Como si fuera un hecho banal, el gobierno mexicano aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.
Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.

Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.

A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta.  Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30,000 hectáreas. En el mismo documento  figuran otras 90,000  hectáreas en Tamaulipas, a las que llamaexperimentales.(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468 <http://www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&amp;idurl=25468> ).

Casi 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, sólos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.

Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Este y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.

Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra piloto de 10,000 hectáreas, contiene el gen 603.

Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano, son totalmente insuficientes para los riesgos que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en laconsulta pública que el gobierno colocó en internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles, se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez, que el gobierno desechó sin explicaciones.

Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aún si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.

Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación comercial.

Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados  de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 28 de agost ode 2010

La agricultura y el sistema alimentario industrial son el principal causante del calentamiento global y la crisis climática. En contraste, las agriculturas campesinas e indígenas, biodiversas y descentralizadas, son el factor más importante para enfrentar esta crisis y salir de ella, además del hecho fundamental de ser las que alimentan a la mayor parte de la humanidad.

Pese a esto, la visión que predomina en las negociaciones internacionales sobre el clima recoge los intereses de las empresas contra los y las campesinas. El intento ahora es integrar la agricultura y los suelos al comercio de créditos de carbono, lo cual significaría un nuevo subsidio a las trasnacionales de agronegocios, favoreciendo más a la agricultura industrial y mayor despojo a las formas de vida campesinas.

Los datos sobre las fuentes del calentamiento global varían según la fuente, pero coinciden en señalar la agricultura industrial como una de las fuentes mayores de emisión de gases de efecto invernadero, junto a la generación de energía y transportes basados en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las actividades agrícolas aparecen como responsables de entre 11 y 15 por ciento de las emisiones. Si bien este dato ya es grave, presentarlo desagregado de las emisiones de la cadena agroalimentaria industrial oculta una realidad mucho peor en cuanto a su responsabilidad por la crisis climática. Si se consideran juntos la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial al que está necesariamente ligado, hay que cargarles una parte significativa de las emisiones de los transportes; otro porcentaje por deforestación y cambio de uso de suelo (en avance de frontera agrícola y en uso de papel: aproximadamente 75 por ciento del papel que se produce es para propaganda y embalajes, que son solamente demanda de las grandes cadenas de ventas), y casi la totalidad del metano que emiten los basureros debido a la pudrición de basura orgánica, que en su mayoría son restos de alimentos que se tiran en las ciudades.

Según el excelente trabajo de Grain La crisis climática es una crisis alimentaria (www.grain.org/nfg/?id=735), basado en el análisis de decenas de informes, la agricultura y el sistema alimentario industrial son responsables de entre 44 y 57 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Llegan a esta conclusión agregando los siguientes datos: las actividades agrícolas representan de 11 a 15 por ciento de emisiones; el cambio de uso de suelos, desmonte y deforestación causan de un 15 a 18 por ciento adicional; el procesamiento, empaque y transporte de alimentos provoca un 15 a 20 por ciento, y la descomposición de basura orgánica de 3 a 4 por ciento.

Por otro lado, Grain también hace un cálculo cuidadoso del papel de los suelos en la crisis climática: mientras su degradación es fuente de emisiones, si el suelo está vivo, con materia orgánica viva y natural que no es eliminada por fertilizantes sintéticos y agrotóxicos y se cuida según las diversas condiciones locales, con una combinación de diversidad y rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica y otras, se podría devolver a los suelos en pocas décadas su capacidad natural de retener carbono, y absorber casi dos tercios del exceso de gases de efecto invernadero que existen actualmente en la atmósfera. Pero esta forma de cuidar el suelo sólo es posible mediante la agricultura campesina y familiar, libre de tóxicos, descentralizada y diversa, adaptada a cada lugar. (Camila Montecinos, Cuidar el suelo, www.grain.org/biodiversidad/?id=459)

Sin embargo, intereses industriales pretenden ahora explotar esa capacidad del suelo para absorber y retener carbono para cobrar créditos de carbono, usando el suelo como sumidero. Por ejemplo, las industrias que promueven el llamado biochar (carbón vegetal). Se trata de sembrar extensas áreas de monocultivos de árboles para quemarlos, convirtiéndolos en carbón negro y luego enterrarlo, teóricamente para secuestrar carbono y aumentar la fertilidad del suelo.

