Se podría pensar que lo más verde de las propuestas de “economía verde”, que gana terreno en diversos ámbitos oficiales, principalmente en las negociaciones hacia la conferencia internacional Río+20, es el color de los billetes que esperan ganar con ella las empresas trasnacionales que han causado las crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas. Esta es una de las conclusiones que se derivan al comprobar que son las mismas compañías que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de la economía verde.

No se trata solamente de los oligopolios que conocíamos y que avizoran nuevos negocios. Además, se avanzan nuevas configuraciones corporativas que reúnen a las mayores empresas petroleras, químicas, farmacéuticas, forestales y de agronegocios con nuevas compañías de biología sintética y genómica para procesar cualquier tipo de biomasa, sea natural o cultivada, y convertirlo en combustibles, forrajes, plásticos u otras sustancias industriales, planteando un escenario donde cualquier cosa “verde” (o que esté o haya estado viva) podría ser apropiada corporativamente para sacarle ganancias con algún uso industrial. Más que una economía verde, la conjunción de oligopolios y nuevas tecnologías está llevando a un asalto corporativo sin precedente de la naturaleza, de lo vivo, de los sistemas de alimentación y de los territorios de las culturas campesinas e indígenas, que irónicamente se presenta como una nueva etapa del “desarrollo sustentable”.

El reciente informe Quién controlará la economía verde, del Grupo ETC (www.etcgroup.org/es/node/5298), muestra que la tendencia hacia la concentración corporativa global continúa, favorecida incluso por las crisis. Si bien en diversos sectores analizados hay estancamiento del crecimiento o incluso menos ingresos, las ganancias corporativas se mantuvieron, porque según su propia definición “hicieron más con menos”. Con menos trabajadores, menos prestaciones y derechos laborales, menos consideraciones ambientales y de salud.

En el caso de la cadena alimentaria agroindustrial, desde las semillas e insumos agroquímicos, a la distribución, procesamiento y ventas en supermercados, las ganancias aumentaron con la crisis alimentaria y climática, en algunos casos en forma exponencial, gracias a la manipulación de la oferta, a la desaparición de competidores, a los subsidios públicos por desastres (para replantar cosechas arruinadas, para ayuda alimentaria, etc). Es dramático y absurdo que en semillas –llave de toda la cadena alimentaria– una sola empresa, Monsanto, controle 27% de todas las semillas comerciales a escala global (y más de 80 por ciento en semillas transgénicas), y que junto a dos empresas más, Syngenta y DuPont-Pioneer, controlen más de la mitad del mercado mundial de semillas. Las semillas y venenos químicos que venden esas empresas son la base de la agropecuaria industrial que ha destruido suelos, contaminado aguas y provocado la mayor parte de la crisis climática global. Ahora van además por el monopolio de lo que llaman “semillas resistentes al clima” –sequía, cambios de temperatura, inundaciones–, alegando que con más del mismo modelo, con menos reglas de bioseguridad, con más patentes a su favor y más apoyos de los gobiernos para las empresas, ahora sí saldremos de la crisis que ellas construyeron.

Al otro extremo de la cadena alimentaria las grandes superficies de ventas directas al consumidor (supermercados) han crecido a punto tal, que en 2009 superaron el mercado total de energéticos, el mayor del mundo por décadas. Esto significa un brutal control corporativo de qué, cuándo, cómo, con qué calidad, dónde y a qué precio se producen y consumen los alimentos y muchos otros productos de la vida cotidiana. En el informe se analiza además el control corporativo en otros rubros, como agua, petróleo y energía, minería y fertilizantes, forestación, farmacéutica, veterinaria, genética animal, biotecnología, bioinformática, generación y almacenamiento de datos genómicos.

Uno de los aspectos más preocupantes son los impactos del avance del uso de biomasa, a través de nuevos emprendimientos corporativos y tecnológicos. Por ejemplo, la empresa de biología sintética Amyris, con sede en California y Brasil, tiene asociaciones con Procter & Gamble, Chevron, Total, Shell, Mercedes Benz, Michelin, Bunge y Guarani para producir combustibles y sustancias industriales. En Brasil, ya consiguió que se permita la producción de combustibles a partir de la fermentación de azúcares derivados de biomasa, con microbios artificiales, cuyo escape constituye un grave riesgo (consumen celulosa, presente en toda la materia vegetal), que de ninguna forma está contemplado en los marcos de bioseguridad. Sin embargo, éste es uno de los “ejemplos” de economía verde en Brasil.

Otro ejemplo es la asociación de DuPont con el gigante petrolero BP, y las cerealeras General Mills y Tate & Lyle (Bunge), que además de biocombustibles agregan ahora combustibles derivados de algas. O la constelación Dow Chemicals, con Chevron, Unilever, Bunge, la marina y ejército de Estados Unidos, alrededor de la empresa de biología sintética Solazyme, para transformar “azúcares de bajo costo en aceites de alto valor”, que podrían ser desde combustibles a alimentos y muchos otros productos. Todo esto representa nuevos riesgos, pero además un aumento vertiginoso de la demanda de biomasa, tierra, agua y nutrientes, que exige que denunciemos estas propuestas por lo que son: nuevas formas de despojo.

Publicado en La Jornada, México, 14 de enero de 2012

La conferencia sobre cambio climático realizada en Durban, Sudáfrica, en diciembre 2011, destaca por lo que no decidió: ni compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, ni fondos para los países más afectados, ni respeto a las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” entre países industrializados que provocaron el caos climático y los demás que lo sufrimos.  Pero sí avanzaron decisiones en agricultura, bosques, tecnologías y ampliación de mercados de carbono, que conllevan impactos muy negativos sobre la mayoría.

Los mercados de carbono –que permiten no reducir emisiones de gases donde se crean, comprando espacio no contaminado a otros– no sirven para enfrentar la crisis climática,  pero justifican que se siga contaminando y abren nuevos mercados especulativos, muy preciados en época de crisis financiera. Según el Banco Mundial –pionero en mercados de carbono y en derivar fondos públicos para subsidiar el negocio a las trasnacionales– el mercado global de carbono fue de 144,000 millones de dólares en 2009.  Solamente un 0.2%  fue para proyectos concretos, el resto fueron honorarios de consultores, gastos de transacción e inversiones financieras especulativas.

La conferencia de cambio climático en Cancún en 2010 (COP16), sentó las bases para mercantilizar a gran escala el aire de los bosques, aceptando los proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada) como base de mercados de carbono. Pablo Solón, entonces negociador de Bolivia, explicó que los mercaderes del carbono van por mucho más: buscan incluir bosques, agricultura, biodiversidad y agua (ríos, mares, manglares, a lo que llaman “carbono azul”).

