Las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climático en Cancún en diciembre 2010 (COP 16) significaron un parteaguas en muchos sentidos, todos negativos. No así las movilizaciones populares frente a esta cumbre, de organizaciones como Vía Campesina y otras de base, que no han perdido el sentido de la realidad, de lo que es absurdo y de lo que necesitamos hacer. Cada vez, la brecha es mayor.

Los resultados oficiales de la COP 16 fueron peores que el año anterior en Copenhague, en dos aspectos fundamentales: en las decisiones que se tomaron, y en el discurso dominante, difundido por medios acríticos, gobiernos y grandes ONG ambientalistas, que tratan de convencernos que al menos se han avanzado unos pasos, sin nombrar que son hacia el abismo. No hubo ninguna resolución para enfrentar realmente el cambio climático, incluso se debilitaron las que existían, pero se aumentó el apoyo a falsas soluciones y mecanismos de mercado que crearán más gases de efecto invernadero y más especulación.

A diferencia de Copenhague, donde quedó claro el fracaso y el intento de golpe de los países más contaminantes para imponer su voluntad y librarse de toda responsabilidad, en Cancún se impuso –aumentado– el fallido texto de Copenhague, ahora con la colaboración de casi todos los gobiernos del mundo, con la sola excepción de Bolivia, el único país que se mantuvo firme en los principios y demandas para enfrentar realmente la crisis climática.

Esta cumbre significó también un quiebre del ALBA, ya que Claudia Salerno, la delegada de Venezuela –acompañada parcialmente por otros países del bloque– se prestó a negociar activamente fuera de las agendas expresadas oficialmente y fuera de los canales multilaterales. Ante la justa protesta de Bolivia de que no se había discutido democráticamente los temas y no había consenso, Salerno sugirió simpáticamente a la manipuladora presidenta mexicana de la COP, que tomara nota de la discrepancia de Bolivia, en lugar de exigir que hubieran negociaciones reales, abiertas y transparentes.

Esta sumisa posición de Venezuela contrasta fuertemente con el discurso conjunto de Hugo Chávez y Evo Morales en Copenhague, donde afirmaron que el capitalismo está en la raíz de la crisis climática, que no permitirían imposiciones de Estados Unidos y otros países del Norte, que necesitamos ir a las causas reales de la crisis climática por la gravedad que ésta significa para los pueblos y el planeta. Allí contaron con el apoyo de los pueblos del mundo. En Cancún, por lo contrario, Venezuela fue una pieza clave para aprobar lo que Hugo Chávez rechazó el año anterior.

Si el caso de Venezuela es extremo, también fue curioso que otros países del Sur, como los agrupados en el bloque G-77, participaran del fraude. En ambos casos declararon que lo importante era salvar el ámbito de negociaciones –en crisis por las diferencias de perspectiva entre víctimas y victimarios. Por ello aceptaron la promesa vaga de un proceso de discusión a futuro, pese a que lo que se aprobó en el mismo acto, es contrario a lo que el bloque estuvo peleando por años (exigían compromisos vinculantes de reducción, responsabilidad común pero diferenciada entre el Norte y el Sur, reconocer la responsabilidad histórica de los que causaron la crisis climática, cuestionamiento de la propiedad intelectual en tecnología y otros puntos). Por su lado, Japón, Australia, Estados Unidos y otros países –todos grandes contaminadores– dejaron claro que no firmarán ningún compromiso vinculante tampoco en el futuro. Estados Unidos declaró que Cancún fue un éxito para sus intereses.

Para lo que sí se rescató el ámbito de Naciones Unidas fue para tomar decisiones en algunos puntos. Por ejemplo, para avalar nuevos mecanismos de mercado, como la captura y almacenamiento de carbono en formaciones geológicas (CCS, por sus siglas en inglés) que tiene enormes impactos, y los programas REDD, que fue aprobado en sus versiones más extremas, para permitir la privatización de facto de los bosques y arrasar con las comunidades, eliminando de la discusión toda salvaguarda sobre derechos indígenas o biodiversidad. Las ONG ambientalistas e indígenas que afirmaron defender este mecanismo de mercado para proteger los bosques, funcionaron, en la interpretación más benigna, como peones útiles a las empresas y especuladores. George Soros, inversionista y especulador finaciero, festejó la aprobación de REDD como un bienvenido estímulo a ese mercado.