Según sus proponentes –industrias que aspiran a hacer grandes lucros–, es también una forma de geoingeniería, porque con 500 millones de hectáreas o más podría enfriar el planeta. Cínicamente dicen que es una tecnología indígena amazónica. Pero el biochar y las formas indígenas de quemar y enterrar son tremendamente diferentes. En el primer caso se trata de ejercer violencia sobre el suelo, primero con grandes plantaciones y agrotóxicos, luego enterrando carbón en forma súbita y masiva, que según estudios incluso podría desequilibrar más el suelo y liberar el carbono retenido en forma natural. Además, parte del polvo de carbón negro se libera a la atmósfera en el proceso y tiene un efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono, por lo que otros estudios evalúan que hasta podría aumentar las emisiones.

Devastar millones de hectáreas con plantaciones y agrotóxicos para luego quemarlas suena realmente enfermizo. Al contrario, la forma indígena se basa en miles de años de sabiduría acumulada de manejo diverso y adaptado a cada región, a diferentes suelos y a trabajar respetando las condiciones naturales de cada lugar, de cada suelo.

Hay más propuestas de la industria para convertir la agricultura y la alimentación en su campo de lucro particular mientras el planeta se fríe y aumenta el hambre. Por ello Vía Campesina llamó, de cara a la cumbre climática que se efectuará en Cancún en diciembre, a denunciar ahí dichas propuestas y en cada lugar donde estemos, y mostrar las verdaderas alternativa campesinas, tarea urgente que nos incumbe a todos.

* Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 14 de agosto de 2010

The final 10-page summary of the Conference’s deliberations read out in the stadium could hardly be described as great prose and will still need some editing before it can be submitted as negotiating text to the UNFCCC. But there is no doubt that it was the consensus of three days of intense negotiations that brought together indigenous peoples, peasant organizations, trade unions, teachers, engineers, environmentalists and a vast array of civil society organizations and interested individuals and smaller delegations of governments. People sat on the floor and crammed in the doorways of the 17 different working groups in a rarely seen democratic and international exchange on what needed to be done about climate change. Many UN agencies, including a representative of the Secretary-General, also attended.

The conclusion of this historic meeting and full final report will be directly input into the faltering United Nations climate change negotiations, providing a voice for those who felt silenced in Copenhagen. In a closing dialogue session for governments and civil society representatives, President Evo Morales and his Venezuelan counterpart, Hugo Chavez were enthusiastically joined by Ecuador’s Foreign Minister and Cuba’s Vice-President in calling for the report to be taken directly into the climate change negotiations. The four people representing the 17 working groups denounced the Copenhagen Accord as inadequate and illegitimate, condemned false solutions like carbon trade, REDD, geoengineering, called for the recognition of ancestral knowledge, loosening of patent regimes, sustainable agriculture, protection of human rights. There were calls for an environmental court of justice, a Charter on the Rights of Mother Earth, a world-wide referendum on climate change. Stony-faced junior representatives from the United States, Canada, Australia, Mexico, France, UK (and many others) remained silent at this precedent-setting dialogue of governments and civil society that the Bolivian government had organized at a nearby hotel.

The Bolivian government announced its plan to hold the Peoples Summit in Cochabamba last December following the Copenhagen debacle and the failure of governments to achieve any kind of meaningful consensus or plan of action. It is hard to believe that a mere four months later such an impressive and diverse gathering could take place. The decision to hold the meeting in Cochabamba undoubtedly complicated but is organizational problems — but it was a wonderful decision. Ten years ago the citizens of Cochabamba took to the streets and peasants blockaded roads to prevent the privatization of Cochabamba’s water supply. The long battle and final victory brought international recognition to the global issue of water privatization and contributed to strengthening the social movements that, arguably, began with the WTO protests in Seattle in 1999 and led to the creation of the World Social Forum in 2001.

If the Cochabamba declaration lacks poetry, it doesn’t lack either rhetoric or substance. In comparison to the US-imposed “Copenhagen Accord”, the Cochabamba document is elegant, erudite and explicit and has a real plan of action. Greenhouse gases, for example, must be cut back to no more than 300 parts per million and the industrialized countries climate debt must be paid in full. Carbon trading was flatly rejected the assembly refused to accept Trojan horse technologies that — while pretending to address climate change – do little more than the untested experiments that use the global South is to portray guinea pigs. The full text provides more details and examples of both what should not be done and what could be done.