En la COP17 en Durban, se consolidó REDD para quienes prueben que hayan deforestado y dejen de talar una pequeña parte (por eso la meta es “deforestación evitada”, no “evitar deforestar”) premiando así a los mayores talamontes. Los que buscan recibir REDD, tendrán que aumentar la deforestación para luego disminuirla, lucrando el doble: por deforestar y por dejar de hacerlo.

Esto da lugar a corrupción mediante consultores que certifican cifras de deforestación más altas a las reales, para seguir aumentando la deforestación y además, cobrar por supuestamente disminuirla.  La otra cara de REDD, llamada perversamente “manejo sustentable de los bosques”, serían mínimos pagos a comunidades que no deforestan. Para ello deberán entregar el manejo de sus territorios a consultores externos que definan lo que pueden o no hacer, y a estados o empresas que compren esa función de sus bosques. Hay grupos indígenas que quieren obtener fondos con REDD, pero con “salvaguardas”. La COP 17 reafirmó salvaguardas generales, pero a criterio de los gobiernos en cada país, lo cual significa que ni son obligatorias ni se podrá ir más allá de la arbitrariedad que decida cada gobierno. En ningún caso los territorios quedan fuera del mercado: al contrario, REDD se consolidó como una efectiva evasión de políticas públicas para proteger derechos indígenas, campesinos y biodiversidad, cambiándolos por pagos selectivos y ventas de mercado. Contra esto se formó la “Alianza global de los pueblos indígenas y comunidades locales contra REDD+ y por la vida”, que exigió en Durban una moratoria global a REDD.

La COP17 avanzó también en el camino a la inclusión de agricultura en mercados de carbono. Así como REDD es un negocio para talamontes y una forma de despojar a las comunidades de sus territorios, con agricultura en mercados de carbono se busca premiar a la agricultura industrial y transgénica, aumentando la disputa y despojo de tierras campesinas.

El sistema alimentario agroindustrial es el principal factor de emisiones de gases de invernadero. Por el contrario, como ha mostrado la Vía Campesina y sus aliados, los sistemas alimentarios campesinos alimentan a la vasta mayoría de la humanidad y enfrían el planeta con sus métodos diversos y sustentables.  La maniobra de los mercaderes de carbono, con apoyo del Banco Mundial y FAO, es promover lo que llaman “intensificación sustentable” y “agricultura inteligente para el clima”. En lugar de cuestionar el sistema alimentario agroindustrial que es causante de contaminación, caos climático y hambre, proponen seguir con lo mismo, aumentando la producción en menor superficie, usando semillas híbridas y transgénicas y cantidades masivas de fertilizantes químicos, dejando el resto de la tierra para vender como sumidero de carbono, con lo cual Monsanto y otras agro-transnacionales aumentarían sus ventas y podrían cobrar créditos de carbono.

La absorción de carbono en bosques y suelos, aguas y biodiversidad es de difícil medición –en realidad imposible–, porque son sistemas vivos y cambiantes con las geografías, ecosistemas y culturas que allí conviven. Absorben carbono, pero también lo emiten y en ningún caso son “sumideros de carbono” sino bases del sustento de la mayoría de la humanidad.  Pero para el mercado, lo importante no es ser exacto, sino aparentarlo: el monitoreo y medición de carbono en bosques, suelos, biodiversidad es un jugoso negocio también para investigadores y consultores, que están desarrollando sofisticados sistemas satelitales y de bioprospección para medir carbono en sistemas vivos.  En esa lógica, los indígenas y campesinos son una molestia porque alteran la medición.

Los corsarios del carbono no pudieron avanzar en Durban tanto como querían, gracias a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil y de Vía Campesina. Pero sin duda es un tema a seguir denunciando.

Publicado en La Jornada, México, 31 de diciembre de 2011

Los resultados de la conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad, especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático, mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis. Como denunció la red internacional Justicia Climática Ahora, significó el establecimiento de un apartheid climático global para mantener los privilegios de una minoría a costa de todos los demás.

El problema nodal es la ausencia de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que llevará a un aumento mínimo de 4 grados en la temperatura media global en tan sólo unas décadas. En el último siglo, el capitalismo industrial provocó un aumento de la temperatura promedio de 0.8 grados centígrados, que se traduce en desarreglos climáticos, como huracanes, sequías, inundaciones, menor rendimiento de cultivos, derretimiento de glaciares y de hielos permanentes que liberan grandes cantidades de metano, gas que tiene 20 veces peor efecto invernadero que el dióxido de carbono. Según los reportes científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para que el aumento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados al 2100, es necesario reducir las emisiones de gases de 25 a 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Un aumento de 2 grados tendría consecuencias devastadoras para muchos países, incluso podrían desaparecer estados insulares. Cuatro grados es más de lo imaginable y en algunas zonas, como las más secas de África, se traduciría en aumentos de 7-8 grados.

El protocolo de Kioto estableció metas de reducción obligatorias para los países industrializados con mayores emisiones (listados en su Anexo 1) de apenas 5 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Aún así, Estados Unidos –que de todos modos no firmó el protocolo–, exigió que se pudieran usar mecanismos de mercado para la reducción de emisiones, con lo cual muchas supuestas reducciones son solamente transacciones virtuales. Los mercados de carbono no han servido para nada frente a la crisis climática, pero abrieron jugosos frentes especulativos con la venta de créditos de carbono. Con muy malas notas y sin efecto para bajar las emisiones, el Protocolo de Kioto finalizará su primer periodo de compromisos en 2012. Muchos gobiernos de países del Sur querían abrir un segundo periodo de compromisos, con metas mínimas acordes a las necesarias según el IPCC. Pero ya en la conferencia de cambio climático en Cancún en 2010, en lugar de compromisos obligatorios se aceptó declarar promesas, que si se cumplieran (improbable), no llegarían más que a reducciones de 13 a 17 por ciento.

Con un proceso antidemocrático e irregular como en Cancún, en Durban se aprobó de todos modos un segundo periodo del protocolo de Kyoto, pero como un cascarón vacío. Sin metas de reducción, sin compromisos vinculantes, sin mecanismos de control de reducciones del Anexo 1, pero cargando de obligaciones a los demás países que no están entre los contaminadores históricos. Estas medidas aplicarán a todos, aunque teóricamente se dirigen a los países de economías emergentes como China e India, que actualmente están entre los mayores emisores globales, aunque sólo en los últimos años –contra todo el siglo XX de los del Anexo 1– y que las emisiones per cápita de la India son 10 veces menores que las de Estados Unidos. Pese a este acuerdo leonino, que terminó con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que existía en el convenio, igual se retiraron del Protocolo, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia, sumándose a Estados Unidos.

