Setenta organizaciones de apicultores de 24 países, reunidas en la Segunda Conferencia Mundial de Apicultura Orgánica en Chiapas en marzo 2012,  demandaron a las secretarías de Agricultura, de Medio ambiente y de Salud detener las siembras de transgénicos en la península de Yucatán, Chiapas y otras regiones con gran producción de miel, en apoyo a los apicultores de esas regiones. Señalaron que desde 2011, es notable  la disminución de la exportación de miel desde varios países, debido a la contaminación con polen transgénico que impide su comercialización.  La carta enviada con más de 400 firmas, señala que la siembra de transgénicos impacta negativamente la economía de 41,000 familias productoras de miel en el país (La Jornada, Elio Enríquez, 25/3/2012). Los transgénicos están de facto inviabilizando la producción de miel orgánica. Adicionalmente, el uso intensivo de agrotóxicos que conlleva el cultivo de transgénicos,  está afectando severamente a las abejas y la polinización que realizan, elemento esencial para toda la producción agrícola.

Sobre el mismo tema, 64 organizaciones de la sociedad civil (campesinos, ambientalistas, consumidores y otras) junto a 102 académicos, investigadores y ciudadanos, enviaron el 3 de abril 2012 una carta a SENASICA (órgano de la Secretaría de Agricultura) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, demandando el rechazo a la solicitud de siembra de 60,000 hectáreas de soya transgénica en la Península de Yucatán, presentada por la trasnacional Monsanto. (Se puede ver la carta en  greenpeace.org.mx <http://greenpeace.org.mx> ) El Juzgado Primero de Distrito de Mérida dictó anteriormente una suspensión a la siembra de 30,000 hectáreas solicitada por Monsanto en 2011, “debido a los daños irreparables que puede ocasionar al medio ambiente y a los riesgos que representa para la salud humana”.

La carta, enviada antes del cierre de la “consulta pública” sobre estas solicitudes, señala que el mecanismo de consulta –que solamente es electrónico- no permite hacer consideraciones socio-económicas,  éticas o políticas, lo cual es de alta relevancia en el caso de los transgénicos en general, y en este caso, por su afectación a los apicultores.

La producción apícola en la Península de Yucatán es la de mayor volumen en el país, y 95 por ciento de la producción de miel de esa región se exporta. Actualmente, los mercados europeos captan más del 70 por ciento de la producción de miel, pero desde el año pasado, la Unión Europea exige que la miel sea libre de transgénicos o si no cumple tal requisito, que sea etiquetada, lo que significa que los consumidores no la compran.

Sobre este mismo tema, Alvaro Mena, de la organización Ka Kuxtal Much Meyaj de Yucatán denunció en febrero en la Asamblea de la Red en Defensa del Maíz, que  desde fines del 2011 se había rechazado un cargamento de miel de productores de Yucatán, debido a que estaba contaminada con polen transgénico. Esa misma miel había sido analizada por Sagarpa, que aseguró que no había problemas, pero el cargamento de 42 toneladas fue rechazado al analizarlo en la Unión Europea. (Ver testimonio en http://vimeo.com/38132867)

La carta enviada ahora, señala además que la gran cantidad de químicos que requieren los transgénicos y la vulnerabilidad del acuífero peninsular es otro argumento de peso para rechazar los transgénicos.   Explican que los suelos de la península de Yucatán  conforman un sistema kárstico en que el agua de lluvia llega directamente al subsuelo a través de fracturas en la roca calcárea. “Eso significa que cualquier contaminante llega directa e inmediatamente al acuífero, única fuente de agua que disponemos. La compleja red de ríos subterráneos provoca una amplia diseminación de los agentes contaminantes, los cuales finalmente desembocarán en el mar, afectando también los ecosistemas costeros. No se tiene conocimiento profundo de la dinámica del acuífero pero sí suficiente para considerar su alta fragilidad y el grave riesgo para la salud humana que implica su contaminación por agentes químicos. Esta contaminación por agroquímicos también afecta al suelo, a la flora y a la fauna…”

Los cultivos transgénicos significan un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, ya que son semillas manipuladas para resistir a los agrotóxicos. El aumento de la concentración de los compuestos y el uso de cantidades cada vez mayores, ha producido resistencia en más de veinte hierbas invasoras de los cultivos en varios países, por lo que lo agricultores utilizan agroquímicos cada vez más potentes y tóxicos. En Argentina y Estados Unidos se ha vuelto a usar agroquímicos que habían sido descartados por su alta peligrosidad, como dicamba y 2,4 D. Este último es un componente del Agente Naranja, tóxico que se usó como arma biológica en la guerra de Vietnam y cuya secuelas aún hoy siguen causando estragos.  Antes esta resistencia de las hierbas invasoras, Monsanto y Dow, ambas productoras de transgénicos, están ahroa desarrollando cultivos resistentes a dicamba y 2,4 D, además de glifosato y otros tóxicos.

Además de terminar con la apicultura campesina, con el medio de vida de decenas de miles de familias, imagine lo que sucederá con los acuíferos en Yucatán si se le permite a las transnacionales continuar su escalada de transgénicos.  A cada paso, encontramos más argumentos de que los transgénicos son una amenaza para todos, que solo benefician a unas pocas trasnacionales y que en Yucatán y en todas partes, deben ser prohibidos.
 

*investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 7 de abril de 2012

Un reciente artículo científico de investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Suiza (ETH) confirmó que el maíz transgénico Bt es letal para las larvas de catarinas, que son insectos altamente beneficiosos para la agricultura y la biodiversidad. Se suma a las muchas evidencias sobre los graves impactos que conllevan los transgénicos.

