Se podría pensar que lo más verde de las propuestas de “economía verde”, que gana terreno en diversos ámbitos oficiales, principalmente en las negociaciones hacia la conferencia internacional Río+20, es el color de los billetes que esperan ganar con ella las empresas trasnacionales que han causado las crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas. Esta es una de las conclusiones que se derivan al comprobar que son las mismas compañías que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de la economía verde.

No se trata solamente de los oligopolios que conocíamos y que avizoran nuevos negocios. Además, se avanzan nuevas configuraciones corporativas que reúnen a las mayores empresas petroleras, químicas, farmacéuticas, forestales y de agronegocios con nuevas compañías de biología sintética y genómica para procesar cualquier tipo de biomasa, sea natural o cultivada, y convertirlo en combustibles, forrajes, plásticos u otras sustancias industriales, planteando un escenario donde cualquier cosa “verde” (o que esté o haya estado viva) podría ser apropiada corporativamente para sacarle ganancias con algún uso industrial. Más que una economía verde, la conjunción de oligopolios y nuevas tecnologías está llevando a un asalto corporativo sin precedente de la naturaleza, de lo vivo, de los sistemas de alimentación y de los territorios de las culturas campesinas e indígenas, que irónicamente se presenta como una nueva etapa del “desarrollo sustentable”.

El reciente informe Quién controlará la economía verde, del Grupo ETC (www.etcgroup.org/es/node/5298), muestra que la tendencia hacia la concentración corporativa global continúa, favorecida incluso por las crisis. Si bien en diversos sectores analizados hay estancamiento del crecimiento o incluso menos ingresos, las ganancias corporativas se mantuvieron, porque según su propia definición “hicieron más con menos”. Con menos trabajadores, menos prestaciones y derechos laborales, menos consideraciones ambientales y de salud.

En el caso de la cadena alimentaria agroindustrial, desde las semillas e insumos agroquímicos, a la distribución, procesamiento y ventas en supermercados, las ganancias aumentaron con la crisis alimentaria y climática, en algunos casos en forma exponencial, gracias a la manipulación de la oferta, a la desaparición de competidores, a los subsidios públicos por desastres (para replantar cosechas arruinadas, para ayuda alimentaria, etc). Es dramático y absurdo que en semillas –llave de toda la cadena alimentaria– una sola empresa, Monsanto, controle 27% de todas las semillas comerciales a escala global (y más de 80 por ciento en semillas transgénicas), y que junto a dos empresas más, Syngenta y DuPont-Pioneer, controlen más de la mitad del mercado mundial de semillas. Las semillas y venenos químicos que venden esas empresas son la base de la agropecuaria industrial que ha destruido suelos, contaminado aguas y provocado la mayor parte de la crisis climática global. Ahora van además por el monopolio de lo que llaman “semillas resistentes al clima” –sequía, cambios de temperatura, inundaciones–, alegando que con más del mismo modelo, con menos reglas de bioseguridad, con más patentes a su favor y más apoyos de los gobiernos para las empresas, ahora sí saldremos de la crisis que ellas construyeron.

Al otro extremo de la cadena alimentaria las grandes superficies de ventas directas al consumidor (supermercados) han crecido a punto tal, que en 2009 superaron el mercado total de energéticos, el mayor del mundo por décadas. Esto significa un brutal control corporativo de qué, cuándo, cómo, con qué calidad, dónde y a qué precio se producen y consumen los alimentos y muchos otros productos de la vida cotidiana. En el informe se analiza además el control corporativo en otros rubros, como agua, petróleo y energía, minería y fertilizantes, forestación, farmacéutica, veterinaria, genética animal, biotecnología, bioinformática, generación y almacenamiento de datos genómicos.

Uno de los aspectos más preocupantes son los impactos del avance del uso de biomasa, a través de nuevos emprendimientos corporativos y tecnológicos. Por ejemplo, la empresa de biología sintética Amyris, con sede en California y Brasil, tiene asociaciones con Procter & Gamble, Chevron, Total, Shell, Mercedes Benz, Michelin, Bunge y Guarani para producir combustibles y sustancias industriales. En Brasil, ya consiguió que se permita la producción de combustibles a partir de la fermentación de azúcares derivados de biomasa, con microbios artificiales, cuyo escape constituye un grave riesgo (consumen celulosa, presente en toda la materia vegetal), que de ninguna forma está contemplado en los marcos de bioseguridad. Sin embargo, éste es uno de los “ejemplos” de economía verde en Brasil.

