuestas a discutir la derogación de éstas, en ninguna economía, verde o de otro color. Menos aún si se trata justamente de aumentar sus mercados.

De todas formas, ni siquiera estas energías consideradas amigables con el ambiente son apropiadas en todas partes y mucho menos cuando se aplican como megaproyectos de trasnacionales, abusando de territorios indígenas. Además, implican a menudo el uso de materiales basados en nanotecnología, una industria ampliamente difundida, que pese a cientos de estudios que muestran toxicidad de nanopartículas y nanocompuestos en salud y ambiente, no están reguladas en ninguna parte del mundo, ni se conoce el verdadero costo energético en el ciclo de vida completo de los productos nanotecnológicos, ni la basura tóxica que generan, entre otros factores.

Otra nueva tecnología subyacente a propuestas de la economía verde es la biotecnología, que implica desde más cultivos transgénicos para agrocombustibles y “resistentes al clima”, hasta biología sintética, es decir la construcción en laboratorio de genes, pasos metábolicos o microbios sintéticos enteros, para producir nuevas sustancias industriales. Los usos más inmediatos refieren al procesamiento de celulosa, que antes no era viable por demasiado ineficiente y costosa. Con microbios producto de la biología sintética, es posible procesar cualquier fuente de carbohidratos –como celulosa– para hacer polímeros que se pueden convertir en combustibles, farmacéuticos, plásticos u otras sustancias industriales. De pronto, toda la naturaleza, todo lo que esté vivo o lo haya estado, es visto como “biomasa”, la nueva materia prima universal para procesar con biología sintética. La disputa industrial por acaparar cualquier fuente de biomasa natural o cultivada está en marcha y es una de las mayores amenazas nuevas a la naturaleza y los pueblos.(2)

También propuestas tecnológicas como la geoingeniería, es decir la manipulación deliberada del clima del planeta, convergen en la economía verde con algunas de sus tecnologías, como el uso masivo de biomasa para quemar y fertilizar el suelo como sumidero de carbono (biochar), las grandes plantaciones de monocultivos o la fertilización de los mares para absorber carbono.

Frente a los riesgos de estas nuevas tecnologías, el grupo ETC plantea establecer un mecanismo multilateral de evaluación previa ambiental, social, económica y cultural de las tecnologías, con participación real de la sociedad civil y los potenciales afectados, antes de que lleguen a los mercados. Tecnologías extremadamente peligrosas y con alto potencial bélico, como la geoingeniería, deben ser prohibidas.

En lugar de esta “economía verde”, lo que necesitamos es justicia social y ambiental. En todo el mundo los movimientos sociales tienen diversidad de propuestas para ello. Y además de propuestas, contundentes realidades, como que la producción campesina e indígena da de comer a la mayoría del planeta y ya está “enfriando” el planeta.

Silvia Ribeiro es miembro del Grupo ETC.

Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011

1. Ver “Aire no te vendas”, Camila Montecinos, Grain, 2005, http://www.grain.org/article/entries/1015-aire-no-te-vendas

2. Sobre la economía de la biomasa, ver artículo de Jim Thomas en esta misma publicación

El Reino Unido anunció que en octubre 2011 comenzará un experimento unilateral de geoingeniería, es decir, de manipulación climática. Es la primera parte de un proyecto mucho mayor para inyectar partículas azufradas en la estratósfera, creando una especie de nube volcánica artificial, para desviar parte de la radiación solar que llega a la tierra, supuestamente para bajar la temperatura.

El experimento contradice el espíritu de la moratoria que estableció Naciones Unidas contra la geoingeniería en 2010 y muestra claramente la intención del Reino Unido, al igual que Estados Unidos y unos pocos países más, de avanzar unilateralmente la manipulación climática, algo que aumentará más el caos climático global, con impactos potenciales muy graves sobre otros países.

Pese a ello, los promotores de la geoingeniería defienden estos remiendos tecnológicos a mega escala, argumentando que aunque no se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, ellos pueden resolver técnicamente el problema, bajando la temperatura global a la fuerza. O sea podrían seguir calentando el planeta, evitar cumplir con compromisos internacionales de reducción y crear nuevos negocios basados en tecnologías extremadamente peligrosas.

El experimento que plantea el Reino Unido consiste en colocar una manguera de 1 kilómetro de largo que apunta al cielo, sostenida en el aire por un enorme globo inflado con helio por la cual arrojarán agua de mar. Afirman que ahora no van diseminar partículas azufradas, porque la prueba es para ver si el mecanismo funciona. El objetivo es luego hacer lo mismo a mayor altura y entonces sí, diseminando compuestos químicos tóxicos. Es parte del proyecto SPICE Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering (Inyección estratosférica de partículas para la ingeniería del clima) financiado por el Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas con 1,6 millones de libras esterlinas, coordinado por la Universidad de Bristol con participación de científicos de esa universidad y las de Cambridge y Oxford.