Al mismo tiempo, contra todas las evidencias y contra recomendaciones de autoridades de Naciones Unidas, el gobierno de México aprobó nuevas siembras a campo abierto de grandes extensiones de maíz transgénico, absurdamente llamadas experiencias piloto, pese a que no hay medidas de bioseguridad: el polen se difunde abiertamente, contaminando la biodiversidad y el maíz campesino en su centro de origen, cometiendo un crimen de proporciones históricas.

El nuevo estudio de los investigadores suizos, encabezado por la doctora Angelika Hilbeck, confirma resultados ya publicados en 2009, donde se muestra con pruebas de laboratorio que la toxina Cry1Ab del Bacillus thuringiensis (Bt) producida por el maíz transgénico, aumenta la mortalidad de las larvas de catarina (Adalia bipunctata L.). El estudio de 2012 fue publicado por la revista científica Environmental Sciences Europe (www.enveurope.com/content/24/1/10)

Luego del primer estudio en 2009 –que arrojaba resultados equivalentes–, la doctora Hillbeck y su equipo fueron víctimas de un furioso ataque orquestado por varios científicos amigo$ de la industria de los transgénicos, que dijeron que haber repetido los mismos estudios, obteniendo resultados opuestos. El estudio de Hillbeck ahora publicado, además de confirmar el daño que produce el maíz Bt a las catarinas, demuestra que el método de investigación de los que la atacaron fue absolutamente inconsistente, ya que repitiendo el mismo protocolo ¡ni siquiera mueren las plagas del maíz para las que está diseñado el maíz Bt!

La muerte de las larvas de catarinas es un tema muy preocupante, porque son insectos que cumplen una función muy importante de control biológico, natural, de plagas. Las larvas de catarinas (o como se las llama en otros países, mariquitas, san antonios, joãninhas) se alimentan de pulgones, mosquitas blancas y otras plagas de cultivos y jardines. Su función es tan benéfica, que sumadas a su forma y alegres colores, son consideradas en muchos países como signo de buena suerte. En realidad traen buena suerte: si existen en su jardín y en sus cultivos, los cuidarán de muchas plagas.

Como el hecho de que los transgénicos maten las catarinas es muy grave, la industria y sus amigo$ científicos, están dispuestos a inventar, deformar y publicar cualquier falsedad, para defender los intereses de unas pocas multinacionales que controlan los transgénicos, que casualmente son las mismas que controlan los agrotóxicos para combatir las plagas –de algunas de las cuales se ocupan las catarinas sin cobrarnos nada más que la alegría de verlas.

Cada vez que algún científico independiente, no financiado directa o indirectamente por las empresas, se atreve a publicar la verdad sobre los efectos de los transgénicos, hay una serie de otros científicos, con intereses económicos en los transgénicos, que salen a defenestrarlos, defendiendo los transgénicos con falsedades y una gran falta de ética y de escrúpulos. En México tenemos un ejemplo reciente de ese tipo de cobertura, con la publicación titulada cínicamente Por un uso responsable de los organismos genéticamente modificados, compilada por Francisco Bolívar Zapata, quien tiene múltiples vínculos con la industria y reconocidos intereses económicos en el desarrollo de transgénicos.

Los daños comprobados a las catarinas, se suman al desastre que están produciendo los transgénicos en la biodiversidad y la apicultura –tanto por que usan muchísimo más agrotóxicos y matan las abejas, como porque al contaminar la miel con polen transgénico, impiden la exportación del producto, un importante rubro económico que es producido mayoritariamente por apicultores campesinos, no por grandes industrias. ¿Será por ello que al gobierno no parece importarle el daño a las 40 mil familias que hacen apicultura en el país? Porque sigue aprobando la siembra de transgénicos en la península de Yucatán y otras regiones donde existen la mayor cantidad de comunidades y ejidos productores de miel, pese a que Europa ya ha rechazado miel mexicana de allí por estar contaminada con transgénicos. ¿A favor de quién sacrificar a las familias campesinas, a las abejas, a la biodiversidad y hasta la exportación? De las transnacionales Monsanto, Syngenta, DuPont-Pioneer, Dow.

La reciente asamblea nacional de la Red en Defensa del Maíz denunció y rechazó estos ataques. A 10 años de su fundación, la red recordó que se formó justamente a partir de la comprobación de la contaminación transgénica del maíz campesino y que desde entonces, el gobierno ha trabajado para legalizar –y aumentar– la contaminación transgénica, regalando el patrimonio genético más importante del país a 4 trasnacionales que con sus transgénicos tóxicos contaminan irreparablemente la creación milenaria de millones de campesinos e indígenas. La red denunció también que el mapa de los centros de origen que usa el gobierno, fue amañado para señalar los lugares de interés de la industria como no centros de origen, cuando todo México y Mesoamérica es centro de origen y que en cualquier lugar del país que se plante, se contaminará el resto. Pese a que el gobierno apura las siembras transgénicas pensando que saldrá impune por estar al final de su sexenio, la red reafirmó la decisión y el trabajo para llevar el caso ante tribunales internacionales.

*Investigadora del Grupo ETC

Apenas 147 empresas trasnacionales controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las trasnacionales del globo. El dato más sorprendente no es que sean pocas –existían ya estudios mostrando el alto grado de concentración corporativa–, sino que están estrechamente interconectadas a través de acciones y participaciones entre ellas, constituyendo una súper entidad global que ejerce un control enorme sobre mercados, producción y políticas nacionales e internacionales. Las tres cuartas partes de éstas 147 superpoderosas son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo.

Los datos provienen del estudio The Network of Global Corporate Control de Stefania Vitali, James B. Glattfelder y Stefano Battiston, del Instituto Federal de Tecnología de Suiza (publicado en la revista científica PLoS ONE el 26/10/11). El estudio analiza las redes corporativas globales y las relaciones entre ellas, para lo cual se basan en la interpretación de información de la base de datos Orbis al 2007, que registra más de 30 millones de actores económicos en el mundo.