La Unión Europea aprovechó la situación para negociar su firma para un segundo periodo de Kioto, imponiendo sus condiciones: sin metas obligatorias y abriendo un nuevo proceso de negociaciones que sustituya al Protocolo de Kioto en 2020. Este proceso y plazo, que querían todos los países del anexo 1, es para terminar de eliminar cualquier obligación de reducción, presionar a las economías emergentes y traspasar la responsabilidad de la crisis climática a las poblaciones de países pobres del sur, a través de mecanismos de mercado, que nuevamente, favorecen a las trasnacionales de los países industrializados. En lugar de cambiar de modelos de producción y consumo en esos países, se comercia con el espacio que no contaminan los países del Sur, a través de mecanismos altamente perversos como REDD en bosques. Se aseguró además la continuidad y nuevos mecanismos de mercado, se introdujo la discusión de usar agricultura y suelos como sumideros de carbono y se aceptaron tecnologías de alto riesgo, como la captura y almacenamiento de carbono en lechos marinos y formaciones geológicas, tecnología que promueve el uso de más petróleo, gas y carbón, legando el riesgo de escapes catastróficos a generaciones futuras.

Tanto el Fondo Verde para el Clima, como el nuevo Comité de Tecnología quedaron bajo la égida del Banco Mundial, que los usará para imponer más condiciones. Se estableció de facto carta blanca a la transferencia de tecnologías, sin cuestionar patentes ni aplicar el principio de precaución, lo cual resultará en dumping de tecnologías peligrosas, subsidiando a las trasnacionales.

Tanta irresponsabilidad ante las crisis y con las generaciones futuras contrastó con la riqueza de propuestas desde las organizaciones y movimientos sociales, que convocaron a la resistencia contra el nuevo apartheid global.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 17 de diciembre de 2011

Se está realizando en Durban, Sudáfrica, la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP17) y por su falta de contacto con la realidad de la crisis climática –y de todas las demás, financiera, alimentaria, ambiental – parece ciencia ficción. Ante la vacuidad de las negociaciones, vuelven a la carga los proponentes de la manipulación climática alegando que ellos sí comprenden que es necesario tomar medidas enérgicas y que por ello necesitan más investigación y recursos en geoingeniería. Todo forma parte del legado de manipulaciones que se hicieron en la COP16, realizada en Cancún, México, el año pasado.

El tema más controvertido entre el público es si habrá o no un nuevo período de compromisos de reducciones dentro del llamado Protocolo de Kyoto, cuyo primer período acordado terminará en 2012.  Estados Unidos nunca firmó este Protocolo –aunque es parte del Convenio y el mayor emisor global de gases de efecto invernadero del siglo XX; Canadá y otros países que son grandes emisores anunciaron que saldrán y no firmarán un segundo período, aunque las tímidas metas propuestas en el primero no se han cumplido y la crisis climática ha empeorado notablemente.  La Unión Europea no quiere aparecer como “irresponsables” y aceptan firmar un segundo período, pero ponen condiciones como no fijar metas vinculantes, sino solamente “promesas”.  Los países agrupados en el llamando G77 (son más de 130 de África, Asia y América Latina) presionan por un segundo período, y con Europa podrían alcanzar la mayoría requerida para lograrlo, pero Europa solo firmará si se aceptan sus propias condiciones, sin fijar metas de reducción obligatorias y otras. Es decir, las opciones son que se termine el protocolo de Kyoto, o que continúe como un cascarón sin contenido. En cualquier caso, favoreciendo siempre a los actores que son los mayores causantes de la crisis climática.  Para completar,  Estados Unidos propone que aunque termine el Protocolo de Kyoto,  se continúe con el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es parte del Protocolo y es la base de mercado de bonos de carbono. O sea, terminar cualquier compromiso legalmente vinculante, pero mantener las facilidades para los mercados de carbono.

Lo más grave sin embargo, es que con las “promesas” de reducción que han hecho los países más contaminantes desde Cancún, es seguro que el calentamiento global llegará a niveles insoportables en algunas décadas. Según resume Pablo Solón, ex embajador de Bolivia ante la ONU, usando estimaciones del propio Convenio y otras agencias de Naciones Unidas, se garantiza que la temperatura promedio aumentará 4 grados centígrados, lo cual producirá una enorme devastación de ecosistemas claves y tendrá un costo de millones de vidas humanas.

Mientras se soslaya el tema fundamental  –la necesidad de reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero, drásticas, en su fuente, y no mediante falsas “soluciones” como los mercados de carbono y otras– se avanzan otras negociaciones que tendrán gran impacto posteriormente, como introducir la agricultura y los suelos a los mercados de carbono.

En este contexto,  los que promueven la geoingeniería aprovechan para reafirmar que “ante la falta de avance en las negociaciones” y que la crisis climática está cada vez peor, hay que  considerar la geoingeniería.  El 2 de diciembre, la Sociedad Real del Reino Unido, en conjunto con el Fondo de Defensa Ambiental de Estados Unidos (EDF por sus siglas en inglés) y la Academia de Ciencias para el Tercer Mundo (que sin embargo tiene su sede en Italia), lanzaron en Londres y en Durban un informe titulado “Manejo de la radiación rolar: gobernanza de la investigación”. El reporte afirma que tal metodología, que implica desde blanquear nubes a crear nubes volcánicas artificiales a mega escala para desviar los rayos solares, sería una forma “barata y rápida” para bajar la temperatura planetaria, pero que podría también causar daños tan devastadores como los que se quiere combatir. Por ejemplo, alterar las lluvias y vientos en Asia y África, colocando en riesgo las fuentes de agua y alimentación de miles de millones de personas.  Reconocen que conllevan el riesgo de que tales tecnologías sean usadas unilateralmente por algún país o quien tenga los medios y la tecnología. Pese a todo esto que usando el sentido común demuestra que la geoingeniería sencillamente se debe prohibir, el reporte afirma que se debe investigar más para conocerla mejor “y prevenir que se use mal”, o que algunos países poderosos la usen como arma. De qué forma avanzar la geoingeniería prevendría que se desarrolle, no lo explican. Aunque eligieron un foro de Naciones Unidas para anunciar el informe, no recomiendan que las decisiones se tomen en la ONU sino que dan un menú de opciones, obviando que la ONU ya tiene dos moratorias de facto sobre geoingeniería.

El  grupo que coordinó el informe es financiado por los multimillonarios Bill Gates y Richard Branson a través de sus fundaciones. Ambos son explícitos promotores de la geoingeniería y financian a algunos de los científicos involucrados, que además tienen intereses comerciales en la geoingeniería.  Muchos son de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, tres de los países que sabotean cualquier negociación sobre cambio climático, creando así, también en este contexto, una profecía auto-cumplida.

*investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 3 de diciembre de 2011

A los muchos impactos negativos que conllevan los transgénicos, se suma ahora el golpe contra la producción apícola nacional, porque la miel está contaminada –o podría estarlo en el futuro cercano– con polen transgénico. Es otra tragedia anunciada –como la contaminación transgénica del maíz y otros cultivos– que las autoridades mexicanas decidieron ignorar, para favorecer las ganancias de unas pocas transnacionales.

En esa misma línea, Juan Elvira, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó recientemente que se podrían sembrar grandes superficies de maíz transgénico en el norte del país, sin colocar en riesgo los maíces nativos o la biodiversidad. Un aporte más al concierto de falsedades que repiten las autoridades de que los transgénicos servirían para aumentar la producción o para enfrentar el cambio climático, cuando la realidad –no los mitos y la propaganda pagada– muestran lo contrario.

El tema de la contaminación transgénica de la miel se puso de manifiesto luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara el 6 de septiembre 2011 que la miel que contenga más de 0.9 por ciento de polen transgénico deberá ser etiquetada como producto que contiene transgénicos, o si contiene polen transgénico de variedades no autorizadas para el consumo humano (como el maíz Bt Mon810 de Monsanto ) no se podrá comercializar.

El caso fue presentado por un apicultor de Baviera, Alemania, cuyas colmenas se contaminaron con polen de maíz Bt Mon810 proveniente de un cultivo experimental, es decir, ni siquiera por grandes superficies, y supuestamente, en condiciones de “bioseguridad”.

En México, gracias a los dictámenes de la Semarnat y la Sagarpa, se han aprobado 19 siembras experimentales de maíz transgénico que contienen ese cuestionado gen Mon810, así como decenas de miles de hectáreas de otros transgénicos que amenazan la biodiversidad, el futuro de la apicultura mexicana y a las miles de familias campesinas que dependen de ella.

Con este trasfondo y con gran preocupación, la Organización Nacional de Apicultores (ONA) convocó el 9 de noviembre 2011 el Foro “Organismos genéticamente modificados y su impacto en la apicultura”, con el apoyo de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente para el Campo, de la Cámara de Diputados. En el evento expusieron diversos expertos en los temas de transgénicos, biodiversidad y apicultura. Monsanto fue invitada al panel pero no se presentó, solamente se le ve en foros empresariales y de altos niveles políticos, donde asisten sus aliados y los que podría comprar en el futuro. En el foro de la ONA los asistentes eran mayoritariamente apicultores campesinos –sus próximas víctimas.

Al igual que en el caso del maíz, más del 80 por ciento de los productos apícolas en México son campesinos que usan métodos tradicionales. La polinización que hacen las abejas es un elemento fundamental de la producción agrícola y de la biodiversidad.

Miguel A. Munguía de la sociedad cooperativa Educe de Yucatán, explicó que México es el tercer exportador de miel a nivel mundial y 40 por ciento de ésta se obtiene en la península de Yucatán, zona donde el 98 por ciento de la miel se exporta a Europa, proveyendo sustento a 25 mil familias campesinas, en las épocas de mayor necesidad, cuando baja la producción de cultivos.

En esa zona se han aprobado en los últimos años varias experiencias con transgénicos, en áreas cada vez mayores. Para 2011-2012, Monsanto solicitó la siembra piloto de 30 000 hectáreas  de soya transgénica en varios municipios de producción apícola campesina (“piloto” es un eufemismo, en realidad es comercial porque es a campo abierto y se puede vender). Esto equivale a condenar a muerte la exportación de miel desde esas áreas.

Además de la contaminación de miel por polen transgénico, que se aumentaría exponencialmente en el caso del maíz, los transgénicos también aumentan el uso de glifosato y otros agrotóxicos que dañan la producción apícola y la biodiversidad, además de contaminar tierra, fuentes de agua y tener impactos severos a la salud de los pobladores, especialmente de los niños.

En el foro se presentaron también datos científicos basados en el análisis de más de una década de producción en Estados Unidos, el mayor productor mundial de transgénicos,  que confirman que la soya transgénica produce menos que la híbrida. En el caso del maíz, la producción es similar a la de los híbridos, pero el precio de la semilla y los riesgos a la biodiversidad son mucho mayores.  Además, la producción actual de maíz en México es sobradamente suficiente para las necesidades alimentarias de la población y también gran parte de la pecuaria y otros usos. Las importaciones de maíz transgénico son solamente por la demanda de transnacionales de la industria pecuaria que operan en México, y no serían necesarias si la producción pecuaria  fuera en pequeña escala, con forrajes diversificados.

Se aportaron muchos más datos , pero a modo de resumen, se mostró claramente que los transgénicos no se necesitan, que no producen más, que usan más tóxicos y que colocan en riesgo el maíz en su centro de origen, la biodiversidad y ahora además, la apicultura y la miel, un importante producto de exportación del país. Por todas estas razones, los apicultores se suman a la vasta mayoría de la población que exige que se deben frenar los transgénicos en México.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 19 de noviembre de 2011

Niza. El primero de noviembre se manifestaron en Niza unas 10 mil personas, la mayoría europeos, pero también llegados de todos los otros continentes, convocados por una amplia coalición de activistas y organizaciones francesas, para protestar frente a la reunión del G-20 en Francia. Entre las consignas centrales –que resumen los temas del Foro de los Pueblos y movilizaciones de los días siguientes– se leía “la vida, no la bolsa”; “¡no jueguen con nuestra comida!”; “indignados, rebeldes, solidaridad”; “inequidad, austeridad ¡ya basta!”, “son 20, somos billones”; en un elocuente resumen popular de los temas que afectan a la mayoría del planeta, mientras los gobiernos discuten como salvar los bancos.

El G-20 es un grupo auto elegido para decidir sobre los destinos financieros y económicos del planeta. Lo integran gobiernos de los países más industrializados (G-8), 11 gobiernos de economías emergentes del Sur (entre ellos China, India, Sudáfrica, Brasil, Argentina, México) y la Unión Europea como bloque. México asumirá la presidencia de este grupo a partir de 2012 y será anfitrión de su próxima reunión. Significativamente, antes de cada cumbre del G-20, las trasnacionales del planeta organizan una cumbre empresarial, que entrega sus demandas a los gobiernos reunidos. La sociedad civil, por el contrario, no puede ni acercarse a la fortaleza que en este caso formaron 12 mil policías, para aislar la ciudad de Cannes de cualquier contagio con la plebe y sus demandas.

El telón de fondo de esta reunión del G-20 es la grave crisis financiera que continúa y empeora –pese a que se le han robado al público sumas inmensas para salvar unos cuantos bancos e instituciones– y aunque no lo nombren, las crecientes protestas sociales frente a los llamados “programas de austeridad” que se traducen en brutales recortes a los gastos públicos y sociales, para pagar deudas y altos intereses. El punto álgido ahora es el riesgo de bancarrota de Grecia y la amenaza de quiebre de la zona euro.