Otro ejemplo es la asociación de DuPont con el gigante petrolero BP, y las cerealeras General Mills y Tate & Lyle (Bunge), que además de biocombustibles agregan ahora combustibles derivados de algas. O la constelación Dow Chemicals, con Chevron, Unilever, Bunge, la marina y ejército de Estados Unidos, alrededor de la empresa de biología sintética Solazyme, para transformar “azúcares de bajo costo en aceites de alto valor”, que podrían ser desde combustibles a alimentos y muchos otros productos. Todo esto representa nuevos riesgos, pero además un aumento vertiginoso de la demanda de biomasa, tierra, agua y nutrientes, que exige que denunciemos estas propuestas por lo que son: nuevas formas de despojo.

Publicado en La Jornada, México, 14 de enero de 2012

La conferencia sobre cambio climático realizada en Durban, Sudáfrica, en diciembre 2011, destaca por lo que no decidió: ni compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, ni fondos para los países más afectados, ni respeto a las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” entre países industrializados que provocaron el caos climático y los demás que lo sufrimos.  Pero sí avanzaron decisiones en agricultura, bosques, tecnologías y ampliación de mercados de carbono, que conllevan impactos muy negativos sobre la mayoría.

Los mercados de carbono –que permiten no reducir emisiones de gases donde se crean, comprando espacio no contaminado a otros– no sirven para enfrentar la crisis climática,  pero justifican que se siga contaminando y abren nuevos mercados especulativos, muy preciados en época de crisis financiera. Según el Banco Mundial –pionero en mercados de carbono y en derivar fondos públicos para subsidiar el negocio a las trasnacionales– el mercado global de carbono fue de 144,000 millones de dólares en 2009.  Solamente un 0.2%  fue para proyectos concretos, el resto fueron honorarios de consultores, gastos de transacción e inversiones financieras especulativas.

La conferencia de cambio climático en Cancún en 2010 (COP16), sentó las bases para mercantilizar a gran escala el aire de los bosques, aceptando los proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada) como base de mercados de carbono. Pablo Solón, entonces negociador de Bolivia, explicó que los mercaderes del carbono van por mucho más: buscan incluir bosques, agricultura, biodiversidad y agua (ríos, mares, manglares, a lo que llaman “carbono azul”).

En la COP17 en Durban, se consolidó REDD para quienes prueben que hayan deforestado y dejen de talar una pequeña parte (por eso la meta es “deforestación evitada”, no “evitar deforestar”) premiando así a los mayores talamontes. Los que buscan recibir REDD, tendrán que aumentar la deforestación para luego disminuirla, lucrando el doble: por deforestar y por dejar de hacerlo.

Esto da lugar a corrupción mediante consultores que certifican cifras de deforestación más altas a las reales, para seguir aumentando la deforestación y además, cobrar por supuestamente disminuirla.  La otra cara de REDD, llamada perversamente “manejo sustentable de los bosques”, serían mínimos pagos a comunidades que no deforestan. Para ello deberán entregar el manejo de sus territorios a consultores externos que definan lo que pueden o no hacer, y a estados o empresas que compren esa función de sus bosques. Hay grupos indígenas que quieren obtener fondos con REDD, pero con “salvaguardas”. La COP 17 reafirmó salvaguardas generales, pero a criterio de los gobiernos en cada país, lo cual significa que ni son obligatorias ni se podrá ir más allá de la arbitrariedad que decida cada gobierno. En ningún caso los territorios quedan fuera del mercado: al contrario, REDD se consolidó como una efectiva evasión de políticas públicas para proteger derechos indígenas, campesinos y biodiversidad, cambiándolos por pagos selectivos y ventas de mercado. Contra esto se formó la “Alianza global de los pueblos indígenas y comunidades locales contra REDD+ y por la vida”, que exigió en Durban una moratoria global a REDD.

La COP17 avanzó también en el camino a la inclusión de agricultura en mercados de carbono. Así como REDD es un negocio para talamontes y una forma de despojar a las comunidades de sus territorios, con agricultura en mercados de carbono se busca premiar a la agricultura industrial y transgénica, aumentando la disputa y despojo de tierras campesinas.