Los investigadores seleccionaron 43 mil 60 de las mayores empresas en 116 países y encontraron que 737 concentran el 80 por ciento de las ventas de todas las trasnacionales. Pero a nivel de conexiones hay un núcleo de 1318 empresas que tienen dos o más interconexiones, con un promedio de 20 vínculos entre sí. Estas mil 318, con sede en 26 países, mayoritariamente anglosajones, controlan el 60 por ciento de los ingresos globales, a través de acciones en empresas globales de manufactura, energía y otros rubros básicos.

Como araña en la red de esas mil 318, hay un núcleo de mucho mayor densidad de interrelaciones, formado por las 147 empresas que detentan 40 por ciento de los ingresos de todas las trasnacionales. La gran mayoría de éstas últimas son instituciones financieras, entre las que se encuentran nombres muy conocidos como Barclays Lpc, Axa, JP Morgan Chase & Co, Merrill Lynch & Co Inc, Deustche Bank, Bank of America, Walton Enterprises LLC (la firma inversora del capital de la familia Walton, dueños de la empresa más grande del mundo: el supermercado WalMart), ING Group, BNP Paribas. La número 50 en la lista es significativamente la china Petrochemical Group Company, que denota el ascenso de los capitales chinos a este grupo exclusivo de corporaciones que tienen las riendas económicas y financieras del planeta.

Aunque el estudio está hecho sobre datos del 2007, previos a romper la ola de crisis financiera que acabó con algunas de las empresas referidas en el estudio, la estructura de la red se mantiene y es una información clave para entender también las políticas públicas que se promueven frente a las crisis financiera, alimentaria, climática, ambiental.

Para empezar, este enorme poder concentrado está entretejido y por detrás de que los gobiernos hayan dedicado –y siguen dedicando, ahora con mayor acento en Europa– enormes sumas de dinero público para salvar bancos y grandes empresas en quiebra, a costa de los presupuestos de políticas de bienestar social para las mayorías, a costa del apoyo que necesita la población víctima de las crisis y en lugar de apoyar alternativas productivas decentralizadas y de pequeña escala (como la agricultura campesina, cooperativas de trabajadores urbanos, etcétera) que son las que realmente pueden enfrentar las crisis múltiples desde las raíces, cambiando las causas, no transformando los síntomas de la enfermedad en nuevas fuentes de negocios.

Al mismo tiempo, sin tocar ni la especulación financiera que causó la crisis, ni los nocivos modelos de consumo y de producción contaminantes (bases de la civilización petrolera y de la devastación ambiental y climática), promueven nuevas fórmulas para aumentar y legalizar los mercados financieros con la naturaleza (mercados de carbono, de servicios ambientales, de biodiversidad, etcétera) y más explotación de naturaleza y recursos a través de nuevas tecnologías, como por ejemplo, el uso extendido de biología sintética para procesar biomasa como fuente de combustibles, de fármacos y sustancias industriales.

Irónicamente, a estos paquetes de subsidiar a corporaciones abriendo nuevas fuentes de mercantilización de la naturaleza y sus funciones para aumentar las ganancias con supuestos remedios a las crisis que ellas mismas provocaron,  le llaman economía verde. O como dijo Obama parafraseando a F. Roosevelt frente a la crisis de 1929, se trata de un green new deal (nuevo acuerdo verde), donde todos son escenarios de ganar-ganar. Claro que las ganancias-ganancias están siempre referidas a los mismos: a esa red corporativa que tiene entre sus tentáculos al planeta y a la gente (Ver “Quién controlará la economía verde” www.etcgroup.org/es/node/5298)

El escenario parece abrumador, pero no olvidemos que el sistema que sostiene a estas redes de poder está en una profunda crisis y que por todas partes en el planeta aparecen movimientos que los denuncian y no están dispuestos a resignarse a seguir siendo víctimas. Son movimientos diversos y contradictorios, pero van convergiendo con las alternativas locales, campesinas, indígenas, que son las que sostienen, cuidan y dan de comer a la mayoría del planeta, mientras las corporaciones se empeñan en seguirlo explotando. El emperador sigue reinando, pero está sin ropas a la vista de todos, y tenemos que seguirlo denunciarlo, por más que ahora diga que está vestido de verde.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 10 de marzo de 2012

A  principios de este año, el gobierno aprobó la siembra piloto de 63 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, a favor de la trasnacional Monsanto. El titular de Sagarpa, responsable por esta decisión que pone en riesgo el patrimonio genético alimentario más importante del país, declaró en una reunión con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y organizaciones de productores, ambientalistas y sociales, que no conocía los detalles de los dictámenes técnicos, pero que se tomarían medidas de bioseguridad, como plantar maíz transgénico amarillo y no blanco que es el de mayor consumo humano –manifestando su sorprendente ignorancia de que el cruzamiento y contaminación entre estas variedades es totalmente viable y seguramente ocurrirá– y agregando que en materia de transgénicos no somos químicamente puros, tenemos intereses económicos y políticos (Greenpeace México, 19/1/2012).

En realidad, esto último es lo único que cuenta en materia de transgénicos: los intereses ecónomicos de cuatro multinacionales que controlan virtualmente ciento por ciento de los transgénicos en el mundo (Monsanto monopoliza más de 80 por ciento y todas son fabricantes de venenos) y los de los políticos con que éstas se relacionan, por decirlo de algún modo. Por supuesto no son químicamente puros, son puramente tóxicos.