The summary report rejects “false solutions” to climate change such as nuclear power, agrofuels, transgenic crops and GM tree plantations and geoengineering. Although most of the 35,000 delegates came to Cochabamba with little or no understanding of geoengineering, the launch of the H.O.M.E campaign — “Hands off Mother Earth – Our Home is not a Laboratory” (see www.handsoffmotherearth.org) in the midst of the conference attracted a lot of interest in the many side events and debates that took place in addtion to being discussed by several of the working groups. The campaign’s message was considerably aided and abetted by the presence of a handful of scientists and companies advocating geoengineering who traveled to Cochabamba from Europe to host seminars. Their presence and participation solidified opposition to the idea of any techno-fix that would massively modify planetary systems on land, on oceans, or in the stratosphere.

Although participation in the conference was impassioned and debates intense, the hurriedly convened international meeting did have its problems. The government of Bolivia had only expected 10 to 13,000 delegates — not 35,000. Cochabamba and the nearby town of Tiquipaya where the hub of activities were organized were bursting at the seams and there was considerable confusion around the time and place of side events and working groups. Many organizations were also concerned that government delegations — including the Bolivian delegation — would try to manipulate the outcomes. The Bolivian government itself came under fire for preventing an alliance of national CSO’s from incorporating their “working group 18″ into the formal proceedings. In the end, working group 18 met just outside the gates of the University conference to discuss government plans to encourage the mining of silver and lithium and other industrial development related to fossil fuels. While Bolivia’s external image is pristine, it has many “friendly critters” among environmentalists and other progressive movements inside the country. Despite differences, working group 18 carried out openly and attracted large audiences who crossed back and forth between formal and informal negotiations. All of this took place in an atmosphere of peace without any excessive security presence. The Bolivian army was there – but as often inside the workshops as at the gates of the conference checking ID badges!

There were also mixed feelings about a government proposal to create a new “Global Alliance” of governments and society to work together on climate change. At a banquet Wednesday night, a Brazilian guest proposed that the Cochabamba Summit be reconvened every two years. Although there is genuine support for a global forum that can bring together government and civil society on equal footing to discuss critical issues, social movements are firm that the nature and structure of these meetings were requires careful consideration and can’t be assumed automatically. Cochabamba was a remarkably successful first experience with a format that could have turned disastrous — but lessons need to be learned and studied before next steps are taken.
Perhaps more than anything else, the Cochabamba Summit succeeded in bringing together progressive government negotiators and activist social movements are now committed to dialogue and cooperation during the coming months that will eventually lead to the Cancun UNFCCC Summit at the end of November. Society has become more militant and coherent and more governments are getting the message that the Copenhagen debacle must not be repeated.

Del primero al 4 de marzo 2010 se realizará en Guadalajara, México, una conferencia “técnica” internacional de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre cómo se podría manipular y/o hacer transgénico casi todo lo que esté vivo: desde los cultivos y microorganismos hasta los bosques, peces y ganado, pasando por cómo usar más biotecnología en procesos agroindustriales.

Cínicamente, los objetivos manifiestos de la conferencia afirman que se hace para plantear las “oportunidades y opciones” para los países pobres frente a las crisis alimentaria y climática. Para ello la FAO, con apoyo y dinero del gobierno mexicano, tendrá una conferencia cerrada, sólo para invitados, en un hotel de lujo y rodeada de elementos de “seguridad” (nada alimentaria), limitando enfáticamente la participación real y las propuestas y perspectivas de aquellos que afirma necesitarían sus supuestas soluciones.

Entre los organizadores de la conferencia se encuentra también el Banco Mundial y el CGIAR, ambas instituciones con largas colas que pisar por su impacto negativo sobre los más desposeídos. El gobierno de Estados Unidos e instituciones vinculadas a las industrias de transgénicos están entre los financiadores. Es lógico, ya que la conferencia es uno de los intentos más burdos de la FAO para promover y legitimar a los transgénicos, beneficiando a las trasnacionales que los monopolizan.

