Como si fuera un hecho banal, el gobierno mexicano aceptó tres solicitudes de la trasnacional Monsanto para plantar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, en lo que llama fase piloto. Es grave, tanto por la amplitud del área, como porque pone de manifiesto que lo que el gobierno llama etapa experimental es nada más una fachada para abrir la siembra comercial de maíz transgénico a gran escala, con la inevitable contaminación transgénica de los demás maíces en el país.
Los transgénicos tienen problemas desde todos los ángulos que se les mire: pese a las mentiras que difunden las trasnacionales (las únicas que ganan), las estadísticas muestran que tomados en varios años, grandes volúmenes y superficies, en promedio rinden menos y usan mucho más agrotóxicos. Existen compilaciones importantes de asociaciones médicas y otros científicos que muestran que los transgénicos tienen impactos en la salud humana y animal (incluyendo alergias, infertilidad, desregulación inmune, afectación de hígado, bazo y páncreas, entre otras) y en la biodiversidad. Recientemente, un estudio de la Universidad de Arkansas mostró que los transgénicos, además de la contaminación omnipresente en zonas cultivadas, se reprodujeron en la naturaleza y están invandiendo áreas naturales con impactos sobre insectos y plantas. Otro estudio de la organización Testbiotech de Alemania, muestra que la leche, órganos y carne de cabras, peces y cerdos que comen maíz transgénico contienen trazas de ADN transgénico.

Lo mencionado es apenas una pequeña parte de los graves problemas que tienen los cultivos transgénicos en general. En México los riesgos se multiplican exponencialmente al ser el centro de origen del maíz, por lo que desde muchas ópticas científicas y sociales hay una amplísima convergencia en que no se debería ni siquiera experimentar con maíz transgénico. Además México ya produce suficiente maíz, la mayoría campesino, para alimentar a toda su población.

A contrapelo de todo esto, entre 2009 y 2010, el gobierno mexicano aceptó más de 70 solicitudes de siembra de maíz transgénico a favor de las trasnacionales Monsanto, Dow, DuPont (a través de su subsidiaria Pioneer HiBred, PHI México) y Syngenta.  Según los datos publicados por el gobierno, en 2009 autorizó 33 siembras experimentales en un total de 14,43 hectáreas. En el 2010 aceptó 41 solicitudes más, saltando a áreas mucho mayores, entre las que figuran tres de Monsanto para siembra piloto en Sinaloa con 30,000 hectáreas. En el mismo documento  figuran otras 90,000  hectáreas en Tamaulipas, a las que llamaexperimentales.(www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&idurl=25468 <http://www.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?iddocumento=16092&amp;idurl=25468> ).

Casi 90 por ciento de los eventos (tipos de maíz transgénico) solicitados, son controlados por Monsanto, ya que incluso las solicitudes de Syngenta, DuPont y Dow, incluyen genes patentados por Monsanto, sólos o en combinación con otros. El más solicitado es el evento Mon603 (equivalente a NK603), resistente al herbicida glifosato (que tiene nombres comerciales como Faena, Rival, Roundup). Entre las solicitudes, se incluye también el evento Mon810.

Justamente, un estudio científico publicado por el Ministerio de Salud de Austria en el 2008, analizó los efectos de un maíz transgénico con ambos caracteres (NK603xMon810) y llegó a la conclusión que el consumo de ese maíz redujo la fertilidad en ratas de laboratorio alimentadas con éste, además de otros efectos. Este y otros estudioa, entre ellos sobre los impactos ambientales de maíz insecticida, motivaron que varios países europeos, entre ellos Austria, Alemania, Francia y Grecia, prohibieran el cultivo de maíz transgénico en sus países.

Pero en el propio centro de origen del maíz, el gobierno apoya a las trasnacionales en la siembra experimental de varios maíces transgénicos insecticidas y de resistencia a agrotóxicos. Incluso una de las solicitudes de siembra piloto de 10,000 hectáreas, contiene el gen 603.

Las supuestas medidas de bioseguridad planteadas por las empresas y el gobierno mexicano, son totalmente insuficientes para los riesgos que significa el maíz transgénico en México. Fueron analizadas y criticadas con detalle en laconsulta pública que el gobierno colocó en internet sobre algunas de las solicitudes. Desde muchas disciplinas científicas y organizaciones civiles, se plantearon multiplicidad de observaciones críticas de gran solidez, que el gobierno desechó sin explicaciones.

Su argumento es que las medidas eran suficientes para experimentar. Aún si esas medidas fueran suficientes para impedir el escape transgénico en campos experimentales, en siembra comercial los agricultores no las cumplirán: les aumentaría los costos, son engorrosas y además, no hay fiscalización.

Pero es claro que al gobierno nunca le interesó la bioseguridad, solamente era una fachada requerida por convenios internacionales que tuvo que hacer ley, un requisito formal para pasar luego a la llamada fase piloto y a la liberación comercial.

Por eso aceptó nuevas solicitudes sin tener los resultados anteriores, y ahora solicitudes de siembras piloto de decenas de miles de hectáreas, cuando ni siquiera da a conocer los resultados de los supuestos experimentos. Además, nuevamente está violando la ley, ya que la ley de bioseguridad requiere que antes de siembras piloto, se deben tener los resultados  de la fase experimental, evaluados por las propias empresas interesadas, (por algo se la conoce como Ley Monsanto) pero reportados con características de una norma oficial mexicana, que no existe. Usan la ilegalidad, la farsa, la imposición. Razones no espurias, no tienen ninguna.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 28 de agost ode 2010

La agricultura y el sistema alimentario industrial son el principal causante del calentamiento global y la crisis climática. En contraste, las agriculturas campesinas e indígenas, biodiversas y descentralizadas, son el factor más importante para enfrentar esta crisis y salir de ella, además del hecho fundamental de ser las que alimentan a la mayor parte de la humanidad.