Los gobiernos europeos acordaron la semana anterior apoyar el refinanciamiento de la deuda de Grecia. No por solidaridad, sino porque grandes bancos europeos y estadunidenses sufrirían un fuerte impacto por la suspensión de pagos de Grecia y se prevé además que Italia y España podrían estar en breve en una situación parecida. La receta para Grecia es un fracaso anunciado: se basa en una serie de pasos en falso, incluso dentro de su lógica (ver “Dadme un palanca y hundiré el mundo”, A. Nadal, La Jornada, 2/11/11), pero además presupone que la gente común aceptará pagar, nuevamente, para salvar los bancos. Parecería que los gobiernos creen que los movimientos de “indignados” que se manifestaron en 900 ciudades al mismo tiempo, que los Ocupa Wall Street y similares, son apenas gente que no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Por ello, el anuncio del primer ministro griego de que habría referendo sobre las medidas para el rescate financiero –pese a ser un intento de chantaje para conseguir apoyo en el país– desató una ola de protestas de los otros gobiernos europeos que esperaban llegar con un mensaje tranquilizador a la reunión de G-20, a costa de la imposición de medidas draconianas contra el pueblo griego.

La crisis greco-europea domina en este momento la discusión. Francia y Alemania proponen medidas para controlar algo la especulación financiera y su impacto en el precio de las materias primas agrícolas. Otras propuestas, como la del gobierno de México de promover durante su presidencia en el G-20 la llamada “economía verde”, aumentarán ambas.

Esto sigue la línea del “nuevo acuerdo verde global” aclamado por Barak Obama, que afirma que se puede enfrentar al mismo tiempo la crisis financiera, climática y alimentaria, sin revisar sus causas ni cambiarlas, a través de ampliar los mercados financieros con naturaleza (mercados de carbono, servicios ambientales) y aplicando nuevas tecnologías (transgénicos, biología sintética, nanotecnología).

Esto significa, por ejemplo, aumentar programas como REDD en bosques y TEEB (economía de los ecosistemas y la biodiversidad) en biodiversidad, y que la agricultura y suelos entren al mercado de carbono. Implica una nueva ola de privatización de las funciones de la naturaleza para convertirlas en mercancías en los mercados financieros, a manos de las mismas corporaciones, gobiernos y especuladores que han causado las crisis actuales.

Con nuevas tecnologías se quiere promover transgénicos “resistentes al clima”, más uso de nanotecnología y biología sintética, que traerán nuevos riesgos al ambiente, la salud y las economías. En particular el uso de biología sintética para construir microorganismos que digieren celulosa –con cientos de genes artificiales, no algunos como los transgénicos– significa que trasnacionales de agronegocios, químicas, petroleras, podrán usar, por ejemplo, una cosecha de maíz para alimentos, o forraje, combustibles, farmacéuticos, plásticos o cualquier otra sustancia industrial, decidiendo el destino según le convenga el precio del momento. Esto aumentará exponencialmente la volatilidad de los precios y la especulación, usando la tecnología como plataforma para manipular la escasez y la oferta, según convenga a sus ganancias.

Aunque el G-20 y las trasnacionales siguen amenazando al mundo al grito de “la bolsa o la vida”, lo que pretenden es quedarse con la bolsa y con la vida. Las manifestaciones en Niza son apenas otra punta de un vasto iceberg, que se comunica por abajo con acciones y propuestas. Desde allí la consigna es clara: “la vida, no la bolsa”.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 5 de noviembre de 2011

Cuándo sus defensores hablan de la “economía verde”, gran parte de lo “verde” que tienen en mente es literalmente de color verde. Las hojas, brotes, ramas, algas, hierbas y otras materias vivientes que el planeta genera en aparente abundancia es ahora un blanco de primera línea para la explotación comercial, desde la visión industrial emergente de la llamada bio-economía (bio-based economy).  Para los nuevos bioindustriales de la economía verde, toda esa materia viva que antes se llamaba la “biodiversidad” tiene un nuevo nombre – hoy en día se lo conoce como “biomasa”. La Tierra produce 230 mil millones de toneladas de biomasa cada año y en las próximas décadas podemos esperar apropiaciones de tierras, batallas legales y guerras, a medida que las industrias y las naciones luchen por controlar el acceso a la última partícula de esta profusión verde.

Conozca la economía de la biomasa: un orden económico emergente basado en un simple cambio en la química. Pues, la economía mundial opera actualmente sobre la base de materias primas de hidrocarburos extraídos de las profundidades -principalmente carbón, petróleo y gas-. A medida que esas fuentes de “carbón negro” se vuelven más costosas, las empresas comienzan a ver mucho más atractiva la explotación del “carbono verde” de la biomasa, almacenada encima del suelo en los bosques, los campos agrícolas y los océanos.

En términos moleculares este carbono de la superficie es compuesto principalmente de carbohidratos (azúcares) como la celulosa. Los carbohidratos son como los hidrocarburos, pero con unos átomos adicionales de oxígeno. Es plenamente posible operar las economías industriales a base de carbohidratos, sin embargo también es posible usar la química y la biotecnología para transformar los carbohidratos en hidrocarburos: o sea, convertir árboles, cultivos o pastos en petróleo y plásticos a los que nuestra economía está adicta. Ese recambio tecnológico permite un giro de estrategia de las compañías petroleras, que recurren a la biomasa para producir los mismos productos que ya fabrican y para liquidar los bosques y tierras de cultivo, en lugar de hacer perforaciones en las profundidades del océano.

El cambio a la biomasa podría ser sumamente rentable. El cultivo, la cosecha, la comercialización y la transformación de la biomasa en productos y servicios comerciales ya está generando miles de millones de dólares. El Foro Económico Mundial estima que la economía de la biomasa tendrá un valor de unos 300 mil millones de dólares en 2020, pero la cifra real bien podría alcanzar medio billón de dólares.

Las industrias que ahora están adoptando el modelo de producción con biomasa incluyen desde empresas de química, las grandes petroleras, y corporaciones gigantes de la biotecnología, silvicultura y agroindustria, hasta los productores de perfumes, textiles, el sector de la construcción y el comercio de carbono: industrias cuyo valor neto total suma más de 17 billones de dólares. Un comercio mundial de la biomasa (astillas, aserrín y pellets o gránulos) está emergiendo muy rápidamente y para el año 2015 podría estar distribuyendo no menos de 19 millones de toneladas de biomasa. Las siguientes tres áreas industriales de la economía de la biomasa son las que más rápidamente están creciendo:

Bio-electricidad: La forma más económica y sencilla de extraer valor de la biomasa es quemarla. En la actualidad existe una ofensiva masiva en todo el sector eléctrico para reemplazar o complementar la quema de carbón, gas y petróleo para la generación de electricidad, con la quema de biomasa. Las plantas de generación de energía con biomasa suministran más de 54 GW de electricidad en todo el mundo en más de 50 países, consumiendo grandes cantidades de madera y otras materias primas.