Son muchas y graves las agresiones que encarna esta conferencia. Una de ellas es que la conferencia se realiza al mismo tiempo que se autorizan las siembras de maíz transgénico en México, centro del origen del cultivo, en un claro intento del gobierno por legitimarse y tratar de tapar las críticas internacionales por este crimen de proporciones históricas, arropándose con la “indiferencia” de la FAO frente al tema. Peor aún, espera que la FAO no sólo no lo critique, como es su deber según su propio mandato y tratado, sino que termine afirmando que, contra la voluntad de campesinos, indígenas y la vasta mayoría de la población del país, sería bueno para México sembrar transgénicos. O al menos, que la coexistencia de transgénicos con otros cultivos es posible, falacia inventada por las trasnacionales. En Europa, donde se aceptó la coexistencia, ahora hay una campaña masiva para suspenderla, porque la contaminación transgénica –y todos los impactos ambientales, de salud y económicos que conlleva– son incontenibles.

Aunque el tema de la contaminación transgénica es grave en cualquier parte del mundo, la contaminación del maíz transgénico en México es devastadora, porque al ser el centro de origen, significa dañar el acervo genético y el reservorio de diversidad del maíz para todo el mundo. Frente al caos climático, uno de los elementos fundamentales es justamente que exista diversidad de semillas, lo que permitiría enfrentar los cambios del clima, con semillas adaptadas a diferentes circunstancias, que estén en manos de los campesinos, no contaminadas y no restringidas por patentes y control de mercados. Pero la orientación del evento es la contraria.

A partir de los documentos que se han publicado para la conferencia, queda claro el intento de la FAO por ignorar que se trata de tecnologías –sean transgénicos o biotecnología en general– que están controladas en porcentajes abismales por unas pocas trasnacionales, que monopolizan tanto los mercados como las patentes. Las pocas referencias que se hacen sobre esto, se restringen a buscar “opciones” para poder cumplir con los derechos de propiedad intelectual y acuerdos comerciales –y por tanto favorecer a las trasnacionales– en lugar de cuestionarlos por constituir un robo de las empresas a los bienes comunes, un asalto a las semillas que son “patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”, como lo expresa la Vía Campesina.

Ignorando este contexto fundamental y evitando discutir seriamente los daños ambientales y a la salud, los documentos de la conferencia son altamente útiles a las trasnacionales. Pretenden disimular los transgénicos englobando todo en el término supuestamente neutral de “biotecnología”, donde entraría desde el yogur que hacía la abuela hasta los transgénicos de Monsanto. En esto y en otros puntos, como el ocultamiento de que los transgénicos producen menos y usan más químicos, es vergonzosa la repetición prácticamente literal de argumentos y fuentes de la industria de transgénicos en los documentos.

Estas falacias no quedarán sin contestar. Entre muchas otras actividades y manifestaciones de la sociedad civil que se realizarán en esos días en Guadalajara, la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales convocan el 2 y 3 de marzo a una primer audiencia titulada “La contaminación transgénica del maíz: ¿crimen de lesa humanidad?”. Habrá testimonios nacionales e internacionales de campesinos, indígenas, activistas, intelectuales y científicos, construyendo un expediente que será presentado en tribunales internacionales. La FAO y esta conferencia constarán en el expediente.

*Publicado en La Jornada, México, 13 febrero de 2010

Silvia Ribeiro*

Copenhague, 18 de diciembre -Mientras escribo esta nota, no se sabe si habrá un nuevo acuerdo global sobre el cambio climático en la conferencia de Naciones Unidas que se realiza del 7 al 18 de diciembre. Pero en todos los escenarios de las negociaciones en curso, falla lo principal: ninguno va a modificar las causas del cambio climático, que implicaría cambiar radicalmente el modelo industrial de producción y consumo.

En las negociaciones, los países más industrializados plantean un “nuevo” acuerdo que “incluya” a Estados Unidos, pero que no sea legalmente vinculante. Le llaman “políticamente vinculante”, que es un eufemismo de “haremos lo que queramos, si nos conviene, según el momento político”. Quieren sustituir de facto el Protocolo de Kyoto, del que EU no es signatario y que es vinculante.

Por otro lado, los países del G77 reclaman compromisos legalmente vinculantes de parte de los países industrializados, con metas de reducción de emisiones mínimas de alrededor de 50% para el año 2020 (mucho más de lo que ninguno ha propuesto) y recursos para adaptación de los países de Sur al caos climático. Quieren que sea dentro del Protocolo de Kyoto, prolongando su vigencia, porque un nuevo proceso llevaría años durante los cuales los países del Norte no tendrían obligaciones legalmente establecidas.