México no necesita transgénicos en ninguna situación: el maíz transgénico produce igual o menos que los híbridos, usa más agroquímicos que cada vez son más tóxicos, conlleva nuevos problemas a la salud y al ambiente, las semillas son más caras y están todas patentadas a favor de unas cuantas multinacionales. Es la única semilla que contamina a las demás. Aunque el maíz híbrido también emite polen y se cruza con las variedades nativas campesinas, se trata de cruzas entre maíces, que la sabiduría campesina puede incluso aprovechar, o si no le sirve, descartarla. En el caso de los transgénicos, la cruza no es solamente entre maíces, es con otras especies que han sido manipuladas, como bacterias, virus y genes de plantas y animales que nunca se cruzarían naturalmente con el maíz, por lo que implican impactos desconocidos y con riesgos devastadores para la biodiversidad natural y la del maíz. La contaminación es inevitable y como son genes patentados, se convierte en un delito para las víctimas, que deben pagar a las empresas por un absurdo uso indebido de patentes. Los transgénicos también han puesto en crisis a miles de familias dedicadas a la apicultura, al contaminar la miel con transgénicos, impidiendo su exportación a Europa, el mayor comprador.

Pese a estos datos contundentes, el gobierno ha autorizado más de un centenar de siembras experimentales y ahora comienza a escalar las de fase piloto. La diferencia entre ambas es que las siembras piloto son en mayor extensión, a campo abierto y lo cosechado se puede comercializar. No se trata realmente de experimentos, lo único que el gobierno observa son las supuestas características agronómicas de los cultivos según las empresas, no la contaminación genética ni los impactos sobre la biodiversidad, que es lo esencial y diferente en México, ya que es centro mundial de origen del maíz. La UCCS mostró además que la contaminación puede alcanzar enormes distancias: siembras piloto de algodón transgénico contaminaron algodón nativo silvestre a miles de kilómetros de las siembras originales. (www.uccs.mx , comunicado 27/01/12).

El 7 de febrero 2012, la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos publicó un documento mostrando que al contrario de lo que dice Monsanto y sus organizaciones pantalla (como Agrobio México), la experiencia de 15 años demuestra que las semillas transgénicas han promovido la resistencia a agrotóxicos en malezas y plagas, han aumentado exponencialmente el volumen de agroquímicos y tóxicos, cada vez más fuertes y peligrosos, han contaminado genéticamente y dañado a los cultivos orgánicos, hacen muy difícil las alternativas y usaron decenas de millones de dólares en propaganda para persuadir a los políticos que les permitan continuar pese a impactos y malos resultados. También desplazaron y abusaron de la investigación agrícola pública, y en lugar de alimentar al mundo como autoproclaman las empresas, impiden las verdaderas soluciones para ello.

Casi al mismo tiempo, se aprobó en Estados Unidos el primer maíz transgénico con resistencia al agrotóxico 2, 4-D, uno de los componentes del agente naranja, arma química desarrollada por Monsanto y Dow y usada en la guerra de Vietnam, compuesto cancerígeno que después de tres generaciones, sigue teniendo secuelas en los descendientes de las víctimas y en la naturaleza.

Este es el camino inevitable al que llevan los transgénicos: aumento a gran escala de químicos cada vez más tóxicos, de altísimo impacto en la salud y el ambiente, ya que las malezas e insectos se vuelven resistentes. Es una guerra sin fin y un gran negocio para los que fabrican venenos.

Todo esto lo saben los que toman las decisiones, pero intencionalmente no atienden ninguno de los muchos argumentos científicos, sociales, culturales, legales, de los pueblos, contra los transgénicos. Por ello se abrió una audiencia sobre maíz y soberanía alimentaria en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que tendrá un proceso de análisis, testimonios y denuncias en los próximos dos años, para juzgar ante el mundo esta historia de impunidad y violencia que pretende erradicar la autonomía de los pueblos campesinos e indígenas y toda forma de producción independiente de alimentos.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, 11 de febrero de 2012

Se podría pensar que lo más verde de las propuestas de “economía verde”, que gana terreno en diversos ámbitos oficiales, principalmente en las negociaciones hacia la conferencia internacional Río+20, es el color de los billetes que esperan ganar con ella las empresas trasnacionales que han causado las crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas. Esta es una de las conclusiones que se derivan al comprobar que son las mismas compañías que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de la economía verde.

No se trata solamente de los oligopolios que conocíamos y que avizoran nuevos negocios. Además, se avanzan nuevas configuraciones corporativas que reúnen a las mayores empresas petroleras, químicas, farmacéuticas, forestales y de agronegocios con nuevas compañías de biología sintética y genómica para procesar cualquier tipo de biomasa, sea natural o cultivada, y convertirlo en combustibles, forrajes, plásticos u otras sustancias industriales, planteando un escenario donde cualquier cosa “verde” (o que esté o haya estado viva) podría ser apropiada corporativamente para sacarle ganancias con algún uso industrial. Más que una economía verde, la conjunción de oligopolios y nuevas tecnologías está llevando a un asalto corporativo sin precedente de la naturaleza, de lo vivo, de los sistemas de alimentación y de los territorios de las culturas campesinas e indígenas, que irónicamente se presenta como una nueva etapa del “desarrollo sustentable”.

El reciente informe Quién controlará la economía verde, del Grupo ETC (www.etcgroup.org/es/node/5298), muestra que la tendencia hacia la concentración corporativa global continúa, favorecida incluso por las crisis. Si bien en diversos sectores analizados hay estancamiento del crecimiento o incluso menos ingresos, las ganancias corporativas se mantuvieron, porque según su propia definición “hicieron más con menos”. Con menos trabajadores, menos prestaciones y derechos laborales, menos consideraciones ambientales y de salud.