Aunque por ahora el experimento parece más ridículo que peligroso, no hay nada de gracioso en que se estén usando recursos para avanzar la manipulación climática, a despecho de las preocupaciones de la vasta mayoría de los países, particularmente los del Sur, que son los que más sufren los impactos de la crisis climática y ahora sufrirán los de la manipulación climática. El clima es un sistema global, del que dependemos todos y todo, no de los que tienen el dinero y la falta de escrúpulos para manipularlo.

La manipulación climática en “pequeña” escala ya tienen gravísimos impactos. En varios países de América Latina (además de otros continentes) hay empresas que manipulan el tiempo atmosférico, produciendo sequías o lluvias, según los intereses de lucro de industrias y grandes hacendados que “compran el servicio”.

Hay casos dramáticos por todo el continente, de empresas agrícolas que usan cañones con químicos y otros métodos para producir sequía, con consecuencias devastadoras para las comunidades aledañas. Por ejemplo, la empresa Nintanga S.A. en Ecuador produce intencionalmente sequía por de más de 8 meses para beneficiar sus cultivos de brócoli en Cotopaxi, Ecuador, dejando a varias comunidades campesinas sin las bases mínimas para su sustento. Casos similares ocurren en México, Chile, Argentina, Colombia y muchos otros países, sin ningún control y solamente por el lucro que consiguen grandes hacendados y empresas exportadoras de hortalizas. También, inspirados en los métodos usados por Estados Unidos en la guerra de Vietnam (como la operación Popeye, ahora conocida por documentos desclasificados), se “siembran nubes”, inyectando ioduro de plata en las nubes para provocar lluvia, para eliminarla de ciertos lugares o precipitarla en otros donde no caería. En todos los casos, la disrupción del equilibrio natural de las lluvias tiene impactos sobre muchos otros que no decidieron sobre ello y dependen del equilibrio del clima para su subsistencia. Como lamentablemente este método se usa hace ya tiempo, la Organización Meteorológica Mundial ha observado que en ciertas zonas está cambiando permanentemente los patrones de lluvia, vientos, temperatura, con consecuencias regionales y globales.

El experimento actual del Reino Unido, es una forma de geoingeniería que llaman “manejo de la radiación solar”, no dirigida a lugares focalizados, sino con la intención (indescriptiblemente arrogante) de “manejar” los efectos del sol sobre la tierra. Sobre este tipo de propuestas, existen análisis de meteorólogos y climatólogos reconocidos, que advierten que la caída de las partículas usadas tendrá efectos tóxicos en fauna y flora de extensas áreas y en cientos de miles de humanos, con efectos similares al descenso de partículas de las nubes volcánicas. Además, aseguran que para lograr desviar la radiación solar en forma permanente y en la dimensión para afectar la temperatura global, se desequilibrarán los regímenes de lluvia y viento, afectando las bases de sustento de 2000 millones de personas en Asia y África.

No existe ninguna forma de geoingeniería que sea tan “pequeña” que no tenga impactos sobre otros que no decidieron sobre su uso. En todos los casos se trata de que los que tienen dinero, la usarán a su favor, a costa de los intereses de los demás. Urge profundizar la moratoria, convirtiéndola en una prohibición global a la geoingeniería.

*investigadora del Grupo ETC
Más información en el informe “Geopiratería” (www.etcgroup.org)

Publicado en La Jornada, México, 10 de septiembre de 2011

Silvia

Se cumplen 20 años de la realización de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, lo cual motivará una nueva conferencia (Río+20) que tendrá lugar en Brasil en mayo de 2012. Aunque lo principal debería ser revisar el estado de los problemas y el cumplimiento de compromisos, los temas ya definidos para discutir allí son economía verde y gobernancia ambiental global.

Lejos de una reunión anodina de Naciones Unidas, se anuncia como un escenario de disputa mundial porque podría convertirse en punto clave para el reordenamiento geopolítico, consolidando nuevos mercados financieros con la naturaleza, el control de los recursos naturales y de nuevas tecnologías, creando un marco institucional –una nueva estructura de gobernancia ambiental global– que facilite y subsidie el avance de esa economía verde en clave empresarial.

Por si no nos quedaba claro, uno de los oradores de apertura de la reunión preparatoria para Río+20 organizada por Naciones Unidas en enero 2011 en Nueva York fue Charles Holliday, presidente del directorio de Bank of America, uno de los mayores bancos del mundo, aún sumergido en la peor crisis por especulación global del siglo que provocaron, pero disfrutando los miles de millones de dólares del público que recibió como rescate. Como un mal chiste, Holliday estaba allí para explicarnos la economía verde y cómo las trasnacionales van a salvar el planeta (aunque el tema real era cómo salvar las trasnacionales a costa del planeta).