Sin embargo, el Protocolo de Kyoto ya era tremendamente limitado en los porcentajes acordados y dañino en la forma de cumplirlos: acepta como “reducción” el pago de créditos de carbono, que en realidad no es tal, sino sencillamente nuevos negocios, sobre todo para las empresas más grandes y contaminantes.  Un pequeño ejemplo: en Copenhague tomé un taxi que anunciaba “este taxi es carbono-neutral”. Le preguntamos al conductor que quería decir y se rió. Dijo que era lo mismo de siempre, pero pagaba una cantidad que se enviaba a Nigeria para que allí las empresas petroleras plantaran unos arbolitos, que se supone absorbían el equivalente del carbono de su taxi. No se lo creía, pero desde que tenía ese cartel, tiene más clientes y gana mucho más de lo que paga a Nigeria. El problema, explicó, es que es muy buen negocio y no hay que hacer nada, entonces muchos querrán hacerlo y habrá demasiada competencia. Que la Shell en Nigeria desplaza y mata a los indígenas que allí viven y a sus tierras, tanto para la explotación petrolera como para las plantaciones –que le resultan un excelente y subsidiado negocio allí y en otros países–, no figuraba en su ecuación.

Más allá de titulares, la Convención trabajó para aumentar esos mecanismos de mercado. Por ejemplo, a través del programa REDD (reducción de las emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques), que implica una nueva ola de apropiación empresarial de los bosques, y paradójicamente, premios para deforestar y sustituir los bosques naturales con plantaciones. El problema comienza, explica el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, con la definición de “bosque”. Según la Convención, cualquier área superior a 500 metros cuadrados con una cubierta forestal del 10 por ciento y con árboles que puedan alcanzar dos metros de altura, es un “bosque”. Hasta los bosques cortados a tala rasa estarían incluidos en esta definición de “bosque” (wrm.org.uy)

También avanzaron en crear el marco para incoporar la agricultura como forma de obtener créditos de carbono, abriendo las puertas a que los extensos monocultivos de soya transgénica y muchos otros desarrollos altamente nocivos de la agricultura industrial que provocan el cambio climático, puedan beneficiarse entrando en estos esquemas.

Otra caja de Pandora es el nuevo aumento de apoyo para la transferencia de tecnología, sin ningún mecanismo de evaluación previa de riesgo ambiental y social. Muchas de los anuncios sobre millones de dólares comprometidos para “adaptación” o “mitigación” en un nuevo Fondo Climático, tienen que ver con el subsidio a la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologías altamente riesgosas para aumentar esos y otros desarrollos. Por ejemplo, la muy nombrada “contribución” de miles de millones de dólares anuales de EU en el marco de la Convención podría ser para pagar a sus trasnacionales la transferencia de biología sintética para agrocombustibles de tercera generación o de tecnologías de geoingeniería, como el biochar o la captura y almacenamiento de carbono a grandes profundidades en formaciones geológicas (CCS), que además de riesgoso, justifica seguir explotando la sucia energía carbo-eléctrica.

No obstante, algo sí cambió radical y definitivamente en Copenhague. Muchos movimientos y organizaciones sociales, así como jóvenes organizados autogestionariamente de toda Europa y allende el mar, tomaron las calles para dejar claro que el clima y el planeta son demasiado importantes para dejarlos en manos de transnacionales y negociados gubernamentales.

Cien mil personas marcharon en la manifestación más grande de Dinamarca en las últimas décadas. Días después, miles de jóvenes, junto a movimientos y organizaciones sociales, se lanzaron contra las gruesas barreras policíacas que rodeaban el centro de convenciones, para denunciar la farsa e instalar la “asamblea de los pueblos”. En una imagen demasiado parecida al mundo real, rodeados de cientos de policías, helicópteros y camiones represivos que defendían a los gobiernos y empresas, los movimientos se sentaron en el suelo y compartieron las verdaderas alternativas al cambio climático: las formas campesinas de vivir y producir, la soberanía alimentaria, la autonomía indígena, dejar el petróleo y carbón en el suelo, el trabajo digno, la diversidad, la necesidad de mundos sin fronteras. Es apenas el comienzo. México es la próxima parada.

*Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.