Aparte de engullir grandes extensiones de bosques y plantaciones para satisfacer estas demandas, la quema de biomasa también presenta riesgos significativos para la salud de las comunidades situadas cerca de las plantas de energía. El humo de madera, por ejemplo, contiene muchos compuestos tóxicos, agrava las enfermedades respiratorias y libera partículas contaminantes peligrosas. Ya se cuenta entre 2,7 y 3 millones de personas que mueren anualmente a causa de la inhalación de humo de leña. Tampoco la quema de biomasa reduce las emisiones de dióxido de carbono, más bien produce incluso más CO2 en la chimenea por unidad de energía que el carbón que reemplaza. Eso es antes de evaluar la liberación de carbono por la tala de bosques, el cultivo de biomasa y el transporte de la materia vegetal. Teniendo en cuenta los costos de las emisiones de carbono para la producción y recolección de materias primas de biomasa, afirmar que la energía de biomasa es neutra -o incluso negativa- en emisiones netas de carbono, es simplemente un mito.

Biocombustibles: La producción de combustibles líquidos (los llamados biocombustibles o agrocombustibles) a partir de la biomasa es el arquetipo de la nueva bio-economía y también la parte más controvertida. Cifras del Banco Mundial revelan que hasta un 75% del aumento global en los precios de los alimentos en 2008, que provocó hambre y disturbios masivos a través del mundo, se debió a las políticas sobre biocombustibles de los EE.UU. y Europa que canalizaban maíz, soja y otros productos alimenticios hacia la producción de combustibles.

Hoy, el tren de los biocombustibles de nuevo arranca a todo vapor, con las inversiones dirigidas a los llamados “de nueva generación”. Estos incluyen a los biocombustibles extraidos de materias primas no alimentarias, como la caña de azúcar y la jatropha (un arbusto que produce nueces), biocombustibles avanzados que son hidrocarburos y se comportan de manera muy similar al petróleo, así como nuevos combustibles que se hacen de árboles, pastos y las partes leñosas de las plantas (llamados biocombustibles de celulosa), o de algas de estanque (combustible algal). Al menos 200 empresas están trabajando en el desarrollo de estos biocombustibles de “nueva generación” y las empresas más avanzadas están ahora bajo la propiedad o asociadas con las grandes empresas petroleras como Shell, BP, Chevron, Total y Exxon. Muchas de ellas también están empleando una forma extrema de ingeniería genética, de alto riesgo, conocida como biología sintética, donde microbios artificiales se utilizan para fermentar la biomasa en combustibles.

Bio-químicos y plásticos: Si no es ético convertir los alimentos en combustibles, debería ser doblemente motivo de preocupación que se conviertan en bolsas de plástico y botellas de champú, pero esa es exactamente la estrategia seguida por la industria química. El Foro Económico Mundial predice que el 9% de todos los productos químicos se fabricarán a partir de biomasa en lugar de petróleo, para el año 2020, con el sector de bioplásticos a la cabeza. Se estima que cerca de 3.2 millones de toneladas métricas de plásticos tendrán una base biológica para el año 2015. ADM, Cargill, Coca Cola, Procter and Gamble y otras están impulsando el mercado de los bioplásticos. Los venden como una opción “verde” para los consumidores, a pesar de que muchos bioplásticos no pueden ser reciclados ni son biodegradables, y en algunos casos llevan la misma amenaza de toxicidad que los plásticos a base de petróleo.

Una amenaza a los ecosistemas

En el contexto de la economía verde, es importante reconocer que lo que parece un recambio bien intencionado del uso de las materias primas fósiles, es en realidad un acaparamiento: de tierras, medios de subsistencia y ecosistemas. El abastecimiento de biomasa para un cambio tan importante en la economía global va a requerir la conversión de grandes extensiones de tierra para la producción de materia prima de biomasa -particularmente la expansión de monocultivos de caña de azúcar y de celulosa- un cambio de las prioridades agrícolas de los alimentos a nuevos cultivos de rápido crecimiento como el miscanthus y el bambú y un gran aumento en el cultivo de algas en los desiertos y las regiones costeras.

La biomasa no está distribuida uniformemente en todo el planeta. El 86% de la producción anual de biomasa se encuentra en los trópicos, por lo que es a las zonas tropicales de América Latina, África Subsahariana y el Sudeste de Asia que los nuevos dueños de la biomasa están volcando su atención. El Banco Mundial calcula que el 21% de la apropiación de tierras en el mundo en los últimos años es impulsado por la necesidad de tierra para cultivar materias primas de biomasa. Mientras tanto, las comunidades que viven en la selva están reportando un aumento de la destrucción de los bosques para producir astillas de madera para el nuevo comercio de biomasa. A medida que las comunidades tradicionales son desplazadas de sus tierras, a veces a la fuerza y con violencia, la nueva economía industrial de la biomasa desaloja formas de sustento más antiguas y verdaderamente sostenibles, basadas en la biomasa.

Por supuesto, a la nueva industria de la biomasa le gusta presentarse como “sostenible” y basada solo en recursos renovables abundantes; sin embargo, la civilización humana ya se apropia del 24% de toda la biomasa mundial y el resto no es suficiente para cumplir con las tareas de limpiar el aire, mantener el ciclo del agua, capturar el carbono y proporcionar las funciones ecológicas esenciales requeridas para mantener la integridad ecológica. De acuerdo con una forma de medición (La Huella Global), ya estamos usando un 50% más de la cantidad de biomasa que se puede eliminar de forma sostenible de los ecosistemas del planeta. Para el año 2050 probablemente se elevará al doble la cantidad de biomasa cuya eliminación sería sustentable. Es una proposición insostenible, que acumulará una deuda ecológica de la que la naturaleza no tiene ninguna manera de resarcirse. Lejos de salvar el planeta, la defensa central de biomasa en la visión de la economía verde podría profundizar en forma catastrófica nuestras crisis ambientales, a la vez que despojar a las mismas comunidades que ofrecen un modelo de vida de utilidad real, con base biológica. (Traducción ALAI).

Jim Thomas – es miembro del Grupo ETC, capítulo Canadá.

Para una mirada más profunda a la amenaza de la economía de la biomasa, consulte: “Los nuevos amos de la biomasa. Biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad.” http://www.etcgroup.org/es/node/5253

Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011

A 20 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra o Eco´92) se realizará una nueva conferencia global, en junio 2012, en Río de Janeiro, Brasil. Río+20, como se le llama, ocurrirá en medio de las mayores crisis globales del siglo: devastación ambiental y erosión de la biodiversidad, crisis climática, crisis económica y financiera, crisis alimentaria, crisis de salud.