El sistema alimentario agroindustrial es el principal factor de emisiones de gases de invernadero. Por el contrario, como ha mostrado la Vía Campesina y sus aliados, los sistemas alimentarios campesinos alimentan a la vasta mayoría de la humanidad y enfrían el planeta con sus métodos diversos y sustentables.  La maniobra de los mercaderes de carbono, con apoyo del Banco Mundial y FAO, es promover lo que llaman “intensificación sustentable” y “agricultura inteligente para el clima”. En lugar de cuestionar el sistema alimentario agroindustrial que es causante de contaminación, caos climático y hambre, proponen seguir con lo mismo, aumentando la producción en menor superficie, usando semillas híbridas y transgénicas y cantidades masivas de fertilizantes químicos, dejando el resto de la tierra para vender como sumidero de carbono, con lo cual Monsanto y otras agro-transnacionales aumentarían sus ventas y podrían cobrar créditos de carbono.

La absorción de carbono en bosques y suelos, aguas y biodiversidad es de difícil medición –en realidad imposible–, porque son sistemas vivos y cambiantes con las geografías, ecosistemas y culturas que allí conviven. Absorben carbono, pero también lo emiten y en ningún caso son “sumideros de carbono” sino bases del sustento de la mayoría de la humanidad.  Pero para el mercado, lo importante no es ser exacto, sino aparentarlo: el monitoreo y medición de carbono en bosques, suelos, biodiversidad es un jugoso negocio también para investigadores y consultores, que están desarrollando sofisticados sistemas satelitales y de bioprospección para medir carbono en sistemas vivos.  En esa lógica, los indígenas y campesinos son una molestia porque alteran la medición.

Los corsarios del carbono no pudieron avanzar en Durban tanto como querían, gracias a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil y de Vía Campesina. Pero sin duda es un tema a seguir denunciando.

Publicado en La Jornada, México, 31 de diciembre de 2011

Como si fuera un hecho banal, el gobierno mexicano aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.
Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.

Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.

A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta.  Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30,000 hectáreas. En el mismo documento  figuran otras 90,000  hectáreas en Tamaulipas, a las que llamaexperimentales.(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468 <http://www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&amp;idurl=25468> ).

Casi 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, sólos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.

Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Este y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.

Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra piloto de 10,000 hectáreas, contiene el gen 603.

Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano, son totalmente insuficientes para los riesgos que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en laconsulta pública que el gobierno colocó en internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles, se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez, que el gobierno desechó sin explicaciones.

Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aún si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.

Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación comercial.

Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados  de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 28 de agost ode 2010

La agricultura y el sistema alimentario industrial son el principal causante del calentamiento global y la crisis climática. En contraste, las agriculturas campesinas e indígenas, biodiversas y descentralizadas, son el factor más importante para enfrentar esta crisis y salir de ella, además del hecho fundamental de ser las que alimentan a la mayor parte de la humanidad.

Pese a esto, la visión que predomina en las negociaciones internacionales sobre el clima recoge los intereses de las empresas contra los y las campesinas. El intento ahora es integrar la agricultura y los suelos al comercio de créditos de carbono, lo cual significaría un nuevo subsidio a las trasnacionales de agronegocios, favoreciendo más a la agricultura industrial y mayor despojo a las formas de vida campesinas.

Los datos sobre las fuentes del calentamiento global varían según la fuente, pero coinciden en señalar la agricultura industrial como una de las fuentes mayores de emisión de gases de efecto invernadero, junto a la generación de energía y transportes basados en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las actividades agrícolas aparecen como responsables de entre 11 y 15 por ciento de las emisiones. Si bien este dato ya es grave, presentarlo desagregado de las emisiones de la cadena agroalimentaria industrial oculta una realidad mucho peor en cuanto a su responsabilidad por la crisis climática. Si se consideran juntos la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial al que está necesariamente ligado, hay que cargarles una parte significativa de las emisiones de los transportes; otro porcentaje por deforestación y cambio de uso de suelo (en avance de frontera agrícola y en uso de papel: aproximadamente 75 por ciento del papel que se produce es para propaganda y embalajes, que son solamente demanda de las grandes cadenas de ventas), y casi la totalidad del metano que emiten los basureros debido a la pudrición de basura orgánica, que en su mayoría son restos de alimentos que se tiran en las ciudades.

Según el excelente trabajo de Grain La crisis climática es una crisis alimentaria (www.grain.org/nfg/?id=735), basado en el análisis de decenas de informes, la agricultura y el sistema alimentario industrial son responsables de entre 44 y 57 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Llegan a esta conclusión agregando los siguientes datos: las actividades agrícolas representan de 11 a 15 por ciento de emisiones; el cambio de uso de suelos, desmonte y deforestación causan de un 15 a 18 por ciento adicional; el procesamiento, empaque y transporte de alimentos provoca un 15 a 20 por ciento, y la descomposición de basura orgánica de 3 a 4 por ciento.