En el caso de la cadena alimentaria agroindustrial, desde las semillas e insumos agroquímicos, a la distribución, procesamiento y ventas en supermercados, las ganancias aumentaron con la crisis alimentaria y climática, en algunos casos en forma exponencial, gracias a la manipulación de la oferta, a la desaparición de competidores, a los subsidios públicos por desastres (para replantar cosechas arruinadas, para ayuda alimentaria, etc). Es dramático y absurdo que en semillas –llave de toda la cadena alimentaria– una sola empresa, Monsanto, controle 27% de todas las semillas comerciales a escala global (y más de 80 por ciento en semillas transgénicas), y que junto a dos empresas más, Syngenta y DuPont-Pioneer, controlen más de la mitad del mercado mundial de semillas. Las semillas y venenos químicos que venden esas empresas son la base de la agropecuaria industrial que ha destruido suelos, contaminado aguas y provocado la mayor parte de la crisis climática global. Ahora van además por el monopolio de lo que llaman “semillas resistentes al clima” –sequía, cambios de temperatura, inundaciones–, alegando que con más del mismo modelo, con menos reglas de bioseguridad, con más patentes a su favor y más apoyos de los gobiernos para las empresas, ahora sí saldremos de la crisis que ellas construyeron.

Al otro extremo de la cadena alimentaria las grandes superficies de ventas directas al consumidor (supermercados) han crecido a punto tal, que en 2009 superaron el mercado total de energéticos, el mayor del mundo por décadas. Esto significa un brutal control corporativo de qué, cuándo, cómo, con qué calidad, dónde y a qué precio se producen y consumen los alimentos y muchos otros productos de la vida cotidiana. En el informe se analiza además el control corporativo en otros rubros, como agua, petróleo y energía, minería y fertilizantes, forestación, farmacéutica, veterinaria, genética animal, biotecnología, bioinformática, generación y almacenamiento de datos genómicos.

Uno de los aspectos más preocupantes son los impactos del avance del uso de biomasa, a través de nuevos emprendimientos corporativos y tecnológicos. Por ejemplo, la empresa de biología sintética Amyris, con sede en California y Brasil, tiene asociaciones con Procter & Gamble, Chevron, Total, Shell, Mercedes Benz, Michelin, Bunge y Guarani para producir combustibles y sustancias industriales. En Brasil, ya consiguió que se permita la producción de combustibles a partir de la fermentación de azúcares derivados de biomasa, con microbios artificiales, cuyo escape constituye un grave riesgo (consumen celulosa, presente en toda la materia vegetal), que de ninguna forma está contemplado en los marcos de bioseguridad. Sin embargo, éste es uno de los “ejemplos” de economía verde en Brasil.

Otro ejemplo es la asociación de DuPont con el gigante petrolero BP, y las cerealeras General Mills y Tate & Lyle (Bunge), que además de biocombustibles agregan ahora combustibles derivados de algas. O la constelación Dow Chemicals, con Chevron, Unilever, Bunge, la marina y ejército de Estados Unidos, alrededor de la empresa de biología sintética Solazyme, para transformar “azúcares de bajo costo en aceites de alto valor”, que podrían ser desde combustibles a alimentos y muchos otros productos. Todo esto representa nuevos riesgos, pero además un aumento vertiginoso de la demanda de biomasa, tierra, agua y nutrientes, que exige que denunciemos estas propuestas por lo que son: nuevas formas de despojo.

Publicado en La Jornada, México, 14 de enero de 2012

La conferencia sobre cambio climático realizada en Durban, Sudáfrica, en diciembre 2011, destaca por lo que no decidió: ni compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, ni fondos para los países más afectados, ni respeto a las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” entre países industrializados que provocaron el caos climático y los demás que lo sufrimos.  Pero sí avanzaron decisiones en agricultura, bosques, tecnologías y ampliación de mercados de carbono, que conllevan impactos muy negativos sobre la mayoría.

Los mercados de carbono –que permiten no reducir emisiones de gases donde se crean, comprando espacio no contaminado a otros– no sirven para enfrentar la crisis climática,  pero justifican que se siga contaminando y abren nuevos mercados especulativos, muy preciados en época de crisis financiera. Según el Banco Mundial –pionero en mercados de carbono y en derivar fondos públicos para subsidiar el negocio a las trasnacionales– el mercado global de carbono fue de 144,000 millones de dólares en 2009.  Solamente un 0.2%  fue para proyectos concretos, el resto fueron honorarios de consultores, gastos de transacción e inversiones financieras especulativas.

La conferencia de cambio climático en Cancún en 2010 (COP16), sentó las bases para mercantilizar a gran escala el aire de los bosques, aceptando los proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada) como base de mercados de carbono. Pablo Solón, entonces negociador de Bolivia, explicó que los mercaderes del carbono van por mucho más: buscan incluir bosques, agricultura, biodiversidad y agua (ríos, mares, manglares, a lo que llaman “carbono azul”).

En la COP17 en Durban, se consolidó REDD para quienes prueben que hayan deforestado y dejen de talar una pequeña parte (por eso la meta es “deforestación evitada”, no “evitar deforestar”) premiando así a los mayores talamontes. Los que buscan recibir REDD, tendrán que aumentar la deforestación para luego disminuirla, lucrando el doble: por deforestar y por dejar de hacerlo.

Esto da lugar a corrupción mediante consultores que certifican cifras de deforestación más altas a las reales, para seguir aumentando la deforestación y además, cobrar por supuestamente disminuirla.  La otra cara de REDD, llamada perversamente “manejo sustentable de los bosques”, serían mínimos pagos a comunidades que no deforestan. Para ello deberán entregar el manejo de sus territorios a consultores externos que definan lo que pueden o no hacer, y a estados o empresas que compren esa función de sus bosques. Hay grupos indígenas que quieren obtener fondos con REDD, pero con “salvaguardas”. La COP 17 reafirmó salvaguardas generales, pero a criterio de los gobiernos en cada país, lo cual significa que ni son obligatorias ni se podrá ir más allá de la arbitrariedad que decida cada gobierno. En ningún caso los territorios quedan fuera del mercado: al contrario, REDD se consolidó como una efectiva evasión de políticas públicas para proteger derechos indígenas, campesinos y biodiversidad, cambiándolos por pagos selectivos y ventas de mercado. Contra esto se formó la “Alianza global de los pueblos indígenas y comunidades locales contra REDD+ y por la vida”, que exigió en Durban una moratoria global a REDD.