Pese a esto, la visión que predomina en las negociaciones internacionales sobre el clima recoge los intereses de las empresas contra los y las campesinas. El intento ahora es integrar la agricultura y los suelos al comercio de créditos de carbono, lo cual significaría un nuevo subsidio a las trasnacionales de agronegocios, favoreciendo más a la agricultura industrial y mayor despojo a las formas de vida campesinas.

Los datos sobre las fuentes del calentamiento global varían según la fuente, pero coinciden en señalar la agricultura industrial como una de las fuentes mayores de emisión de gases de efecto invernadero, junto a la generación de energía y transportes basados en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las actividades agrícolas aparecen como responsables de entre 11 y 15 por ciento de las emisiones. Si bien este dato ya es grave, presentarlo desagregado de las emisiones de la cadena agroalimentaria industrial oculta una realidad mucho peor en cuanto a su responsabilidad por la crisis climática. Si se consideran juntos la agricultura industrial y el sistema alimentario industrial al que está necesariamente ligado, hay que cargarles una parte significativa de las emisiones de los transportes; otro porcentaje por deforestación y cambio de uso de suelo (en avance de frontera agrícola y en uso de papel: aproximadamente 75 por ciento del papel que se produce es para propaganda y embalajes, que son solamente demanda de las grandes cadenas de ventas), y casi la totalidad del metano que emiten los basureros debido a la pudrición de basura orgánica, que en su mayoría son restos de alimentos que se tiran en las ciudades.

Según el excelente trabajo de Grain La crisis climática es una crisis alimentaria (www.grain.org/nfg/?id=735), basado en el análisis de decenas de informes, la agricultura y el sistema alimentario industrial son responsables de entre 44 y 57 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Llegan a esta conclusión agregando los siguientes datos: las actividades agrícolas representan de 11 a 15 por ciento de emisiones; el cambio de uso de suelos, desmonte y deforestación causan de un 15 a 18 por ciento adicional; el procesamiento, empaque y transporte de alimentos provoca un 15 a 20 por ciento, y la descomposición de basura orgánica de 3 a 4 por ciento.

Por otro lado, Grain también hace un cálculo cuidadoso del papel de los suelos en la crisis climática: mientras su degradación es fuente de emisiones, si el suelo está vivo, con materia orgánica viva y natural que no es eliminada por fertilizantes sintéticos y agrotóxicos y se cuida según las diversas condiciones locales, con una combinación de diversidad y rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica y otras, se podría devolver a los suelos en pocas décadas su capacidad natural de retener carbono, y absorber casi dos tercios del exceso de gases de efecto invernadero que existen actualmente en la atmósfera. Pero esta forma de cuidar el suelo sólo es posible mediante la agricultura campesina y familiar, libre de tóxicos, descentralizada y diversa, adaptada a cada lugar. (Camila Montecinos, Cuidar el suelo, www.grain.org/biodiversidad/?id=459)

Sin embargo, intereses industriales pretenden ahora explotar esa capacidad del suelo para absorber y retener carbono para cobrar créditos de carbono, usando el suelo como sumidero. Por ejemplo, las industrias que promueven el llamado biochar (carbón vegetal). Se trata de sembrar extensas áreas de monocultivos de árboles para quemarlos, convirtiéndolos en carbón negro y luego enterrarlo, teóricamente para secuestrar carbono y aumentar la fertilidad del suelo.

Según sus proponentes –industrias que aspiran a hacer grandes lucros–, es también una forma de geoingeniería, porque con 500 millones de hectáreas o más podría enfriar el planeta. Cínicamente dicen que es una tecnología indígena amazónica. Pero el biochar y las formas indígenas de quemar y enterrar son tremendamente diferentes. En el primer caso se trata de ejercer violencia sobre el suelo, primero con grandes plantaciones y agrotóxicos, luego enterrando carbón en forma súbita y masiva, que según estudios incluso podría desequilibrar más el suelo y liberar el carbono retenido en forma natural. Además, parte del polvo de carbón negro se libera a la atmósfera en el proceso y tiene un efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono, por lo que otros estudios evalúan que hasta podría aumentar las emisiones.

Devastar millones de hectáreas con plantaciones y agrotóxicos para luego quemarlas suena realmente enfermizo. Al contrario, la forma indígena se basa en miles de años de sabiduría acumulada de manejo diverso y adaptado a cada región, a diferentes suelos y a trabajar respetando las condiciones naturales de cada lugar, de cada suelo.

Hay más propuestas de la industria para convertir la agricultura y la alimentación en su campo de lucro particular mientras el planeta se fríe y aumenta el hambre. Por ello Vía Campesina llamó, de cara a la cumbre climática que se efectuará en Cancún en diciembre, a denunciar ahí dichas propuestas y en cada lugar donde estemos, y mostrar las verdaderas alternativa campesinas, tarea urgente que nos incumbe a todos.

* Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 14 de agosto de 2010

Los cultivos transgénicos no representan solamente una amenaza al medio ambiente y la salud. Además son un mal negocio, para cualquiera, salvo las seis trasnacionales dueñas de las semillas transgénicas a nivel global y algunos de los funcionarios y científicos que reciben prebendas para que ellas puedan continuar con sus ganancias.

En los últimos años se han publicado varios estudios independientes sobre los resultados económicos de los transgénicos, que convergen en demostrar pérdidas significativas para los agricultores. Greenpeace México publicó recientemente el informe Cultivo$ transgénico$, cero ganancias, basado en un informe elaborado por Edward Hammond, acrecentado y adaptado al contexto mexicano.

Esas pérdidas afectan directamente a los agricultores de varias maneras (semillas más caras, menor rendimiento, resistencia en insectos y malezas, mayor laboreo para deshierbe, juicios por contaminación, pérdida de mercados) pero también significan costos importantes que al ser absorbidos por instituciones públicas, se trasladan a todos.