Publicado en La Jornada México D.F. 19 de diciembre de 2009

www.etcgroup.org

Silvia marched with Via Campesina from the outside.   I had one of those precious “secondary badges” so I planned to go see how things were with those intending to march out of the Bella Centre.   It was obvious that things were not to go as planned as soon as I got on the subway and heard that the Bella Centre was closed due to crowd control.   However, as the train sped by the venue, there was no crowd in sight, only lines of police men and police wagons.   For the last few days, people have waited up to 10 hours for their accreditation but today there was really no crowd to control.

By the time I had walked from the neighbouring station and gotten through security, I was pretty sure I had missed the action.  This happens so frequently here with all the line-ups — for food, for coats, for registration, for everything. By the time you get what you need it is too late to get to where you need to go!  Plus, I got the news that some of the key groups had actually been kicked out — including Friends of the Earth, AVAAZ and tck,tck,tck!   But then I spotted Tom Goldtooth from the Indigenous Environmental Network and a small crowd of CJN members –they  linked arms and started to shout : Climate Justice Now!  Reclaim Power! Support the South!  Join the People’s Assembly!    They were surrounded by cheering delegates, curious media and lots of police.  They held firm, yelled loud, and went to meet the thousands of people waiting outside who had left from other points in the city earlier that day.

After increasingly depressing days of pouring over the turgid prose of international climate negotiations, watching some action felt great.   The crowd was small but the sense of purpose and solidarity was strong and those who seemed to be leading the parade were properly trained in civil disobedience and knew what they were doing — stopping at various points along the way to warn participants that the likelihood of arrests was increasing.   They ended up in a standoff on a bridge, with heavily equipped riot police telling them they could go no further.   A little ways off in the distance, you could see the rest of the People’s Assembly, where police violence had already broken out and arrests were reportedly taking place.  Then there was a confrontation as police tried to force demonstrators off the bridge.  People watching from the sidelines,  shouted “Shame on Denmark” and “The World is Watching”.  When we tried to return to the Bella Center, we were informed that NO NGOs would be allowed back into the building.

Today Connie Hedegaard the COP President and Danish Minister chairing the talks resigned and her more conservative Prime Minister took over the talks.   Friends inside have reported very bad news on the drafts coming out at the last hour — notably a reference to “soil carbon management in agriculture” — which actually means climate-ready crops and biochar under LULUCF (Land-use and land-use change and forestry).   The few colleagues who are still inside are desperately working with delegates to get rid of that language but there will be the habitual arm-twisting that takes place in the last hours of every negotiations.   People are furious that NGOs have been kicked out of the talks and the Danish Foreign Minister’s attempt to  mark the problem by setting up an “alternative venue” with TV reports is laughable.  In fact, it looks like it might be another YES MEN stunt.   Civil society has venues a-plenty in Copenhagen — we have taken over the city quite literally.   What we are lacking is any meaningful influence over the outcome as governments dither, deny and delay.

As I watched the plenary at the end of the day over the internet, the text on long term cooperation (hah!) actions was being discussed.   Mauritius proposed that delegates go home to bed, the one proposal that was unanimously adopted.

When I left at midnight last night, the technology text was four pages long (and was in the secret category that NGOs could access only if a government delegate gave it to them) — down from 30 that we had seen at the start of the Copenhagen summit.  That could be read as progress, except in fact the paper said virtually nothing.   It created three new levels of bureaucracy but their mandates were hopelessly vague and did not have enough to please either those who want to export their technology nor those who want to access it.

This morning the text is 12 pages and all the contentious stuff is back in.   Top of the list on contentious items is intellectual property protection. That is the core issue when it comes to technology transfer.  It’s a sad statement on these negotiations that exhausted delegates are all up in the middle of the night negotiating meaningless language on the technologies that could play an important role in the fight against climate change.  Even sadder is the notion that these governments will not put in place any mechanism whatsoever to evaluate whether a particular technology is worthy of support.

One would think that in a global meeting such as this, discussions about technology transfer would be about the … um… transfer of the technologies that developing countries need to adapt to and mitigate climate change.  Not so.   Rather, the various institutions that have been set up under the UNFCCC have more to do with the interests of businesses in OECD countries in expanding markets for new  (and existing) technologies and getting public support for them than they do with the actual needs of people in developing countries.  That orientation is liable to be reinforced if anything at all gets agreed at this meeting.