Por otro lado, Grain también hace un cálculo cuidadoso del papel de los suelos en la crisis climática: mientras su degradación es fuente de emisiones, si el suelo está vivo, con materia orgánica viva y natural que no es eliminada por fertilizantes sintéticos y agrotóxicos y se cuida según las diversas condiciones locales, con una combinación de diversidad y rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica y otras, se podría devolver a los suelos en pocas décadas su capacidad natural de retener carbono, y absorber casi dos tercios del exceso de gases de efecto invernadero que existen actualmente en la atmósfera. Pero esta forma de cuidar el suelo sólo es posible mediante la agricultura campesina y familiar, libre de tóxicos, descentralizada y diversa, adaptada a cada lugar. (Camila Montecinos, Cuidar el suelo, www.grain.org/biodiversidad/?id=459)

Sin embargo, intereses industriales pretenden ahora explotar esa capacidad del suelo para absorber y retener carbono para cobrar créditos de carbono, usando el suelo como sumidero. Por ejemplo, las industrias que promueven el llamado biochar (carbón vegetal). Se trata de sembrar extensas áreas de monocultivos de árboles para quemarlos, convirtiéndolos en carbón negro y luego enterrarlo, teóricamente para secuestrar carbono y aumentar la fertilidad del suelo.

Según sus proponentes –industrias que aspiran a hacer grandes lucros–, es también una forma de geoingeniería, porque con 500 millones de hectáreas o más podría enfriar el planeta. Cínicamente dicen que es una tecnología indígena amazónica. Pero el biochar y las formas indígenas de quemar y enterrar son tremendamente diferentes. En el primer caso se trata de ejercer violencia sobre el suelo, primero con grandes plantaciones y agrotóxicos, luego enterrando carbón en forma súbita y masiva, que según estudios incluso podría desequilibrar más el suelo y liberar el carbono retenido en forma natural. Además, parte del polvo de carbón negro se libera a la atmósfera en el proceso y tiene un efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono, por lo que otros estudios evalúan que hasta podría aumentar las emisiones.

Devastar millones de hectáreas con plantaciones y agrotóxicos para luego quemarlas suena realmente enfermizo. Al contrario, la forma indígena se basa en miles de años de sabiduría acumulada de manejo diverso y adaptado a cada región, a diferentes suelos y a trabajar respetando las condiciones naturales de cada lugar, de cada suelo.

Hay más propuestas de la industria para convertir la agricultura y la alimentación en su campo de lucro particular mientras el planeta se fríe y aumenta el hambre. Por ello Vía Campesina llamó, de cara a la cumbre climática que se efectuará en Cancún en diciembre, a denunciar ahí dichas propuestas y en cada lugar donde estemos, y mostrar las verdaderas alternativa campesinas, tarea urgente que nos incumbe a todos.

* Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 14 de agosto de 2010

The final 10-page summary of the Conference’s deliberations read out in the stadium could hardly be described as great prose and will still need some editing before it can be submitted as negotiating text to the UNFCCC. But there is no doubt that it was the consensus of three days of intense negotiations that brought together indigenous peoples, peasant organizations, trade unions, teachers, engineers, environmentalists and a vast array of civil society organizations and interested individuals and smaller delegations of governments. People sat on the floor and crammed in the doorways of the 17 different working groups in a rarely seen democratic and international exchange on what needed to be done about climate change. Many UN agencies, including a representative of the Secretary-General, also attended.

The conclusion of this historic meeting and full final report will be directly input into the faltering United Nations climate change negotiations, providing a voice for those who felt silenced in Copenhagen. In a closing dialogue session for governments and civil society representatives, President Evo Morales and his Venezuelan counterpart, Hugo Chavez were enthusiastically joined by Ecuador’s Foreign Minister and Cuba’s Vice-President in calling for the report to be taken directly into the climate change negotiations. The four people representing the 17 working groups denounced the Copenhagen Accord as inadequate and illegitimate, condemned false solutions like carbon trade, REDD, geoengineering, called for the recognition of ancestral knowledge, loosening of patent regimes, sustainable agriculture, protection of human rights. There were calls for an environmental court of justice, a Charter on the Rights of Mother Earth, a world-wide referendum on climate change. Stony-faced junior representatives from the United States, Canada, Australia, Mexico, France, UK (and many others) remained silent at this precedent-setting dialogue of governments and civil society that the Bolivian government had organized at a nearby hotel.