Uno de los casos referidos es la contaminación con el arroz transgénico LL601 de Bayer. El departamento de agricultura de Estados Unidos detectó en 2006 que la contaminación con este arroz transgénico no aprobado para consumo humano, había llegado al suministro de alimentos. Ante el anuncio, inmediatamente cayó el precio del arroz estadunidense en los mercados de futuros, provocando una pérdida promedio de 70 mil dólares por granja arrocera. Japón y Europa cerraron sus puertas a la importación de arroz procedente de ese país. Pese a ello, se encontró contaminación en países europeos y luego de África y Asia, desde Filipinas a Ghana. El informe detalla las pérdidas que les significó a los agricultores estadunidenses, estimadas entre 740 y mil 290 millones de dólares en total, debido a caída de precios, pérdida de mercados y limpiezas de sus campos y graneros. Esos costos no incluyen los de pruebas de detección ni tampoco los gastos legales para demandar a Bayer, trámites que aún siguen. No se permitió una acción de clase (o sea, que el juicio contra Bayer fuera válido para todos los afectados, sino solamente para los que entablan el juicio). Bayer no explicó nunca cómo había llegado la contaminación a los alimentos y pese a que se le sentenció por su conducta laxa en bioseguridad, la empresa afirmó que había excedido los estándares de la industria para evitar contaminación y que ni las mejores prácticas pueden garantizar la perfección.

El caso debería ser aleccionador para México, porque aquí las empresas se comportarán de la misma o peor manera frente a la contaminación transgénica, que será inevitable si el maíz se siembra a campo abierto. Cualquier costo relacionado con la contaminación será automáticamente transferido a los agricultores y campesinos (que deberán afrontar cualquier costo legal por sí mismos). Seguramente habrá menor fiscalización que en Estados Unidos, porque los contaminados serán sobre todo campesinos y maíz nativo, que no es considerado valor monetario a proteger. Las empresas dirán que el problema de la contaminación en ningún caso es de ellos, porque el gobierno y los agricultores son responsable de las medidas de bioseguridad, no ellas.

Otro ejemplo tomado en el informe son los costos por la resistencia de las hierbas invasoras. Como la mayoría de los transgénicos son manipulados para ser resistentes a herbicidas, el uso de éstos aumenta considerablemente, generando resistencia en las hierbas que se pretende combatir. A nivel global, hay 16 hierbas que se han tornado resistentes a glifosato. El departamento de agricultura de Estados Unidos reconoce 9 como problema serio. El documento toma el caso del quintonil, una amarantácea que existe y se consume en México, prima hermana del amaranto blanco ampliamente difundido en el país, con el que se elaboran los dulces de amaranto. El quintonil es considerado hierba invasora en los cultivos industriales, en Estados Unidos se ha hecho resistente al glifosato (debido a los transgénicos) y ha invadido de tal modo los campos de algodón, maíz y soya, que en varias zonas, principalmente algodoneras, ya sólo se puede hacer deshierbe manual. Para los agricultores, significó pagar mayor costo de semilla, mayor costo por herbicidas (por precio y mayor volumen) y terminar haciendo o pagando el deshierbe manual.

En México además de los impactos sobre los agricultores industriales, significará arruinar junto al maíz al amaranto, otro de los cultivos nativos del país, esenciales para la vida campesina y elemento altamente nutritivo parte de la alimentación popular.

El reporte nombra varios otros ejemplos que dan una sólida muestra de las pérdidas económicas que significan los transgénicos. Otro informe publicado en 2010, titulado Quién se beneficia con los cultivos transgénicos, de Amigos de la Tierra, complementa el panorama.

Quizá se pregunte por qué los agricultores siguen cultivando transgénicos si dan pérdidas. En parte, porque los agricultores industriales no tienen semillas y dependen totalmente de lo que les ofrezcan las trasnacionales. Éstas controlan el mercado de transgénicos pero también el de las semillas comerciales. Prefieren vender transgénicos, porque cobran la semilla mucho más cara y pueden cobrar extra por otros rubros.

Adicionalmente, las empresas gastan decenas de millones de dólares anuales en influir a los gobiernos y reguladores a su favor. Según Business Week (21/6/10) sólo en el último trimestre de 2009 y primero de 2010, Monsanto gastó 4.99 millones de dólares en cabildear al gobierno de Estados Unidos. ¿Sería necesario si el producto fuera bueno?

*Investigadora de Grupo ETC

Publicado en La jornada, México, 31 de julio de 2010

Paradójicamente, hablar de “cambio climático” es caer en la trampa de quienes lo han provocado: invita a pensar en un cambio paulatino, natural y frente al cual no queda más que tratar de “adaptarnos” o “mitigar” sus efectos. “Nosotros preferimos hablar de crisis climática, provocada por un modelo de sociedad que ha decidido ‘quemar’ el planeta para que algunos disfruten poco de un estilo de vida que también de manera perversa han dado en llamar ‘desarrollado”, afirma el editorial de “Crisis climática, falsos remedios y soluciones verdaderas”, compendio editado por la revista Biodiversidad, sustento y culturas, con el Movimiento Mundial de Bosques y Amigos de la Tierra ALC.

La crisis climática es una consecuencia de la civilización petrolera, con gravísimos impactos sociales y ambientales. El tema está plagado de trampas conceptuales, intentando que no reconozcamos las causas reales o los remedios falsos propuestos por quienes causan los problemas para seguir sacando ganancias aunque la crisis empeore. Un ejemplo de ello son los programas llamados Redd, por su siglas en inglés, lo cual se traduce como “Reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y degradación de bosques”. Como explica el Movimiento Mundial de Bosques en el compendio citado, la idea es simple: la deforestación es un factor importante de emisiones de dióxido de carbono –por tanto, de calentamiento global–, por lo que se busca compensar financieramente a quienes puedan evitar la deforestación. Pero los problemas comienzan desde la definición. En la convención sobre cambio climático se refieren en Redd a “deforestación evitada” y no a “evitar la deforestación”. Parece una distracción semántica, pero las consecuencias son tremendas: no se trata de apoyar a quienes realmente evitan la deforestación, sino de pagar a quienes ya deforestan y lucran con ello, para que deforesten un poco menos, pagándoles lo que dejarían de ganar. Es la misma lógica del Mecanismo de desarrollo limpio de esa convención, que sólo apoya a quienes tengan desarrollo sucio pagándoles para que ensucien un poco menos. No son apoyos para quienes no contaminan o no deforestan, sino solamente para los que sí lo hacen.