Refresquemos la memoria. En 1992 se realizó en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), popularmente llamada Cumbre de la Tierra, Río 92 o Eco 92. Aunque no era la primer conferencia internacional sobre estos temas, tuvo un rol distintivo en colocar en la agenda de Naciones Unidas el tema de la destrucción ambiental. En la conferencia se presentaron tres nuevos tratados internacionales ambientales de Naciones Unidas, a los que se conoce como las convenciones de Río. Son el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

Veinte años después de la Eco 92, la crisis ambiental, climática, alimentaria, enérgetica, de salud, han empeorado a límites que uno pensaría insoportables, pero la maniobra sigue siendo como navegar temas tan graves sin cuestionar sus causas: el capitalismo y el modelo industrial de producción y consumo. Brasil será otra vez el anfitrión, pero no es el mismo: ahora está claramente entre las potencias que disputan el mango de la sartén mundial y no dejará pasar esta oportunidad para mostrarlo.

Ya desde la Eco 92 –incluyendo los años anteriores de preparación– las trasnacionales intentaron levantar una cortina de humo sobre la irrefutable realidad de la devastación ambiental y su directa responsabilidad. En su lugar, plantearon que con nuevas tecnologías y su particular concepto del desarrollo sustentable –que casualmente aumentaba sus lucros–, podían ofrecer soluciones de ganar-ganar, sin cambiar nada del modelo, solamente con nuevos negocios verdes. Ahora, igual que hace 20 años, economía verde se refiere sobre todo al color de los dólares. Pero aunque la filosofía de las empresas es igual, las armas que han desarrollado, principalmente las nuevas tecnologías, como la biología sintética, la nanotecnología, la geoingeniería y el desarrollo de varias tecnologías anteriores con esas herramientas, han creado una base mucho más peligrosa, con riesgos aún mayores, como por ejemplo la apropiación y mercantilización del resto de la biomasa planetaria que aún no está en manos de las empresas. Iremos analizando cómo y qué significa esto en el camino de Río+20.

Paralelamente a esos desarrollos tecnológicos que avanzan sin demanda social, sin evaluación, regulación o supervisión independiente, las empresas (y hasta negocios de los propios diplomáticos) alcanzaron tal nivel de cabildeo dentro de las convenciones de Río, que han llevado a situaciones totalmente aberrantes. Por ejemplo, las negociaciones de cambio climático, uno de los temas más acuciantes para el planeta, están entregadas a favorecer los mercados de carbono y los negocios de inversores y las trasnacionales más contaminantes, sin hacer absolutamente nada para enfrentar el problema real de la crisis climática.

Dentro del Convenio de Biodiversidad avanzan iniciativas para transformar toda la biodiversidad y los ecosistemas en negocios. A eso se dedica el programa TEEB –Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad– que se propone asignar valor (en realidad precio) a todos los elementos de la naturaleza. Otra vez, quien coordina este programa es un banquero: Pavan Sukhdev, que incluso mantiene su cargo como director del Deutsche Bank.

Todo esto plantea una serie de desafíos que es necesario entender para enfrentarlos. Muchas organizaciones y movimientos sociales ya han comenzado el proceso. Las negociaciones sobre cambio climático, biodiversidad y otras convergerán en Río+20. La intención oficial mayoritaria es que todas esas convenciones se sometan, definitivamente, al mercado. Se discute ya oficialmente la propuesta de fusionar las tres convenciones, quizá también con otros convenios ambientales, como Ramsar (humedales). En el contexto actual, podría signficar una plataforma unificada para facilitar a las trasnacionales el acceso y los trámites.

También las luchas sociales y debates que han rodeado esas negociaciones estarán presentes en Río, para mostrar la realidad desde abajo y lo que de verdad necesitamos hacer.

*Investigadora del Grupo ETC

Este diciembre, Cancún fue el escenario de un costoso evento para beneficiar a las trasnacionales y gobiernos más contaminantes. Por los resultados y la dinámica antidemocrática, se podría pensar que fue una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como la de 2003, donde el campesino coreano Lee Kyoung-Hae se inmoló para mostrar la injusticia que significan estos tratados. Pero fue una reunión del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de facto convertido en una nueva Organización Mundial de Comercio de Carbono. Los muertos los sigue poniendo el Sur global.