Aunque Río+20 debería revisar los compromisos asumidos, el estado de los problemas y estrategias reales para resolverlos, los temas en la agenda son economía verde y nuevas formas de gobernanza ambiental global. Si el término “desarrollo sustentable”, era ambiguo y se prestó a abundante manipulación, la sustitución por “economía verde” señala un enfoque aún más estrecho, que privilegia a quienes dominan los mercados.

Lejos de una reunión anodina de Naciones Unidas, Río+20 se anuncia como un escenario de disputa, porque podría ser clave para un reordenamiento discursivo y geopolítico global, consolidando nuevos mercados financieros con la naturaleza y más control oligopólico de los recursos naturales, legitimando nuevas tecnologías de alto riesgo y creando las bases de una nueva estructura de gobernanza ambiental global que facilite el avance de una “economía verde” en clave empresarial.

¿A qué se refiere la economía verde?

Para muchas personas y organizaciones, “economía verde” puede tener un significado positivo, asociado a producción agrícola orgánica, energías renovables, tecnologías limpias. En los movimientos existe una diversidad de propuestas de economías alternativas, socialmente justas, culturalmente apropiadas y ecológicamente sustentables. Sin embargo, la noción de “economía verde” que se está manejando desde los gobiernos va por un camino opuesto. Se trata básicamente de renovar el capitalismo frente a las crisis, aumentando las bases de explotación y privatización de la naturaleza.

Ya en la Eco´92 las trasnacionales empleaban maquillaje verde. Intentaban hacer una cortina de humo sobre su responsabilidad en la devastación ambiental, apoyando proyectos de conservación o “educación” ambiental, sellos verdes, etc. Pero sobre todo, afirmando que no había necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo, ya que con tecnología para mayor eficiencia energética y otras, se podía llegar a soluciones de “ganar-ganar”, donde las empresas seguirían lucrando mientras mejoraban el ambiente con negocios “verdes”.

El planteo de la nueva economía verde sigue este camino, pero es más preocupante, tanto por la expansión de la mercantilización de la naturaleza y los ecosistemas –y el impacto en los pueblos que dependen de ellos­–, como porque las nuevas tecnologías a las que se refieren ahora, explícitamente o no, –como nanotecnología, transgénicos, biología sintética­, geoingeniería– implican enormes riesgos.

Oficialmente verde

El concepto “economía verde” es ambiguo y no hay consenso tampoco entre los gobiernos. Un antecedente recurrente en las discusiones oficiales hacia Río+20 es la Iniciativa sobre Economía Verde del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Allí se enmarca el “Nuevo acuerdo verde global”, planteado por ese organismo en 2008, del que se hicieron eco Obama y otros mandatarios, como una respuesta de “ganar-ganar” a las crisis. Plantea enfrentar la crisis financiera y climática redirigiendo las inversiones al “capital natural”, dando estímulos fiscales a empresas para energías “limpias” (como agrocombustibles), ampliar los mercados de carbono. Brasil, que ya tenía amplias inversiones en esos sectores y muchos recursos naturales para meter a los mercados, propuso que la economía verde fuera tema central de la conferencia Río+20, lo cual fue posteriormente aprobado por Naciones Unidas.

Dentro de la Iniciativa sobre Economía Verde, el PNUMA publicó en 2009 el informe del proyecto TEEB (La economía de los ecosistemas y la biodiversidad, por sus siglas en inglés) y en 2011, el extenso reporte “Hacia una economía verde”, dividido en tres secciones: inversiones en capital natural (agricultura, agua, bosques, pesca); inversión en eficiencia energética y uso de recursos (energías renovables, industria manufacturera, basura, construcción, transporte, turismo, ciudades) y transición a la economía verde (financiamiento y condiciones políticas favorables).

Significativamente, tanto el informe sobre economía verde como el TEEB, son coordinados por Pavan Sukhdev, un alto ejecutivo de la banca trasnacional. Reflejan su lógica de poner precio –aunque lo llamen valor– a toda la naturaleza y sus funciones. Sukhdev es ejecutivo del Deutsche Bank y trabajó anteriormente el tema de la valuación económica de la biodiversidad para el Foro Económico de Davos.

El proyecto TEEB surgió en 2007 a partir de una reunión del G8+5. Los cinco gobiernos “agregados” a las potencias globales, eran Brasil, China, India, México y Sudáfrica –todos gobiernos de países megadiversos interesados en comerciar con la biodiversidad de sus países. Con la crisis financiera, la mercantilización de la naturaleza que entraña TEEB, destaca como tabla de salvación frente al naufragio de los mercados especulativos. Sukhdev llama a la biodiversidad un nuevo “mercado multibillonario”.

Estos y otros planteos similares sobre economía verde se apoyan en tres grandes pilares: a) una mayor mercantilización y privatización de la naturaleza y los ecosistemas, integrando sus funciones como “servicios” a los mercados financieros, b) la promoción de nuevas tecnologías y la vasta expansión del uso de biomasa y c) un marco de políticas que permitan y premien todo eso, es decir lo que los gobiernos y las sociedades deberíamos hacer para que las empresas puedan hacer ganancias con los dos anteriores.

Privatizando el aire

Un componente temprano del paquete propuesto por la economía verde es el pago por servicios ambientales (PSA) o servicios ecosistémicos. Incluyen el pago por servicios ambientales forestales, hidrológicos, paisajísticos y de bioprospección (biopiratería). Conllevan la redefinición de las funciones de la naturaleza y la biodiversidad como “servicios”, para poder mercantilizarlos. (1) Los PSA han significado muchos conflictos entre grupos indígenas, campesinos, dentro y entre comunidades, ya que promueven la competencia por quien llegue primero a comerciar bienes compartidos. Los esquemas de PSA requirieron inventar “dueños” (lugar que ocuparon ONG o grupos dentro de las comunidades) de las funciones ecosistémicas, de los conocimientos sobre biodiversidad, de los cuidados tradicionales del agua, cuencas y bosques, porque siempre han sido bienes comunes y colectivos que no se podían mercantilizar.

En muchos casos, los PSA comenzaron con préstamos del Banco Mundial –deuda pública a pagar por todos– con el objetivo expreso de crear mercados de servicios ambientales. A éstos siguieron mercados secundarios de servicios ambientales, altamente especulativos. Los PSA significaron que una transnacional –que quizá nunca estuvo en el lugar– pueda terminar decidiendo sobre el territorio, el agua o la biodiversidad de comunidades indígenas y campesinas de países del Sur.

Basados en esas experiencias, surgen los programas REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada), cuya aprobación en el Convenio de Cambio Climático en diciembre 2010, abrió de un plumazo todos los bosques del planeta a los mercados financieros especulativos.