El programa premia a los mayores deforestadores (cuanto más grandes más ganan) y estimula la deforestación para poder cobrar por dejar de hacerlo (luego de haber lucrado primero con ella). Los países y comunidades que cuiden sus bosques no pueden recibir nada de esos programas, es necesario que primero los destruyan. Que en un periodo no se deforeste una zona no implica que no se pueda hacer en los años siguientes, estimulando así también la apertura de nuevas zonas a deforestar mientras se vuelve luego a las que se “deja” de deforestar, de tal manera que las mismas empresas, ONG y gobiernos, pueden hacer negocio tanto cobrando de Redd como deforestando.

Las nuevas versiones de programas Redd, llamadas Redd++, dan una vuelta más a la perversión, con más trampas conceptuales y mayor afectación para las comunidades indígenas y forestales. En esas versiones se introducen en el programa la “conservación”, la “gestión sustentable de los bosques” y el “mejoramiento de la capacidad de almacenamiento de carbono en los bosques”. Puede sonar bien, pero lo que significan está muy mal. La “conservación” y “gestión sustentable de los bosques”, en el marco de Redd, significa que estados, ONG y/o técnicos podrán definir, con reglas externas elaboradas por instituciones internacionales (como el Banco Mundial), por arriba de las comunidades, el uso de sus territorios. Esto ya ha significado en varios países, incluso, la expulsión de comunidades indígenas de estas áreas y en todas la enajenación de la decisión de las comunidades sobre sus territorios.

El llamado “mejoramiento de la capacidad de almacenamiento” es una luz verde para deforestar bosques naturales (hasta 90 por ciento y aún “cumplir” con Redd, ya que dejan de talar 10 por ciento) y plantar monocultivos de árboles de rápido crecimiento y fines comerciales, como eucaliptos, pinos y palma aceitera, porque mientras los árboles están creciendo absorberían más dióxido de carbono que los bosques antiguos. Este esquema ha sido refutado científicamente, al observar el ciclo de vida completo de un bosque natural contra el de una plantación, pero los que ganan con los monocultivos de árboles ocultan estos datos.

México, Brasil y otros países que están entre los peores deforestadores del mundo han abrazado las propuestas Redd con entusiasmo, acompañados por ONG trasnacionales, como The Nature Conservancy, WWF y Conservación Internacional, y las trasnacionales más contaminantes, como la petrolera BP, que avizoran un gran negocio que les sirve además como maquillaje verde. También ONG nacionales, las mismas que han apoyado el negocio de venta de servicios ambientales (incluyendo la biopiratería) y la entrada de proyectos del Banco Mundial a comunidades, ahora defienden los proyectos Redd “para apoyar a las comunidades forestales”. Además de promover mayor destrucción de bosques, Redd es en realidad otra forma de enajenar el poder de decisión de las asambleas comunitarias para que grupos compitan por proyectos en lugar de luchar por sus derechos, por el reconocimiento y apoyo que debería ser política pública –no dependiente de trasnacionales e insituciones financieras internacionales– al rol fundamental que tienen las comunidades indígenas, campesinas y forestales, entre muchos otros, para enfrentar la crisis climática y enfriar el planeta. * Investigadora del grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 17 de julio de 2010

Blanquear nubes, fertilizar el océano, tapar el sol, inyectar nanopartículas de azufre en la estratosfera, abrillantar los mares, “sembrar” miles de árboles artificiales, plantar millones de árboles para quemar como carbón y enterrarlos como “biochar”, invadir las tierras con mega-plantaciones de transgénicos súper brillantes para reflejar los rayos solares… Suena como lista de delirios, pero son algunas de las propuestas “serias” de los que propugnan por la geoingeniería como solución a la crisis climática.

La geoingeniería se refiere a la manipulación intencional de grandes trozos del planeta para, supuestamente contrarrestar el cambio climático. Hasta hace poco era considerada ciencia ficción. Ahora, poderosos intereses económicos y políticos, presionan por llevarla a la práctica. En el último año, varias instituciones científicas de renombre –como la Sociedad Real del Reino Unido– se han prestado a publicar informes sobre geoingeniería, con escasa o nula participación de científicos críticos, concluyendo que “se debe financiar con recursos públicos la investigación y experimentación de la geoingeniería”.

Los científicos que promueven la geoingeniería alegan que como los políticos no se ponen de acuerdo para enfrentar el cambio climático, hay que tener preparado un “plan B”. Reconocen que implica enorme riesgos, pero según ellos, no hay otra salida. Después del fracaso de la cumbre del clima en Copenhague, paradójicamente provocado por los mismos gobiernos y empresas que causaron el cambio climático, científicos provenientes de esos mismos países convergen en decir que la democracia no es útil para enfrentar las crisis. Proclaman que ellos tendrán que salvar al planeta y a la humanidad, aunque sea a la fuerza y contra nuestra voluntad. James Lovelock, famoso científico preocupado por el ambiente, declaró que “habrá que poner la democracia en pausa” ( The Guardian, 29/3/10). Para él, la única alternativa es manipular el clima con geoingeniería. Lo mismo expresa el científico canadiense David Keith, que en enero 2010 publicó en la revista Nature que urge “manejar la radiación solar”, inyectando nanopartículas azufradas en la estratosfera, para que desvíen los rayos del sol. Esto imitaría la nube que se forma en una erupción volcánica, y quizá bajaría la temperatura global (teóricamente lo que sucedió con la erupción del volcán Pinatubo en 1991). Tendría muchos y gravísimos impactos y efectos colaterales no deseados, sobre todo en regiones al sur del mundo, muy lejos de los países de Keith y Lovelock, pero como aclara Keith “el manejo de la radiación solar tiene tres características esenciales: es rápida, barata e imperfecta”. Pese a eso, Keith aboga por experimentar con geoingeniería en campo a la brevedad, sin que haya intromisión de Naciones Unidas u otro tipo de supervisión multilateral, que solamente demorará lo que algunos científicos y unos cuantos hombres ricos y empresas pueden hacer sin que los molesten las instancias democráticas internacionales.