The discussion on technology development and transfer is really about the expanding markets for ill-defined “environmentally sound technologies” — which many people in this forum expect will save us from climate change. Of course, as the experience of biofuels has shown, so-called “environmentally sound technologies” can sometimes do more harm than good.  At the beginning of the Copenhagen talks, about 200 organizations called for the inclusion of “assessment” of social and environmental impacts of technologies in the cycle of “research, development, demonstration, deployment, diffusion, transfer” in a common declaration called “Let’s Look Before We Leap“. This ad-hoc coalition also called for real civil society input and the participation of indigenous peoples and local communities that could be affected by these new technologies that would receive institutional, political and financial support from a new deal to be signed in Copenhagen.  Such precautionary assessment is nowhere to be found in the current working drafts.  And the failure to assess what technologies are supported could prove costly to us all.

So how do things really work in the world of climate-friendly technology transfer? Take for example, the “technology needs assessments” which are targeted for support.  One would expect these to be assessments by developing countries of their technological needs – perhaps a study into what would be the appropriate balance between wind and solar energy, or a structured plan to get certain parts of the country on electrical grids, or early warning systems for extreme weather events. Not at all. The publication that the UNFCCC has developed to show how “technology needs assessments” should be done is basically a training manual for business on how to attract investment capital and expand  markets. The manual itself came out of two workshops, held in Montreal and Bonn, in collaboration with the private sector and the Climate Technology Initiative — a body created under the International Energy Agency to implement technology transfer agreements, whose members are ALL from the OECD!  G77 and China have been fighting for “country-driven” policies in the technology text but all the institutions devoted to technology seem to be entirely driven by the needs of business and those with the expertise and the implementation mandates are based in the North.  Last night, developing countries stayed up late putting interesting language on the sharing of intellectual property rights back in the text  – basically trying one last time to get important climate-related technologies in the public domain.

The new text guts the old structures such as the Expert Group on Technology Transfer in favour of a new “Technology Mechanism” (an executive committee and a Climate Technology Centre) which would focus on doubling global “energy related research, development and demonstration by 2012″  and will basically decide what kinds of activities get funding from whatever resources get allocated.     There are two options defining in more detail what the precise mandate of the technology mechanism would be, and of course one reflects the views and interests of the North, and the other of the South.  They are quite diametrically opposed.   The South wants rapid action on accessible, affordable technologies, new financing, capacity building, accountability in terms of support offered to the Conference of the Parties and country-driven technology plans, looser intellectual property arrangements, and joint R & D.   The North wants “improved enabling environments”, technology needs assessments and planning processes , regional innovation centres,  road maps and action plans that report to the Subsidiary Bodies for Scientific and Technological Advice and the status quo on intellectual property.  As a representative of Microsoft stated yesterday in a side event, they are “quite satisfied” with current arrangements at the WTO and WIPO.
Finally, the text foresees a Climate Technology Network that will also facilitate public-private partnerships, accelerate diffusion of technologies and provide “technical assistance and support”.  Basically, there seems to be three new layers of support for private sector involvement in technology transfer, which would be in keeping with the work of the soon-to-be-phased out Expert Group on Technology Transfer, and the conclusions of the SBSTA from this weekend.  There is no mention whatsoever of civil society groups, local communities or social impacts!  It is not at all difficult to imagine this network holding meetings on geo-engineering over the next few years!

At a side event organized by the International Chamber of Commerce on December 14, the business community made it very clear that they wanted strong IP protection, predictable regulatory environments and claimed that 80% of technology transfer was done by business. As Peter Taylor of the International Energy Agency said: “Business sees the whole climate change issue just as much as an opportunity as a threat”. That is precisely the way the new text on technology transfer is structured: not to meet the threat of climate change, but as a new business opportunity.

In a best case scenario, we have useless layers of bureaucracy so it will be business as usual. In a worst case scenario, we shall have accelerated deployment and financing of unproven and even untested technologies that will potentially worsen the climate crisis — exactly what happened with biofuels.

Those who say no deal is better than a bad deal are right.  And although tension is rising with 100 heads of state arriving in the next few days, from inside the Bella Centre, a deal looks more and more unlikely. Naomi Klein commented this morning in a press conference for the Angry Mermaid Award that there is not enough talk about corporate lobbying in this forum and that it is far too polite.  So true.  As NGOs, it is extremely difficult to think that we have any leverage at all to influence text at this point in time but the multinational corporations, so effectively coordinated by the ICC and the large international agencies and international financial institutions continue to get what they want: precious little action on climate change.