The Bolivian government announced its plan to hold the Peoples Summit in Cochabamba last December following the Copenhagen debacle and the failure of governments to achieve any kind of meaningful consensus or plan of action. It is hard to believe that a mere four months later such an impressive and diverse gathering could take place. The decision to hold the meeting in Cochabamba undoubtedly complicated but is organizational problems — but it was a wonderful decision. Ten years ago the citizens of Cochabamba took to the streets and peasants blockaded roads to prevent the privatization of Cochabamba’s water supply. The long battle and final victory brought international recognition to the global issue of water privatization and contributed to strengthening the social movements that, arguably, began with the WTO protests in Seattle in 1999 and led to the creation of the World Social Forum in 2001.

If the Cochabamba declaration lacks poetry, it doesn’t lack either rhetoric or substance. In comparison to the US-imposed “Copenhagen Accord”, the Cochabamba document is elegant, erudite and explicit and has a real plan of action. Greenhouse gases, for example, must be cut back to no more than 300 parts per million and the industrialized countries climate debt must be paid in full. Carbon trading was flatly rejected the assembly refused to accept Trojan horse technologies that — while pretending to address climate change – do little more than the untested experiments that use the global South is to portray guinea pigs. The full text provides more details and examples of both what should not be done and what could be done.

The summary report rejects “false solutions” to climate change such as nuclear power, agrofuels, transgenic crops and GM tree plantations and geoengineering. Although most of the 35,000 delegates came to Cochabamba with little or no understanding of geoengineering, the launch of the H.O.M.E campaign — “Hands off Mother Earth – Our Home is not a Laboratory” (see www.handsoffmotherearth.org) in the midst of the conference attracted a lot of interest in the many side events and debates that took place in addtion to being discussed by several of the working groups. The campaign’s message was considerably aided and abetted by the presence of a handful of scientists and companies advocating geoengineering who traveled to Cochabamba from Europe to host seminars. Their presence and participation solidified opposition to the idea of any techno-fix that would massively modify planetary systems on land, on oceans, or in the stratosphere.

Although participation in the conference was impassioned and debates intense, the hurriedly convened international meeting did have its problems. The government of Bolivia had only expected 10 to 13,000 delegates — not 35,000. Cochabamba and the nearby town of Tiquipaya where the hub of activities were organized were bursting at the seams and there was considerable confusion around the time and place of side events and working groups. Many organizations were also concerned that government delegations — including the Bolivian delegation — would try to manipulate the outcomes. The Bolivian government itself came under fire for preventing an alliance of national CSO’s from incorporating their “working group 18″ into the formal proceedings. In the end, working group 18 met just outside the gates of the University conference to discuss government plans to encourage the mining of silver and lithium and other industrial development related to fossil fuels. While Bolivia’s external image is pristine, it has many “friendly critters” among environmentalists and other progressive movements inside the country. Despite differences, working group 18 carried out openly and attracted large audiences who crossed back and forth between formal and informal negotiations. All of this took place in an atmosphere of peace without any excessive security presence. The Bolivian army was there – but as often inside the workshops as at the gates of the conference checking ID badges!

There were also mixed feelings about a government proposal to create a new “Global Alliance” of governments and society to work together on climate change. At a banquet Wednesday night, a Brazilian guest proposed that the Cochabamba Summit be reconvened every two years. Although there is genuine support for a global forum that can bring together government and civil society on equal footing to discuss critical issues, social movements are firm that the nature and structure of these meetings were requires careful consideration and can’t be assumed automatically. Cochabamba was a remarkably successful first experience with a format that could have turned disastrous — but lessons need to be learned and studied before next steps are taken.
Perhaps more than anything else, the Cochabamba Summit succeeded in bringing together progressive government negotiators and activist social movements are now committed to dialogue and cooperation during the coming months that will eventually lead to the Cancun UNFCCC Summit at the end of November. Society has become more militant and coherent and more governments are getting the message that the Copenhagen debacle must not be repeated.

Del primero al 4 de marzo 2010 se realizará en Guadalajara, México, una conferencia “técnica” internacional de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre cómo se podría manipular y/o hacer transgénico casi todo lo que esté vivo: desde los cultivos y microorganismos hasta los bosques, peces y ganado, pasando por cómo usar más biotecnología en procesos agroindustriales.