La semana pasada salió a luz el proyecto de otros científicos, financiados con dinero de Bill Gates, para experimentar el “blanqueo de nubes”, inyectando agua del mar desde barcos no tripulados en una superficie de 10 mil kilómetros cuadrados de océano. (www.etcgroup.org/es/node/5138). Argumentan que es “barato” y solamente un experimento. Pero en rigor, la etapa “experimental” no existe en geoingeniería. Para tener algún efecto sobre clima debe ser a mega-escala. Los que proponen blanquear las nubes para aumentar el reflejo de la luz del sol, reconocen que habría que cubrir cerca de la mitad del Océano Pacífico con barcos que lancen agua de mar a las nubes, para quizá tener algún efecto sobre el clima. No son sólo científicos los que proponen la geoingeniería. Ellos proveen el discurso y las “capacidades” a los más interesados: grandes capitales y trasnacionales, sobre todo empresas que hasta ahora negaban el cambio climático porque son los principales culpables (como petroleras, de carbón, energía). Ahora ven en la geoingeniería no como plan B, sino como plan A. Para ellos y gobiernos como Estados Unidos y Reino Unido, la geoingeniería es la solución “perfecta” al cambio climático: no hay que cambiar nada, se puede seguir contaminando y emitiendo gases de efecto invernadero, porque podrían enfriar el planeta permanentemente, lo cual además les reportará lucros adicionales.

El discurso de que “todos” somos igualmente responsables de las crisis climáticas y ambientales y que la democracia no sirve, les viene de perillas para tener aún más impunidad. Ahora hasta parece que nos están salvando. Frente a estas tropelías, se creó en el marco de la reciente Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en Cochabamba, la campaña “No manipulen la tierra”, que ya cuenta con la adhesión de más de 100 organizaciones y grandes redes internacionales de ambientalistas, campesinos, indígenas y otras. La demanda central es prohibir la geoingeniería y cambiar las causas reales de la crisis climática. (handsoffmotherearth.org) Un primer logro a nivel internacional, es que un cuerpo de asesoramiento científico técnico de Naciones Unidas, acordó el 14 de mayo 2010, en Nairobi, Kenya, recomendar al Convenio de Diversidad Biológica establecer una moratoria sobre la geoingeniería, por los impactos que puede tener sobre la biodiversidad y las formas de vida relacionadas a ella. Un primer paso de una lucha que será dura, pero que cada vez cuenta con una oposición mayor desde todos los rincones del planeta. *Investigadora del Grupo ETC

Publicado por La Jornada, México, 22 de mayo de 2010

Tiquipaya, Bolivia. Más de 35 mil personas respondieron a la convocatoria que lanzó Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), en Cochabamba, del 19 al 22 de abril. La tercera parte vino de 142 países en cinco continentes. La mayoría de los participantes fueron movimientos sociales, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres, ambientalistas, pescadores. También acudieron representantes de gobierno de 47 naciones, académicos, intelectuales, activistas, artistas, músicos. Se debatió intensamente en 17 grupos de trabajo convocados por los organizadores y 127 talleres autorganizados.

Además, una de las grandes federaciones indígenas de Bolivia: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), llamó con otras agrupaciones a la “Mesa 18″ para tratar temas que no veían reflejados en la agenda de la conferencia, como la crítica a proyectos mineros, de gas y petróleo.

La convocatoria a esta cumbre rebasó todas las expectativas, tanto en número como en contenido, convirtiéndose en un hito histórico en el debate internacional sobre la crisis climática. Ante las maniobras de los gobiernos poderosos en Copenhague, Bolivia convocó a las bases de las sociedades del mundo a manifestar sus posiciones y plantearlas a los gobiernos. Ambas cosas sucedieron en forma contudente. También se afirmaron las redes e interacciones entre los movimientos, con una sana distancia de las propuestas de crear nuevas redes globales, ahora sobre crisis climática. Esto quedó para discutir entre los movimientos: la mayoría no considera que se necesita una nueva estructura, sino más interacción y complementación.

Se creó sí, una base común para la compresión, el análisis crítico y las estrategias frente a la crisis climática, enriquecida por diversas perspectivas desde muchas culturas, pueblos, organizaciones temáticas y sectoriales del continente y el mundo. El Acuerdo de los Pueblos en Cochabamba refleja esto (www.cmpcc.org) .

Hubo rechazo enérgico y repetido al “Entendimiento de Copenhague” que quiso imponer una veintena de países –los mayores responsables de la crisis climática– en diciembre pasado. Los cínicos “compromisos” que allí se firman significarían un aumento de la temperatura hasta de cuatro grados, una catástrofe anunciada para los pueblos del Sur. La CMPCC exige detener el calentamiento “descolonizando la atmósfera”, con una reducción de 50 por ciento de las emisiones de gases de los países industrializados en su fuente, no mediante mecanismos de mercados de carbono, a los cuales se opone en todas sus variantes. Rechaza también los mecanismos llamados REDD, que bajo el título de reducir la deforestación, en realidad la aumentarán y provocarán la alienación del manejo de los bosques por las comunidades y pueblos, además de promover los monocultivos de árboles, que no son bosques, sino agravantes de las crisis.

Enmarcando todo esto, se plantea una denuncia de las causas reales de la crisis climática planetaria. “Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza, que se aceleró con la revolución industrial. El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma”, expresa el Acuerdo de los Pueblos.