Este síndrome de Cancún que contagió a las víctimas (parafraseando al síndrome de Estocolmo, donde los rehenes se enamoran de los secuestradores) está enmarcado en que varios de los países del Sur han crecido sobre el mismo modelo petrolero y de explotación de recursos que llevó a la crisis climática y son ahora grandes contaminadores, por lo que sus gobiernos tampoco quieren compromisos reales de reducción. Muchos confluyen también con los gobiernos del Norte y trasnacionales en el empuje a un nuevo capitalismo verde –basado en mercantilizar la naturaleza y sus funciones, poniendo precio a todo y valor a nada– para aprovechar que la biodiversidad y bosques que se pueden poner a la venta a través de programas como REDD y otros, están sobre todo en el Sur.

En el polo opuesto, Vía Campesina, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y otras organizaciones de abajo denunciaron estas maniobras y las causas reales de la crisis climática, además de mostrar un arcoiris de realidades y propuestas que son verdaderas soluciones. El panorama es sombrío, pero los movimientos de abajo no se pierden.

*Investigadora del Grupo ETC

Mapmaking and conquest has a disturbingly close history. As indigenous people learned, the innocuous mapmaker may be followed by weapons, property claims and exploitation. So too for the recent rash of science projects using mapping.

The mapping of the human genome was accompanied by a massive patent grab on human genes. By mapping online social networks, internet marketers exploit new markets, while Big Pharma waits hungrily for new maps of the brain to offer opportunities to sell mood, attention, sleep and memory drugs.

The Human Microbiome Project is a $115 million attempt to map genetically all the microbes (bacteria, yeast and other single-celled critters) that inhabit the human body. Initial studies suggest our skin is crawling with a trillion microbes. Our mouths sustain 700 different microspecies, 10 billion in every gob of spit. The human gut harbours 100 trillion micro-organisms. Microbes outnumber the cells of the body 10 to one.

What interests microbial mapmakers is that our resident microbes (our so-called ‘microbiome’) are not getting a free ride. The body employs microbes to break down food, ward off invaders and boost immunity. Researchers estimate 10 per cent of all the body’s chemicals are produced by microbes. Over history, microbes have swapped genes with the body and become inheritable mitochondria in its cells. Most worrying are suggestions that our microbial passengers help control our behaviour. One tiny parasite, Toxoplasma gondii, secretes chemicals that make mice fatally attracted to cats. It is controversially suggested the same bug also brings on human behaviour patterns such as promiscuity and violence.

Waiting in the wings are a handful of business plans to exploit knowledge of the human microbiome, from the probiotic yoghurt industry to biotech companies like Florida-based Oragenics, which is going through FDA approval for genetically engineered bacteria it claims will out-compete the species that cause tooth decay. It calls this approach ‘replacement therapy’ – replacing an existing microbiome with a new engineered one. Leading researchers in the human microbiome project have filed a patent on a method they claim could make fat people skinny (or vice versa) by replacing the energy-efficient microbes resident in obese people with the more sluggish microbes found in leaner folks.

Most significant is the emerging evidence that everyone has a different set of microbes – a microbiomic fingerprint. Pharmaceutical companies and food companies would like to sell you drugs and foods perfectly matched to your own personal bacteria. Forensics experts would like to find out where you have been and with whom by examining the microbes you breathed in or left behind.

Most intriguing, because microbial populations in the air may differ by geographical location, a breath sample may reveal whether you have been taking the mountain air in Northern California or Northern Afghanistan. Instead, mapping and controlling microbes may become interchangeable with tools mapping and controlling human populations.

Jim Thomas is a research programme manager and writer with ETC group (www.etcgroup.org)

The stated purpose of the workshop was for participants to provide feedback on a draft paper, “Nanotechnology and the Need for Risk Governance,” to see where there was agreement on its proposed model for risk governance. The group was diverse in one sense, but in no way surprising – a cast of characters from the public sector focused on health and environmental risks (from the US and Europe plus one representative from ITRI in Taiwan), industry and trade guys, standards developers, social scientists, the insurance industry and even a couple “fringe barbarians” for good measure (ETC Group and CRN). There was no developing country representation (in the form of civil society, academia or industry) and no other advocacy groups that have a stake in nano’s development (e.g., disability rights, privacy advocates, farmers’ organizations, consumer groups), though participants were asked to suggest names and types of stakeholders for future discussions.

Everyone seemed to agree that nanotech poses unique risks that have yet to be addressed by national regulators or any international body and that there is a need for governance. Beyond that, everyone seemed to recognize that different applications of nanotech pose different risks and that those risks will change as the technology develops (assuming it develops in the way governments, industry and scientists imagine). The conversation was so congenial (the workshop was facilitated by the Meridian Institute) and the chocolate so delicious that it wasn’t easy reminding the group that ETC still stands by its 2002 call for a moratorium and that we will continue to insist on mandatory regulations. We look forward to reading the next draft of “Nanotechnology and the Need for Risk Governance.”