La COP17 avanzó también en el camino a la inclusión de agricultura en mercados de carbono. Así como REDD es un negocio para talamontes y una forma de despojar a las comunidades de sus territorios, con agricultura en mercados de carbono se busca premiar a la agricultura industrial y transgénica, aumentando la disputa y despojo de tierras campesinas.

El sistema alimentario agroindustrial es el principal factor de emisiones de gases de invernadero. Por el contrario, como ha mostrado la Vía Campesina y sus aliados, los sistemas alimentarios campesinos alimentan a la vasta mayoría de la humanidad y enfrían el planeta con sus métodos diversos y sustentables.  La maniobra de los mercaderes de carbono, con apoyo del Banco Mundial y FAO, es promover lo que llaman “intensificación sustentable” y “agricultura inteligente para el clima”. En lugar de cuestionar el sistema alimentario agroindustrial que es causante de contaminación, caos climático y hambre, proponen seguir con lo mismo, aumentando la producción en menor superficie, usando semillas híbridas y transgénicas y cantidades masivas de fertilizantes químicos, dejando el resto de la tierra para vender como sumidero de carbono, con lo cual Monsanto y otras agro-transnacionales aumentarían sus ventas y podrían cobrar créditos de carbono.

La absorción de carbono en bosques y suelos, aguas y biodiversidad es de difícil medición –en realidad imposible–, porque son sistemas vivos y cambiantes con las geografías, ecosistemas y culturas que allí conviven. Absorben carbono, pero también lo emiten y en ningún caso son “sumideros de carbono” sino bases del sustento de la mayoría de la humanidad.  Pero para el mercado, lo importante no es ser exacto, sino aparentarlo: el monitoreo y medición de carbono en bosques, suelos, biodiversidad es un jugoso negocio también para investigadores y consultores, que están desarrollando sofisticados sistemas satelitales y de bioprospección para medir carbono en sistemas vivos.  En esa lógica, los indígenas y campesinos son una molestia porque alteran la medición.

Los corsarios del carbono no pudieron avanzar en Durban tanto como querían, gracias a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil y de Vía Campesina. Pero sin duda es un tema a seguir denunciando.

Publicado en La Jornada, México, 31 de diciembre de 2011

Los resultados de la conferencia mundial de cambio climático realizada a principios de diciembre en Durban, Sudáfrica, son una condena a la humanidad, especialmente a los países del Sur más afectados por el caos climático, mientras que los grandes contaminadores evadieron cualquier responsabilidad u obligación y aseguraron los mercados de carbono para seguir lucrando con falsas soluciones a la crisis. Como denunció la red internacional Justicia Climática Ahora, significó el establecimiento de un apartheid climático global para mantener los privilegios de una minoría a costa de todos los demás.

El problema nodal es la ausencia de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que llevará a un aumento mínimo de 4 grados en la temperatura media global en tan sólo unas décadas. En el último siglo, el capitalismo industrial provocó un aumento de la temperatura promedio de 0.8 grados centígrados, que se traduce en desarreglos climáticos, como huracanes, sequías, inundaciones, menor rendimiento de cultivos, derretimiento de glaciares y de hielos permanentes que liberan grandes cantidades de metano, gas que tiene 20 veces peor efecto invernadero que el dióxido de carbono. Según los reportes científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para que el aumento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados al 2100, es necesario reducir las emisiones de gases de 25 a 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Un aumento de 2 grados tendría consecuencias devastadoras para muchos países, incluso podrían desaparecer estados insulares. Cuatro grados es más de lo imaginable y en algunas zonas, como las más secas de África, se traduciría en aumentos de 7-8 grados.

El protocolo de Kioto estableció metas de reducción obligatorias para los países industrializados con mayores emisiones (listados en su Anexo 1) de apenas 5 por ciento por debajo de los niveles de 1990. Aún así, Estados Unidos –que de todos modos no firmó el protocolo–, exigió que se pudieran usar mecanismos de mercado para la reducción de emisiones, con lo cual muchas supuestas reducciones son solamente transacciones virtuales. Los mercados de carbono no han servido para nada frente a la crisis climática, pero abrieron jugosos frentes especulativos con la venta de créditos de carbono. Con muy malas notas y sin efecto para bajar las emisiones, el Protocolo de Kioto finalizará su primer periodo de compromisos en 2012. Muchos gobiernos de países del Sur querían abrir un segundo periodo de compromisos, con metas mínimas acordes a las necesarias según el IPCC. Pero ya en la conferencia de cambio climático en Cancún en 2010, en lugar de compromisos obligatorios se aceptó declarar promesas, que si se cumplieran (improbable), no llegarían más que a reducciones de 13 a 17 por ciento.

Con un proceso antidemocrático e irregular como en Cancún, en Durban se aprobó de todos modos un segundo periodo del protocolo de Kyoto, pero como un cascarón vacío. Sin metas de reducción, sin compromisos vinculantes, sin mecanismos de control de reducciones del Anexo 1, pero cargando de obligaciones a los demás países que no están entre los contaminadores históricos. Estas medidas aplicarán a todos, aunque teóricamente se dirigen a los países de economías emergentes como China e India, que actualmente están entre los mayores emisores globales, aunque sólo en los últimos años –contra todo el siglo XX de los del Anexo 1– y que las emisiones per cápita de la India son 10 veces menores que las de Estados Unidos. Pese a este acuerdo leonino, que terminó con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que existía en el convenio, igual se retiraron del Protocolo, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia, sumándose a Estados Unidos.