Condena la agricultura industrial y las corporaciones de los agronegocios –directamente responsables de cerca de la mitad de las emisiones que causan la crisis climática–, así como los mecanismos y propuestas que apoyan el avance de las trasnacionales y la devastación de la Madre Tierra, como los tratados de libre comercio y la introducción de nuevas y riesgosas tecnologías, como transgénicos, tecnología terminator, nanotecnología, geoingeniería y agrocombustibles.

“Denunciamos cómo el modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios, expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras, impidiendo la soberanía alimentaria y profundizando la crisis socioambiental”, continúa el Acuerdo de los Pueblos.

La declaración de la “Mesa 18“ enfatiza estos mismos aspectos, criticando políticas extractivistas y proyectos de explotación de hidrocarburos y mineros del gobierno boliviano. Aclara que su iniciativa no fue “una tribuna para desacreditar al gobierno ni para socavar la legitimidad de un cónclave del que nos sentimos parte… (se trata de) formular propuestas que ayuden a enderezar el rumbo del proceso de cambio, asumiendo la responsabilidad de defenderlo y protegerlo, porque ha sido concebido por el movimiento popular boliviano en muchos años de lucha”.

La CMPCC plantea también estrategias y propuestas, como el reclamo de la deuda ambiental, la creación de un tribunal internacional de justicia climática, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. La de más largo alcance sigue siendo implementar la soberanía alimentaria, basada en formas de vida y producción campesinas, indígenas y locales, que es el principal factor que enfría el planeta y el que puede volverlo al equilibrio, además de promover la justicia social y la biodiversidad.

Todo esto y más llegará a Cancún, donde las negociaciones oficiales sobre el clima sesionarán en diciembre. Pero sobre todo, ya está entre los movimientos sociales de todo el mundo.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La jornada, México, 24 de abril de 2010

The final 10-page summary of the Conference’s deliberations read out in the stadium could hardly be described as great prose and will still need some editing before it can be submitted as negotiating text to the UNFCCC. But there is no doubt that it was the consensus of three days of intense negotiations that brought together indigenous peoples, peasant organizations, trade unions, teachers, engineers, environmentalists and a vast array of civil society organizations and interested individuals and smaller delegations of governments. People sat on the floor and crammed in the doorways of the 17 different working groups in a rarely seen democratic and international exchange on what needed to be done about climate change. Many UN agencies, including a representative of the Secretary-General, also attended.

The conclusion of this historic meeting and full final report will be directly input into the faltering United Nations climate change negotiations, providing a voice for those who felt silenced in Copenhagen. In a closing dialogue session for governments and civil society representatives, President Evo Morales and his Venezuelan counterpart, Hugo Chavez were enthusiastically joined by Ecuador’s Foreign Minister and Cuba’s Vice-President in calling for the report to be taken directly into the climate change negotiations. The four people representing the 17 working groups denounced the Copenhagen Accord as inadequate and illegitimate, condemned false solutions like carbon trade, REDD, geoengineering, called for the recognition of ancestral knowledge, loosening of patent regimes, sustainable agriculture, protection of human rights. There were calls for an environmental court of justice, a Charter on the Rights of Mother Earth, a world-wide referendum on climate change. Stony-faced junior representatives from the United States, Canada, Australia, Mexico, France, UK (and many others) remained silent at this precedent-setting dialogue of governments and civil society that the Bolivian government had organized at a nearby hotel.

The Bolivian government announced its plan to hold the Peoples Summit in Cochabamba last December following the Copenhagen debacle and the failure of governments to achieve any kind of meaningful consensus or plan of action. It is hard to believe that a mere four months later such an impressive and diverse gathering could take place. The decision to hold the meeting in Cochabamba undoubtedly complicated but is organizational problems — but it was a wonderful decision. Ten years ago the citizens of Cochabamba took to the streets and peasants blockaded roads to prevent the privatization of Cochabamba’s water supply. The long battle and final victory brought international recognition to the global issue of water privatization and contributed to strengthening the social movements that, arguably, began with the WTO protests in Seattle in 1999 and led to the creation of the World Social Forum in 2001.

If the Cochabamba declaration lacks poetry, it doesn’t lack either rhetoric or substance. In comparison to the US-imposed “Copenhagen Accord”, the Cochabamba document is elegant, erudite and explicit and has a real plan of action. Greenhouse gases, for example, must be cut back to no more than 300 parts per million and the industrialized countries climate debt must be paid in full. Carbon trading was flatly rejected the assembly refused to accept Trojan horse technologies that — while pretending to address climate change – do little more than the untested experiments that use the global South is to portray guinea pigs. The full text provides more details and examples of both what should not be done and what could be done.

The summary report rejects “false solutions” to climate change such as nuclear power, agrofuels, transgenic crops and GM tree plantations and geoengineering. Although most of the 35,000 delegates came to Cochabamba with little or no understanding of geoengineering, the launch of the H.O.M.E campaign — “Hands off Mother Earth – Our Home is not a Laboratory” (see www.handsoffmotherearth.org) in the midst of the conference attracted a lot of interest in the many side events and debates that took place in addtion to being discussed by several of the working groups. The campaign’s message was considerably aided and abetted by the presence of a handful of scientists and companies advocating geoengineering who traveled to Cochabamba from Europe to host seminars. Their presence and participation solidified opposition to the idea of any techno-fix that would massively modify planetary systems on land, on oceans, or in the stratosphere.