Los países más contaminantes y sus grandes industrias –los que más han emitido gases de efecto invernadero y lucran enormemente con ellos, devastando el planeta de todos– consiguieron lo que se proponían y más: rompieron cualquier compromiso vinculante de reducir emisiones; no establecieron ninguna meta de reducciones; crearon un fondo climático que será administrado por el Banco Mundial; legalizaron nuevos mecanismos de mercado, incluidas las peores versiones de REDD (eufemísticamente llamado Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques) que abre a una ola planetaria de privatización de bosques y expulsión de comunidades, además de ser un gran aliento a la especulación financiera. También lograron un comité de tecnología a su gusto, que eliminó las referencias a las barreras que constituyen las patentes para el Sur y da amplia participación a las trasnacionales y la industria para imponer sus tecnologías. Los derechos indígenas y campesinos, la participación de sociedad civil no comercial, son mencionados decorativamente, sin efecto real.

Si esto fue una negociación ¿qué recibió el Sur global por tanta concesión? La respuesta es sorprendente: nada. Sólo promesas vacías, sin valor jurídico, sobre movilizar fondos, reconocer la necesidad de reducir emisiones, abrir procesos, evaluar en futuros igualmente inciertos. Mientras los países históricamente más contaminantes no hacen ningún compromiso de reducción, ahora los países del Sur tienen que informar sobre sus reducciones. Eso no está mal, pero la injusticia es evidente.

O sea, lo que se plasmó en Cancún fue la voluntad irrestricta de Estados Unidos y la aplicación del espurio entendimiento de Copenhague, con esteroides: todo lo que querían los causantes de la crisis climática y nada para las víctimas.

Para entender mejor lo que pasó, hay que leer las comunicaciones oficiales al revés: donde dice consenso, léase desacuerdo, donde dice multilateralismo, léase negociaciones secretas entre algunos, donde dice reconocemos la necesidad de reducir las emisiones, léase los países del Norte no volveremos a firmar compromisos vinculantes de reducción, donde dice proteger los bosques léase privatizarlos, donde dice recuperamos la confianza, léase recuperamos los créditos que pagará el público y aumentamos las indulgencias de carbono, donde dice transferencia de tecnología, léase jamás evitarán el pago de patentes en la tecnología que venderemos al Sur, basada en sus recursos y subsidiada por ellos mismos, donde dice progreso leáse avance de mecanismos de mercado e inyección de optimismo al mercado financiero especulativo.

La lista es larga y falta que donde dice democracia y participación, debe leerse censura y represión, de lo cual varias redes de organizaciones por la justicia ambiental e indígenas presentes en Cancún pueden dar testimonio.

La presidencia de México en el Convenio se encargó de gestionar este resultado, con una dinámica igual a la de la OMC: llamando a grupos de delegados por separado, elegidos por la propia presidencia, a negociaciones ocultas, fragmentarias y nunca en pleno, manipulando debilidades y deseos, confrontando selectivamente a países o regiones entre sí, prometiendo quién sabe qué recursos. Finalmente presentó, tardíamente para no dar tiempo a consideración real en plenario –donde todos podrían ver todo–, un documento final no solicitado por los órganos del convenio y como reclamó Bolivia, con la opción tómelo o tómelo.

No se convocó al pleno para decidir sobre esta propuesta, sino a una reunión informal con la presidenta donde se puso a la mesa como paquete completo y cerrado. La presidencia mexicana destacó por hechos insólitos en Naciones Unidas: en lugar de aplacar la porra de aplaudidores que curiosamente tuvo acceso masivo a las reuniones finales –aunque todas las otras sesiones fueron fuertemente limitadas a los observadores–, la presidenta se sumó a los aplausos y expresiones de disgusto con posiciones discrepantes –solamente planteadas por Bolivia– algo totalmente fuera de lugar para la presidencia de una reunión multilateral. En la misma tónica, decidió unilateralmente que la objeción argumentada por Bolivia no necesitaba ser tomada en cuenta, arguyendo arbitrariamente que no era necesario el consenso para decidir, lo cual es una violación flagrante de las reglas del Convenio. Sería como afirmar, digamos, que se puede tener la presidencia sin ganar las elecciones.

Apelar a que no se necesita consenso, es paradójico en el caso de México, que estando solo en sus posiciones en el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, también de ONU, ha usado repetidamente el recurso de decidir por consenso, para impedir por ejemplo, acordar normas para etiquetar claramente los transgénicos. Allí igual que ahora, fue para defender los intereses de las trasnacionales y de Estados Unidos. Bolivia en cambio, defendió en Cancún con dignidad y valentía los intereses de los pueblos, expresados por más de 35 mil participantes en la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba. Los movimientos y organizaciones sociales lo saben y rendirse no está en la agenda.

*Investigadora del Grupo ETC