La Unión Europea aprovechó la situación para negociar su firma para un segundo periodo de Kioto, imponiendo sus condiciones: sin metas obligatorias y abriendo un nuevo proceso de negociaciones que sustituya al Protocolo de Kioto en 2020. Este proceso y plazo, que querían todos los países del anexo 1, es para terminar de eliminar cualquier obligación de reducción, presionar a las economías emergentes y traspasar la responsabilidad de la crisis climática a las poblaciones de países pobres del sur, a través de mecanismos de mercado, que nuevamente, favorecen a las trasnacionales de los países industrializados. En lugar de cambiar de modelos de producción y consumo en esos países, se comercia con el espacio que no contaminan los países del Sur, a través de mecanismos altamente perversos como REDD en bosques. Se aseguró además la continuidad y nuevos mecanismos de mercado, se introdujo la discusión de usar agricultura y suelos como sumideros de carbono y se aceptaron tecnologías de alto riesgo, como la captura y almacenamiento de carbono en lechos marinos y formaciones geológicas, tecnología que promueve el uso de más petróleo, gas y carbón, legando el riesgo de escapes catastróficos a generaciones futuras.

Tanto el Fondo Verde para el Clima, como el nuevo Comité de Tecnología quedaron bajo la égida del Banco Mundial, que los usará para imponer más condiciones. Se estableció de facto carta blanca a la transferencia de tecnologías, sin cuestionar patentes ni aplicar el principio de precaución, lo cual resultará en dumping de tecnologías peligrosas, subsidiando a las trasnacionales.

Tanta irresponsabilidad ante las crisis y con las generaciones futuras contrastó con la riqueza de propuestas desde las organizaciones y movimientos sociales, que convocaron a la resistencia contra el nuevo apartheid global.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 17 de diciembre de 2011

Se está realizando en Durban, Sudáfrica, la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP17) y por su falta de contacto con la realidad de la crisis climática –y de todas las demás, financiera, alimentaria, ambiental – parece ciencia ficción. Ante la vacuidad de las negociaciones, vuelven a la carga los proponentes de la manipulación climática alegando que ellos sí comprenden que es necesario tomar medidas enérgicas y que por ello necesitan más investigación y recursos en geoingeniería. Todo forma parte del legado de manipulaciones que se hicieron en la COP16, realizada en Cancún, México, el año pasado.

El tema más controvertido entre el público es si habrá o no un nuevo período de compromisos de reducciones dentro del llamado Protocolo de Kyoto, cuyo primer período acordado terminará en 2012.  Estados Unidos nunca firmó este Protocolo –aunque es parte del Convenio y el mayor emisor global de gases de efecto invernadero del siglo XX; Canadá y otros países que son grandes emisores anunciaron que saldrán y no firmarán un segundo período, aunque las tímidas metas propuestas en el primero no se han cumplido y la crisis climática ha empeorado notablemente.  La Unión Europea no quiere aparecer como “irresponsables” y aceptan firmar un segundo período, pero ponen condiciones como no fijar metas vinculantes, sino solamente “promesas”.  Los países agrupados en el llamando G77 (son más de 130 de África, Asia y América Latina) presionan por un segundo período, y con Europa podrían alcanzar la mayoría requerida para lograrlo, pero Europa solo firmará si se aceptan sus propias condiciones, sin fijar metas de reducción obligatorias y otras. Es decir, las opciones son que se termine el protocolo de Kyoto, o que continúe como un cascarón sin contenido. En cualquier caso, favoreciendo siempre a los actores que son los mayores causantes de la crisis climática.  Para completar,  Estados Unidos propone que aunque termine el Protocolo de Kyoto,  se continúe con el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es parte del Protocolo y es la base de mercado de bonos de carbono. O sea, terminar cualquier compromiso legalmente vinculante, pero mantener las facilidades para los mercados de carbono.

Lo más grave sin embargo, es que con las “promesas” de reducción que han hecho los países más contaminantes desde Cancún, es seguro que el calentamiento global llegará a niveles insoportables en algunas décadas. Según resume Pablo Solón, ex embajador de Bolivia ante la ONU, usando estimaciones del propio Convenio y otras agencias de Naciones Unidas, se garantiza que la temperatura promedio aumentará 4 grados centígrados, lo cual producirá una enorme devastación de ecosistemas claves y tendrá un costo de millones de vidas humanas.

Mientras se soslaya el tema fundamental  –la necesidad de reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero, drásticas, en su fuente, y no mediante falsas “soluciones” como los mercados de carbono y otras– se avanzan otras negociaciones que tendrán gran impacto posteriormente, como introducir la agricultura y los suelos a los mercados de carbono.

En este contexto,  los que promueven la geoingeniería aprovechan para reafirmar que “ante la falta de avance en las negociaciones” y que la crisis climática está cada vez peor, hay que  considerar la geoingeniería.  El 2 de diciembre, la Sociedad Real del Reino Unido, en conjunto con el Fondo de Defensa Ambiental de Estados Unidos (EDF por sus siglas en inglés) y la Academia de Ciencias para el Tercer Mundo (que sin embargo tiene su sede en Italia), lanzaron en Londres y en Durban un informe titulado “Manejo de la radiación rolar: gobernanza de la investigación”. El reporte afirma que tal metodología, que implica desde blanquear nubes a crear nubes volcánicas artificiales a mega escala para desviar los rayos solares, sería una forma “barata y rápida” para bajar la temperatura planetaria, pero que podría también causar daños tan devastadores como los que se quiere combatir. Por ejemplo, alterar las lluvias y vientos en Asia y África, colocando en riesgo las fuentes de agua y alimentación de miles de millones de personas.  Reconocen que conllevan el riesgo de que tales tecnologías sean usadas unilateralmente por algún país o quien tenga los medios y la tecnología. Pese a todo esto que usando el sentido común demuestra que la geoingeniería sencillamente se debe prohibir, el reporte afirma que se debe investigar más para conocerla mejor “y prevenir que se use mal”, o que algunos países poderosos la usen como arma. De qué forma avanzar la geoingeniería prevendría que se desarrolle, no lo explican. Aunque eligieron un foro de Naciones Unidas para anunciar el informe, no recomiendan que las decisiones se tomen en la ONU sino que dan un menú de opciones, obviando que la ONU ya tiene dos moratorias de facto sobre geoingeniería.