Although participation in the conference was impassioned and debates intense, the hurriedly convened international meeting did have its problems. The government of Bolivia had only expected 10 to 13,000 delegates — not 35,000. Cochabamba and the nearby town of Tiquipaya where the hub of activities were organized were bursting at the seams and there was considerable confusion around the time and place of side events and working groups. Many organizations were also concerned that government delegations — including the Bolivian delegation — would try to manipulate the outcomes. The Bolivian government itself came under fire for preventing an alliance of national CSO’s from incorporating their “working group 18″ into the formal proceedings. In the end, working group 18 met just outside the gates of the University conference to discuss government plans to encourage the mining of silver and lithium and other industrial development related to fossil fuels. While Bolivia’s external image is pristine, it has many “friendly critters” among environmentalists and other progressive movements inside the country. Despite differences, working group 18 carried out openly and attracted large audiences who crossed back and forth between formal and informal negotiations. All of this took place in an atmosphere of peace without any excessive security presence. The Bolivian army was there – but as often inside the workshops as at the gates of the conference checking ID badges!

There were also mixed feelings about a government proposal to create a new “Global Alliance” of governments and society to work together on climate change. At a banquet Wednesday night, a Brazilian guest proposed that the Cochabamba Summit be reconvened every two years. Although there is genuine support for a global forum that can bring together government and civil society on equal footing to discuss critical issues, social movements are firm that the nature and structure of these meetings were requires careful consideration and can’t be assumed automatically. Cochabamba was a remarkably successful first experience with a format that could have turned disastrous — but lessons need to be learned and studied before next steps are taken.
Perhaps more than anything else, the Cochabamba Summit succeeded in bringing together progressive government negotiators and activist social movements are now committed to dialogue and cooperation during the coming months that will eventually lead to the Cancun UNFCCC Summit at the end of November. Society has become more militant and coherent and more governments are getting the message that the Copenhagen debacle must not be repeated.

Del 19 al 22 de abril se realizará en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. La iniciativa fue anunciada por el presidente Evo Morales después del desastre de las negociaciones sobre cambio climático en Copenhague el pasado diciembre. Es una respuesta a la urgencia del caos climático y una interpelación a los gobiernos del Norte y otros que, como Brasil, India, China y Sudáfrica, firmaron –a espaldas de todos los demás y de años de negociaciones en Naciones Unidas– el llamado Entendimiento de Copenhague, una burla a los pueblos del Sur más afectados por el caos climático.

Las metas de reducción de gases de efecto invernadero a que se comprometieron los países firmantes de ese entendimiento (sin ninguna obligación legal), garantizan que el planeta se seguirá calentando vertiginosamente, aumentando la temperatura promedio del globo hasta 4 grados Celsius antes de 2050. Es una catástrofe de proporciones épicas, según los informes científicos de referencia en Naciones Unidas. Este nivel de calentamiento provocará huracanes, inundaciones y sequías mucho más violentas y extremas, la desaparición de todos los glaciares (y la debacle de abastecimiento de agua en grandes áreas conectadas), el exterminio de los arrecifes coralinos, la extinción de casi la totalidad de animales y plantas actualmente en peligro de extinción, menor rendimiento (hasta de 30-40%) en cultivos básicos, situaciones de hambruna extremadamente agravadas en los países de África subsahariana, la desaparición o daño irreversible de zonas costeras y países isleños, la reducción drástica de agua dulce por salinización de las capas freáticas y otros desastres mayúsculos.

Esta debacle anunciada (y firmada) es el contexto mundial de la próxima conferencia en Cochabamba. La respuesta de los movimientos y organizaciones sociales del mundo a esta iniciativa ha sido contundente y masiva, en parte por la preocupación sobre el tema, pero también por la necesidad de llamar las cosas por su nombre. Es refrescante que en lugar de floreos diplomáticos, desde la convocatoria se establece que el cambio climático es producto del sistema capitalista, y que los temas a debate vayan directo al hueso de problemas reales.

Hay más de13 mil asistentes registrados, de un centenar de países, la mayoría de pueblos originarios, campesinos, movimientos y organizaciones sociales de países latinoamericanos. También delegados de gobierno de 90 naciones, porque Bolivia convoca a los pueblos y movimientos sociales y defensores de la Madre Tierra en el mundo e invita a los científicos, académicos, juristas y gobiernos que quieren trabajar con sus pueblos. Asistirán una mayoría de países del Sur, pero entre otros, Francia, Rusia y España también enviarán delegados.

El análisis de las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático y medidas de fondo y estrategias para enfrentarlas son uno de los ejes centrales de la conferencia. También debatir y acordar un proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra; sentar las bases para un Tribunal Internacional de Justicia Climática; acordar propuestas para las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas (que en diciembre sesionarán en Cancún) sobre temas que incluyen la crítica y peligros del comercio de carbono, migrantes climáticos, tecnologías, pueblos indígenas, agricultura y soberanía alimentaria, bosques y otros.

Los temas a debatir están organizados en 17 grupos de trabajo que sesionarán en mesas durante la conferencia, además de un centenar de eventos autogestionados por movimientos y organizaciones del mundo. Las mayores organizaciones sociales de Bolivia participaron en una pre-cumbre a finales de marzo, para dar sus aportes a cada mesa. Asistieron delegados de la Central Obrera Bolivia, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Sus aportes están en el sitio de la conferencia (www.cmpcc.org). Constituyen un arcoiris de fuertes críticas y propuestas, que incluye también contradicciones dentro de los propios temas –sobre lo cual habrá oportunidad de debatir en Cochabamba– y con posiciones y estrategias gubernamentales. Los movimientos de Bolivia están vivos y exigen cuentas al gobierno continuamente desde sus propias autonomías y visiones.

Muchos otros movimientos sociales, campesinos, indígenas, ambientalistas de otros países se preparan para la conferencia. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, desde su segundo congreso realizado en marzo en Ecuador, expresó: “La crisis climática no se resuelve con dinero (…) Enjuiciaremos a los países y empresas trasnacionales responsables del cambio climático, expulsaremos a las empresas que dañan la Pachamama, resistiremos los proyectos que dañan la tierra y el agua e impediremos concesiones en nuestros territorios (…) de proyectos extractivos (minería, petróleo, forestales e hidroeléctricas) para detener el maltrato a la Madre Tierra”.