Cínicamente, los objetivos manifiestos de la conferencia afirman que se hace para plantear las “oportunidades y opciones” para los países pobres frente a las crisis alimentaria y climática. Para ello la FAO, con apoyo y dinero del gobierno mexicano, tendrá una conferencia cerrada, sólo para invitados, en un hotel de lujo y rodeada de elementos de “seguridad” (nada alimentaria), limitando enfáticamente la participación real y las propuestas y perspectivas de aquellos que afirma necesitarían sus supuestas soluciones.

Entre los organizadores de la conferencia se encuentra también el Banco Mundial y el CGIAR, ambas instituciones con largas colas que pisar por su impacto negativo sobre los más desposeídos. El gobierno de Estados Unidos e instituciones vinculadas a las industrias de transgénicos están entre los financiadores. Es lógico, ya que la conferencia es uno de los intentos más burdos de la FAO para promover y legitimar a los transgénicos, beneficiando a las trasnacionales que los monopolizan.

Son muchas y graves las agresiones que encarna esta conferencia. Una de ellas es que la conferencia se realiza al mismo tiempo que se autorizan las siembras de maíz transgénico en México, centro del origen del cultivo, en un claro intento del gobierno por legitimarse y tratar de tapar las críticas internacionales por este crimen de proporciones históricas, arropándose con la “indiferencia” de la FAO frente al tema. Peor aún, espera que la FAO no sólo no lo critique, como es su deber según su propio mandato y tratado, sino que termine afirmando que, contra la voluntad de campesinos, indígenas y la vasta mayoría de la población del país, sería bueno para México sembrar transgénicos. O al menos, que la coexistencia de transgénicos con otros cultivos es posible, falacia inventada por las trasnacionales. En Europa, donde se aceptó la coexistencia, ahora hay una campaña masiva para suspenderla, porque la contaminación transgénica –y todos los impactos ambientales, de salud y económicos que conlleva– son incontenibles.

Aunque el tema de la contaminación transgénica es grave en cualquier parte del mundo, la contaminación del maíz transgénico en México es devastadora, porque al ser el centro de origen, significa dañar el acervo genético y el reservorio de diversidad del maíz para todo el mundo. Frente al caos climático, uno de los elementos fundamentales es justamente que exista diversidad de semillas, lo que permitiría enfrentar los cambios del clima, con semillas adaptadas a diferentes circunstancias, que estén en manos de los campesinos, no contaminadas y no restringidas por patentes y control de mercados. Pero la orientación del evento es la contraria.

A partir de los documentos que se han publicado para la conferencia, queda claro el intento de la FAO por ignorar que se trata de tecnologías –sean transgénicos o biotecnología en general– que están controladas en porcentajes abismales por unas pocas trasnacionales, que monopolizan tanto los mercados como las patentes. Las pocas referencias que se hacen sobre esto, se restringen a buscar “opciones” para poder cumplir con los derechos de propiedad intelectual y acuerdos comerciales –y por tanto favorecer a las trasnacionales– en lugar de cuestionarlos por constituir un robo de las empresas a los bienes comunes, un asalto a las semillas que son “patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”, como lo expresa la Vía Campesina.

Ignorando este contexto fundamental y evitando discutir seriamente los daños ambientales y a la salud, los documentos de la conferencia son altamente útiles a las trasnacionales. Pretenden disimular los transgénicos englobando todo en el término supuestamente neutral de “biotecnología”, donde entraría desde el yogur que hacía la abuela hasta los transgénicos de Monsanto. En esto y en otros puntos, como el ocultamiento de que los transgénicos producen menos y usan más químicos, es vergonzosa la repetición prácticamente literal de argumentos y fuentes de la industria de transgénicos en los documentos.

Estas falacias no quedarán sin contestar. Entre muchas otras actividades y manifestaciones de la sociedad civil que se realizarán en esos días en Guadalajara, la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales convocan el 2 y 3 de marzo a una primer audiencia titulada “La contaminación transgénica del maíz: ¿crimen de lesa humanidad?”. Habrá testimonios nacionales e internacionales de campesinos, indígenas, activistas, intelectuales y científicos, construyendo un expediente que será presentado en tribunales internacionales. La FAO y esta conferencia constarán en el expediente.

*Publicado en La Jornada, México, 13 febrero de 2010