El  grupo que coordinó el informe es financiado por los multimillonarios Bill Gates y Richard Branson a través de sus fundaciones. Ambos son explícitos promotores de la geoingeniería y financian a algunos de los científicos involucrados, que además tienen intereses comerciales en la geoingeniería.  Muchos son de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, tres de los países que sabotean cualquier negociación sobre cambio climático, creando así, también en este contexto, una profecía auto-cumplida.

*investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 3 de diciembre de 2011

A los muchos impactos negativos que conllevan los transgénicos, se suma ahora el golpe contra la producción apícola nacional, porque la miel está contaminada –o podría estarlo en el futuro cercano– con polen transgénico. Es otra tragedia anunciada –como la contaminación transgénica del maíz y otros cultivos– que las autoridades mexicanas decidieron ignorar, para favorecer las ganancias de unas pocas transnacionales.

En esa misma línea, Juan Elvira, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó recientemente que se podrían sembrar grandes superficies de maíz transgénico en el norte del país, sin colocar en riesgo los maíces nativos o la biodiversidad. Un aporte más al concierto de falsedades que repiten las autoridades de que los transgénicos servirían para aumentar la producción o para enfrentar el cambio climático, cuando la realidad –no los mitos y la propaganda pagada– muestran lo contrario.

El tema de la contaminación transgénica de la miel se puso de manifiesto luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara el 6 de septiembre 2011 que la miel que contenga más de 0.9 por ciento de polen transgénico deberá ser etiquetada como producto que contiene transgénicos, o si contiene polen transgénico de variedades no autorizadas para el consumo humano (como el maíz Bt Mon810 de Monsanto ) no se podrá comercializar.

El caso fue presentado por un apicultor de Baviera, Alemania, cuyas colmenas se contaminaron con polen de maíz Bt Mon810 proveniente de un cultivo experimental, es decir, ni siquiera por grandes superficies, y supuestamente, en condiciones de “bioseguridad”.

En México, gracias a los dictámenes de la Semarnat y la Sagarpa, se han aprobado 19 siembras experimentales de maíz transgénico que contienen ese cuestionado gen Mon810, así como decenas de miles de hectáreas de otros transgénicos que amenazan la biodiversidad, el futuro de la apicultura mexicana y a las miles de familias campesinas que dependen de ella.

Con este trasfondo y con gran preocupación, la Organización Nacional de Apicultores (ONA) convocó el 9 de noviembre 2011 el Foro “Organismos genéticamente modificados y su impacto en la apicultura”, con el apoyo de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente para el Campo, de la Cámara de Diputados. En el evento expusieron diversos expertos en los temas de transgénicos, biodiversidad y apicultura. Monsanto fue invitada al panel pero no se presentó, solamente se le ve en foros empresariales y de altos niveles políticos, donde asisten sus aliados y los que podría comprar en el futuro. En el foro de la ONA los asistentes eran mayoritariamente apicultores campesinos –sus próximas víctimas.

Al igual que en el caso del maíz, más del 80 por ciento de los productos apícolas en México son campesinos que usan métodos tradicionales. La polinización que hacen las abejas es un elemento fundamental de la producción agrícola y de la biodiversidad.

Miguel A. Munguía de la sociedad cooperativa Educe de Yucatán, explicó que México es el tercer exportador de miel a nivel mundial y 40 por ciento de ésta se obtiene en la península de Yucatán, zona donde el 98 por ciento de la miel se exporta a Europa, proveyendo sustento a 25 mil familias campesinas, en las épocas de mayor necesidad, cuando baja la producción de cultivos.

En esa zona se han aprobado en los últimos años varias experiencias con transgénicos, en áreas cada vez mayores. Para 2011-2012, Monsanto solicitó la siembra piloto de 30 000 hectáreas  de soya transgénica en varios municipios de producción apícola campesina (“piloto” es un eufemismo, en realidad es comercial porque es a campo abierto y se puede vender). Esto equivale a condenar a muerte la exportación de miel desde esas áreas.

Además de la contaminación de miel por polen transgénico, que se aumentaría exponencialmente en el caso del maíz, los transgénicos también aumentan el uso de glifosato y otros agrotóxicos que dañan la producción apícola y la biodiversidad, además de contaminar tierra, fuentes de agua y tener impactos severos a la salud de los pobladores, especialmente de los niños.

En el foro se presentaron también datos científicos basados en el análisis de más de una década de producción en Estados Unidos, el mayor productor mundial de transgénicos,  que confirman que la soya transgénica produce menos que la híbrida. En el caso del maíz, la producción es similar a la de los híbridos, pero el precio de la semilla y los riesgos a la biodiversidad son mucho mayores.  Además, la producción actual de maíz en México es sobradamente suficiente para las necesidades alimentarias de la población y también gran parte de la pecuaria y otros usos. Las importaciones de maíz transgénico son solamente por la demanda de transnacionales de la industria pecuaria que operan en México, y no serían necesarias si la producción pecuaria  fuera en pequeña escala, con forrajes diversificados.

Se aportaron muchos más datos , pero a modo de resumen, se mostró claramente que los transgénicos no se necesitan, que no producen más, que usan más tóxicos y que colocan en riesgo el maíz en su centro de origen, la biodiversidad y ahora además, la apicultura y la miel, un importante producto de exportación del país. Por todas estas razones, los apicultores se suman a la vasta mayoría de la población que exige que se deben frenar los transgénicos en México.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 19 de noviembre de 2011