Aunque estarán en franca minoría también asistirán quienes se proponen lo contrario, tanto de gobiernos como empresas e intereses comerciales. Por ejemplo, entre los eventos auto-organizados hay uno de promotores de geoingeniería, para tratar de ganar legitimidad a tan riesgosa y absurda alternativa. Estas y otras propuestas serán contestadas en lo que sin duda, será un hito de la discusión global sobre el cambio climático.

* Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México, 10 de abril de 2010

Un variopinto sector, que abarca algunos científicos, grandes inversionistas, poderosos gobiernos y algún ambientalista despistado, convergen en impulsar la geoingeniería o manipulación del clima, alegando que no se pueden cambiar las causas de la crisis climática. Proponen entonces un plan B: técnicas para manipular grandes trozos del planeta, desde oceános a la estratosfera, para contrarrestar los efectos del calentamiento global. Saben que implica enormes riesgos y por eso afirman que es sólo para casos de emergencia –que ellos mismos definirán cuándo ocurre.

El lobby del carbón (cabilderos de las industrias de petróleo, energía y transportes), que por décadas negó que había cambio climático, cambió el discurso. Ahora lo aceptan, pero son grandes entusiastas de la geoingeniería. Para estas poderosas industrias (y los gobiernos que les sirven), es excelente la perspectiva de no tener que cambiar nada: proponen enfriar el planeta con tecnologías de alto riesgo, mientras siguen calentándolo sin parar. Así mantienen el lucro que obtienen con las sucias actividades que provocan el cambio climático, y consiguen ganancias adicionales con nuevos megaproyectos de geoingeniería.

El pésimo resultado de las negociaciones sobre el clima en Copenhague el pasado diciembre alentó más a estos piratas globales, que cuentan con un reducido pero influyente sector científico que les teje el discurso de justificación. La geoingeniería, que era vista como un absurdo, ahora ocupa lugares en publicaciones científicas y grandes medios. Instituciones como la Sociedad Real del Reino Unido, la Academia de Ciencias de Estados Unidos y otras, han organizado reportes y seminarios que concluyen que se debe invertir recursos públicos (además de privados) en la investigación y experimentación de geoingeniería. Son informes parciales, con participación de geoingenieros y ninguna o escasa apreciación crítica e independiente, pero sirven de base para la acción de algunos gobiernos. En febrero 2010 los comités de ciencia y tecnología de Estados Unidos y Reino Unido convocaron audiencias con participación casi exclusiva de promotores de la geoingeniería. Luego anunciaron que están elaborando legislación para financiar y permitir estos experimentos.

Esto es muy grave, porque lo que se haga para manipular el clima –un sistema global e interdependiente– no es ni nunca será, competencia de unos o pocos países, es problema de todos. Hablar de legislación nacional es simplemente una coartada para jusitificar experimentos que seguramente tendrán impactos dramáticos en otros países, incluso muy lejos de donde se inicien.

Para atajar la crítica, los impulsores de la geoingeniería convocan a una reunión en Asilomar, California, este marzo para crear códigos de conducta voluntarios, imitando la reunión que en el mismo lugar hicieron los biotecnológos en 1975, para evitar la regulación y supervisión independiente.

Una de las propuestas que más se impulsan actualmente es inyectar nanopartículas azufradas en la estratosfera, para crear sombrillas gigantes que tapen los rayos solares. David Keith, entusiasta de la geoingeniería, consiguió publicar recientemente un artículo pretendidamente serio sobre el tema, en la revista Nature (28/1/2010). Se inspira en la erupción del volcán Pinatubo en 1991 en Filipinas, cuya nube volcánica bajó la temperatura global 0.5 grados mientras se mantuvo. Claro que cualquiera que haya estado en el área de alcance de una nube volcánica, sabe que su descenso tiene impactos: la ceniza tóxica daña cultivos, flora, fauna y seres humanos. Provoca acidificación de mares y bosques.

Los que propugnan este método –hecho público por el premio Nobel Paul Crutzen en 2006– saben que las partículas inyectadas caerán posteriormente, causando daños similares en mar y tierra, además de muerte prematura de cientos de miles de personas (medio millón estimado). Crutzen contestó que también el cambio climático amenaza la vida de la gente. También se agravará el agujero en la capa de ozono, que ya tiene impactos serios en varios países del mundo: aumento notable de cáncer de piel en humanos y ceguera en ganado comprobados.

Alan Robock, un eminente climatólogo, analizó la propuesta de crear estos parasoles azufrados. Además de confirmar varios de los impactos nombrados, indicó que aunque los experimentos se hicieran en el Ártico (con la idea de enfriar los países del Norte, que es el objetivo de sus promotores) tendrían impactos en los patrones de precipitación y vientos globales, alterando los monzones en Asia y aumentando la sequía en África. Robock señala que esto pondría directamente en riesgo las fuentes de agua y alimentos de unos 2 mil millones de personas (Science, 29/1/2010). Explica también que para saber que sucedería con la inyección de azufres, habría que hacerlos a una escala de tal magnitud que no serían experimentos, sería despliegue de geoingenería, con efectos irreversibles, porque una vez colocadas en la estratosfera, las partículas no se pueden retirar a voluntad.

Esta es sólo una de las técnicas de geoingeniería que se impulsan, que se suma a otras como las de fertilización oceánica (esas fueron detenidas por una moratoria global de Naciones Unidas en 2008). La geoingeniería es un plan de los mismos gobiernos y empresas que provocaron el cambio climático, para convencernos que podrán resolver el desastre con un plan B que traerá más y nuevos riesgos que lo anterior, pero les permitirá mantener sus privilegios.

Ellos habrán diseñado su plan B, pero no existe un planeta B. Es imperativo cambiar las causas, no los síntomas, del cambio climático. La única regulación necesaria sobre geoingeniería es una prohibición global de cualquier experimento o despliegue en el mundo real.

*Investigadora del Grupo ETC

Publicado en La Jornada, México

13  de marzo de 2010