La hipótesis de REDD es que para parar la deforestación –factor grave de crisis climática– hay que compensar económicamente a los que deforestan. No evitar la deforestación, sino pagar a los que lo hacen. Por eso se llama deforestación “evitada”: primero hay que deforestar, para luego vender el dejar de hacerlo. Otro típico escenario de “ganar-ganar”. Quienes más se benefician de estos programas, son los que más bosque y selva hayan destruido. Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando un 10 por ciento del área que piensan deforestar, puedan recibir créditos de carbono o pagos por “deforestación evitada”.

Al programa original se agregaron compensaciones por “acrecentar los inventarios de carbono” y por “conservación” y “manejo sustentable del bosque”. En el primer caso, se trata de luego de deforestar, plantar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades. Pero lo más perverso de este mecanismo, es lo que llaman “conservación y manejo sustentable”, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y forestales de sus derechos y territorios, ofreciéndoles pago por el aire de sus bosques.

Como REDD “se paga”, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono debe ser “verificable”, es decir, definido por agentes externos a las comunidades, que deben pagar caro a “expertos”, para que les digan qué pueden hacer o no en sus propios bosques y territorios. Las empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases de efecto invernadero compran la capacidad de absorción de carbono de los bosques, para seguir contaminando exactamente igual que antes, pero ahora con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en alguna parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones. A su vez, los bonos de carbono obtenidos entran en un mercado secundario donde la misma empresa puede revenderlos a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero extra. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono es en especulación secundaria, es decir la venta y re-venta de, literalmente, puro aire.

En general, todos los esquemas de comercio de carbono se dirigen a mercados especulativos, que es un mercado mucho mayor que los mercados primarios. Ahora está también en juego, en el Convenio de Cambio Climático, la inclusión de los suelos y la agricultura –que es base de la alimentación mundial– como un gran sumidero de carbono a meter en la especulación financiera.

Algunas organizaciones creen que estos programas son un reconocimiento a los aportes de comunidades indígenas y campesinas por cuidar el ambiente y frenar el cambio climático, y que por eso está bien que existan. La experiencia demuestra que los impactos sobre las comunidades de estos esquemas de mercantilización de la naturaleza y sus funciones, han sido mucho peores que cualquier pago que reciban algunos. Pero lo más grave, es la aceptación de que los ecosistemas, la naturaleza, la biodiversidad, los saberes, se transformen en mercancías al mejor postor, dejando a la arbitrariedad y afán de lucro de las empresas que decida si se reconoce un aporte esencial para la existencia de todos.

En lugar de un reconocimiento social auténtico del papel fundamental, histórico y presente, de las comunidades indígenas, campesinas y locales en el cuidado de la biodiversidad y la producción de alimentos diversos y sanos para la humanidad, que debería traducirse en el apoyo al ejercicio efectivo de sus derechos integrales –incluyendo derecho a la tierra y territorio, a las culturas y formas diversas de economía y política–, la economía verde privatiza y mercantiliza la naturaleza, sustituyendo los derechos por transacciones comerciales, y lo que deberían ser políticas públicas, por una competencia de mercado.

Tsunami tecnológico ¿verde?

El otro pilar fundamental de la economía verde se basa en el uso de nuevas tecnologías. La propuesta tecnológica es particularmente importante frente a las crisis, porque revitaliza la industria productiva con fuentes de ganancias extraordinarias y afirma la ilusión de que no es necesario revisar las causas de las crisis: todo se puede resolver con más tecnología.

Las patentes sobre tecnologías –también las necesarias para energías renovables, como eólica y solar– están en su casi totalidad en manos de grandes empresas, que defienden ferozmente sus monopolios y no están dispuestas a discutir la derogación de éstas, en ninguna economía, verde o de otro color. Menos aún si se trata justamente de aumentar sus mercados.

De todas formas, ni siquiera estas energías consideradas amigables con el ambiente son apropiadas en todas partes y mucho menos cuando se aplican como megaproyectos de trasnacionales, abusando de territorios indígenas. Además, implican a menudo el uso de materiales basados en nanotecnología, una industria ampliamente difundida, que pese a cientos de estudios que muestran toxicidad de nanopartículas y nanocompuestos en salud y ambiente, no están reguladas en ninguna parte del mundo, ni se conoce el verdadero costo energético en el ciclo de vida completo de los productos nanotecnológicos, ni la basura tóxica que generan, entre otros factores.

Otra nueva tecnología subyacente a propuestas de la economía verde es la biotecnología, que implica desde más cultivos transgénicos para agrocombustibles y “resistentes al clima”, hasta biología sintética, es decir la construcción en laboratorio de genes, pasos metábolicos o microbios sintéticos enteros, para producir nuevas sustancias industriales. Los usos más inmediatos refieren al procesamiento de celulosa, que antes no era viable por demasiado ineficiente y costosa. Con microbios producto de la biología sintética, es posible procesar cualquier fuente de carbohidratos –como celulosa– para hacer polímeros que se pueden convertir en combustibles, farmacéuticos, plásticos u otras sustancias industriales. De pronto, toda la naturaleza, todo lo que esté vivo o lo haya estado, es visto como “biomasa”, la nueva materia prima universal para procesar con biología sintética. La disputa industrial por acaparar cualquier fuente de biomasa natural o cultivada está en marcha y es una de las mayores amenazas nuevas a la naturaleza y los pueblos.(2)

También propuestas tecnológicas como la geoingeniería, es decir la manipulación deliberada del clima del planeta, convergen en la economía verde con algunas de sus tecnologías, como el uso masivo de biomasa para quemar y fertilizar el suelo como sumidero de carbono (biochar), las grandes plantaciones de monocultivos o la fertilización de los mares para absorber carbono.

Frente a los riesgos de estas nuevas tecnologías, el grupo ETC plantea establecer un mecanismo multilateral de evaluación previa ambiental, social, económica y cultural de las tecnologías, con participación real de la sociedad civil y los potenciales afectados, antes de que lleguen a los mercados. Tecnologías extremadamente peligrosas y con alto potencial bélico, como la geoingeniería, deben ser prohibidas.

En lugar de esta “economía verde”, lo que necesitamos es justicia social y ambiental. En todo el mundo los movimientos sociales tienen diversidad de propuestas para ello. Y además de propuestas, contundentes realidades, como que la producción campesina e indígena da de comer a la mayoría del planeta y ya está “enfriando” el planeta.

Silvia Ribeiro es miembro del Grupo ETC.

Publicado en ALAI, Ecuador, 11 de octubre de 2011

1. Ver “Aire no te vendas”, Camila Montecinos, Grain, 2005, http://www.grain.org/article/entries/1015-aire-no-te-vendas

2. Sobre la economía de la biomasa, ver artículo de Jim Thomas en esta misma publicación